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La Guerra de la Araucanía. Por Juan Pablo Cárdenas S.

(Con Duncan Livingston en nuestra memoria)

Un conocido periodista mexicano advirtió que Chile era el país de los eufemismos porque acostumbramos llamar las cosas por otro nombre y no le ponermos los verdaderos adjetivos calificativos a los actos, por ejemplo, de franca corrupción. De esta forma, a lo que fue la dictadura, hasta hoy hay quieres prefieren tildar como Gobierno Militar, así como al Golpe de Estado de 1973 se le conoció por años como “pronunciamiento militar”.

También a lo que fue la guerra y el genocidio del Estado en contra de la etnia mapuche (1851-83) los libros de historia siguen dándole el nombre de “pacificación de la Araucanía”, cuyo costo en vidas se calcula en unos 60 o 70 mil indígenas, a quienes se les arrebataron miles de hectáreas para ser repartidas a colonizadores nacionales y extranjeros. Un enorme despojo que se extendiera por varias décadas más y en cuyos territorios se enseñorean todavía empresas forestales y agrícolas privadas.

A los gobiernos de la posdictadura hay que reconocerle algunos esfuerzos por restituirle a la etnia mapuche parte de los territorios usurpados, pero no hay duda de que éste ha sido un proceso demasiado lento y que ha agotado la paciencia de los aborígenes de la zona. Nadie o muy pocos desconocen, en todo caso, que la lucha de los mapuches por recuperar sus tierras ancestrales es de toda justicia, aunque los últimos gobiernos han censurado la radicalidad que han adquirido sus acciones por recuperar lo que siempre les correspondió.

El gobierno de Gabriel Boric ha decidido prolongar los estados de excepción en la macro zona sur del país, al tiempo de movilizar a miles de militares para, eufemísticamente hablando. imponer el “estado de derecho” en aquellas regiones convulsionadas por la violencia, el sabotaje a las empresas usurpadoras y la recuperación de sus ancestrales propiedades. Desde el momento en que se militarizó la zona y se reconoció que Carabineros sería incapaz de imponer por sí mismo el “orden público” más bien estamos viviendo una nueva guerra interna. La confrontación del Estado con los distintos referentes políticos de la que se considera una nación que aspira a recuperar lo que se le quitó, como a darse formas de autonomía política y administrativa.

Entre estas organizaciones destaca la Coordinadora Arauco Malleco, CAM, cuyo líder principal, está encarcelado y enfrenta acusaciones en virtud de la legislación antiterrorista. No se puede ignorar el hecho de que muchos de los actuales gobernantes reconocían plena legitimidad en la CAM y su líder máximo, Héctor Llaitul. Evaluación que ha cambiado desde que los líderes estudiantiles que marchaban juntos con los mapuches en las movilizaciones sociales arribaron a La Moneda.

Para las nuevas autoridades, hoy, Llaitul y sus seguidores son tildados de terroristas por el Ministerio del Interior y tanto los militares y policías han ganado licencia para matar si lo creen necesario en defensa de las empresas y propietarios privados amagados por la acción de los mapuches alzados o insurrectos. Incluso le son imputadas a la CAM acciones como el robo de maderas y algunos atentados incendiarios, en que hay temores fundados en cuanto a que éstos, muchas veces, son ejecutados por los mismos empresarios de la zona.

En este sentido, ya es largo el historial de víctimas de montajes policiales que han afectado a los comuneros del Wallmapu y las cárceles se van repletando de detenidos que hoy, mediante huelgas de hambre, buscan un trato penitenciario digno y un reconocimiento a la jurisprudencia internacional respecto de las minorías indígenas.

A la brutal represión no se le quiere reconocer como una acción de guerra contra una etnia que, por supuesto, ha debido armarse y recurrir también a actos de violencia para ser reconocidos en sus derechos y persuadir a las empresas a abandonar la zona para que sean sus territorios devueltos a sus legítimos y ancestrales propietarios. Debe reconocerse, así mismo, que la causa mapuche tiene la adhesión de muchos chilenos y agrupaciones de norte a sur del país dispuestos a colaborar con su resistencia y aportar recursos para enfrentar la ocupación militar.

Ello explica que en estos últimos meses los estados de emergencia y desplazamiento de tropas no haya tenido el efecto perseguido por los actuales gobernantes y, por el contrario, hayan forzado a los mapuches a asumir la lucha armada, el sabotaje y otras acciones que conforman un verdadero escenario de guerra que no quiere reconocerse, y que debiera pronunciarse en el futuro. Especialmente si se tiene en cuenta que durante cinco siglos la lucha mapuche no ha cesado y sus convicciones nunca han podido doblegarse. Menos ahora en que son millones los habitantes de este país que reconocen identidad con la etnia mapuche, su idioma, valores y banderas. Cuando ahora, por lo demás, a ambos lados de la Cordillera de los Andes, todo un pueblo se reconoce hermano, espera concertarse y exigir su reconocimiento y derechos.

Lamentablemente, la generación de nuevos políticos en este tema y otros no hace más que extender las políticas y malas prácticas de sus antecesores en el gobierno. Y podemos observar en ello un discurso más radical, incluso, que el de los gobernantes de la derecha y el centro.

Si tanto se habla actualmente de que se está en riesgo de un nuevo Estallido Social, sería bueno advertir que esta vez es en el sur donde podría encenderse la mecha del descontento general.

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