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La estrategia que no se adoptará. Por Manuel Acuña Asenjo

INTRODUCCIÓN

En el curso de los días comprendidos entre el lunes 21 y el 31 de agosto recién pasado, sostuvo el presidente Boric una serie de conversaciones con representantes de los partidos de la oposición a fin destrabar la tramitación de algunos de sus proyectos. Y en los últimos, previos al 11 del presente, a encontrar ideas comunes para una declaración conjunta (unitaria) con motivo de los 50 años del Golpe Militar. No parece necesario recordar que tales conversaciones han resultado del todo infructuosas.

Para quienes las hemos presenciado, no nos parece extraño que así suceda. Porque, en el caso de este sexto Gobierno de la Concertación, la estrategia adoptada para llevar adelante las transformaciones contenidas en el Programa de Gobierno ha sido, permanentemente, privilegiar el ejercicio de la vía política, en contraposición al uso de otras alternativas que puede ofrecer la teoría social.

La vía política implica el uso exhaustivo de los instrumentos que brinda la democracia representativa y, en consecuencia, el ejercicio de la conciliación a la vez que la construcción de acuerdos con sujetos políticos, aún cuando éstos gocen de escasa representatividad. A pesar de ello, estos acuerdos son posibles cuando existe voluntad recíproca en realizarlos y ambos actores consideran conveniente optar por la solución pacífica de las controversias. En suma, cuando existe el ‘animus’ de hacerlo. Dicho de otra manera, la vía política está determinada por las relaciones entre los partidos que gobiernan y los partidos que hacen oposición.

En el ejercicio de esa estrategia, el Gobierno ha sido extremadamente consecuente, pues sus interlocutores, como se ha dicho, son los sujetos políticos que, cuando se desplazan por la escena política de la nación, adoptan el nombre de ‘actores políticos’.

RAZONES QUE EXPLICAN ESTA ESTRATEGIA

Las razones de haber elegido semejante estrategia son variadas; pero no nuevas. Algunas se conocían desde meses atrás, por no decir años.

Los sectores estudiantiles que dieron origen al Frente Amplio buscaron, desde un comienzo, convertirse en partidos y realizar, de esa manera, los presupuestos de las Naciones Unidas que consideran la existencia de una democracia plena cuando existen partidos políticos, separación de poderes y elecciones periódicas (libres, secretas e informadas). Por lo demás, se trata de una tesis de la cual está absolutamente convencido el actual presidente y que, en 2019, lo llevó a firmar, en forma personal, el Acuerdo de 15 de noviembre de ese año, cuya finalidad no era sino evitar un posible colapso institucional.

Semejante política no es, en modo alguno, casual pues ha

“[…] sido aplicada constantemente por gobiernos minoritarios a fin de llevar adelante, en forma tímida, algunas transformaciones que beneficien a determinados sectores; pero es una acción que, a menudo, se ejecuta dificultosamente y a medias. Como consecuencia de ello, el riesgo de archivar el programa de gobierno y olvidar las promesas electorales se hace presente con el consiguiente desprestigio de los actores políticos y de sus partidos”.

En efecto, el Gobierno elegido el 21 de noviembre de 2021 no obtuvo una mayoría parlamentaria que le permitiera llevar adelante las transformaciones sociales y promesas contenidas en su Programa de Gobierno por lo que decidió comenzar a buscar acuerdos con los diversos sectores que aparecían representados en el espectro político de la nación. Y, como era de suponer, las transformaciones y promesas empeñadas comenzaron a desdibujarse al extremo que hoy ya ni siquiera es posible hablar de Programa alguno de Gobierno.

EL FATALISMO COMO RAZÓN

No es esa, sin embargo, la única razón de su aplicación. Tal cual lo señaláramos en uno de nuestros trabajos anteriores, otra de las razones que avalan aquella es el convencimiento que el propio presidente (y algunos de sus partidarios) parece tener acerca de su inexorabilidad. Como si necesaria y fatalmente debieran optar por esa vía, pues cualquier otra conduciría inevitablemente a un enfrentamiento. Y este convencimiento posee tal credibilidad que, de hecho, es el argumento empleado por quienes prestan su apoyo al Gobierno cuando preguntan, casi desesperados: ‘¿Y qué quieren que hagamos? No tenemos alternativa’. Por lo que persisten en conversar para ceder aún más en sus posiciones, como lo propuso recientemente el PPD al Gobierno a propósito de la Reforma Previsional[1].

Si volvemos a lo que señalamos anteriormente respecto de las instituciones estatales, como estructuras detentadoras de cuotas de poder, encontramos que la disputa se da entre dos de ellas, fundamentalmente: el Ejecutivo y el Parlamento, que no es sino entre las alianzas gubernamentales y las alianzas opositoras. Y eso es lo que ha mostrado la ineficacia de la negociación. Tras sucesivos encuentros, el poder político se ha trasladado por entero a la oposición; y ésta no lo va a compartir

“[…] cuando el gobierno y los sectores progresistas de centro-izquierda se encuentran sin recursos, pueblo, ni masa, ni interlocutores para enfrentar la agresiva e intransigente postura de la derecha en los diálogos propuestos por el gobierno. No existe nada para obligar a la derecha a negociar”[2].

Los sectores opositores saben perfectamente que las mayorías constituyen fuerza política, por lo que, sintiéndose en tal calidad, están ciertos que nada hay a conversar[3]. Algo que la dirección de este sexto Gobierno de la Concertación no parece entender, así como tampoco algunos de los periódicos digitales; por ejemplo, aquel titular exhibido en uno de aquellos:

“Republicanos pasan la ‘aplanadora’ en las comisiones del Consejo Constitucional”[4].

¿Y qué querían?... ¿Que no lo hicieran?... ¿Que buscaran acuerdos?... ¡Si para eso ganaron los escaños en el Consejo Constitucional! ¡Y la democracia consiste, precisamente, en obtener una mayor cantidad de representantes para imponer los puntos de vista y no para negociarlos!...

La democracia es, precisamente, el ejercicio del poder que otorga la mayoría —sea ésta absoluta o relativa—, dentro de los márgenes establecidos en la carta fundamental o, en palabras más directas, dentro de las facultades que se encuentran establecidas allí para cada institución. Por eso, resulta poco menos que incomprensible el reiterativo juego del Ejecutivo en torno a conversar y conversar, a sabiendas, lo infructífero que resultan tales actos, como lo pone de manifiesto el titular de otro periódico en el curso de esos mismos días[5].

EJERCICIO DEL PODER EN EL GOBIERNO

Al interior del Estado, el poder —es decir, la capacidad que una clase o fracción de clase tiene para imponer su voluntad a otra u otras—, no se ejerce desde un punto específico como la generalidad parece suponerlo: se encuentra repartido. Por lo mismo, se ejerce desde los llamados ‘aparatos’ o instituciones del Estado, circunstancia que explica la frenética lucha que libran los partidos para colocar a sus representantes a la cabeza de tales estructuras. Porque no se trata solamente de tener la posibilidad de acceso a empleos bien remunerados sino, además, ejercer las cuotas de poder que poseen tales instancias. Pero esta circunstancia no la advierten, a menudo, los propios dirigentes, que ven en el reparto de esos cargos solamente una forma de satisfacer las exigencias de su clientela electoral.

El poder, por consiguiente, no se encuentra radicado en una persona o en una institución sino convenientemente repartido en las diversas instancias que conforman el Estado; se manifiesta, por lo general, en las instituciones públicas, llámense empresas, servicios o dependencias del mismo.

CARENCIA DE VOLUNTAD POLITICA/OTRAS PREOCUPACIONES

La presidencia de la República es uno de aquellos nichos de poder que corresponde administrar a quien detenta el cargo de tal: la posibilidad de ejercer ese poder corresponde al presidente; pero, para que esa circunstancia pueda darse, se requiere de la voluntad de hacerlo, de una decisión política. De la voluntad inequívoca de querer realizar determinado acto. De actuar en un sentido expresamente determinado. ‘Voluntad política’ la llaman algunos tratadistas; así, también, la denominaremos nosotros.

Cuando aquella no existe, cuando no hay voluntad política para ejercer el poder que se tiene y se opta por la conciliación, las facultades concedidas se hacen inútiles; más exactamente, inservibles. Porque tener capacidad para realizar un cometido y renunciar a hacerlo no solamente constituye un abierto contrasentido sino la comisión de un error de proporciones que, a la larga, puede pagarse muy caro. Los continuos llamados del Gobierno a las fuerzas opositoras en torno a conversar, han dejado de lado el conveniente uso de las facultades que son propias de la administración estatal.

Pero, en esa conducta, hay algo más: el gobierno anterior dejó un Estado semi destruido. El sexto gobierno de la Concertación ha entendido que, ante todo, debe reconstruir ese viejo Estado burgués, tal como lo señaláramos anteriormente en otro de nuestros trabajos[6]. Esa es su ocupación hoy, y no otra. Para ello, hay que decir adiós a las promesas y a las transformaciones empeñadas. Y comenzar a negociar. Lo que implica, desde otro ángulo, abandonar sus objetivos; en palabras más directas, borrar todo vestigio del Programa que se comprometió a cumplir. En principio, porque, como lo señalan algunos estudios de las Naciones Unidas, las necesidades de las grandes mayorías nacionales no han sido satisfechas y esa circunstancia puede alimentar una rebelión.

UNA DERECHA QUE NO QUIERE CONVERSAR

¿Podrá entender el Gobierno, definitivamente, que se encuentra frente a un sector reaccionario reacio a conversar o que lo hace bajo la premisa cierta de obtener un triunfo cada vez que consiente en ello? Las palabras de los parlamentarios que el presidente nombró en la entrevista de domingo 3 del presente, en el Canal 13, no solamente muestran un inequívoco rechazo a alcanzar acuerdos sino un abierto deseo a imponer ideas y condiciones. Como ocurre en otros ámbitos del orbe.

“Lo que ocurre es la convergencia de una fuerza reaccionaria que agrupa a toda la derecha, comandada por figuras cada vez más extremas, sin sentido institucional ni estrategas que no sean las de aprovecharse del descontento social y la ola reaccionaria que moviliza a sectores frustrados por la incapacidad de los actores políticos de dar respuesta a las grandes carencias de la sociedad contemporánea”[7].

Es obvio que si se dieran las condiciones para hacerlo, esos sujetos no vacilarían en absoluto en propinar un nuevo golpe de Estado tanto o más sangriento que el anterior. Las promesas del ‘Nunca más’ se diluirían como brumas.

Pero, ¿significa todo ello que no hay salida dentro de los márgenes legales?

UNA VIA QUE NO EXCLUYE OTRA

Tal como lo señaláramos en un comienzo, el Gobierno ha adoptado una estrategia que consiste en el uso del instrumental que brinda la política para resolver los problemas que amenazan al país. No nos ha parecido la más adecuada. La hemos denominado ‘vía política’ porque privilegia el uso del instrumental político para conseguir sus propósitos; pero es una de las tantas que pueden ser elegidas para idéntica finalidad. Y, a nuestro juicio, es la que mantiene postrado al Gobierno y a merced de los sectores opositores. Y es que dicha administración no parece entender que la naturaleza y la vida misma jamás nos ofrecen soluciones apoyadas en dicotomías equívocas sino, por el contrario, lo hace exhibiendo una infinita variedad de posibilidades que es necesario aprovechar.

Una de aquellas es la ‘vía social’, que recomendamos. Introducirla implicaría privilegiar la actividad de los movimientos sociales por sobre las actividades políticas. Pero, inexplicablemente, existe renuencia a aplicarla. Probablemente, por suponer que desplazaría la posibilidad de celebrar acuerdos. Sin embargo, es ésta una suposición equivocada. La vía social no ha de considerarse, en modo alguno, como opuesta o alternativa a la política. Por el contrario, la vía social privilegia el uso de la democracia directa y la consulta a las organizaciones de base, pero no excluye a la política, del mismo modo que ésta tampoco excluye a aquella. El problema es otro: dice relación con el concepto de estrategia.

EL INTRINGULIS DE LAS ESTRATEGIAS

El poder no se ejerce sin planificar su conveniente uso. Y la planificación del uso del poder se denomina ‘estrategia’. Una estrategia puede enunciarse, sin lugar a dudas; puede hablarse de ella e, incluso, destacarse sus ventajas y conveniencias. Pueden decirse de ella multitud de cosas, pero jamás revelarse la forma que ha de adoptar. La estrategia es un probable camino hacia la victoria y, por lo mismo, nunca debe revelarse pues pondría sobre aviso al contrario permitiéndole preparar su defensa y tornándola ineficaz.

Von Clausewitz indicó que una estrategia se componía de ‘tácticas’ que, a menudo, adquirían el carácter de estrategias; éstas, a su vez, podrían realizarse, a través de sus respectivas subtácticas. Se puede decir, así, que esas estrategias secundarias o subestrategias no son sino tácticas que han debido implementarse de la misma manera que se ha hecho con la principal. Es la tarea que ha de emprender quien decide hacer uso de una estrategia social.

SOBREVIVENCIA DEL GOBIERNO

Está claro que la estrategia de la oposición es entorpecer la labor del Gobierno hasta lograr su completa paralización. Si éste persiste en su estrategia conciliadora es posible que sobreviva, pero solamente a condición que acepte los términos que le impone la oposición. Y, en esas circunstancias, va a ser difícil que se haga acreedor a una estatua como lo señaló el propio presidente cuando inauguró aquella dedicada a Patricio Aylwin. Pero si adopta otra estrategia puede, incluso, revertir la angustiosa situación en que se encuentra. No obstante, es difícil que eso suceda. Lo que nos hace mirar con cierto escepticismo el futuro. Y es que hacerlo implicaría un vuelco trascendental en su forma de actuar, una forma distinta de hacer política que muchos de sus partidarios jamás aceptarán. No debemos olvidar que el proyecto de Reforma Tributaria presentado al Parlamento fue ‘torpedeado’ incluso por sus propios aliados. Y es que la vía política se ha impuesto como única solución al interior de la coalición gobernante pues se presenta como la que mejor resguarda los intereses de la ‘elite política’ nacional. No deja de resultar sarcástico que sea la que menor apoyo tiene en el seno de la ciudadanía.

Estamos convencidos que, para la escena política (especialmente, para el Gobierno), la vía social no posee validez alguna. Es una estrategia que jamás empleará. Y, sin embargo, paradojalmente, puede ser la más eficaz de todas. Y la que puede justificar brillantemente una posible e inesperada solución.

LA TAREA RECIÉN COMIENZA

Las líneas anteriores pueden parecer pesimistas. En verdad, no lo son. No debieran serlo. Porque ellas describen, simplemente, una realidad que nos golpea y abruma. Una realidad de hechos que suceden con independencia de nuestra voluntad. Una realidad que da cuenta de la verdadera apoteosis de regocijo vivida por la ‘élite política’.

Es necesario conocerla. De ella, poco o nada podemos esperar. Por el contrario. Necesitamos entender, de una vez por todas, que solamente la acción de la comunidad organizada —y no la de ‘representantes’ que poco o nada representan—, será capaz de tomar en sus manos la defensa de nuestros derechos. Será como repetir aquella sentencia que Clotario Blest, como presidente de la vieja y querida CUT, copiara de la acuñada por Karl Marx para la Primera Internacional: ‘La liberación de los trabajadores ha de ser obra de los trabajadores mismos’.

Cuando los actos en conmemoración del derrocamiento del Gobierno del presidente Salvador Allende comienzan a sucederse, uno tras otro, cuando las luces de la primavera comienzan a encender los prados, parece conveniente recordar, también que aquellos, en su generalidad, no han sido realizados por ‘élite política’ alguna sino por bases sociales constituidas como tales, las mismas que, hace un tiempo atrás, fueron capaces de protagonizar uno de los acontecimientos más trascendentales ocurridos en el país desde el retorno de la democracia: el levantamiento del 18 de octubre de 2019.

Allende…Producto ejemplar de esta tierra. Su figura trasciende fronteras, ilumina nuestra ruta. Nos recuerda el deber de no desfallecer, que no se puede flaquear. Porque somos la antesala de quienes han de superar

“[…] este momento gris y amargo donde la traición […]”

pudo imponerse y persevera en ese empeño; porque somos la avanzadilla de quienes

“[…] mucho más temprano que tarde de nuevo abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor”.

Nuestro homenaje a ese gigante. Honor y gloria a su recuerdo siempre vivo.

Santiago, septiembre de 2023

[1] Vera, Diego: “Reforma de pensiones: Diputados PPD piden al Gobierno ceder posturas para lograr avances”, Radio Bíobio, 31 de agosto de 2023.

[2] Cerpa, Rafael Alfredo: “A 50 años del golpe: Sin pueblo ni masas”, ‘El Clarín’, 31 de agosto de 2023.

[3] Meza, Cristián: “La Moneda tras encuentro con Republicanos y PDG: ‘No podemos seguir postergando soluciones’”, ‘El Dínamo, 28 de agosto de 2023.

[4] Hererra, Danilo: “Republicanos pasan la ‘aplanadora’ en las comisiones del Consejo Constitucional”, ‘El Mostrador’, 29 de agosto de 2023.

[5] Lillo, Daniel: “Oposición cerró la puerta a los grandes acuerdos y constitucionalizará el rodeo en el Consejo”, ‘El Desconcierto’, 28 de agosto de 2023.

[6] Acuña, Manuel: “La reconstrucción del Estado burgués”, publicado en varios medios de INTERNET.

[7] Ramis, Álvaro: “A 50 años del golpe: lo volverían a hacer”, ‘El Mostrador’, 24 de agosto de 2023.

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