Hay momentos en que el poder se vuelve especialmente visible. No necesariamente porque haga algo espectacular, sino porque empieza a pedir cosas que antes parecían excepcionales. La reforma constitucional impulsada por el gobierno de José Antonio Kast en materia de seguridad pública merece ser mirada desde ahí.
No creo que Chile vaya a convertirse mañana en una dictadura. No vamos a despertar sin Congreso, sin elecciones o sin tribunales. Plantear la discusión de esa manera sería exagerarla y, probablemente, perder de vista el problema de fondo. Mi preocupación es otra: qué ocurre cuando empezamos a incorporar al orden constitucional nuevas facultades excepcionales y nos acostumbramos, poco a poco, a vivir bajo ellas.
La propuesta crea un nuevo estado de excepción asociado a amenazas graves a la seguridad pública. Algunas de las restricciones que se discuten no son completamente nuevas; nuestro ordenamiento ya contempla estados de excepción en los que determinados derechos pueden ser restringidos. Lo nuevo, y lo que merece atención, es abrir otra puerta vinculada directamente a la seguridad pública y preguntarnos qué puede pasar después con su alcance, su duración y sus controles. Ésa me parece una discusión mucho más importante que preguntarnos simplemente si estamos a favor o en contra de combatir la delincuencia. Porque, por supuesto, hay que combatirla. El crimen organizado existe. La violencia existe. Hay barrios donde una organización criminal puede ejercer un poder mucho más concreto sobre la vida cotidiana que cualquier discusión constitucional. Una persona que tiene miedo de salir de su casa, que teme por sus hijos o que debe convivir con narcotraficantes en su barrio tampoco es una persona plenamente libre. Negar eso sería absurdo. Pero reconocerlo no significa aceptar automáticamente cualquier ampliación del poder del Estado. Ahí aparece una trampa bastante conocida: se nos plantea que debemos escoger entre un Estado cada vez más fuerte o territorios controlados por el crimen organizado. Como si no existiera ninguna otra posibilidad. Como si nuestra única decisión fuera escoger quién administra nuestra obediencia. No queremos barrios gobernados por narcotraficantes, pero tampoco queremos una sociedad que termine acostumbrándose a entregar nuevas parcelas de libertad cada vez que aparece una crisis. Y por eso creo que estamos haciendo mal la pregunta.
El problema no es si confiamos o no en Kast. El problema es por qué deberíamos entregar estas facultades a cualquier Presidente. Hoy es Kast. Mañana será otro. Puede ser de izquierda, de derecha, progresista, conservador o un tecnócrata sin demasiado interés por esas etiquetas. Da lo mismo. Los gobiernos pasan. Las atribuciones quedan. Tal vez ésa sea una de las preguntas más sencillas que podemos hacernos frente a cualquier ampliación del poder estatal: ¿seguiríamos estando de acuerdo con esta facultad si mañana estuviera en manos de nuestro adversario político?
Si la respuesta es no, entonces probablemente deberíamos pensarlo dos veces. Las instituciones no deberían construirse suponiendo que siempre gobernarán personas razonables, prudentes o cercanas a nuestras propias ideas. Precisamente porque eso nunca está garantizado, los límites al poder importan. Y ahí mi desconfianza es más profunda que la discusión sobre este gobierno en particular.
El Estado no es solamente un administrador que presta servicios y que ocasionalmente puede cometer excesos. También concentra una capacidad que ningún ciudadano posee: vigilar, detener, restringir, requisar y ejercer legítimamente la fuerza. Podemos discutir sobre la necesidad de esas atribuciones, pero sería ingenuo olvidar lo que significan. Por eso no basta con discutir cuántos días puede durar un estado de excepción o cuándo debe intervenir el Congreso. Hay una pregunta anterior que rara vez hacemos: ¿Cuánto poder estamos dispuestos a construir para sentirnos seguros?
Porque el problema del poder no empieza únicamente cuando alguien abusa de él. Empieza también cuando creamos las herramientas que hacen posible ese abuso. Además, las facultades extraordinarias rara vez existen solamente en el papel. Alrededor de ellas aparecen protocolos, funcionarios, presupuesto, infraestructura, tecnologías, doctrinas y formas de hacer las cosas. Las instituciones aprenden a utilizarlas. Y después cuesta mucho desaprender.
Lo que nació para una emergencia puede terminar formando parte de la manera habitual de gobernar. Quizás ése sea uno de los errores que cometemos cuando pensamos en el autoritarismo. Imaginamos tanques en las calles, el Congreso cerrado y elecciones suspendidas. Pero una democracia también puede deteriorarse sin que ocurra ninguna de esas cosas. Podemos seguir votando y al mismo tiempo aceptar mayores niveles de vigilancia. Podemos conservar tribunales y reducir progresivamente los espacios donde las decisiones del poder pueden ser cuestionadas. Podemos continuar hablando el lenguaje de la democracia mientras normalizamos restricciones que años antes nos habrían parecido difíciles de aceptar.
El autoritarismo contemporáneo no siempre llega marchando. A veces llega redactado como proyecto de ley. Se discute en una comisión, se negocia, se vota, se promulga y finalmente aparece publicado en el Diario Oficial. Todo ocurre siguiendo los procedimientos establecidos. Y justamente por eso existe el riesgo de que dejemos de preguntarnos qué estamos construyendo. Insisto: esta reforma no convierte automáticamente a Chile en una dictadura. Pero tampoco deberíamos tranquilizarnos simplemente porque las instituciones continúan funcionando. Una democracia es algo más que votar cada cierto número de años. También es poder reunirse, organizarse, asociarse, comunicarse, protestar, fiscalizar a quienes gobiernan y disputar las decisiones que afectan nuestra vida.
Por eso importa tanto cuánto dura una excepción. Una medida excepcional durante algunos días puede responder a una emergencia concreta. Cuando empieza a extenderse durante meses ocurre otra cosa. Nos acostumbramos. Se acostumbran los ciudadanos. Se acostumbran los funcionarios. Se acostumbran las policías. Se acostumbran las Fuerzas Armadas. Se acostumbran también quienes gobiernan. Y cuando dejamos de sorprendernos frente a aquello que alguna vez consideramos excepcional, el poder consiguió algo bastante más importante que una modificación constitucional: consiguió convertirla en parte de nuestra normalidad.
Esto tampoco significa que debamos resignarnos frente al crimen organizado. Todo lo contrario. Pero quizás deberíamos ampliar lo que entendemos por seguridad. Seguridad es poder caminar por el barrio sin miedo. Es que nuestros hijos puedan jugar en una plaza. Es tener escuelas que funcionen, trabajo, salud, organizaciones vecinales, espacios públicos vivos y comunidades capaces de cuidarse. También es tener policías profesionales, investigación criminal seria, protección para las víctimas y capacidad para seguir el dinero de las organizaciones criminales y desarmar las redes económicas que las sostienen.
La seguridad no debería reducirse a policías, militares y cárceles. El narcotráfico crece con enorme facilidad allí donde el tejido social se rompe, donde el Estado abandona territorios y donde las economías ilegales terminan ofreciendo aquello que la sociedad dejó de ofrecer. Cuando llegamos solamente con coerción, normalmente estamos llegando cuando el incendio ya comenzó. `` Y entonces aparece otra paradoja: intentamos solucionar las consecuencias de décadas de abandono construyendo herramientas de control que después pueden quedarse con nosotros durante décadas. Eso es lo que me preocupa de esta reforma. No Kast como individuo. No una fantasía sobre una dictadura inminente. Me preocupa algo bastante más simple: nuestra facilidad para entregar poder cuando tenemos miedo. Porque el miedo siempre tiene buenos argumentos. Siempre existe una amenaza suficientemente grave, una emergencia suficientemente urgente y una razón aparentemente excepcional para pedir un poco más de autoridad.
Por eso no quiero tener que escoger entre el miedo al narcotraficante y el miedo al Estado. No quiero un Presidente todopoderoso de derecha, pero tampoco lo querría si fuera de izquierda. Prefiero una sociedad capaz de enfrentar el crimen sin entregar, crisis tras crisis, nuevas facultades que después será difícil recuperar.
La esperanza, entonces, sigue sin estar exclusivamente en La Moneda. Está en los barrios, en las organizaciones, en las comunidades y en nuestra capacidad de fiscalizar al poder incluso cuando promete protegernos. Porque cada vez que alguien nos diga que necesita quitarnos temporalmente una parte de nuestra libertad para garantizar nuestra seguridad, quizás convenga hacer una pregunta muy sencilla: ¿quién nos protegerá, después, del poder que construimos para protegernos?
