Cuando una escuela tiene más postulantes que cupos disponibles surge el problema de la admisión. Por ejemplo, si hay 500 cupos y postulan 300 estudiantes, no hay mayores dificultades, pero si hay 300 cupos y postulan 500, es necesario definir quién entra y quién queda fuera. El SAE resuelve esto mediante una plataforma donde las familias registran sus preferencias. El proceso es automatizado y sin intervención humana, lo que garantiza transparencia y equidad. Cuando la demanda supera la oferta, el sistema aplica criterios de prioridad: tener hermanos matriculados en la misma escuela, ser estudiante prioritario, ser hijo de un funcionario del establecimiento o ser exalumno.
Durante décadas, fueron las escuelas las que, de manera unidireccional y asimétrica, eligieron a las familias de acuerdo con su compatibilidad con el proyecto educativo institucional. Quienes hemos trabajado en escuelas sabemos de los diferentes artefactos, artimañas y dispositivos para seleccionar estudiantes; entrevistas breves, pruebas de rendimiento de dudosa calidad, historiales académicos o derechamente la capacidad de pago de la familia. Aunque estos sospechosos mecanismos solían justificarse en nombre de la libertad de enseñanza, sus efectos fueron ampliamente reportados en materia de segregación, exclusión y discriminación escolar, pues, los que quedaban fuera eran precisamente estudiantes con discapacidad, con problemas conductuales o en situación de pobreza.
Aunque el SAE conlleva falencias como la falta de claridad en torno a la concentración de estudiantes con N.E.E., la falta de consideración de la cercanía geográfica o el insuficiente conocimiento público del sistema, la Mesa Técnica en su informe de abril de 2025 recomienda de forma unánime mantener el sistema de admisión escolar y perfeccionarlo, descartando explícitamente su eliminación.
Sin embargo, actualmente, el Mineduc ha dado señales explicitas de que podría permitir que las escuelas puedan distanciarse del SAE y desarrollar procesos autónomos de selección de estudiantes, lo que contradice los fundamentos de una educación pública, justa e inclusiva, por las lógicas que se muestran a continuación:
• La inclusión necesita ser con¬siderada como una infraestructura pública que permite actuar desde y para la democracia. Una escuela inclusiva, por lo tanto, no selecciona a quienes considera mejores y más compatibles; aprende a educar en la diversidad.
• Chile se ha comprometido empeñosamente, e incluso independiente de los gobiernos de turno, a consolidar un mandato en torno a la educación inclusiva. Eliminar el SAE fragiliza la propia institucionalidad nacional en materia educativa.
• El Estado debe asumir una posición clara respecto de los principios que organizan el acceso a la educación bajo criterios de no discriminación. Si el Estado renuncia a ese papel, deja la inclusión a merced de decisiones discrecionales.
• El consenso científico ha mostrado durante décadas que el desempeño escolar individual refleja, en gran medida, las condiciones de origen de cada estudiante y no tanto las capacidades individuales bajo el tramposo ideal meritocrático.
• Si una familia incumple determinados criterios de admisión y no tiene posibilidad de elegir una escuela para sus hijos entonces cabe la pregunta ¿son titulares de derecho a la educación? Ese principio debiera ser irrenunciable para quienes creen en el derecho preferente de padres y madres.
• La libertad de enseñanza y de proyectos educativos pierde su legitimidad cuando se ejerce excluyendo a quienes se considera menos deseables, dejando una responsabilidad educativa y social a otras comunidades escolares.
Así como las democracias son frágiles y no sobreviven únicamente porque las personas creamos en ellas, la educación inclusiva necesita una protección similar. El SAE puede y debe mejorar. Pero una cosa es perfeccionar un dispositivo y otra muy distinta es abandonar la inclusión como principio fundamental de calidad educativa.
René Valdés
Facultad de Educación y Humanidades, Universidad Andrés Bello
