El programa de gobierno de Gabriel Boric, presentado en la campaña de 2021[1], incluía un capítulo ambicioso sobre la promoción de un Estado laico: pilar para garantizar la libertad religiosa, erradicar la discriminación por creencias y lograr una separación efectiva entre Iglesia y Estado.
La promesa era clara: perfeccionar la Ley de Libertad de Culto (19.638) mediante un proceso participativo amplio —incluyendo cosmovisiones indígenas— y transformar la Oficina Nacional de Asuntos Religiosos (ONAR) en una entidad verdaderamente representativa, capaz de eliminar privilegios históricos, sobre todo los de la Iglesia Católica.
Sin embargo, a enero de 2026, con el mandato tocando su fin, estas aspiraciones permanecen como nobles declaraciones sin concreción sustantiva, sepultadas por la inacción, los giros pragmáticos y una persistente influencia religiosa en la esfera pública que apenas roza el statu quo heredado.
Comencemos por el núcleo de la promesa: la consagración de un Estado laico que garantice la libertad religiosa y espiritual, con énfasis en la no discriminación y la separación Iglesia-Estado. Boric proponía medidas concretas para asegurar que leyes, normas y políticas promovieran la laicidad, reconociendo la pluralidad cultural y plurinacional del país, incluyendo cosmovisiones indígenas. En la práctica, el gobierno ha impulsado algunas iniciativas simbólicas, como campañas educativas contra la discriminación basada en creencias religiosas y programas de salud que incorporan perspectivas espirituales diversas. Estas acciones, aunque positivas, son superficiales y no representan un cambio estructural.
Críticos argumentan que, lejos de avanzar en una verdadera laicidad, el gobierno ha mantenido una relación ambigua con instituciones religiosas, como se evidenció en la postergación del debate sobre la Ley de Eutanasia en octubre de 2025, justo antes de la visita de Boric al Vaticano, lo que sugiere una deferencia implícita a la Iglesia Católica que contradice el principio de separación. Esta decisión generó acusaciones de injerencia eclesiástica en políticas públicas, reforzando la percepción de que Chile sigue siendo un Estado confesional en la práctica, donde la Iglesia (católica) influye en temas éticos como el aborto o la educación religiosa. En un país con una historia de privilegios católicos —desde exenciones tributarias hasta financiamiento estatal para monumentos religiosos—, la ausencia de reformas concretas para eliminar estos beneficios históricos representa una traición a la promesa de igualdad jurídica entre credos. No hay evidencia de que se hayan terminado estos privilegios bajo Boric, a pesar de que su programa explícitamente buscaba erradicarlos.
Un ejemplo paradigmático de esta inacción es el perfeccionamiento de la Ley de Libertad de Culto (Ley 19.638, promulgada en 1999). La propuesta de Boric era ambiciosa: un proceso participativo que involucrara a todas las tradiciones religiosas y espirituales, incluyendo las cosmovisiones de pueblos originarios, para actualizar una norma que, aunque histórica, ha sido criticada por su obsolescencia y por no reflejar la diversidad actual del país. En octubre de 2024, durante la conmemoración del Día Nacional de las Iglesias Evangélicas, Boric mencionó la necesidad de "reflexionar, mejorar y modernizar" esta ley, anunciando que la Secretaría General de la Presidencia (Segpres) trabajaría junto a la ONAR en ello. Sin embargo, a inicios de 2026, no se ha materializado ningún avance legislativo significativo. Solo se registran modificaciones menores. Esta omisión es particularmente crítica en un contexto plurinacional, donde las cosmovisiones indígenas, siguen marginadas en el marco legal religioso, perpetuando una discriminación cultural que el programa prometía combatir. Críticos, incluyendo voces evangélicas y laicas, ven en esto un patrón de promesas pospuestas.
Otro pilar incumplido es la transformación de la ONAR en una instancia representativa y promotora de todas las expresiones religiosas, con énfasis en la igualdad jurídica y el fin de estructuras privilegiadas. El programa de Boric visionaba una ONAR inclusiva, que facilitara el diálogo y eliminara desigualdades. Bajo su administración, la oficina ha mostrado avances operativos, como la constitución de consejos interreligiosos en más de 20 comunas de siete regiones en 2025, promoviendo diálogos para prevenir violencia y fomentar la participación de diversos credos. También participó en encuentros internacionales, como el simposio sobre libertad religiosa en 2024, y colaboró en eventos como "Democracia Siempre". Estos esfuerzos son loables y alineados con la promesa de pluralidad, pero carecen de profundidad reformista. No hay indicios de una reestructuración institucional que garantice representación equitativa o elimine privilegios. En cambio, la ONAR sigue operando como una entidad asesora dependiente del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, sin cambios legislativos que la conviertan en un órgano autónomo y paritario, Para colmo de incongruencias, un antiguo asesor principal de la ONAR carecía de formación especializada en materias religiosas —solo contaba con enseñanza media completa—, sustentándose más en afinidad partidista que en expertise técnica. Difícilmente de allí podían surgir debates profundos ni frutos de rigor académico.
lo que difícilmente podrían hacer surgido debates y frutos propios de la técnica y el método de una persona que cuente con credenciales de especialidad.
Si el objetivo era honrar la riqueza de la diferencia, el saldo es una continuidad del Chile confesional de facto, donde la laicidad sigue siendo una quimera lejana. Constatamos con pesar que estas promesas de campaña fueron, en buena medida, un estímulo calculado hacia el electorado evangélico —cuyos anhelos de equidad en libertad religiosa terminaron instrumentalizados—. Gran deuda ha dejado este gobierno.
Daniel Barrientos Maldonado
Comunidad de Reflexión Cristiana.
[1] Programa de Apruebo Dignidad, pág. 193. Revisada el 10 de enero de 2026, link: https://observatorioplanificacion.cepal.org/sites/default/files/plan/files/Plan%2Bde%2Bgobierno%2BAD%2B2022-2026%2B%282%29.pdf
