Los hechos recientes de violencia escolar no pueden seguir leyéndose como episodios aislados. La tragedia ocurrida en Calama, el ataque con una bomba molotov en el Liceo José Victorino Lastarria y las reiteradas salidas de encapuchados al inicio del año escolar en el Instituto Nacional muestran que no estamos frente a anomalías sueltas, sino ante una fractura social que también se instala dentro de la escuela.
La violencia no aparece de la nada; se aprende, se reproduce y se normaliza. Hay una violencia visible, que estalla en las comunidades educativas, pero también una violencia simbólica que atraviesa la vida social: la descalificación permanente, la agresividad en el debate público, la fragilidad de los vínculos y la incapacidad de construir acuerdos amplios. Todo eso termina repercutiendo en la escuela, porque la escuela no está fuera de la sociedad: la refleja, la contiene y muchas veces la padece.
Por lo anterior, sería un error reducir esta crisis a una mirada netamente policial o judicial. Por cierto, cuando ocurren hechos graves, se avanzó con la Ley 20.536 sobre Violencia Escolar, que incorporó reglas para abordar la convivencia y obligó a fortalecer reglamentos y comités internos. De igual manera, la controversial Ley 21.128, Aula Segura, que habilitó un proceso expedito para expulsar o cancelar la matrícula en casos de violencia grave. Es decir, el Estado sí ha generado herramientas para gestionar estos casos, no obstante, la evidencia reciente muestra que no basta con tener normas si el sistema sigue respondiendo de manera fragmentada.
Durante demasiado tiempo hemos actuado de manera fragmentada. Educación, por un lado, salud por otro, seguridad en otro carril, justicia en su propia lógica, municipios intentando contener lo que el resto no alcanza a abordar. Así no se sostiene una comunidad educativa. Así no se previene. Solo se administra la crisis. En esa línea, incluso el debate reciente sobre la nueva ley de convivencia ha advertido que el desafío no es solo normativo, sino de capacidad estatal y articulación en un sistema fragmentado.
También por eso la discusión no puede agotarse en más castigo, más control o más espectáculo punitivo. La escuela no puede transformarse únicamente en un espacio de vigilancia. Su misión sigue siendo educar, socializar y formar: enseñar contenidos, pero también límites, convivencia democrática, respeto por las instituciones y la vida en común. Cuando la escuela pierde esa función y queda reducida solo a contener la violencia, entonces la hemos llevado al límite.
Lo que se necesita es una política pública preventiva, robusta y sostenida. Una política que articule de verdad a educación, salud, seguridad, justicia, protección social y territorio; que fortalezca los equipos y apoyos psicosociales; que acompañe a docentes y asistentes; y que entienda que lo que ocurre en la comuna, en el barrio y en la sociedad termina entrando también a la sala de clases.
El proyecto de ley sobre convivencia fue despachado por el Congreso en enero del 2026, apunta precisamente a un rol más activo del Estado en prevención, buen trato y coordinación. Pero su valor dependerá de algo más simple: su financiamiento, la implementación y el trabajo intersectorial.
La escuela está en el límite. Y ese límite no se resolverá con una salida mediática ni con una lectura simplista de cada caso. Se resolverá cuando entendamos que defender la educación pública exige una respuesta colectiva, profunda y coherente con la gravedad del problema. Porque cuando falla la escuela, no solo falla un establecimiento, falla también la capacidad del Estado y de la sociedad para cuidar a sus niños, niñas y adolescentes.
