Toda sociedad convive con problemas que no resuelve. Puede contenerlos durante décadas mediante crecimiento, crédito, políticas públicas o distracciones mediáticas. Pero los conflictos de fondo no desaparecen solo por dejar de nombrarlos. Regresan en nuevas condiciones y bajo otros nombres que ocultan su historia.
En Chile, uno de esos conflictos es la desigualdad persistente, cuya expresión más visible es la distribución desigual del ingreso (Piketty, 2013). Sin embargo, su alcance supera la distribución de la renta. La concentración de la propiedad del suelo y del patrimonio inmobiliario deja en pocas manos los lugares estratégicos, los mejor ubicados y las ventajas que ofrecen. Esta desigualdad define dónde y cómo se vive, y concentra el poder de decidir sobre el territorio, de la escala local a la nacional y la planetaria (Harvey, 2006).
Sus efectos alcanzan incluso la duración de la vida. En Santiago se han estimado brechas de esperanza de vida al nacer de hasta 8,9 años entre los hombres y 17,7 años entre las mujeres de La Pintana y Las Condes-Vitacura, brechas que también se observan entre otras comunas del país (INE, 2017; Bilal et al., 2019).
Por ello, ninguna sociedad que se piense justa puede aceptar esas diferencias como un dato demográfico más. Desde el regreso a la democracia, la desigualdad territorial ha ocupado un lugar secundario en las expresiones chilenas del socialismo, pese a que constituye su principio fundador para el sujeto colectivo que ha pretendido representar: las y los desiguales.
El espacio geográfico, el territorio, no es un escenario pasivo. Es una relación de poder. Y en esta relación, la desigualdad no solo ocupa espacio, también lo produce (Lefebvre, 1974). Por eso, se quiera o no, la desigualdad territorial es una cuestión de justicia democrática que el país tendrá que enfrentar.
I. Una deuda territorial que el nuevo ciclo reabre
En Chile se consolidó una fórmula conocida. Abrir mercados, atraer inversión, focalizar ayudas y confiar en que el crecimiento corregiría el resto. Esa fórmula redujo la pobreza, amplió el consumo y modernizó partes del país. Pero poco alteró la concentración de la propiedad y la renta, como tampoco el acceso desigual a los lugares donde se acumula el bienestar social. Una pregunta proscrita
El país ya enfrentó una disputa de esa magnitud. Se llamó reforma agraria. No fue una política agrícola más. Fue la gran reforma territorial del siglo XX chileno. Impulsada por gobiernos democráticamente elegidos y profundizada hasta 1973, enfrentó el latifundio, el inquilinaje y el poder patronal sobre la sociedad rural. Durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva se expropiaron más de 3,5 millones de hectáreas y más de 6,4 millones durante la Unidad Popular (Bellisario, 2013). La reforma redistribuyó la tierra, amplió la organización campesina y cuestionó una forma histórica de dominación. También afirmó que una democracia podía intervenir la propiedad del suelo cuando su concentración producía desigualdad.
La dictadura detuvo y revirtió la reforma agraria. Y tras 1989, la distribución del suelo no ganó centralidad en la discusión pública, todo lo contrario. Los gobiernos socialistas consiguieron avances reales frente a la desigualdad de ingresos, pero mantuvieron en segundo plano la elevada concentración de la propiedad del suelo. Luego, la agenda de igualdad se amplió hacia el género y el reconocimiento de la diversidad, con transformaciones culturales decisivas. La dimensión territorial, sin embargo, permaneció relegada.
Repetir la reforma agraria sería sin duda un error. Chile ya no es el país rural de los años sesenta: el trabajo agrario se organiza hoy en predios tecnificados y cadenas agroexportadoras. Y quienes ahí trabajan, más que campesinos e inquilinos, son hoy en su mayoría obreros del agro que viven en pueblos, ciudades intermedias o periferias urbanas, y se desplazan diariamente al fundo industrial.
Pero en ningún caso la mutación de campesino a obrero agrícola significa que la cuestión de la tierra desapareció: solo cambió de escala, de énfasis y de forma. La antigua cuestión agraria reaparece entonces como cuestión urbana y territorial. Y regresa en un mundo que también cambió. La desigualdad juega en primera fila
Desde fines de los años ochenta, la liberalización subordinó crecientemente al mercado mundial decisiones antes orientadas también por los Estados. Ese ciclo comenzó a erosionarse con la insustentabilidad energética de la libre circulación global del capital, la crisis financiera de 2008, la rivalidad tecnológica y la fragilidad de las cadenas de suministro. Y la irrupción ultraconservadora en Estados Unidos terminó de sellar ese cambio de época.
Hoy las potencias occidentales intentan recuperar industrias y asegurar abastecimientos estratégicos, frente a una división internacional de la producción cuyo centro se ha desplazado hacia Asia. Esta desglobalización es una disputa por el poder a través del control de los recursos y la primacía militar y tecnológica. Chile la enfrenta desde la fragilidad de una economía abierta que exporta materias primas e importa manufacturas, conocimiento y tecnología.
La nube pesa. Lo que llamamos inmaterial requiere suelo, electricidad, agua, cables y centros de datos energívoros instalados en lugares concretos. Esa dependencia material no solo expone la fragilidad geográfica de estos sistemas, especialmente frente al cambio climático, sino que también obliga a optar entre el consumo de los hogares y el del capital. La transición energética no reduce esa competencia, la intensifica.
Chile aparece así como un territorio estratégico por su cobre, litio, agua, salares, energía solar y eólica, puertos y redes. Y por sus cielos, donde el mundo vino a instalar sus telescopios. También la oscuridad es un recurso, y como todo recurso, se disputa. Nada de esa riqueza ha corregido el desarrollo deficitario de las comunidades aledañas, comunales y regionales. La controversia por el proyecto de cable submarino entre Chile y Hong Kong, en contraste con el cable Curie que ya conecta Valparaíso con Los Ángeles, y el memorándum sobre minerales críticos firmado con Estados Unidos dicen lo mismo de tres maneras. Chile no arbitra esa disputa. La aloja en su territorio. Y quien aloja sin decidir, cede soberanía.
Así, frente a cada decisión de inversión, permiso o planificación, la pregunta relevante es quíntuple: quién gobierna esos recursos, cómo se produce, quién asume y soporta los impactos, quién captura la renta y qué capacidades productivas permanecen donde se genera la riqueza.
Y la abstención estatal no produce mercado neutral alguno. Donde el Estado se retira no queda un árbitro imparcial. Queda la renta operando sin contrapeso, y la renta no distribuye, concentra. Quien captura renta compra posición, y quien tiene posición captura más renta. En consecuencia, la desigualdad no se corrige, se exacerba. Y el cambio climático agrava esa dinámica, porque sus efectos golpean con mayor fuerza a quienes tienen menos protección y peores localizaciones.
II. Una mayoría enclaustrada. Los desiguales, una fuerza de transformación
Esta desigualdad recae sobre una mayoría social diversa. La integran quienes se sustentan de un salario, del trabajo independiente o de una micro o pequeña empresa. Sus condiciones difieren entre el centro metropolitano, las capitales regionales, las ciudades mineras, los valles agroexportadores, los puertos y las comunas rurales. Sin embargo, comparten una posición subordinada frente al territorio. Pagan sus costos en arriendos, deudas, impactos ambientales, traslados, aislamiento y suelo caro. Disponen de poco poder para capturar la valorización del suelo o decidir sobre su uso. Una condición común sin nombre común. Llamémosles las y los desiguales. Distintos en cómo viven, iguales en lo poco que deciden.
La desigualdad es una condición en disputa
A esa condición se suma el enclaustramiento. El país está fragmentado por la alta concentración de la propiedad del espacio. Playas, riberas, parques, bosques, caminos, cerros, barrios y bienes comunes quedan cercados por accesos difíciles o restringidos. El acceso a la naturaleza, a la ciudad, a la cultura y los servicios se ve enclavado. La vida cotidiana transcurre entre la vivienda pequeña o lejana, el trayecto largo y las oportunidades distantes. Se paga por habitar mientras se limitan la cercanía a los servicios, la libertad de circulación y el disfrute del país.
El enclaustramiento, además, no se reparte parejo. Sus costos más altos se pagan en dos monedas. La primera es el tiempo. Y ese tiempo lo ponen también, en gran parte, las mujeres, que cargan históricamente con los trayectos, las esperas y los cuidados que la mala localización multiplica. La segunda es el futuro. Para muchas y muchos jóvenes, acceder a un lugar propio es una promesa indefinida, y esa clausura se hace más densa con las incertidumbres económicas y ambientales que también enfrentan. Mujeres y jóvenes son protagonistas de la mayoría enclaustrada, y cualquier respuesta territorial seria se medirá contra el tiempo de unas y el futuro de otros.
Estas experiencias rara vez se reconocen entre sí. La deuda parece un error propio. La vivienda lejana, una mala elección. El trayecto eterno, una desgracia personal. Problemas de causa común, vividos como fracasos privados.
Sin embargo, hay quienes usan esta realidad —incluida la legítima demanda de seguridad, que es también un reclamo por el espacio común— para ofrecer a cambio orden, cierre y mano dura. Más rejas para una vida ya enrejada. Enclaustramiento como estrategia para dividir y gobernar, en lugar de espacio abierto. Ahí está la disputa de fondo. O la vida de la mayoría se organiza en torno al miedo, o se organiza en torno a la igualdad. Porque la igualdad no se juega solo en la distribución de la renta. Se juega también en la del espacio, en el dónde y el cómo se vive.
Por eso la igualdad territorial exige un doble movimiento. Reabrir y expandir el espacio común, no para administrar el miedo, sino para devolver a la mayoría el país que hoy paga sin disfrutar. Y redistribuir el espacio mediante el ordenamiento del territorio, para que vivir no siga significando apilarse en un gueto vertical, instalarse sobre una quebrada o cargar con los desechos de todos, mientras el suelo mejor ubicado sigue cerrado para la mayoría. Esa es la respuesta que no profundiza el encierro. La que convierte los fracasos privados en causa común, y a las y los desiguales en un nosotros posible.
Sembrar cambio en el lugar de la desigualdad
No es casual que se resienta el vacío de una fuerza política presente donde la desigualdad se vive, en las comunas, las localidades y los barrios. Es en esa trama de organizaciones vecinales, sindicales y sociales donde una posición compartida puede volverse fuerza común. La mayoría desconfía de los partidos, pero se identifica con sus barrios. Y es ahí donde los partidos volverán a ser creíbles o no. Lo que se retiró no fue la gente, ni los militantes, fue el pensamiento colectivo. Y el pensamiento colectivo se retira cuando no se expresa, cuando no se vocaliza. Así se retiraron gradualmente las banderas, los diálogos, las líneas claras y los principios operativos por los cuales obrar.
El dilema no consiste en escoger entre crecimiento y protección, Estado y mercado. Consiste en decidir si el bienestar social seguirá concentrado allí donde se acumulan la renta, el patrimonio y la propiedad del suelo. Y tarde o temprano, el país deberá responder la pregunta que dejó suspendida. ¿Hasta cuándo la democracia aceptará que la concentración privada del espacio determine la vida de millones? Las y los desiguales son el sujeto de esa respuesta. El territorio común es el horizonte para construir un país de todas y todos, y no solo de unos pocos.
Referencias
Bellisario, A. (2013). La reforma agraria chilena. Reformismo, socialismo y neoliberalismo, 1964-1980. Historia Agraria. Revista de Agricultura e Historia Rural, (59), 159-190.
Bilal, U., Alazraqui, M., Caiaffa, W. T., Lopez-Olmedo, N., Martinez-Folgar, K., Miranda, J. J., Rodríguez, D. A., Vives, A. y Diez Roux, A. V. (2019). Inequalities in life expectancy in six large Latin American cities from the SALURBAL study: an ecological analysis. The Lancet Planetary Health, 3(12), e503–e510.
Harvey, D. (2006). Spaces of Global Capitalism: Towards a Theory of Uneven Geographical Development. Londres: Verso.
Instituto Nacional de Estadísticas [INE] (2017). Censo de Población y Vivienda 2017. Santiago de Chile.
Lefebvre, H. (1974). La production de l’espace. París: Éditions Anthropos.
Piketty, T. (2013). Le capital au XXIe siècle. París: Éditions du Seuil.
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Juan-Pablo Pallamar
Doctor en geopolítica
Université Sorbonne Paris Nord
