La necesidad de una nueva constitución responde a múltiples motivos, tanto éticos, como políticos, administrativos, sociales y económicos. Respecto de los primeros, el asunto representa, ni más ni menos, un problema de legitimidad democrática. No es un misterio que la actual carta fundamental fue elaborada, en forma y fondo, en un contexto de dictadura; la peor que registre la historia de la república. No representa, por tanto, la voz de una ciudadanía diversa. Por el contrario, es la expresión ideológica de una visión neoliberal de la sociedad, elegida y redactada por muy pocos, pero que determina las reglas del juego para todos, y en todos los ámbitos de la sociedad. Ahora bien, comprendiendo que las leyes de una nación están supeditadas a la carta fundamental que las rige, aquí la tensión ética entre lo legal y lo legitimo deviene en paroxismo. Si bien es un principio básico de una sociedad de derechos el respeto por la constitución y las leyes -acción a la cual está supeditada la función misma de la máxima autoridad política de la nación, de hecho- resulta paradójico que sea cuestionable la legitimidad democrática del contexto de origen y los procedimientos de elaboración de la misma constitución. Aquí, la ironía deviene en absurdo. La necesidad ética de cambiar este estado de cosas es, entonces, innegable.
Por otra parte, respecto de la dimensión política, no tenemos completa claridad sobre cuánto ha influenciado, para mal, los 29 años de sistema binominal en la cultura democrática de la sociedad chilena. Si bien, ante un vacío epistemológico no corresponde inferir certezas, la falta de estas invita a su indagación. En efecto, resulta necesario investigar la posible relación entre la decadencia constante de la participación política activa de la ciudadanía, el desprestigio de los partidos políticos y la falta de alternativas reales al modelo que el sistema binominal obligó a establecer en la conformación del legislativo, por demasiado tiempo. De hecho, cuando las opciones a elegir se distinguían siempre entre dueños del modelo y administradores del mismo, en un contexto de innegable duopolio ¿cómo se sostiene la importancia de la participación política en la ciudadanía? Si a esto se le suma la inexistente presencia de la educación cívica en el curriculum escolar durante las mismas décadas, es inevitable concluir que la cultura democrática en Chile es frágil. Y si los motivos de esta debilidad responden, de una u otra manera, al sistema electoral señalado, así como al problema en educación, ambos asuntos tienen un mismo punto de origen: la naturaleza neoliberal de la constitución política de la nación.
El cambio de sistema electoral ocurrido en 2018 tendrá sus frutos en el mediano y largo plazo. Las consecuencias del anterior se dan en el inmediato. Respecto de la gestión administrativa del territorio y la distribución del poder, si bien el presidencialismo se viene proyectando en la historia nacional desde la constitución de 1925, y el centralismo desde los mismos comienzos de la república, nuestra carta fundamental vigente, al respecto, no modifica en nada tal situación, por el contrario, la potencia. Ambas tendencias características del conservadurismo chileno, al impedir la gestión autónoma por parte de las comunidades, no solo implica problemas en la gestión administrativa -contando con el territorio más largo del mundo- sino que también genera problemas para la participación ciudadana, o sea, en la distribución democrática del ejercicio del poder. Se espera de una república democrática una relación equitativa entre los poderes del estado, y que, por tanto, las funciones de uno no influyan de manera tan determinante en otro, como lo hace el ejecutivo con el legislativo, actualmente, en Chile. También se espera, mayor autonomía para las localidades.
Finalmente, en cuanto al modelo económico y las desigualdades sociales generadas por este, ambos son expresión directa de la constitución vigente y del compromiso con la ideología neoliberal que lo inspira y sustenta. En efecto, la misma constitución resulta ser expresión del modelo. Una economía en tal medida alienada de su función social y, por otra parte, sujeta a las dinámicas del mercado internacional, y en tan poca medida al control del estado, está en el centro de los motivos que explican la profunda desigualdad en la distribución de la riqueza en Chile. Por tanto, un cambio de constitución implica un cambio de modelo económico y productivo, necesariamente, junto con la superación del presidencialismo y del Estado centralizado.
Mg. Felipe Quiroz Arriagada.
