Este año se realizan elecciones presidenciales en Chile, y los discursos de campaña de cara a las primarias ya han empezado a tomarse los medios masivos de comunicación y las redes sociales. El contexto al que llega este proceso eleccionario es de una xenofobia ya intensificada a niveles preocupantes, probablemente de la mano, entre otros factores, del avance de un neoconservadurismo a escala global, estrechamente emparentado con un sentimiento anti-inmigrante. Es decir, el peor escenario posible para un tema que también se vuelve protagonista en estas lides electorales: el de la criminalización de la población migrante, fundamentalmente abordado desde lo que Lucía Dammert y Matthias Erlandsen llamaron, analizando las elecciones de 2017, el “populismo punitivo, la innecesaria generalización de imágenes estigmatizadoras y la consolidación de la metáfora que vincula la migración con el peligro, principalmente la criminalidad”.
El diagnóstico sigue siendo el mismo, con el agravante de una acentuación que ha permeado y hegemonizado la mirada de la sociedad nacional sobre las personas migrantes.
En efecto, la Encuesta Nacional de Opinión Pública CEP (Centro de Estudios Públicos) aplicada entre junio y julio de 2024 reveló que el 60% de los encuestados pensaba que “la migración irregular” era una de las tres principales causas de la delincuencia en Chile. De acuerdo con los resultados de la misma encuesta en su versión de marzo y abril de este año, el 60% de los encuestados considera que la delincuencia, los asaltos y los robos son el principal problema al que el gobierno debería dedicar el mayor esfuerzo; el narcotráfico el quinto, con el 23%, y la inmigración el séptimo, con el 18%. Un 87% considera que hay conflictos fuertes y muy fuertes entre la población chilena y la inmigrante, y un 44% está muy preocupado por la presencia de inmigrantes en su barrio.
Por supuesto que el discurso político no es el único elemento que explica la generación de esta percepción generalizada; los medios masivos de comunicación y las redes sociales ocupan probablemente el rol protagónico en las responsabilidades. Respecto de los diversos actores del Estado, los parlamentarios han recurrido prolíficamente a esta argumentación para fundamentar diversos proyectos de ley, evidenciando la poca seriedad y la falta de investigación para sustentar propuestas legislativas. Sólo a título de ejemplo, un proyecto de modificación de la ley de Migración y Extranjería (21.325) para agilizar la expulsión de extranjeros que hayan cometido delitos en territorio nacional sostiene en su justificación que: “Nuestro país está atravesando una de las peores crisis de inseguridad en su historia. Una arista del problema es el aumento de delitos perpetrados por extranjeros y los métodos violentos empleados por éstos”.
Frente a este irresponsable despliegue discursivo, la evidencia desmiente, en general, esta asociación entre aumento de la migración e incremento de la delincuencia. Según datos del Compendio estadístico penitenciario 2023 , elaborado por Gendarmería de Chile, del total de la población penal en el país, el 86,4% es chilena y el 13,6% es extranjera. Claro, esta proporción ha aumentado: en 2005 la población extranjera encarcelada representaba el 3,1% del total. Pero este incremento debe leerse a la luz del aumento de la población extranjera en general en el país: si consideramos un período semejante a partir de datos censales, esta población pasó de representar el 1,2% al 8,8% entre 2002 y 2024, y si calculamos el porcentaje de la población migrante total que está encarcelada, era del 0,37% en 2017 y disminuyó al 0,33% en 2022. Además, hay que tener en cuenta que el 58% del total de la población extranjera encarcelada en 2023 se encontraba en calidad de imputada, y sólo el 42% había sido condenada (entre los chilenos, la relación era la inversa: el 63% estaba en calidad de condenado, y el 37% como imputado).
Por otra parte, las revisiones de literatura nacional e internacional que han hecho otros colegas, como la propia Lucía Dammert junto a Rodrigo Sandoval , que se han dedicado a estudiar este tema, o el CEP , muestran que los migrantes están menos involucrados que los locales en prácticas criminales, incluso las segundas generaciones. Lo que sí comprueban estas investigaciones internacionales, según la revisión de Dammert y Sandoval, es que “los incentivos principales para el desarrollo de actividades informales y criminales estarían en la forma como la sociedad establece mecanismos de integración”. Pero la idea de la integración (inclusión, cohesión, convivencia, según la perspectiva que se adopte) está muy lejos de ser el significante central de los discursos públicos sobre la migración en Chile. El propio Servicio Nacional de Migración y Extranjería (SerMig) ha hecho su aporte en este sentido, transformando a la expulsión en el eje de su comunicación pública . Abdelmalek Sayad, sociólogo argelino estudioso de las migraciones, dijo que el Estado se piensa a sí mismo al pensar las migraciones. ¿Cómo se piensa entonces el Estado chileno que construye de este modo a la migración y al migrante?, ¿qué tipo de Estado es el que construye de este modo la alteridad? Ojalá pudiéramos esperar que las y los candidatas/os a ocupar la presidencia estuvieran a la altura de esta pregunta.
María Fernanda Stang
Antonia Lara Edwards
Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Juventud (CISJU)
Universidad Católica Silva Henríquez (UCSH)
