Es ya casi una regla que, cada cuatro años, Chile experimente una alternancia en la administración del gobierno central y, por ende, en el sector político que lo conduce. Desde 2010, con la elección de Sebastián Piñera, se consolida este ciclo de reemplazos entre bloques políticos: de Michelle Bachelet a Piñera, luego nuevamente a Bachelet, de ahí a un segundo gobierno de Piñera y posteriormente a Gabriel Boric. Este patrón da cuenta de una ciudadanía que opta sistemáticamente por el recambio, más que por la continuidad.
Una de las consecuencias más evidentes de este proceso ha sido la sostenida caída en los niveles de aprobación de los gobiernos. Antes de 2010, la evaluación gubernamental rondaba el 50%; desde entonces, se observa un descenso persistente, enmarcado en un prolongado ciclo de desconfianza pública que se mantiene hasta hoy. Las encuestas reflejan, en el último tiempo, una percepción ciudadana de gobiernos con “poco brillo”, donde la expectativa de cambio no logra traducirse en mejoras sustantivas. Así, un efecto no previsto de la alternancia ha sido la progresiva desvalorización del ejercicio del poder, es decir algo en la salud de la democracia no está bien.
Este fenómeno ha impactado directamente en la legitimidad democrática. Se advierte una menor valoración de la democracia como forma de gobierno, junto con una mayor apertura —al menos declarativa— hacia alternativas autoritarias[1]. Paralelamente, crece la adhesión a principios como el mérito individual por sobre la igualdad en la distribución del ingreso. La percepción de la situación económica personal, por su parte, se ha mantenido mayoritariamente en un estado intermedio (“ni buena ni mala”) desde 2019, con escasas expectativas que la alternancia, mejore las condiciones.
Este “clima social” se intensifica en procesos electorales recientes, como los constitucionales, donde irrumpen votantes con menor interés político, más independientes de los partidos y con mayor disposición a castigar al gobierno de turno. Se trata, en muchos casos, de sectores de menores ingresos, con trayectorias laborales inestables o trabajo por cuenta propia. Estos electores tienden a decidir su voto tardíamente o incluso a modificarlo en el último momento, generando un comportamiento pendular entre elecciones, guiado más por criterios pragmáticos que ideológicos.
En este contexto, el gobierno de José Antonio Kast se ha configurado con autoridades de perfil independiente de los partidos, pero fuertemente vinculadas al mundo privado. Esto ha tensionado la cohesión interna del oficialismo, dificultando la construcción de una coalición. Su agenda, centrada en seguridad ciudadana, control migratorio, reducción del tamaño del Estado y promoción de políticas promercado —como la disminución de la “permisología”— marcaría un giro respecto del énfasis en derechos sociales y rol protector del Estado impulsado por el gobierno de Boric y los gobiernos de centro izquierda anteriores.
Sin embargo, la estrategia comunicacional basada en la lógica de un “gobierno de emergencia” ha enfrentado rápidamente sus propios límites, especialmente si las expectativas generadas no se cumplen. La promesa de soluciones inmediatas, sumada a diagnósticos extremos —como la idea de un “Estado en quiebra”—, han erosionado la confianza pública y se traduce en una rápida caída en la aprobación. La brecha entre expectativas y resultados vuelve a instalar la frustración como eje de la relación entre ciudadanía y política.
Este giro también reactiva la disputa ideológica entre capital y trabajo. Pues desde sectores de izquierda y centroizquierda se percibe un posible desmantelamiento de políticas sociales construidas durante décadas, en favor de un fortalecimiento del rol del mercado. La promoción de la inversión, la reducción de impuestos a las empresas y la flexibilización laboral pueden derivar en una mayor dependencia del bienestar social respecto del dinamismo del capital, debilitando la negociación colectiva y favoreciendo acuerdos individuales al interior de las empresas.
En paralelo, la oposición enfrenta serias dificultades para articular una voz común. Predominan agendas fragmentadas y liderazgos dispersos, lo que debilita su capacidad de ofrecer una alternativa clara. Si bien logró un alto grado de unidad programática en las elecciones recientes, hoy predomina la incertidumbre estratégica. La izquierda aparece tensionada entre una defensa complaciente del gobierno saliente y la necesidad de proyectar un nuevo ciclo político; mientras que la centroizquierda requiere liderazgos capaces de reconectar con un electorado moderado y despolitizado.
De no consolidarse una oposición clara, coherente y con capacidad de interpelación más allá de la movilización social, pues la misma que emerge producto de causas justas, termina deslegitimando su objetivo y siendo una excusa para agredir a otros, como ha ocurrido recientemente con la Ministra de Ciencias, en Valdivia. Entonces la movilización de masa (estrategia ligada a la izquierda) hoy no aportan necesariamente, sino que son un riesgo de avanzar hacia una democracia de menor calidad, marcada por la desconfianza hacia los representantes, pues abren una brecha entre quienes las aprueban y quienes en los hechos, solo ven violencia.
En este escenario, el desafío no es solo político, sino también cultural. Se requiere reconstruir un proyecto que dialogue con la sociedad contemporánea —digital, individualizada y escéptica de lo público—, pero que al mismo tiempo reinstale sentidos colectivos. Esto implica disputar el lenguaje y las categorías: reponer la centralidad de los trabajadores frente a los “colaboradores”; de los sujetos de derecho frente a los “clientes”; de los pacientes con derechos frente a los “usuarios”; de la precarización frente a la “empleabilidad”; y de la seguridad social frente al ahorro individual.
Cuando la política renuncia a articular lo colectivo, deja de disputar el poder. En ese vacío, liderazgos como el de Franco Parisi no irrumpen por accidente, sino como síntoma de un sistema que pierde capacidad de representación. El resultado puede ser claro: la salud de la democracia cada vez estará en mayor riesgo, se presentará más débil, fragmentada y subordinada a la lógica del individuo por sobre lo común.
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Hernán García Moresco. Diplomado en Big Data, Universidad Católica. Diplomado en CienciasPolíticas y Administración Pública, Universidad de Chile. Licenciado enEducación en Matemáticas y Computación, USACH
[1] Encuesta CEP - CEPChile /Encuesta CEP Nº 58-95(2008-2025)
