La educación fue durante el presente año, uno de los asuntos que mayores polémicas concitó en la opinión pública en el marco de la compleja situación sanitaria que afecta al país. Las controversias no fueron menores y dieron cuenta de la existencia de enfoques contrapuestos entre la autoridad y los principales protagonistas dentro de este ámbito
La política del Ministerio de Educación frente a asuntos concretos relacionados con el funcionamiento del sistema escolar, fue confrontada por diversos actores que con frecuencia cuestionaron sus definiciones, aparentemente guiadas por una suerte de voluntarismo que, finalmente, no logró imponer. De este modo, su intención de aplicar la prueba SIMCE y la Evaluación Docente, debieron ser definitivamente postergadas dadas las adversas condiciones existentes y su improcedencia en un mayoritario marco de virtualización de la enseñanza. La primera, adquirió un carácter muestral y la segunda fue postergada mediante la aprobación de una iniciativa parlamentaria transformada en ley.[1]
No obstante lo anterior, existieron medidas completamente pertinentes como fue el establecimiento de una Priorización Curricular que permitió establecer un énfasis en ciertos objetivos considerados indispensables en cada nivel, así como una progresión de los mismos para el año 2021 a fin de normalizar el proceso de aprendizaje en un marco de cierta gradualidad. Complementariamente, el énfasis formativo de los procesos de evaluación y las flexibilidades establecidas para la promoción de los y las estudiantes, generaron condiciones coherentes con las características en que se desarrollaron los mencionados procesos educativos.
Por contraposición, la insistencia en el retorno a las actividades lectivas fue un asunto que levantó una constante discusión. El Ministro Raúl Figueroa, en diversas intervenciones públicas, recalcó la invitación para que las comunidades reiniciaran sus actividades presenciales encontrando un ambiente de marcada reticencia, no solo en la dirigencia del Colegio de Profesores de Chile, sino también en múltiples sostenedores municipales y particulares que argumentaron en contra de tal posibilidad, dado el riesgo implícito de alza en los contagios y en las múltiples dificultades asociadas de su implementación en recintos escolares masivos.
En un marco de limitación de la actividad económica y de ampliación de las necesidades sociales en el país, un asunto especialmente delicado fue el del financiamiento del sector subvencionado dado que este aporte de recursos públicos se establece a partir del promedio de asistencia mensual del alumnado. La semana recién pasada, se aprobó en la Cámara de Diputados el proyecto del Ejecutivo[2] que establece un nuevo cálculo para el pago de la subvención escolar indicando que los establecimientos que han retornado a la presencialidad, puedan optar a tal aporte considerando la mejor asistencia de este año o al promedio del trimestre marzo-mayo de 2019[3].
Esta medida posee un carácter regresivo pues, es en los contextos educativos más complejos en donde la asistencia a clases es menor, debido a diversas problemáticas psicosociales, como asimismo fue en comunas populares donde el proceso de desconfinamiento fue más tardío y las complejidades asociadas con el retorno a las aulas, mayores.
Fuera de discusión se encuentra el hecho que la realidad establecida por la restricción a las actividades presenciales, ha significado un considerable esfuerzo de las y los educadores para implementar procesos de aprendizaje mediante medios remotos, especialmente en los lugares menos favorecidos y la escuela adquirió un rol de soporte fundamental en lo social y emocional.
La discusión en torno al proyecto de ley de Presupuesto de la Nación para el próximo año, por su parte, originó un amplio debate dadas las restricciones al financiamiento de importantes actividades relacionadas con la educación, la cultura, la investigación científica y tecnológica y la formación de capital humano avanzado.
Punto importante dentro de esa discusión fue lo vinculado con la reducción de aportes basales a las universidades del Estado, hecho no solo contradictorio, porque este recorte lo promueve su quien debiera ser el principal impulsor de su desarrollo, sino porque durante la actual contingencia, estas instituciones se han transformado en una columna vertebral indispensable para abordar la crisis sanitaria a través de la intervención de sus especialistas, laboratorios, difusión de medidas de prevención, participación en la prueba de vacunas, entre otras.
La propia pandemia ha significado para las instituciones de educación superior ha significado, según cifras del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCH), “un gasto adicional de 16 mil 500 millones para mantener las clases a distancia, ha dejado de recibir 80 mil millones por concepto de aranceles y proyecta un déficit para fin de año de 114 mil millones”[4]. La posibilidad de una reducción presupuestaria del Aporte Fiscal Directo (AFI) como del Fondo Basal por Desempeño (FBD) fue calificado por el CRUCH como “incomprensible e inaceptable”.[5]
La intensa presión ejercida por diversas personalidades y organizaciones del ámbito educacional, científico y cultural y el rechazo de tales partidas por parte de los senadores de oposición, desembocaron en un acuerdo en la comisión mixta en el límite del plazo constitucional para la aprobación de la mencionada norma que, finalmente repuso el uso de los fondos destinados a las universidades, así como a los ministerios de Ciencia y de las Culturas.[6]
De igual manera, existen otras tareas pendientes, entre ellas, dotar de un nuevo impulso al proceso de desmunicipalización mediante la creación de nuevos Servicios Locales de Educación (SLE), permitiendo otorgar un soporte presupuestario y pedagógico a escuelas y liceos públicos, concordante con la necesidad de revitalizarlos mediante una modélica gestión que permita generar condiciones de equidad y de atención a las necesidades específicas de sus estudiantes en los diversos contextos en los que esta se inserta.
Toda esta compleja trayectoria, es muestra no solo de la desconexión del Gobierno con las preocupaciones de la ciudadanía, sino también de un voluntarismo que no se ajusta a las reales condiciones socio-sanitarias existentes en Chile. El gobierno desde una retórica de la unidad, está lejos de trascender sus propias definiciones ideológicas las que establece como énfasis en las diversas iniciativas que impulsa, a pesar del limitado capital político de que dispone. La educación está lejos todavía de situarse en definiciones medulares sobre su futuro.
[1] https://www.camara.cl/legislacion/ProyectosDeLey/tramitacion.aspx?prmID=14096&prmBOLETIN=13554-04
[2]https://www.camara.cl/verDoc.aspx?prmID=14094&prmTIPO=INICIATIVA
[4]https://libros.uchile.cl/files/revistas/DIRCOM/PalabraPublica/19-nov-dic2020/30/index.html
[6]https://www.senado.cl/comision-mixta-da-luz-verde-a-presupuesto-2021/senado/2020-11-28/101543.html
