Con seguridad que las Fuerzas Armadas han vivido un proceso de modernización en los últimos 25 años, pero no han sido parte del proceso de reformas y cambios políticos democráticos, que ha vivido la sociedad chilena desde el fin de la dictadura de Pinochet. Son variados y contundentes los argumentos, que demuestran, que los militares chilenos no son, ni se sienten formando, parte de los esfuerzos institucionales y políticos, que llevan implícitos la extensión de las ideas democráticas a los diferentes ámbitos de la sociedad nacional.
Al cabo de 28 años de gobiernos post dictadura, lo que ha quedado demostrado es que no es concebible consolidar la democracia, alcanzando a unas instituciones y dejando otras al margen, como sucede con las Fuerzas Armadas y con la constitución. En la actualidad las FFAA no se consideran un elemento más dentro del conjunto de la realidad nacional, en muchos aspectos la subordinación al poder civil es algo formal, eludiendo reformas que hagan más eficiente el vínculo con la sociedad civil.
Hechos concretos así lo demuestran, las FFAA continúan actuando por carriles separados a la democratización del país, por ejemplo, beneficiándose hasta el día de hoy de una ley secreta dictada por Pinochet, en virtud de la cual se apropian del 10 % de los ingresos anuales de CODELCO, empresa estatal y la principal minera de cobre del Mundo, para sus gastos internos y de equipamiento. Lo mismo hace la justicia militar, que continúa actuando en contraposición al ordenamiento civil. En materia de justicia y derechos humanos, las FFAA no han formado parte y en casos solo lo han hecho de manera parcial, de los esfuerzos que se han hecho y hacen, para aclarar todos los crímenes y abusos cometidos durante la dictadura militar, periodo durante el cual fueron, las fuerzas armadas y carabineros, el actor principal y ejecutor de la represión y persecución política,
Los últimos hechos de corrupción en las filas del ejército y carabineros, reafirman esta independencia de las FFAA, las que, por dictamen de la ley reservada del cobre, heredada de la dictadura, no estén sujetos a la fiscalización del Congreso ni la Contraloría, así como, tampoco están legalmente obligadas a dar cuenta y rendir la forma en que gastan los enormes recursos económicos provenientes de la venta del cobre.
El fraude recién descubierto en Carabineros y antes en el Ejército, planeado y ejecutado por altos oficiales de ambas instituciones asciende, en el ejército, a un total de $6.791.378.827, en el año 2014 y, los montos malversados a carabineros, al día de hoy, 4 de julio del año 2017, asciende a 25.500 millones de pesos. Además de otras causas judiciales que involucraron en su momento a la Fuerza Aérea, por millonarias coimas recibidas por oficiales, incluidos el comandante en jefe de la época, general Ramon Vega, por la compra de 25 aviones Mirage a Bélgica en 1994.
Estos hechos de corrupción, indesmentibles, sumados a las recientes declaraciones y decisiones del general Oviedo, actual comandante en jefe del ejército, dejan de manifiesto la lejanía de la institución militar respecto de las reformas y los esfuerzos que la sociedad chilena hace en perfeccionar su democracia. El general Oviedo, reclama abiertamente, establecer un “contexto histórico” para juzgar a los militares quienes violaron los derechos humanos y cometieron crímenes de lesa humanidad en tiempos de dictadura. Lo que significa reconocer o continuar incentivando, “la situación de preguerra civil” que, según los artífices políticos del golpe de estado de 1973, “obligo” a los militares a derrocar el gobierno democrático y legalmente constituido de Salvador Allende. Significa también avalar la falsa guerra, inventada por la junta militar y sus asesores civiles, para justificar la represión y los asesinatos políticos.
Luego el general Oviedo, entrega un instructivo al ejército para que sus efectivos no votaran, ni ejercieran su derecho a voto en las últimas elecciones a primarias, de julio de este año, para la presidencia de la república. Lo que sucedió sin que el ministro de defensa actuara en defensa de la institucionalidad democrática, demostrando la inoperancia del cargo que ocupa, tal cual lo ha sido en todos estos años post dictadura.
Así, solo en nuestro país se justifican tales conductas antidemocráticas, propias de una institución ajena al interés nacional y que reproduce, por acción de sus altos mandos, el modelo que los llevo a quebrar la democracia en 1973, liderados en ese entonces por oficiales ambiciosos y corruptos.
Con esto queda en evidencia, la falta de coraje de los gobiernos post dictadura, quienes han facilitado esta mentira, permitiendo que, en el ejército, hasta el día de hoy, las figuras de Pinochet, Leigh y Merino sean sujetas a honores y reconocimiento por las nuevas generaciones de oficiales. Lo cual facilita acciones derechamente sediciosas, como el reciente llamado que el jefe del ejército hizo a su institución, a través de un instructivo, a no votar en las últimas elecciones primarias en Chile, desconociendo el derecho ciudadano de ejercer el voto sin presiones indebidas.
A la luz de estos y otros antecedentes, lo que se demuestra es que, en el ejército, está vigente una ideología pinochetista, que puede ser no generalizada pero que existe y es impulsada por los altos mandos de la institución, como lo acaba de demostrar con sus opiniones y acciones políticas, el actual comandante en jefe del ejército. Situaciones que una vez más ponen de manifiesto una urgente reforma en las FFAA, iniciándose con la “despinochetizacion” del Ejército, es decir, la conversión de éste en un organismo de profesionales integrados socialmente y con un papel a jugar en la sociedad chilena.
Desde siempre, los militares que nos opusimos al golpe de estado de 1973, que nos negamos a participar en la brutal represión en contra de nuestro pueblo, hemos planteado, en distintas instancias, la necesidad de una profunda reforma en las FFAA. Cuyo punto de inicio es una cultura militar distinta a la actual, entendiendo la defensa nacional como una actividad que afecta a toda la nación y que, por lo tanto, ha de estar encaminada a defender todos los valores morales, físicos y materiales de la comunidad nacional. Entendida de esta manera, la política de defensa se convierte en una parte de la política general de la nación, que viene determinada y dirigida institucionalmente por el Gobierno.
Es lo que permitiría hablar de la defensa de los intereses supremos de la Patria, lo que hasta ahora e influenciadas ideológicamente las FFAA por el pinochetismo, es solo un discurso, porque estos son temas que no pueden ser abordados, sin entender o hacerse cargo de un pasado reciente que les compromete. Un pasado en el cual las FFAA fueron presas de un sistema de adoctrinamiento ideológico, diseñado para enfrentarlas con el pueblo.
Las evidencias demuestran que no se ha cambiado esta visión, que entiende a los militares como el instrumento útil de la elite dirigente, que cuando se asusta y ve peligrar sus intereses, los acuartelan en situación de ‘alerta’ endureciendo la histérica disciplina prusiano fascista. Una visión contraria a la de una defensa nacional como cuestión que nos afecta a todos, y de la que toda la sociedad es responsable; que se apoya, fundamental, pero no exclusivamente, en las Fuerzas Armadas, cuya razón de ser no es otra que la defensa militar de la patria.
La política militar implementada por los gobiernos post dictadura entendió equivocadamente una transformación de las FFAA, alegando una coyuntura política específica. Para justificar al final una transformación que nunca se hizo, negociada con los mandos militares sin poner en riesgo la interminable transición a la democracia.
Se intentó así que los militares y el pueblo chileno, al mismo tiempo, superasen la idea de que las Fuerzas Armadas, se involucraran políticamente, de lo cual la dictadura cívico militar había sido la verdadera culpable. Queriendo imponer, de esta manera, la reconciliación entre los opresores y los oprimidos, sin que los primeros enfrentaran la justicia por todos los crímenes cometidos.
Nada de lo anterior logró sus objetivos, dejando pendiente hasta nuestros días, la necesidad de una política de defensa, con unas Fuerzas Armadas no solo acordes con la realidad económica y social del país, sino que, dispuestas a resolver su pasado, limpiando los horrores cometidos en contra de su pueblo.
Enrique Villanueva M.
Centro de Estudios exonerados Fuerza Aérea 1973
