Vivimos en una época fascinante, una era donde la honorabilidad ha sido relegada al rincón de la ingenuidad. Hoy, decir la verdad es un acto de excentricidad casi imperdonable, un rasgo distópico en una sociedad donde los antivalores se premian con aplausos y cargos públicos. El flagelo de la mentira ya no es un accidente, es política de Estado; y la actual administración del presidente Kast ha perfeccionado este arte hasta convertirlo en una exquisita puesta en escena, enquistando la falsedad en la médula del país.
Comencemos por la brillante diplomacia de la paz. Todos los miembros de este gobierno se pasean por los pasillos del poder manifestando, con una envidiable cara de póker, que estamos "lejos de la guerra" y que, por supuesto, ellos no la provocaron. Guardan un silencio sepulcral, eso sí, sobre el entusiasmo con el que el presidente Kast ha corrido a alinear su apoyo irrestricto a Estados Unidos e Israel. Mientras tanto, el famoso cable chino sigue en el limbo del "ya llegará el momento de tomar una decisión", y los guiños incesantes a Washington se intentan ocultar bajo la alfombra de un patriotismo de cartón. ¿Y qué decir de la ex mandataria Bachelet? La postura oficial es una joya de la hipocresía internacional: el gobierno afirma tajante que "no contará con el apoyo de Chile", pero, en el mismo aliento, ruegan al cielo que "ojalá ella nos colaborara con la marca Chile". Fascinante pragmatismo.
Si queremos buscar respuestas, la reciente entrevista presidencial en la ARCHI es una clase magistral de cómo hablar durante horas sin decir absolutamente nada, dejando a los auditores con más dudas que certezas. Ante la consulta por haber hablado de un "quiebre del Estado", la respuesta fue tan tranquilizadora como absurda: "se usó un lenguaje coloquial". Porque claro, las crisis institucionales son apenas un modismo de barrio. ¿Y cuándo se van a racionalizar los sueldos en el gobierno? "Pronto". Ese "pronto" eterno y etéreo que nunca llega al calendario. Del mismo modo, se nos pide creer con fe ciega que nombramientos de embajadores como Ampuero y Lagos son meras coincidencias meritocráticas, negando con una sonrisa cualquier asomo de favor político.
El nivel de contradicción es casi poético. Hablemos de los indultos: la primera magistratura propicia solemnemente la creación de un "cuerpo colegiado" para estudiarlos, pero en un arrebato de iluminación solitaria concluye: "Por ahora he llegado a la conclusión de que debo usar el indulto". Fin de la comisión. Sin embargo, cuando se trata del CAE, ahí sí que no hay perdones ni atajos; ahí "el gobierno tiene la obligación de cobrar", aplicando un rigor de hierro que mágicamente desaparece cuando se trata de sus propios deslices.
La memoria histórica también pasa por este filtro de conveniencia. Sobre Colonia Dignidad, la brillante solución es "hagamos el lugar acotado", discutiendo metros cuadrados como si se tratara de la ampliación de una terraza. Entra en escena el ministro Poduje (o Produje, porque la verdad, produce titulares inagotables), quien de pronto se descubre a sí mismo como un estadista de las prioridades: "si yo tengo que priorizar, construyo casas". Una epifanía curiosa para el mismo ministro que, apenas días antes, se encogía de hombros aduciendo que "no tenía facultades para expropiar" en la ex Colonia.
Hegel decía que "lo que es racional se hace real y lo que es real se hace racional". Pero el presidente Kast y la presidenta de la CPC, Susana Jiménez, han logrado la proeza de habitar una realidad paralela. Este gobierno, como la organización gremial empresarial y sus miembros, se ha vuelto tan irreal, tan despojado de toda necesidad ciudadana, tan intrínsecamente irracional en su defensa del sistema de inequidad, que levita por encima del país. Es un despliegue destructivo y avasallador, manejado por unos pocos señores ricos y poderosos que marginan y perjudican a la mayoría, incapaces de provocar un solo cambio que apunte al bienestar o a la inclusión.
Y la bola de nieve de las falsedades sigue creciendo. Un día se anuncia un recorte en Seguridad, y al otro, ante el escándalo, se retractan con la gracia de quien pisa en falso. En migración, la narrativa es aún más cómica: el presidente promete una "expulsión continua", mientras los registros muestran que, en la práctica, no se ha expulsado a nadie. Pura pirotecnia verbal.
Pero la joya de la corona del cinismo gubernamental radica en el Ministerio de Salud. Con bombos y platillos crean la "alerta oncológica". Simultáneamente, despiden sin aviso a Priscilla Carrasco, alta funcionaria de SernaMEG —quien entró por Alta Dirección Pública— y que, paradójicamente, padece de cáncer. "La ministra puso en riesgo mi vida", declaró ella. La presión escaló tanto que el ministro del Interior tuvo que salir a inventar que el despido "se había puesto en pausa", tensando todo el sistema de Alta Dirección Pública solo para salvar los muebles de una crueldad burocrática inexcusable.
Finalmente, hablemos de magia financiera. Durante meses se quejaron del "desorden del gobierno anterior", pero en febrero, como un mago que saca un conejo del sombrero, aparecen misteriosamente US $3.600 millones en la caja fiscal. Y para demostrar su "espíritu comunitario", el gobierno abre la billetera y lanza US $220 millones en medidas paliativas: un subsidio de gas para el 80% más pobre y 100 mil pesos mensuales (por seis meses) para los pescadores artesanales con barcos de hasta 12 metros de eslora. Migajas que intentan disfrazar la cruda verdad: que este gobierno jamás piensa en el bien común ni actúa correctamente con el prójimo cuando su verdadera prioridad es rebajar los impuestos a la gran empresa.
Es difícil pedir humanidad a un sistema diseñado para la exclusión. En este escenario donde la honestidad es una utopía inalcanzable y la verdad suena a ciencia ficción, el desafío sigue siendo el mismo de siempre: desenmascarar la farsa y luchar, con la realidad en la mano, por una democracia que por fin funcione para los más, en función de esos más.
