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La educación puede cambiar nuestras vidas. Por Mario Vega H.

El inicio de un nuevo año escolar, es momento propicio para analizar las características de política educativa implementada por el actual gobierno. A simple vista, se aprecia que esta ha carecido del énfasis que permita distinguir su sello y el compromiso retórico y práctico que permita identificarla como un asunto de dimensión central dentro de su gestión. En general, el Ministerio de Educación se mostrado reactivo ante las diversas contingencias surgidas dentro de este sector, entre ellas, las dificultades manifestadas en el funcionamiento de Servicios Locales de Educación Pública (SLEP). En tal sentido, justo en la mitad de su mandato, se hace indispensable que el gobierno del presidente Boric, retome la agenda educativa como un aspecto fundamental de su programa transformador situando hitos precursores de un nuevo escenario en donde, el pleno ejercicio de este derecho, configure un nuevo horizonte para la nuestra sociedad.

En primer término, se hace necesario señalar que la puesta en práctica de Nueva Educación Pública, a partir de las disposiciones contenidas en la Ley 20.040 de 2018, ha sido un proceso carente de continuidad respecto de los énfasis necesarios que otorgaran garantías de su adecuada ejecución. Así, la falta de compromiso con esta política evidenciada durante el gobierno de Sebastián Piñera, cuando responsables de esta cartera (1) señalaron estar en desacuerdo con esta, reuniéndose incluso con alcaldes partidarios de la mantención de su rol sostenedor, mientras en mayo de 2020 se creaba el SLEP Atacama, ejemplo paradigmático de las dificultades de gestión y de financiamiento surgidas, entre otras razones, a partir de las características contenidas en la normativa que rige a tales organismos.

En este escenario, la necesidad de otorgar un nuevo impulso al proceso de desmunicipalización, se confronta con el legítimo escepticismo de los docentes y de las propias comunidades escolares habida cuenta de las complejidades experimentadas en este tránsito que justificó la aprobación por parte del Congreso Nacional de una modificación de su itinerario de implementación, el que debería desarrollarse gradualmente entre los años 2024 y 2027. Lo anterior, debería acompañarse de una discusión sobre su modelo de financiamiento para superar el actual sistema basado en la concepción del Estado Subsidiario cuyo principal resultado ha sido la configuración de condiciones de extrema segregación dentro del sistema escolar profundizando las brechas de resultados, impidiendo que la escuela sea el espacio performativo de encuentro y de convivencia que toda sociedad democrática le asigna como una de sus funciones primordiales. El fracasado modelo financiamiento mediante subvención por asistencia media de estudiantes, resulta directamente perjudicial para aquellos establecimientos emplazados en contextos donde la existencia de problemáticas sociales deriva en ausentismo y deserción, impidiendo toda posibilidad de aprendizaje y de promoción social. La indispensable intervención sobre tales realidades requiere del aporte de recursos basales que actúen al menos como complemento de los múltiples requerimientos que supone el desafío de promover aprendizajes en ambientes deprivados.

Hace más de un año, el exministro Marco Antonio Ávila anunció la ejecución de un plan de apoyo para los llamados liceos históricos, proyecto que, más allá de los anuncios, ha sido esbozado de un modo tímido al margen de la relevancia que debería tener, no solo como demostración del compromiso del gobierno con la educación pública, sino también de la significación que dentro de esta deberían tener aquellos establecimientos que desempeñaron un trascendente rol en la democratización de los espacios de decisión existentes en Chile, hoy objeto de una dramática oligarquización. El necesario soporte material y pedagógico que les permita recuperar su excelencia y, a la vez, ser espacios inclusivos de encuentro que ofrezcan múltiples oportunidades de desarrollo sus estudiantes en base a un enfoque de derechos y de la responsabilidad que la ciudadanía democrática nos exige, será la mejor forma de abatir los fenómenos de violencia que ha afectado a algunos de nuestros liceos.

Tras más de una década de aprobación de las Bases Curriculares, se hace indispensable la evaluación de sus resultados en atención a los requerimientos existentes en la actualidad en nuestro país. Entonces, ¿qué, cómo y para qué aprenden niños, niñas y adolescentes en sus escuelas? es una pregunta que debería guiar una amplia reflexión al interior de las comunidades educativas, así como de la sociedad en general, para establecer definiciones en el ámbito curricular que permitan trazar un horizonte formativo que trascienda el mero repertorio de contenidos integrando de un modo efectivo las habilidades sociocognitivas indispensables para participar, construir y crear en una sociedad cada vez más compleja y plural. Dentro de esta perspectiva, el Congreso Pedagógico y Curricular convocado por el MINEDUC, es una positiva iniciativa.

En otro plano, la posibilidad de una condonación parcial de las deudas del Crédito con Aval del Estado (CAE) para costear estudios superiores, debería ser una medida que induzca la transformación del modelo de financiamiento debido a su carácter regresivo, para transitar hacia la ampliación de la gratuidad en las instituciones acogidas a esta modalidad, más todavía cuando el erario público debe desembolsar una cifra de US$ 300 millones como parte de su función de respaldo de la deuda, ¿Por qué no avanzar en una reforma que permita la ampliación de la gratuidad redestinando los mencionados recursos destinándolos a su financiamiento? Por su parte, el fortalecimiento de las universidades del Estado merece su particular esfuerzo económico para permitirles desempeñar en plenitud su misión aportando al desarrollo regional y nacional, pero también el respaldo a su autonomía y al carácter democrático que deben poseer. Un importante avance en esta materia fue la suscripción por parte del presidente Gabriel Boric de los estatutos democráticos de estas en conformidad con la Ley 21.094 de 2018, derogando aquellos heredados de la dictadura cívico-militar. La escuela debe recuperar su condición primigenia de ser el lugar en donde por definición se modela y prefigura la sociedad del futuro, trascendiendo las limitaciones e injusticias experimentadas por la generación precedente, en dónde el mérito y el esfuerzo personal y colectivo, son el único elemento que nos permite admitir una desigualdad que no ofende la dignidad de las personas. En esa línea, tareas como la reducción de la deserción de las aulas, la revitalización de la educación preescolar, especialmente en su cobertura y en el reconocimiento de su carácter estratégico en la generación de condiciones de equidad social para el aprendizaje, debieran ser asuntos prioritarios que la ciudadanía perciba y experimente en su vida cotidiana, comprendiendo que lejos de ser una casualidad, manifiestan determinación de la autoridad en demostrar cómo la educación puede cambiar nuestras vidas.

1) https://radio.uchile.cl/2018/05/14/la-desmunicipalizacion-al-estilo-del-ministro-de-educacion/

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