La dictadura civil-militar chilena instaurada a través del golpe de Estado en 1973, instituyó un régimen de terrorismo estatal que duro casi 17 años. Régimen que dejó 2123 personas asesinadas, 1.092 personas víctimas de desaparición forzada, cuerpos torturados, violados y violentados. En este marco, Chile funcionó como laboratorio del importado proyecto político y patrón de acumulación neoliberal, un modelo importado que fue impulsado por un grupo de hombres de la élite chilena conocidos como Chicago Boys, quienes reorganizaron la economía en función de ideas foráneas y bajo el influjo del intervencionismo de las élites neoconservadoras de Norteamérica. Este proceso permitió consolidar un modelo económico que favoreció a una élite nacional estrechamente vinculada a dichos intereses, sustentando una mirada eurocentrada, colonialista y patriarcal, cuya máxima es el crecimiento de la utilidad y la subordinación de la vida al capital, configurando un orden social y productivo que desplazó alternativas endógenas de desarrollo que se estaban experimentando.
Este modelo fue instalado a punta de violencias y narrativas fantásticas que crearon un “enemigo interno”, permitió la deshumanizaron y legitimación de todo el despliegue de crueldad y criminalidad organizada desde el Estado y los civiles por la fuerza de las armas. Este despliegue de crueldad tuvo una particularidad en los cuerpos de las mujeres y disidencias, quienes sufrieron violencia sexual sistemática como forma de castigo y disciplinamiento constituyendo una estrategia de dominación que entrelazó al patriarcado, el capitalismo y el colonialismo; imbricación que pone en evidencia el funcionamiento de la organización basada en la diferencia sexual, la clase y la racialización como ejes relacionales, simbólicos y jerárquicos que producen determinadas condiciones materiales de explotación, cuerpos y vidas desechables, apropiables y sacrificables. Ese terrorismo estatal se caracterizó por el uso de la Violencia política Sexual y la Tortura, técnicas y tecnologías del terror utilizadas para imponer este nuevo orden político económico y social en el país.
El experimento económico de la dictadura cívico-militar no solo fue un laboratorio de privatizaciones y desposesiones materiales, sino que también fue el establecimiento de un nuevo sentido común que, a través de la violencia política sexual y el terrorismo de Estado como tecnología del poder y ritual de humillación y sometimiento, se destinó a quebrar cuerpos y comunidades, desarticulando formas históricas de organización social y con ello, sentidos de lo común. Esta clave sacrificial nos habla del hacer morir y dejar vivir según criterios de utilidad y deshumanización.
Frente a ello la memoria no puede pensarse como recuerdo del pasado, sino como una herramienta política para leer el presente. Recordar las violencias de la dictadura implica reconocer sus resonancias actuales: en la impunidad estatal, en la normalización mediática, en la persistencia de la desigualdad estructural. De ella, se observan engranajes en los procesos de acumulación y control del capital que sostienen hoy una necropolítica ritual en la forma de dar muerte a los cuerpos feminizados. Los feminicidios, la violencia doméstica y la explotación sexual proliferan, exponiendo la continuidad de la violencia política-sexual en la racionalidad neoliberal. La memoria, entonces, no es conmemoración; es resistencia a las narrativas hegemónicas, es método crítico, y se abre como posibilidad para imaginar futuros donde la vida deje ser sacrificial en nombre del orden patriarcal, capitalista y colonial.
Francisca Rodó Donoso: Doctora en Ciencias Sociales
Jocelyn Maldonado: Candidata a Doctora en Teoría Critica y Sociedad Actual.
