Bajo un manto de dogmatismo ideológico y aislamiento diplomático, la actual administración consolida una agenda que beneficia a los grandes capitales a costa de la mayoría. Un recorrido crítico por las decisiones políticas y económicas que amenazan con transformar la promesa de eficiencia en un duro golpe al bolsillo de la ciudadanía.
Hay una inmensa tempestad de arena alrededor de La Moneda que no deja visualizar absolutamente nada a sus moradores. Pero no hay que temer: dentro de la ceguera de esa tormenta, contamos con un faro incandescente que es el presidente, y una vigía de vista privilegiada que es su ministra vocera. Con ellos al mando, ¿qué podría salir mal?
De todos los cambios que este presidente y su gobierno han hecho y seguirán haciendo —comenzando por la entusiasta iniciativa de bajar el impuesto a las empresas de un 27% a un 23%—, ¿hay alguno que favorezca al pueblo o a la ciudadanía o al país? Qué duda cabe, nuestro flamante presidente Kast ha decidido iluminar al mundo. Su irrestricto apoyo a Estados Unidos e Israel en medio del conflicto con Irán es justo el bálsamo que la agobiada economía mundial necesitaba para terminar de infartarse. Y para asegurarnos de que nadie nos moleste mientras salvamos a Occidente, nada mejor que la construcción de zanjas y la elevación de muros fronterizos. Una estrategia brillante para aislar a Chile con un éxito garantizado. Para coronar esta diplomacia de vanguardia, se le quita el apoyo a la candidatura de la ex presidenta Bachelet a las Naciones Unidas; una decisión puramente "técnica", por supuesto, aunque el ex canciller Walker, en una reciente entrevista en 24 Horas, haya puesto las cosas en su lugar al señalar, con total responsabilidad, que la decisión del presidente obedece estrictamente a su postura ideológica.
En el plano laboral y normativo, las alegrías no paran. Tuvimos oportunos "cambios" a las 40 horas de trabajo y, en un conmovedor acto de nostalgia legislativa, se borró de un plumazo la nueva ley de pesca para devolvernos el entrañable legado de la Ley Longueira. Además, la CPC y su presidenta deben estar descorchando champaña tras su loable hazaña de eliminar la negociación colectiva por ramas. Curiosamente, esa misma organización y su timonel, tan vociferantes para exigir concesiones, nada dicen de la evasión y elusión de impuestos de las grandes empresas, una fuga de recursos que llega a un escandaloso 17%. Qué envidia nos debe tener Uruguay, donde el 99% de los trabajadores negocian colectivamente; claramente, por allá aún no han comprendido el milagro del individualismo.
Hablemos de sistemas económicos, ese tema que tanto entusiasma. Sabemos que en el Estado de Bienestar te cobran muchos impuestos, pero a cambio cometen la atrocidad de entregarte salud y educación gratis. En el sistema norteamericano, al igual que en el 80% de los países de la OCDE, las empresas y los dueños pagan impuestos por separado, y la ciudadanía lo entiende como una parte básica del pacto civilizatorio. Pero en nuestro Edén particular, los empresarios consideran que los impuestos son un vulgar asalto a mano armada perpetrado por el Estado. Gracias a nuestro sagrado sistema integrado, los dueños de las empresas simplemente no pagan impuestos, todo con la venia y plena satisfacción de la CPC.
Después de todo, la distribución del ingreso en Chile es un monumento a la racionalidad: el 1% más rico concentra el 80% de la riqueza del país y sobrevive pagando una asfixiante tasa efectiva del 11%, mientras que los pobres, nadando en la abundancia, tributan un 17%. Y si alguien se asusta por las arcas públicas, recordemos taxativamente que los Estados no quiebran; emiten bonos, que es básicamente pedir prestado invirtiendo en promesas. Todos los países de la OCDE están más endeudados que nosotros, pero acá el gasto público llega a un tímido 20%, mientras que en Uruguay alcanza el 35%, solo para comparar y notar lo austeros que somos.
A pesar de que nuestro riesgo país sigue siendo el más bajo de la región y de que el fisco tenía una envidiable holgura, el Gobierno decidió que era una excelente idea aplicar el alza de la bencina y el diésel sin anestesia. ¿Para qué hacerlo gradualmente si podemos encarecer de golpe toda la cadena logística y elevar el costo de la vida con estilo? Con estas geniales aplicaciones, la economía se va a ralentizar. Las tasas de interés subirán, y la inflación —ese silencioso y regresivo impuesto que siempre pagan los más pobres— saltará del 2,5% al 4% según las estimaciones del Banco Central. Y ojo, que esto podría ser un shock persistente y no una simple anécdota moderada.
Como en cualquier país donde rige la lógica, para que haya inversión la inflación debe ser baja. Como no será nuestro caso, adivinen: no habrá mucha inversión, no habrá mucho más empleo y los sueldos se mantendrán congelados en el tiempo. Sumemos a esto una contracción que puede hacer caer aún más el gasto público. El gran y glorioso riesgo es que este gobierno, paladín de la eficiencia económica, termine con un déficit fiscal mayor que el del gobierno de Boric. Todo un hito histórico.
