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La condonación del CAE, la transversalidad parlamentaria y la experiencia de los Estados Unidos. Por Marisol Durán Santis

“Pondremos fin al CAE (crédito con aval del Estado) y crearemos un nuevo sistema único de créditos que será transitorio”, fue una de los planteamientos programáticos de la campaña del Presidente Gabriel Boric. El solo anuncio de que el Ejecutivo estudiaba una iniciativa en esa perspectiva, provocó una enorme cantidad de cuestionamientos críticos, aún sin que se conocieran los detalles de la propuesta concreta. Las críticas sostenían que se trataría de una “mala política pública”, de carácter “populista”, un “ofertón” e incluso que abriría las puertas de una “inviable gratuidad universal”.

En este singular debate hay antecedentes que se omiten, que nos parece pertinente relevar, considerando la importancia de la materia.

Un respaldo transversal en la Cámara

La Cámara de Diputados ha aprobado sendos Proyectos de Resolución sobre el tema. Ellos mostraron un grado de respaldo significativo a una condonación del CAE y develaron que ese apoyo tenía un carácter políticamente transversal, no circunscrito al oficialismo.

La Resolución N° 749, aprobada en la Sala el 26 de abril del año pasado, pedía al Primer Mandatario “la presentación de un plan de condonación que incluya medidas legislativas y administrativas para concretar el compromiso de terminar con la deuda educativa de una manera justa, progresiva y gradual”. En la Sesión 25 fue aprobada por 99 votos a favor, uno en contra y 35 abstenciones. 33 congresistas opositores apoyaron la propuesta.

Señalaba que “dado el alto nivel de deuda que representa tanto para los estudiantes como para el Estado la mantención de la deuda educativa a través del Crédito con Aval del Estado, el compromiso asumido por el Gobierno en su Programa y la relevancia que la extinción de dicha deuda implica para cientos de miles de estudiantes morosos”, la Cámara solicitaba al Presidente que se procediera en la perspectiva de la condonación”.

Entre sus consideraciones, la propuesta indicaba: “Para atraer la participación de los bancos en el sistema, se establecieron una serie de medidas abusivas con el objeto de asegurar la cobrabilidad de los créditos, entre los que se cuenta la estipulación de mandatos en blanco, irrevocables y delegables para la deducción de las cuotas del sueldo futuro de estudiantes deudores; la suscripción de pagarés en blanco para contar con títulos ejecutivos que permitan hacer efectivo el cobro de la deuda; la retención de la devolución de impuestos para el pago de los saldos insolutos de las cuotas de estos créditos; entre otras, y que tenían como corolario el establecimiento de altas tasas de interés y un mecanismo adicional de garantía mediante el cual los bancos pueden vender al Estado la deuda de los estudiantes con bajas proyecciones de ingresos, ante lo cual el Fisco cancela el monto original del crédito más una comisión adicional acordada al momento de la licitación”.

La Resolución N° 801 solicitaba al Presidente de la República que estableciera un “proceso de condonación gradual y progresiva del CAE y la creación de un nuevo mecanismo para el financiamiento de la educación superior”. Fue aprobada el 8 de agosto del año pasado, en la Sesión 64, por 108 votos a favor, veinte en contra y 16 abstenciones. 35 parlamentarios opositores respaldaron esta moción.

Entre sus consideraciones, se consignaba que el mecanismo de financiamiento ha resultado “especialmente beneficioso para los bancos y agobiante para miles de estudiantes que no pueden pagarlo. Las ganancias de los bancos se perciben, además del interés anual, a partir de la figura de la ‘recarga’, que permite que los bancos otorguen créditos a los estudiantes, a cambio de que el Fisco luego compre algunos de aquellos créditos con un sobreprecio (…) El sistema permite a los bancos acumular una rentable cartera libre de riesgo, cargándole al Estado un segmento de alto costo y cobrando primas exageradas”.

Indicaba: “Solicitamos se priorice en la agenda del Ministerio de Educación su condonación gradual (del CAE) y la creación de un nuevo mecanismo de financiamiento de la educación superior”.

La experiencia de los Estados Unidos

Existe otro antecedente significativo en esta materia: las decisiones que, en esta materia, ha adoptado el Presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Ello es importante, primero, pues nadie podría suponer que la Casa Blanca ha sido contaminada por el “virus populista” y, además, porque las políticas de créditos para la educación superior comenzaron en 1980 a ser diseñadas en Chile teniendo a la vista el modelo en el país del norte.

En Estados Unidos, se estima que la deuda estudiantil asciende hoy a más de 43 millones de personas que deben cerca de 1.770 millones de dólares, que pueden crecer en el tiempo por intereses. De hecho, más de 25 millones deben pagar más de lo que pidieron prestado.

La Administración del Presidente Biden anunció en abril pasado un conjunto de medidas para aliviar la situación, en la perspectiva de condonar la deuda a millones de personas, lo que se suma a su anterior plan Saving on a Valuable Education (SAVE), el que redujo a la mitad las cuotas mensuales de algunos prestatarios y eliminó la factura mensual de otros.

Según consignó “The New York Times”, el nuevo plan de condonación de deuda estudiantil sería aplicable a unos 30 millones de deudores, lo que significaría casi el 70% de la población deudora. Reduciría los pagos de unos 25 millones y eliminaría la deuda de cerca de cuatro.

Entre los grupos beneficiados se encuentran aquellos cuyo préstamo ha crecido a causa de los intereses, a quienes se les cancelarán hasta 20.000 dólares del saldo de intereses. El plan además elimina el monto total de los intereses para los acreditantes categorizados como de “ingresos bajos y medios”. También se beneficiarán los que califican para la condonación de préstamos, pero no la han solicitado todavía en los programas existentes, como el Public Service Loan Forgiveness (servicio público), que condona las deudas de los egresados que cumplen funciones públicas o de servicio social, o el mencionado SAVE. En esos casos, sus deudas quedarán canceladas.

Además, serán beneficiados los prestatarios con dificultades para cancelar sus préstamos a causa de costos médicos o de cuidado infantil.

El enfoque del Gobierno de Estados Unidos parte de la premisa básica de la importancia de la educación superior como factor de cohesión social, frente a lo cual la condonación es una política orientada a corregir los errores de concepción, y también de diseño, de la política de los créditos estudiantiles, los que se estima han impactado en forma negativa a las clases medias, condenándolas a la posición de riesgo financiero, y por cierto a los grupos sociales más vulnerables. Entre los errores de diseño se cuestionan que las condiciones de pago no se actualizan a los cambios en la empleabilidad e ingresos de los estudiantes deudores y, lo más relevante, que la modalidad de la garantía estatal se ha expresado en una subvención a acreedores privados.

Así, la política de condonación opera como mecanismo de gobernanza que permite que el Fisco retome la iniciativa de las políticas de financiamiento a la educación superior.

“Desde el primer día de mi gobierno, prometí luchar para garantizar que la educación superior sea un boleto a la clase media, no una barrera a la oportunidad”, dijo el Presidente Biden en un comunicado. “Nunca dejaré de trabajar por cancelar la deuda estudiantil, sin importar cuántas veces intenten detenernos”, sentenció.

Marisol Durán Santis
Rectora
Universidad Tecnológica Metropolitana

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