La Erosión de la democracia, del autor chileno Claudio Fuentes, es un libro que invita a reflexionar sobre los vaivenes que ha tenido, desde los años 90, la política chilena una vez recuperada la democracia.
El concepto de erosión utilizado en el título ya es interesante, toda vez que el autor nos invita, a través de un cuadro descriptivo sistemático, visualizar el profundo decaimiento de la democracia en Chile previa crisis político-social, o más conocida como el 18-O. Si bien es cierto, el desgaste de la democracia no es un tema de un día, Claudio Fuentes desarrolla en su libro varios factores que, a mi juicio, pueden reducirse a cuatro hilos conductores que permiten argumentar lo que está pasando en nuestra sociedad previo COVID-19, y que a todas luces continuarán debilitando el sistema político chileno y en consecuencia afectarán profundamente a nuestra democracia.
En primer lugar, y no es ninguna novedad a estas alturas, la crisis de representación de nuestro sistema político. Es verdad, cada vez menos personas van a votar. El tema interesante a analizar, cosa que el autor hace de una manera sencilla al lector, es el por qué ocurre esta baja representatividad que se arrastra desde los años 90 hasta la última elección presidencial. Para ello, el autor argumenta dos factores que inciden en ello, a saber: la percepción social y la desigualdad. De esta manera, se vislumbra una élite política que cada vez se encuentra más distante del mundo social. Ya los estudios del PNUD sobre la percepción subjetiva de los chilenos en torno a la democracia y al poder (2002; 2004); sumado a la ya tendenciosa y constante baja de participación electoral en las elecciones y los móviles de esta baja, en que se tensiona los intereses políticos, sociales, culturales y económicos de la sociedad con los de la clase política (2014; 2015; 2017), dan cuenta de este distanciamiento. Los chilenos no se identifican con una clase política que ven como distante, que enaltece discursos ajenos a la realidad social (recuérdese desde los jaguares de Latinoamérica, los europeos latinoamericanos o el oasis chileno), lo que crea una percepción de que la clase política habita en otra realidad, “les falta calle”, y cada vez esa distancia se convierte en un vacío inexorable entre la elite política y la sociedad. Cosa extraña, pues la política es producto de una colectividad social; por esta razón, el “no le creo a los políticos”, “son todos corruptos”, “gobiernan para ellos mismos y no para el pueblo” canalizan un discurso cargado de un verticalismo social que entorpece el diálogo fecundo entre la sociedad y la política, a tal punto de riesgo que la democracia se convierte progresivamente en una oligarquía y demuestra a su vez las profundas desigualdades que se encuentran en nuestra sociedad. En este punto, la clase política ha enaltecido torpemente, una y otra vez, la economía robusta y segura del país basándose en los indicadores macroeconómicos, sin embargo, objetando aquello que demuestran los indicadores de sobre endeudamiento que aqueja a la sociedad chilena. Una sociedad que vive pidiendo créditos en la banca, a tal punto que es una de las sociedades más endeudadas del mundo. Una sociedad basada en la deuda no es sostenible en el tiempo. Así también se traduce esta desigualdad económica en términos judiciales -los pobres van a la cárcel y los ricos a clases de ética-; en términos culturales -pagar por un espectáculo artístico cultural es endeudarse-; en términos educativos -existen colegios y universidades para ricos y pobres-; en términos políticos -para ser político tienes que tener plata-. Estos ejemplos someros dan a entender la distancia entre el mundo político y la sociedad, una distancia asimétrica, más propia de una oligarquía que de una democracia.
En segundo lugar, las reformas políticas y la participación ciudadana. En cuanto a las reformas políticas aparece nuestra lamentable frase chilensis “la cocina”, en que las grandes decisiones político institucionales de nuestro país se basan no en la discusión, debate y racionalidad del congreso, sino en una mentalidad costo-beneficio de un pequeño, pero poderoso grupo, de influencias político económicas de nuestra sociedad. Desde la “grandes reformas” del presidente Ricardo Lagos (2005) hasta nuestros días, se han tomado decisiones que han debilitado la democracia, a cambio de pequeñas cuotas de poder y gobernanza. Las reformas políticas son a corto plazo y pesa mucho más el interés particular que una visión país. Ejemplos hay varios: la reforma al sistema binominal, la reducción del mandato presidencial, el voto voluntario y lo poco transparente de los aportes privados a la política. Por otro lado, lo que concierne a los casos emblemáticos de corrupción y colusión: las atribuciones extrañas y excesivas dadas al Servicio de Impuestos Internos (SII) y a la Fiscalía Nacional Económica (FNE) que, si bien es cierto, han ayudado a demostrar que existe un alta concentración de poder económico -por lo que ayuda a la democracia con la distribución de poder- cosa que, no obstante, es poco entendible dar atribuciones judiciales a instituciones ancladas en el poder político del país (el Presidente de la República es quien nombra a las cabezas de estas dos instituciones), entregando exclusividad de querella ante el Ministerio Público para comenzar a investigar un posible delito. Esta imagen ha quedado en la retina de la percepción pública, mientras aparecen y seguirán apareciendo casos de corrupción y colusión de empresas, estas dos instituciones no han sido precisamente activas en derivar estos casos al poder judicial, por lo que no es posible configurar delito. Por esta razón la opinión pública tiene la idea de que las leyes favorecen a los poderosos. Los ejemplos ilustrativos -horrorosos y cuantiosos- son descritos en el libro. Por otra parte, la participación ciudadana se ha minimizado al simple acto de votar, evitando el uso preponderante que posee la democracia de otros mecanismos de participación ciudadana. La clase política chilena desconfía de la sociedad, desconfía finalmente de los chilenos: “no hay que escuchar a la calle”, dijo en alguna ocasión el ex senador Andrés Zaldívar. Las grandes decisiones políticas quedan ajenas a la sociedad. Sin embargo, de vez en cuando, se han hecho consultas ciudadanas, las dos últimas son las más emblemáticas como son el proceso constituyente y la consulta acerca de los pueblos indígenas. En ambos casos la trampa versaba en que están consultas, que se publicitaba a través de un gran número de ministros y parlamentarios en los medios de comunicación, no fueron vinculantes, es decir, la decisión que se toma sobre tal o cual tema, no necesariamente será tomada en cuenta a la hora de la decisión final. Así, ambos procesos han quedado sepultados y nuevamente la sociedad y los pueblos indígenas, a partir de la participación propuesta por el gobierno de turno, son ninguneados por la clase política. ¿De qué sirve participar si finalmente no seré escuchado?
En tercer lugar, el Leviatán que es el Tribunal Constitucional (TC) que adquiere vida propia y puede cambiar los destinos de las leyes aprobadas en el Congreso, lo que demuestra que las reformas a esta institución han debilitado a la democracia misma, sumado a las potestades que ya poseía gracias a la constitución heredada de la dictadura. El TC ha demostrado un gran poder que inhibe hacer cambios estructurales en el país, como también que muchas reformas importantes a corto o mediano plazo que afectan a una minoría, pero poderosa parte de la sociedad, sean vetadas, argumentando su inconstitucionalidad. Esta es una muestra más de la camisa de fuerza heredada desde la dictadura y sujetada aún más fuerte por las reformas hechas en democracia. Por otro lado, el poder que también es herencia de la dictadura como lo son las ramas militares y de orden. Su poder radica en la “tradición”, una especie de corporativismo abyecto que debilita el poder político civil. ¿Quién dirige a las fuerzas de orden finalmente? ¿Un Alto Mando o el Presidente de la República? Debemos recordar que en una democracia es de suma importancia la subordinación del poder militar y las fuerzas de orden al poder civil, no hay tradición que valga ni menos posibilidad de corporativismo, pues esto da entender una racionalidad deliberativa dentro de aquellas entidades que poseen la fuerza coercitiva de un país, con el consecuente peligro que esto conlleva la democracia. De este modo, cuando un Presidente solicita la renuncia de algún miembro de las fuerzas de orden, éste no puede negarse (como ha ocurrido); como tampoco se puede institucionalizar una cultura de silencio u omisión frente a crímenes de derechos humanos (la gran deuda vigente de nuestra democracia).
Por último, hay algo implícito que engloba la erosión de la democracia: la desconfianza y la herencia de la dictadura. Ante la prácticamente nula participación política, sensación de impunidad de una clase “privilegiada” frente a delitos, corrupción, colusión, falta de transparencia, vínculos entre el gran empresariado y la política, nepotismo, constitución tramposa (son sólo algunos ejemplos de una gran lista que podríamos escribir), han afectado y debilitado profundamente nuestra vida democrática. Como dice Norberto Bobbio, la democracia posee enemigos internos que la afectan profundamente. Chile necesita reformas profundas y una mirada de país distinta en que vuelva a encontrarse el mundo social y el mundo político. Volver a la confianza y a una institucionalidad seria y robusta, permitirá recién un punto de partida para una educación y cultura democrática.
Como dice la calle, “nuestra democracia está en pañales”. Agradezcamos que todavía se cree en la democracia. Esto demuestra el espíritu cívico y la racionalidad política de nuestra sociedad que opera bajo lógicas distintas a la tradicional e institucional democracia representativa de nuestro país. La erosión de la democracia es un libro que permite ver lo que somos, por mucho que duela, para construir propuestas sociales y políticas para este nuevo Chile que despertó.
