Cuando las instituciones de un país se corrompen, los habitantes sufren las consecuencias. Si la corrupción se cristaliza, es la sociedad la que comienza a descomponerse.
La corrupción hace referencia generalmente, aunque no es exclusivo, a las conductas que desarrollan en uso de sus atribuciones los funcionarios públicos. Chile recuperó la democracia en 1990, más bien aceptó una parodia de democracia, al punto que se le llamó “transición a la democracia”. Debió admitir la Constitución y las leyes del Dictador. Quienes asumieron el mandato de dirigir el Estado tuvieron que someterse a la “espada de Damocles”, más bien a la “espada de Pinochet”. El dictador siguió gozando de todas sus prerrogativas hasta su muerte, cada cierto tiempo le recordaba al país que él mantenía el poder. Los acuartelamientos, boinazos o ejercicios de enlace fueron conductas abiertamente desafiantes al poder constituido que buscaban silenciar e impedir investigaciones que afectaban la probidad de él y su familia.
Pinochet fue un corrupto.
Bajo los gobiernos siguientes importantes autoridades del país continuaron reproduciendo esas prácticas. La falta de transparencia en determinadas políticas públicas en los inicios de los gobiernos de la década del 90 fueron determinantes para lo que vendría después; pero las mayorías, los ciudadanos de a pie terminaron aceptando el discurso oficial, reproducido profusamente por los partidos políticos en esa época que había que ir paso a paso, que no convenía incomodar al “jefe”. Nos recordaban que esta “democracia” era aún muy débil y frágil, que había que cuidarla mucho.
Así, transcurrió una parte importante de la primera década posterior a la dictadura. Los partidos hicieron su pega, desarmaron toda la organización social, desactivaron las movilizaciones y con ello, acabaron con algo importante que se había construido bajo la dictadura, la “organización social de base” que es fundamental para ejercer la fiscalización y el control de quienes se convierten en mandatarios del pueblo.
La democracia emanada de la actual Constitución es un remedo. Una mala copia de una verdadera democracia. Si el pueblo no participa, si el pueblo ve truncada sus expectativas, sus ilusiones y aspiraciones porque el país en el que vive cada vez más limita sus posibilidades, entonces el problema es solo de tiempo para que esa forma de dirigir el Estado estalle.
Con la llegada de la Concertación, la situación comenzó paulatinamente a agravarse, el uso de información privilegiada, sobornos, tráfico de influencias, evasiones fiscales, impunidad, nepotismo fueron prácticas absolutamente repudiables que se fueron convirtiendo en normalidad. La corrupción comenzó a generalizarse y a contaminar casi todas las instituciones de la sociedad, la Iglesia Católica y Evangélica, el Ejército, Carabineros, Poder Judicial, Poder legislativo y, principalmente, al gran empresariado que permanentemente se coludió descaradamente para engañar y estafar a la ciudadanía.
¿Cuál ha sido el derrotero de todos estos delitos? La impunidad, traducida en la absurdas y ridículas sanciones de clases de ética o perdonazos millonarios para una serie de delincuentes empresariales. El caso Penta es emblemático.
Sin duda que uno de los presidentes que más ha quebrantado la probidad en la política es y ha sido Piñera. Siendo senador y candidato a la presidencia ha usado información privilegiada. Al caso Chispas, le siguieron CHV, Lan, Caso Casacadas, caso SQM, caso Penta y muchos más. En todos ellos logró sacar grandes dividendos que le permitieron aumentar obscenamente su fortuna al punto que un informe reciente, publicado por Fundación Sol usando como fuente la revista Forbes lo ubica con una fortuna superior a la de Donald Trump.
Un corrupto al igual que Pinochet.
Hubieron de pasar 30 años, para que Chile despertara y se rebelara contra esta maquinaria de poder corrosivo que daña a las mayorías.
En este contexto surge un debate sobre la corrupción, referida al escándalo del bono de clase media cuyo monto de $500 mil pesos estaba destinado a personas con ingresos entre 400 mil y dos millones de pesos. La prensa escrita y la televisión están dedicando cientos de minutos y páginas a denunciar esta conducta que afectaría a un número considerable de personas, cerca de 430 mil que supuestamente habrían cometido fraude al acceder con antecedentes falsos a este beneficio. Lo que no se dice, es que la estrategia perseguida es denostar al funcionario público, hacerlo aparecer como un corrupto en circunstancias que es un porcentaje del total el que habría incurrido en esta falta. Como siempre el sector privado, o cierto sector que defiende el actual sistema rompe en gritos cuando se trata de perseguir a un funcionario público, claro, es más fácil cuando la Corte Suprema rebaja la multa en millones al delincuente Ponce Lerou. Ahí nada dicen.
No se trata de buscar justificativos. Pero cada falta, cada delito debe tener una sanción. Si un funcionario público cometió una falta que afecta en 500 mil pesos debe responder por ello. Aunque la probidad no debiera medirse por el monto que involucra el delito, lo cierto es, que las normas sí establecen diferencias y no es lo mismo quien engaña con apropiarse de 500 mil pesos de aquel que se colude para estafar en millones de dólares a través de la colusión en los fármacos, o en el papel higiénico, en la industria de la venta de carne de pollos, etc.
Chile tiene un doble estándar hace mucho tiempo. Al pobre, al débil, al trabajador, al funcionario público que cumple una labor importante en la sociedad se le condena con rigor cuando comete un delito. Pero a los de cuello y corbata se les trata con la delicadeza de un sistema que siempre justificara sus actos espurios, claro, para eso tienen de su lado a la mayor parte de la prensa escrita y radial y a la mayoría de la televisión para soslayar todas sus fechorías.
Es esta desigualdad, entre otras tantas causas, las que hicieron posible el estallido del 18 de octubre. Chile despertó para poner fin al abuso, para poner fin a la corrupción que azota a nuestro país. Chile despertó, para construir otro país, que acabe de una vez por todas con estas tremendas diferencias. Por ello, es necesario aunar esfuerzos para que el 25 de octubre demostremos que somos las grandes mayorías y que a partir del día 26 sigamos adelante, corriendo los cercos que nos han puesto para ejercer verdaderamente la democracia.
