La Ley Longueira a la luz de la investigación del Ministerio Público y que en parte ha trascendido a la opinión pública, no cabe duda que se tramitó y aprobó en medio de la corrupción, la misma trata sobre el financiamiento ilegal a la política y ha posibilitado que sean citados a declarar varios políticos, controladores de grupos empresariales y ex autoridades de gobierno que tuvieron a cargo el sector pesquero mientras se tramitaba dicha ley, entre los que se cuentan el Sr. Angellini dueño del grupo económico más grande del sector pesquero y principal beneficiario de la ley Longueira, el Sr. Pablo Galilea, ex Subsecretario de Pesca brazo derecho de Longueira cuyos correos con el Sr. Mujica brazo derecho del Sr. Angellini transparentan como esa institución del Estado a cargo de respaldar los argumentos técnicos de esa ley ante el Congreso se encontraba capturada por dicho grupo empresarial. Mientras los senadores Orpis y Rossi miembros de la Comisión Pesca del Senado recibían financiamiento del anterior grupo empresarial con el claro propósito de actuar conforme a sus directivas.
Pero no seamos ingenuos lo anterior solo es la punta del iceberg de la corrupción en la que está sumido el sector pesquero ya que la misma es mucho más profunda y alcanza a muchos más , lo anterior es lo poco que puede hacer el Ministerio Público por disponer de una pobrísima legislación para proteger la frágil democracia de nuestro país de la permanente vulneración del estado de derecho por parte de los grupos empresariales que abusan de la corrupción para obtener de la clase política leyes de privilegio a su favor, como la Ley Longueira.
Si la clase política para no derogar la Ley Longueira cediera a la comprensión que hace Sonapesca de lo que significa el estado de derecho, le darían la razón a lo anotado en una columna de El mostrador de la autoría de un abogado que reflejaba la dura realidad que afecta a nuestro país: "Hace poco, un profesor nos hablaba de que en Chile prácticamente no existe corrupción; esto porque la capacidad de influir en las decisiones que determinan el curso del país está institucionalizada, y por tanto se hace dentro de un marco legal, siendo a la larga una conducta aprobada y aceptada."
Hoy se hace insostenible que la clase política y desde la subsecretaría de Pesca y el gobierno se siga respaldando e imponiendo la vigencia de una ley que ya no cabe duda que la corrupción la adornó bajo un manto de defensa de la sustentabilidad y de criterios científicos, ya que los mismos que la promovieron resultan ser los responsables de la devastación de la riqueza pesquera país desde hace unas décadas. No cabe duda que el ardid de la defensa de la sustentabilidad fue un engaño utilizado por el puñado de fortunas que controlan el sector pesquero de nuestro país con el propósito de manipular mediáticamente a la opinión pública en su afán de justificar se apoderaran a perpetuidad de bienes públicos que le pertenecen a todos los chilenos.
http://www.lemondediplomatique.cl/Ley-Longueira-La-Corrupcion-ha.html
El Sector Pesquero es una muestra dramática del como los grandes grupos empresariales de la mano de la clase política dieron forma a un tejido de leyes que ha impedido que Chile honre la economía de libre competencia que dice tener, ya que el sector pesquero ha terminado concentrándose en manos de un puñado de grandes fortunas, que han abusado del poder económico que poseen para financiar a la política para conseguir de ésta leyes como la Ley Longueira modeladas a su antojo y obtener todo lo que han querido. Hoy la Fiscalía Nacional Económica se mantiene sorda y muda ante la investigación del Ministerio Público ya que la misma fue incapaz de descubrir el tejido de corrupción que orquestaron grupos empresariales para imponer al sector pesquero una Ley Longueira a su antojo que es el atentado más brutal a las bases del sistema económico de libre competencia que dice tener nuestro país. Lo anterior nos debería llamar a la reflexión sobre la vigencia que tendría la misión de la FNE “Posibilitar que los beneficios del intercambio en una economía de mercado, basada en la libre y sana competencia, produzcan el mayor bienestar general de los ciudadanos, y evitar que agentes con poder de mercado, individual o conjunto, perjudiquen dicho interés público atentando contra la libertad económica de terceros”, ya que como nos consta a todos los chilenos vivimos en uno de los principales países pesquero del mundo pero no tenemos acceso al consumo de productos del mar y ello no se debe a un capricho sino a que la libre competencia en Chile solo garantiza que ésta "produzca el mayor bienestar para sus grandes grupos empresariales".
Los ciudadanos de Chile tenemos la obligación de exigir a nuestra clase política derogue la Ley Longueira y que en la nueva ley los recursos pesqueros así como el borde costero sean declarados bienes públicos y por lo mismo quede garantizado que son de todos los chilenos. Que el objetivo principal de la nueva ley de pesca sea garantizar el consumo efectivo de pescado y productos del mar para la inmensa mayoría de las familias de nuestro país y que tenga la virtud de apalancar a igual propósito a los miles de pescadores parte de la pesca artesanal de pequeña escala. La clase política no puede volver a imponer la discusión de una ley de pesca centrada en la defensa de los intereses de los grandes grupos empresariales y de los que le sirven a estos, esta vez debe ser la oportunidad para: las agrupaciones de defensa de los consumidores, la pesca artesanal de pequeña escala, las agrupaciones de científicos, agrupaciones de profesionales de la salud y los movimientos sociales, los que deben ser los protagonistas de la discusión de la nueva ley de pesca.
La nueva discusión de la ley de pesca debe asegurar y garantizar el libre acceso a los recursos pesqueros: a los pescadores artesanales que en su calidad de tripulantes no poseen embarcación, a los nuevos emprendimientos y proyectos de innovación, para que lo anterior sea una oportunidad para apalancar a cientos de científicos de nuestro país a que pueden convertir la creatividad aplicada a nuevos desarrollos y productos como el motor para el Desarrollo del sector y del país. Debe ser la oportunidad para desarmar el tejido de privilegios con el que un grupo de fortunas o 7 Familias, ha impuesto un modelo de explotación tercermundista centrado en su ambición desquiciada olvidando el aporte prioritario que debe hacer este sector a la alimentación saludable de todos los chilenos y al progreso de Chile.
Que la nueva ley de pesca castigue con cárcel las acciones que deriven en " coligaciones ", como la que ocurre entre grupos empresariales y armadores semi industriales - la Mesa Longueira es un testimonio de la existencia de ello - ya que permite que los primeros con el beneplácito de los segundos terminen controlando vía contratos entre ellos casi el cien por ciento de los desembarques de nuestros principales recursos pesqueros país. Con lo anterior impiden pueda existir libre competencia de unos con otros, y que exista alguna posibilidad para nuevos emprendimientos, transformando al libre mercado en una mera ilusión.
La nueva ley de pesca debería contemplar la pena de cárcel por las acciones que comprometan a funcionarios públicos en acuerdos de colusión y en las que sus decisiones terminen en daño medioambiental, devastación de especies pesqueras o daños a los ecosistemas, de tal manera de recoger las enseñanzas que dejan las investigaciones del Ministerio Público sobre la captura de la que fue objeto Subpesca durante la Ley Longueira por parte de los grupos empresariales. Nuestra generación tiene la obligación de cuidar con exceso de celo el medioambiente y los recursos pesqueros que nos pertenecen a todos los chilenos, para garantizar nuestra solidaridad con las generaciones futuras.
Pablo Fernando González, Pyme Innovación.
