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La crisis social es el colapso del Estado subsidiario en el Chile neoliberal (Una mirada hacia adelante para centrar el debate) Por Cristián Sepúlveda Taborga

El Estado subsidiario y el agotamiento del desarrollo neoliberal

Llamemos las cosas por su nombre. La sociedad chilena, que se gestó en los últimos 40 años, ha entrado en abierta crisis al hacer estallar el modelo organizador neoliberal que la ha presidido, lo que por supuesto incluye sus instituciones estatales.

Pues en su esencia última la crisis social actual revela la crisis total del Estado subsidiario en la que se fundó ese modelo y que en el próximo futuro constituyente chileno este es y será el nudo gordiano decisivo que habrá que desamarrar “negociadamente” para consensuar un nuevo contrato social. El modelo desde un comienzo apuntó a desarrollar un capitalismo exportador, inicialmente dinámico, aunque muy rentista y parasitario por estar basado en los recursos naturales y en un gran desarrollo del capital financiero. En la etapa fácil de su crecimiento, durante los noventa, hubo holguras suficientes para “modernizar el consumo” de la pobreza, para reducirla, haciendo posible mayor movilidad social e incluso hacer crecer el gasto social. Así se le aseguraba un mínimo de sustentabilidad al nuevo cuadro social, en el que la “hoy esquiva y volátil” gran clase media se había convertido en el más codiciado cliente electoral (tal como se demostró en la última elección presidencial).

No obstante, ello descansó siempre en el principio subsidiario del Estado, el que por activa y consiente omisión y que por cuasi prohibición explícita de intervención buscó privilegiar el desarrollo privatizado y segregado de los servicios básicos para la población (salud, educación, previsión social, vivienda) como también la abusadora oligopolización de los mercados como la electricidad, el agua, los peajes de carreteras, medicamentos, transporte público, el gran retail. La búsqueda de una minimización persistente del gasto público y del Estado convirtió la austeridad extrema en una virtud y objetivo per se, aun cuando esto fuese a costa de castigar el “bien común”.

La ideología y la práctica política del temor crónico a una regulación “inteligente y racional” de los mercados hizo prevalecer la fácil colusión de precios (las pocas detectadas y las muchas no detectadas) y las altísimas ganancias oligopólicas, por sobre cualquier intento de generalizar una real competencia que normalizase esas tasas de ganancias (Gran Minería del Cobre, empresas energéticas, AFPs, ISAPRES, industrias de la celulosa y del papel, pesca, gran retail, banca, seguros). Esto junto a un sistema tributario que privilegió los impuestos indirectos, al IVA muy por sobre los impuestos directos al capital, terminó por asegurar la reproducción de una sociedad profundamente desigual (https://tv.emol.com/detail/20191111191211948/ex-tesorero-de-la-republica-analiza-impacto-economico).

Mientras hubo fuerte crecimiento ello no se notó. Pero cuando éste, después de 2004, se tornó claramente declinante se fueron generando las condiciones que lo pondría en evidencia. Detrás del estancamiento de la productividad y de la declinación del coeficiente de inversión sobre el PIB, no fue un hecho banal o inocente que fueran emergiendo sorpresivos movimientos sociales en Chile y cuyo desenlace hoy se está viviendo dramáticamente. Las expectativas generadas en la etapa de bonanza anterior comenzaron a verse insatisfechas y/o precarizadas. En la nueva etapa, lo que se impuso fue que la economía siguiera con un bajo crecimiento tendencial positivo. La fuente de este crecimiento fue, por una parte, las exportaciones que siguieron creciendo gracias a los múltiples nuevos TLCs, pero (¡ojo!) para exportar siempre más de lo mismo y, por otra parte, fue sobre todo gracias al persistente desarrollo modernizador de los mercados oligopolizantes de servicios.

No en vano, justo en esta etapa se da un fuerte vuelco en los precios relativos en favor de los así llamados productos no transables (inmobiliarios, bancos, seguros, comercio) y en detrimento de los transables (expuestos a la competencia del comercio exterior). La apreciación del peso terminó desincentivando la inversión en capital productivo en beneficio de la inversión rentista. A su vez, la baja tributación al capital y la fortaleza del peso permitía, por una parte, que tan altos excedentes en vez de revertirse como inversión productiva interna se vieran inducidos a ser invertidos en el extranjero (USD130 mil millones) y por otra parte, que toda la discusión sobre los equilibrios fiscales y el déficit estructural se instalara para un nivel de gasto público y social efectivo muy por debajo del potencial, si hubiera habido una carga tributaria mayor en el PIB.

Con ello el Estado y su laisser faire al renunciar a un desarrollo productivo diversificable, aunque incluso fuese a partir de los recursos naturales, y al desarrollo de mercados realmente competitivos ha terminado perfilando o proyectando la crisis total del modelo neoliberal de desarrollo en Chile. Una reflexión autocrítica: en la época de la Unidad Popular fuimos irreverentes y le faltamos el respeto a la importancia del mercado a costa de un “abuso voluntarista” en el manejo de un Estado en crisis, como catalizador de las transformaciones (probablemente, fue históricamente inevitable que así ocurriera). Hoy en la era del modelo neoliberal ha pasado lo mismo, pero justamente a la inversa.

A esta altura qué duda cabe que el mercado es un potente instrumento para coordinar en el corto plazo la acción de millones de agentes económicos. Función que al Estado por si sólo le resultaría imposible de cumplir tal cual se comprobó en el “socialismo real”. Pero este mismo mercado, carente de una visión propia de largo plazo y sin un fuerte marco regulador de políticas públicas que supliese este “hiperestigmatismo” suyo, por si solo tiende a crear profundos desequilibrios económicos y sociales y paralizar a la larga el desarrollo, máxime en economías que se han constituido como altamente oligopolizadas y concentradoras del ingreso.

El neoliberalismo en Chile, en su momento constitutivo, mostró un gran desprecio por la acción orientadora del Estado en el desarrollo del país, lo que se consagró en la constitución del 80. El retorno de la democracia no nos pudo zafar de ello. Primero, los senadores designados y el binominalismo electoral fue el cepo constitucional para proteger el carácter subsidiario del Estado y ahora más recientemente el Tribunal Constitucional ha pasado jugar este papel. El neoliberalismo jamás pudo aprender del inteligente equilibrio con que el Estado supo liderar el desarrollo de sus sociedades nacionales en países como los europeos o en Japón, China, Corea del Sur, Australia donde se produjo un gran desarrollo del mercado y del capital en plena globalización al mismo tiempo que se generaban sociedades humanas más sustentables, en beneficio de todos. (Aquí se sostiene: Chile, ahora después de su desarrollo reciente y de su actual crisis estaría maduro para hacerlo también).

En consecuencia, ha sido entonces inevitable que el modelo neoliberal en Chile fuera agotándose por una anoxia económica y una asfixia política y social creciente. “No son 30 pesos, son 30 años”, reza la consigna. Así lo confirma la crisis del modelo -esta vez- en las calles y en ese transversal 85% de adhesión.

El Estado de los oligopolios y la crisis social por desamparo

Social, cultural e ideológicamente hablando, el modelo creó una nueva sociedad atomizada conformada por consumidores y empresarios y en la que la concentración de la riqueza y el crecimiento languideciente ha convertido el paisaje social y cultural del país en un agreste páramo del individualismo y consumismo, muy lejos del tejido social solidario que Chile tuvo hace 50 años. Gran parte de la población, incluyendo su gran clase media, ha quedado segregada y vulnerable, pudiendo acceder muy precariamente a una salud, educación y previsión social creada solo para ciudadanos de segunda categoría, muy distinta de la mercantilizada pero de alta calidad a que accede el otro pequeño segmento del decil más rico. Es la versión chilena del Apartheid.

El mercado ha dejado a gran parte de la población en un desamparo evidente. Pues, en ausencia de un Estado “Social” y de un tejido social más solidario, el único refugio del ciudadano para su frustración ha sido la familia; per se, insuficiente por su creciente, además por su propia precariedad. El resto de la sociedad no se dió por aludida de este sufrimiento atomizado. Así lo que la gente había estado sintiendo encapsulada en el seno de sus familias hoy lo ha pasado a expresar con rabia en las calles. Hoy, esto es lo que día a día han estado expresando los viejos que se sienten estafados por el sistema previsional, un par de millones de jefas de hogar solas y muy precarizadas, los endeudados sin certidumbre laboral, los que tienen que hacer colas para morir por desatención de salud pública, los que tienen que pagar sobreprecios para alimentar las ganancias oligopólicas de la fácil colusión empresarial de precios que se sigue realizando en Chile.

Hoy, esa gente por primera vez en la calle se siente siendo parte de una comunidad y compartiendo algo -su protesta, sus problemas- con sus iguales, con el resto de la sociedad, es decir, más allá de lo que antes sólo se compartía en familia. Por eso, esta crisis aparece siendo sobre todo -aunque no únicamente- la de aquella juventud que se había mantenido como aparentemente apolítica y que hoy justamente, por primera vez, decidió actuar política y protagónicamente expresando sin miedo su rabia contenida por mucho. Pues, ya no son sólo los estudiantes, endeudados y no endeudados, los hijos del SENAME, jóvenes con inserción laboral precaria o cesantes, sino que casi toda la juventud, incluso mucha de familias pudientes. Más que apostar a la satisfacción de las demandas específicas o de mitigaciones -sólo de posible solución mediata- es la oportunidad de descubrir en lo inmediato en la calle un sentido de pertenencia social y huir así de la atomización a la que le había relegado el modelo. La movilización social se ha convertido en una magnífica oportunidad para que los chilenos se reencuentren. Por eso la oportunidad de mantenerse en la calle y seguir protestando es y seguirá siendo un hecho gratificante, soñador más que esperanzador y de especial disfrute, pues por primera vez la gente no se siente sola ("Karen Thal - #Escuchemos - Noviembre 2019 CADEM" en YouTube).

El 85% de los chilenos y la búsqueda de una salida a la crisis El parasitismo del crecimiento, empobrecedor de los recursos naturales y sus elevadas ganancias rentistas, al no retribuir tributariamente al resto de la sociedad ha terminado por precarizar en extremo a esas clases medias que el mismo modelo promovió socialmente. La rabia de la gente, hoy, se vuelca contra un Estado cuyo amarre constitucional le incapacita para promover una sociedad más justa y con crecimiento sustentable, más aún cuando ahora el desafío del cambio climático está emergiendo con fuerza para golpear la viabilidad futura de la seguridad y del sustento de vida de la gente (sequías extremas, incendios, marejadas, tsunamis).

La gente está muy consciente intuitivamente (y no intelectualmente, como pretenden soberbios juristas o tecnócratas que sólo entienden de su metro cuadrado). Y por eso exige enterrar la Constitución del modelo neoliberal. La gente difusamente percibe que hoy es crucial revertir aquel potente amarre constitucional (Doctrina del Estado Subsidiario), creando una nueva constitución que reivindique de forma “inteligente y racional” las funciones naturales del liderazgo estatal -esta vez- como expresión del bien común. Pues contrariamente al Estado del laissez faire, no se podrá reequilibrar la sociedad con equidad y con un crecimiento económico que además le sustente, si no se le dota al nuevo Estado de facultades y herramientas proactivas, que hoy carece.

La protección del medio ambiente, hasta hace poco muy amenazado por el capital rentista, tampoco se le puede seguir dejando liberada al cuasi libre mercado y menos aún si ahora se suman los riesgos desequilibrantes del cambio climático para ese mismo medio ambiente. No se trata del afán neoliberal, consagrado en el actual Estado, del crecimiento por el crecimiento per se, casi como un fetiche y que justifica no interferir en las iniciativas inversionistas del gran capital. Sus inversiones podrán y debieran ser bienvenidas, pero sin perjuicio que el Estado efectivamente las regule y supervise que estas no entrañen perjuicios para nuestras poblaciones y la virtual fragilidad de nuestros recursos naturales. También tratándose de abordar las oportunidades y riesgos que está trayendo los nuevos escenarios tecnológicos mundiales el gran sector empresarial, al igual que las Pymes debiera ser el principal interesado en asociarse con un Estado musculoso para armar una política conjunta, esto es más allá de los intereses microeconómicos que puedan prevalecer en esta materia.

Cuando se constata que el 85% de la sociedad intuye este tipo de salida, como única posible, significa que la sociedad chilena tendrá que avanzar en la dirección de lo que ya han hecho sociedades tales como las europeas, japonesa, coreana, china, australiana. Se quisiera pensar que todos los actores sociales, incluyendo con ello no sólo a la derecha política sino que también la derecha económica de los oligopolios, están más o menos conscientes de aquello, ya sea implícita o explícitamente. Pues converger aceptándola, para ellos sería una opción menos mala que la que le ofrecería una crisis crónica con estancamiento para todos. Aunque esto suene utópico, en aras de su propia conveniencia, los grupos oligopólicos productivos debieran tomar distancia de grupos “puramente” financiero especulativos, como el de Piñera, y sentarse a buscar consensos.

Ojalá que esta premisa fuera cierta. De no serlo, los conflictos políticos y sociales actuales no tendrán soluciones reales y se convertiría en una confrontación crónica con el pueblo chileno y sin salida, arrastrando la decadencia de la sociedad chilena. En tal caso nadie podrá después sostener fundadamente que la época de oro del neoliberalismo fue o sería mejor para revivirla nuevamente.

Dentro de su confusión actual, hay grupos económicos que hasta ahora tan sólo están muy implícitamente conscientes de esta salida. Pues su reacción apenas tiende a ser: “hay que meterse la mano al bolsillo”, sonando casi como gestos filantrópicos transitorios o actos para ganar tiempo político mientras lo ocurrido se decante. No entienden la crisis como una estructural, tal como la que vivimos hace 50 años, que se inició con Alessandri (1962) y terminó con Pinochet (1985).

Conforme pasa el tiempo se darán cuenta que se equivocan. Pues, no en vano muchos entre ellos sí ya están asumiendo el concepto de que hay que armar un nuevo Pacto Social. La interrogante es si esto lo aceptarán todos y con qué alcance, sobre todo pensando en la reconstrucción de nuevas alianzas público privadas que el nuevo Estado tendría que promover en pos de un nuevo paradigma económico y social con equidad y en el marco de lo que significa el desafío del cambio climático ante la fragilidad actual de nuestros recursos naturales.

Todo indica, o se quiere pensar que los “intereses neoliberales”, para sobrevivir, estarán dispuestos a negociar a través en una Asamblea Constituyente, a sabiendas que tendrán que normalizar sus ganancias oligopólicas a cambio de que el Estado les induzca a invertir innovadora y sustentablemente en el país. Esto es con incentivos de ganancias tales, que aunque sigan siendo mayores lo serán dentro de un margen menor que el actual y en un rango más que suficiente para ellos y de modo que no castigue al resto de la sociedad.

Muy relacionado al logro de estos objetivos habrá temas constitucionales diversos con efectos regulatorios sobre cómo estos grandes grupos económicos acceden a los recursos naturales y que podrían ser objeto de difícil acuerdo. Entre ellos los de la institucionalidad y políticas medioambientales y mitigantes del cambio climático, regionalización y descentralización, la cuestión del agua y la propiedad pública de los recursos mineros y pesqueros, la institucionalidad territorial, zonificación de fragilidades ambientales y manejo integrado de cuencas, planificación urbano regional, integración social territorial, educación y capital humano.

El nuevo Estado y la reconstrucción de las alianzas público privadas

Si se piensa en un horizonte a diez años, crucial resultará que la nueva Constitución pronto libere la capacidad de actuación del Estado, hoy asfixiada, para garantizar los derechos sociales a una salud, educación, jubilación y vivienda verdaderamente dignas para todos. El actual “fondo de subsidio global” que utiliza el Estado es un piso, cuyo nivel tendrá que acrecentarse rápidamente según lo vaya permitiendo una administración inteligente de los equilibrios fiscales, el ritmo con que se vaya aumentando la carga tributaria de las grandes empresas, pensando en lograr gradualmente una carga-meta por lo menos de 26% del PIB y no menos decisivo, el propio crecimiento económico como tal.

Urgente será revertir la situación recesiva inicial de la cual partiremos tanto focalizando subsidios en la recuperación de las Pymes y del empleo como también ir armando políticas públicas de mediano y largo plazo cuyos impactos aseguren retomar un crecimiento sustentable de la economía en su conjunto, aunque sea inicialmente moderado. Una apuesta de este tipo significa sumar a todos los segmentos empresariales, pues nadie sobra; lo cual no va a ser fácil. Esto significa que tanto unos como otros se autoconvenzan de que no queda más alternativas que reconstruir las futuras alianzas público privadas con un nuevo enfoque y contenido de desarrollo. (En Suecia 4 o 5 familias corporativas contribuyen con casi el 40% del PIB. A cambio de pagar los altos impuestos que corresponden y a seguir invirtiendo sustentablemente; su convivencia participativa con las políticas del Estado ha sido muy funcional para ellas y para la sociedad como un todo).

Ello implica reconstruir relaciones de confianza y participativas con todos los agentes del desarrollo, pero supeditando los intereses de unos y otros a los objetivos del bien común y no a las ventajas pequeñas del negocio de algunos. Pero para eso se requiere de un Estado con una nueva institucionalidad moderna, coherente con su nuevo liderazgo orientador del desarrollo, muy “inteligente” y eficiente, con mucha capacidad técnica profesional y no clientelista que, como factor crucial, se sustente en un soporte político muy sintonizado con las necesidades de corto y largo plazo y sobre todo no corrupto. Esto en concreto podrá significar trabajar en un futuro sistema de salud integrado en que la inversión pública en modernización y gestión se acreciente rápidamente y se convierta en un piso mínimo para todos. Por sobre este piso se podrá coexistir con el actual negocio de las ISAPRES, regulando competitivamente su funcionamiento e integrarle a la oferta pública. En cuanto a justicia previsional, los nuevos 4 o 5 puntos porcentuales de cargo al empleador debieran financiar el pilar solidario y no ser inyectados como capital fuente de nuevas ganancias de las AFP. Es un dato irreversible para la nueva situación que las AFP concentran la administración de la gran masa del ahorro nacional (240 mil millones de USD, el 80% del PIB) y además que esos fondos por ser propiedad individual de los cotizantes será políticamente muy difícil que dejen de serlo. Ya no importa si esta herencia es mala o buena, la cuestión de fondo será cómo la administración privada de esta gran masa del ahorro nacional se sumará a futuro a apoyar sin mayores traumas políticos un desarrollo económico sustentable del país, esto es conforme las nuevas señales del mercado sean pavimentadas con apoyo estatal.

La educación pública está en el suelo. Modernizarla, democratizarla y repotenciar su antigua calidad significará aceptar constitucionalmente privilegiarla inyectándole crecientes recursos públicos sobre la base de políticas públicas que sean claras en su sintonía con los nuevos desarrollos de la ciencia y la tecnología, con la integración social, con la descentralización regional, con los requerimientos del mercado de trabajo, con el desafío del cambio climático y sobre todo asegurándole una real igualdad de oportunidades a las generaciones futuras. La educación privada al ser regulada en su coexistencia con la pública debiera asegurarse que contribuya a los objetivos que se compartan en el nuevo pacto social.

En cuanto a las remuneraciones de la mayoría de la población asalariada tendrá que ser doblemente abordadas. Por una parte, asegurando un piso nominal en aumento (sueldo mínimo y jubilaciones solidarias), pero sin presionar en exceso a las Pymes, sin dejar de pensar en la recuperación del empleo y sobre todo si a su vez se está respetando plenamente los equilibrios antinflacionarios. Incluso, hasta se podría abordar la cuestión de la flexibilidad laboral, según ya lo está requiriendo el impacto de las nuevas tecnología en los mercados laborales, pero a condición que se introduzca la negociación colectiva.

Por otra parte, tanta o mayor importancia tendrá defender y/o aumentar los ingresos reales, pero en el mediano y largo plazo. Para ello será decisivo hacer crecer la productividad, pero también introduciendo mayor regulación y competencia en los mercados oligopólicos de la canasta básica. Como referencia: bajo condiciones de un peso apreciado, una familia con ingresos mensuales cercanos a $500 mil ha pagado en el gran retail chileno cerca de 20% más de lo que gastaría por la misma canasta en un supermercado y barrio equivalente de Nueva York o Berlin. En el caso de una comparación similar, pero para una misma canasta de mayor valor agregado que compra una familia con ingresos superiores a $ 1 millón este sobregasto aumentaría a cerca del 35%. La competencia oligopólica de precios en el gran retail no ha requerido emprender grandes conspiraciones para coludir sus precios y márgenes unitarios de ganancias en un alto nivel. Ello da cuenta del gran impacto que tendría una normalización de esas ganancias oligopólicas en el ingreso real de los consumidores. Por extensión, igualmente imperioso será introducir mayor regulación y competencia en los demás mercados oligopólicos de servicios básicos (no transables) para mejorar el ingreso real de las mayorías (electricidad, agua, transportes, peajes, etc.).

La sustentabilidad en el tiempo de una política social de ingresos dignos sólo podrá garantizarse con una nueva política de fomento proactiva del desarrollo. La nueva CORFO hoy muy focalizada en lo micro, tendría que abrirse a recuperar el espíritu de la antigua CORFO en la promoción del desarrollo de lo macro sectorial. No cabe duda, es muy importante su actual orientación a potenciar emprendimientos empresariales innovadores y, en general, de energías creativas individuales, hoy inhibidas en la sociedad y sin posibilidades para despegar. Habría que reforzarlas asegurando mayores recursos y cobertura.

De la antigua CORFO no se trata de revivir sus viejos Planes Nacionales Sectoriales (energético, siderometalúrgico, maderero, minero, pesquero, agroindustrial, ganadero, turístico). Sin cuyo acervo tecnológico “incorporado”, generado hasta antes del golpe militar (asociado a empresas públicas o no), se hubiera dificultado mucho el despegue del posterior auge exportador, al adaptar paquetes tecnológicos importados, tal como lo hizo. Pero sí, habría que pensar que un liderazgo suyo proactivo y articulador de alianzas público privadas sería decisivo para potenciar clusters/cadenas productivas, incorporadoras tecnologías de punta, con el objetivo de diversificar la actual oferta productiva de recursos naturales, hoy pobre en valor agregado, y de sus servicios conexos, en el marco de la nueva revolución tecnológica mundial en curso.

Generar oportunidades para asegurar la convergencia sobre todo del gran capital nacional y extranjero (aportador de esa tecnología de punta), sumado o no a capital público en empresas mixtas, debiera abrir paso a la creación de varias otras nuevas ”Fundaciones Chile”, que preparen y lideren el redespegue diversificador de muchas “industrias” que hoy con el agotamiento neoliberal languidecen. La idea central es crear nuevos “ciclos de vida de productos” y no quedarse languideciendo dentro de los viejos “ciclos de vida”, ya agotados (cobre sin refinar, commodities del mar, celulosa, cadenas hortofrutícolas de exportación, mineral del litio).

Instrumento crucial complementario, para palanquear la política de fomento al desarrollo, sería crear una nueva política de royalties sobre la explotación de los recursos naturales, con opciones a reintegros incentivantes y acorde a lo que se logre avanzar con el status constitucional de los bienes públicos. Una formulación inteligente de esta política debería inducir e incentivar a que el gran capital se sume a este gran acuerdo económico estratégico, abriéndose además a compatibilizarlo con los nuevos desafíos climáticos y ambientales. Más allá de las actuales dificultades institucionales, jurídico contractuales y de los TLCs vigentes, se va a requerir entonces reconstruir la institucionalidad del fomento productivo con mucha perseverancia e inteligencia político pública para que la Gran Minería del Cobre, los Lukcic, los Angellini, los Matte, los Paulman y otros grandes grupos económicos estén dispuesto a consensuar con el Estado las estrategias de desarrollo. Su organización empresarial como holdings no necesariamente entraría en conflicto con clusters organizados con una perspectiva estratégica autónoma y liderados por el Estado. La gran pregunta es si estarán dispuesto hacerlo o, sencillamente, al no sumarse hacer fracasar la única opción que queda para enfrentar los complicados escenarios que ya se empiezan a configurar para Chile y el mundo; y con ello, por extensión no garantizar la supervivencia de sus propios negocios más allá de sus apetitos corto y mediano plazo.

Todo esto implica una transición hacia ajustes estructurales mayores del funcionamiento del Estado, de su sistema e institucionalidad política y también de varias reglas básicas en el ámbito de los derechos sociales y de los bienes públicos en su relación con los bienes privados como condición para superar el actual modelo. Con ello no se estaría cuestionando en lo fundamental el funcionamiento del capitalismo en Chile. Sino más bien al contrario, se le estaría potenciando y modernizando, no en el sentido conceptual de la modernidad de los decenios anteriores, sino en el sentido que la sociedad se prepararía para enfrentar los desafíos futuros, entre ellos el cómo una sociedad más justa podrá pervivir y desarrollarse en el marco de un muy amenazador cambio climático. Como se ve, ni siquiera se está hablando de socialismo.

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