Chile cruje y sus soportes tambalean. Sumergido en múltiples crisis, social, sanitaria, económica e institucional, las fronteras de Chile son una herida abierta por la desigualdad socioeconómica. Todo el arco político y el poder de facto económico-financiero, que siempre cogobierna en la sombra, sólo continuarán poniendo más ácido en esa angosta y larga herida si no deciden unirse para hacer los cambios estructurales necesarios.
La propuesta política central en treinta años de posdictadura ha sido favorecer los privilegios del 1,01% de los megabillonarios que se llevan un 54% de las ganancias totales del país; y paga menos impuestos que el 10% más pobre, aportando un escuálido 9,8 % a las arcas públicas. Con un sistema tributario regresivo, el Estado chileno apenas posee un 22% del Producto Interior Bruto (PIB); en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el promedio es de un 34%.
Lo más inquietante, es que un 41% de la recaudación proceden del impuesto sobre el valor añadido (IVA) a productos de consumo esenciales, afectando, qué duda cabe, a los más vulnerables. Con este modelo de inequidad se mantiene el statu quo del ancien régime pinochetista del que la derecha y el poder de facto empresarial, es apologista: crecimiento económico con inequidad social y un déficit político ético-moral de vértigo. Que los empresarios crean riqueza, sí, que dan trabajo, también sí, pero eso no implica que los que hacen el trabajo posibilitando la creación de riqueza no reciban lo que por derecho, y hasta por sentido común, deben recibir.
Mantener a las grandes mayorías con sueldos basura sumiéndolos en la pobreza relativa, es decir, teniendo trabajo viven en la frontera de la pobreza, es ya garantizar una inestabilidad social endémica. Aliada al poder de facto económico-financiero y a un duopolio comunicacional, es la derecha chilena la que debe modificar parámetros económicos y sociales si no quiere estallidos sociales permanentes ―la única alternativa que le queda a la ciudadanía contra las desigualdades― y, con ello, el fin del crecimiento económico. Ese cambio pareciera ya estar produciéndose. En efecto, parlamentarios derechistas, contra todo pronóstico, se han convertido en “díscolos” de las políticas procorporativistas (pro poder de facto) que promueve su Gobierno; ¿son el germen de una anhelada derecha social, modelo europeo, la cual sustenta un estado social desde hace más de siete décadas?
La derecha chilena históricamente se ha inclinado por la represión y el quiebre de la convivencia democrática cuando la historia ha puesto a Chile en la encrucijada entre un Estado solidario o uno autoritario de inequidad y exclusión social. El nacimiento de una derecha social acompañada del poder corporativista que abracen la justicia social como parte de su propuesta central, es un componente primordial para inclinar la balanza por la igualdad de oportunidades para las grandes mayorías.
Un Estado solidario, apoyado por la centroizquierda e izquierda, pero también por una derecha y el poder empresarial con responsabilidad social, o un Estado autoritario que, con la fuerza de la represión mantenga la injustica social, es la encrucijada en este instante crucial para Chile.
La centro izquierda y la izquierda no pueden solas gestionar el cambio de un Estado asistencial e insolidario, como el actual, a uno social sin incluir un apoyo importante de una derecha social y de la clase empresarial. La experiencia de la segunda Administración de Michele Bachelet, así lo indica: se orquestó una campaña del terror y un locaut empresarial para frustrar su propuesta de cambio estructural tranquilo. Pero tampoco la centro derecha junto al poder de facto corporativista, no podrán continuar gobernando después del 18/09/2019 un Estado desfinanciado, más gestor de los intereses del mercado privado en detrimento de las grandes mayorías, sin tener que romper con el estado de derecho instaurando uno autoritario y represivo.
En este momento histórico para Chile, las trincheras partidistas deben levantarse y hacer un alto al fuego político. Es la hora de la unión de las derechas, centros e izquierdas para firmar un contrato social que consolide un Estado solidario capaz de financiar la protección social. Es lo que piden las grandes mayorías. No hacerlo, es permitir que Chile se convierta en un Titanic que chocará irremediablemente con el iceberg de la desigualdad que alienta estallidos sociales permanentes y cada vez más violentos; a la medida, por cierto, de la desigualdad que es la forma más violenta de administrar el poder. Sin dudas, muy pocos se salvarían en ese naufragio.
Sólo la unidad de todas las fuerzas políticas con visión de país y con auténtica sensibilidad social, unidos en la diversidad que es el único componente capaz de producir los grandes cambios históricos, se podrá crear un país con justicia y cohesión social y, con ello y por eso, en paz.
Qué no se pierda, una vez más, esta gran oportunidad.
