Las recientes declaraciones del ministro Jorge Quiroz, quien advirtió sobre los riesgos de endeudarse para estudiar carreras con limitadas perspectivas laborales, han reabierto un debate tan necesario como complejo: ¿es legítimo evaluar la educación superior únicamente en función de su rentabilidad económica? Más aún, ¿estamos frente al resurgimiento de una discusión de fondo sobre la naturaleza misma de la educación: debe entenderse como un bien de consumo sujeto a las reglas del mercado o como un bien social, orientado al desarrollo integral de las personas?
Todas las mañanas, miles de chilenos se levantan antes del amanecer para ir a trabajar. Son profesores, enfermeros, trabajadores sociales, ingenieros, administrativos y tantos otros profesionales que sostienen el funcionamiento cotidiano del país. Muchos de ellos comparten una historia común: son la primera generación de sus familias en acceder a la educación superior y para lograrlo, tuvieron que endeudarse mediante el Crédito con Aval del Estado (CAE). En Chile, una proporción importante de quienes acceden a la educación superior mediante esta forma de financiamiento corresponde a estudiantes que son la primera generación de sus familias en ingresar a este nivel educativo. En muchas instituciones públicas, estos representan más de la mitad de la matrícula. Para ellos, llegar a la universidad no constituye simplemente una decisión financiera, representa una oportunidad para transformar sus trayectorias de vida y en muchos casos, romper ciclos de pobreza y marginalidad.
Según cifras del propio MINEDUC, son alrededor de 1,4 personas las que han financiado sus estudios gracias al CAE, equivalente a decir que cerca de 1 de cada 4 chilenos jóvenes ha pasado por este sistema de financiamiento, alrededor del 25% de esa generación.
Para estas personas, estudiar no fue una decisión basada únicamente en cálculos de rentabilidad o proyecciones económicas. Fue una apuesta por la movilidad social, una oportunidad para aspirar a una vida mejor. En muchos casos se trató de un esfuerzo familiar que significó años de sacrificio. Detrás de cada uno de estos títulos profesionales hay una historia de esperanza.
El planteamiento de que los jóvenes deben tener cuidado de endeudarse con carreras donde tendrán “menos futuro”, hace necesario preguntarse qué entendemos por futuro y si existe alguna autoridad pertinente para definir esto. La discusión no debería bajo ningún motivo centrarse en la empleabilidad o si existen retornos económicos de una carrera; debería estar dirigida al papel que cumple en la construcción de una sociedad más justa.
Mirar la educación únicamente desde la rentabilidad económica tiene al menos dos consecuencias preocupantes. Por una parte, se corre el riesgo de desvalorizar profesiones cuyo aporte social es fundamental, pero cuyos ingresos suelen ser más bajos, como la pedagogía, las artes o el trabajo social. Por otra, se deja de lado su papel en la formación de ciudadanos críticos, comprometidos y capaces de contribuir al desarrollo democrático y cultural de la sociedad.
Es probable, que el problema no sea la existencia de carreras con menores ingresos económicos, sino que hayamos comenzado a creer que el valor de una persona se puede medir por el sueldo que recibe al final de cada mes. Detrás de cada profesor que enseña, de cada trabajador social que acompaña, de cada artista que interpreta nuestro tiempo o de cada profesional que decide servir a su comunidad, hay una contribución que difícilmente cabe en una tabla de ingresos. El futuro de una sociedad no se construye únicamente con las profesiones que más pagan, sino también con aquellas que le dan sentido, identidad y cohesión. Por eso, antes de preguntarnos qué carreras tienen futuro, quizás deberíamos preguntarnos qué futuro queremos construir. La educación no es una línea de producción, es el lugar donde una sociedad imagina y forma a quienes habrán de transformarla.
Arturo I. Castro Martínez.
Profesor y Licenciado en Historia y Ciencias Sociales, especialista en Historia Contemporánea y Mundo Actual de la Universidad de Barcelona.
Magíster en Dirección y Liderazgo para la Gestión Educacional.
Es parte del Observatorio Nexo Ciudadano
