El oficio N°16, enviado desde el Ministerio de Hacienda al Ministerio del Trabajo, con fecha 21 de abril, revela mucho más que una discusión presupuestaria sobre la Pensión Garantizada Universal (PGU), entre otras materias. Lo que aparece en este documento es un planteamiento ideológico profundo, respecto del rol del Estado, la legitimidad del gasto social y la forma en que se concibe a los sectores más vulnerables, dentro del modelo económico chileno.
Con esta propuesta, se desata una controversia, luego de que el Ministerio de Hacienda, Jorge Quiroz, propusiera reducir en un 15% el presupuesto de la PGU, bajo argumentos asociados a la eficiencia fiscal y la prevención de eventuales fraudes. Sin embargo, investigaciones como la de CIPER, muestran que no existían informes técnicos que respaldaran la medida y, que los supuestos márgenes de ahorro administrativo eran prácticamente inexistentes.
Más allá de las cifras, desde una perspectiva ideológica, el conflicto pone en evidencia la tensión histórica entre dos modelos de sociedad: uno orientado al Estado social de protección y otro centrado en la disciplina fiscal, la reducción del gasto público y la sospecha permanente sobre las políticas redistributivas. En el debate generado, uno de los elementos más notorios, es el uso del concepto de “eficiencia” como fundamento discursivo para justificar un eventual recorte. En el oficio ministerial se solicita revisar programas sociales con el objetivo de eliminar “ineficiencias”, mientras que públicamente, el ministro Quiroz señaló que era necesario “buscar eficiencia y prevenir fraude social”. A primera vista, el argumento parece técnico y neutral. Sin embargo, como señalan Ortiz, Soto y Weibel Barahona (2026), en la investigación llevada a cabo por CIPER, su análisis muestra que el costo administrativo total de la PGU representa menos del 1% del presupuesto del sistema. Esto significa que, incluso eliminando completamente el aparato administrativo, el Estado no alcanzaría el 15% de reducción solicitado por Hacienda. En términos concretos, el ajuste necesariamente habría impactado directamente las pensiones de millones de adultos mayores.
Desde la perspectiva ideológica que aquí nos interesa, lo anterior resulta relevante, porque el lenguaje tecnocrático opera aquí como una forma de despolitización del conflicto. La discusión deja de presentarse como una decisión política sobre distribución de recursos y pasa a construirse como un problema meramente técnico de “gestión eficiente”.
Esta lógica tecnócrata ha sido ampliamente estudiada por autores críticos del neoliberalismo contemporáneo, quienes sostienen que la tecnocracia fiscal transforma decisiones políticas, en aparentes determinaciones económicas inevitables. Al plantearlo así, se desarrolla un discurso de la eficiencia que cumple varias funciones simultáneas. Por un lado, se intenta legitimar el ajuste presupuestario y consecuentemente, reduce la discusión política sobre derechos sociales. Por otra parte, el gasto público es presentado como sospechoso a priori, cargándolo de connotaciones negativas, como posiblemente irresponsable. Así, se desplaza el debate desde el campo de la justicia social hacia el de la administración contable.
De este modo, la perspectiva ideológica neoliberal, instaura un conflicto, en el que se intenta anular la pregunta sobre el tipo de sociedad que queremos construir, para poner toda la atención en qué tan eficiente es el gasto realizado.
Otro aspecto central involucrado en el debate que se ha generado, dice relación con la idea de “fraude social” utilizada por el ministro, para justificar revisiones a la PGU. La investigación de CIPER, a la que hemos hecho referencia, demuestra que ni el Instituto de Previsión Social (IPS), ni la Superintendencia de Pensiones, cuentan con antecedentes relevantes de pensiones mal otorgadas. Además, el sistema ya cruza información con múltiples organismos estatales, como el Servicio de Impuestos Internos, las AFP, la PDI y el Registro Social de Hogares. Aún así, el discurso gubernamental instala la sospecha sobre los beneficiarios. Desde una perspectiva ideológica, esta narrativa tiene profundas implicancias simbólicas. El concepto de “fraude social”, no sólo alude a posibles irregularidades administrativas; también produce una representación cultural del receptor de ayuda estatal, como un sujeto potencialmente abusivo, dependiente o ilegítimo, que busca resquicios al límite de la legalidad, para obtener un beneficio.
La ideología del ajuste, es un eje central en la matriz discursiva, presente históricamente en políticas neoliberales y conservadoras en todo el mundo, donde el problema deja de ser la desigualdad estructural y pasa a centrarse en el supuesto “mal uso” de los recursos públicos, por parte de los sectores vulnerables. En este contexto, la ciudadanía ya no aparece como titular de derechos y comienza a ser tratada como objeto de vigilancia. De este modo, la sospecha se convierte en una herramienta de legitimación política, para restringir proyectos sociales.
La propuesta de ajuste escala, además, a una dimensión política mayor, debido a la contradicción entre la propuesta de ajuste y las promesas realizadas durante la campaña presidencial de José Antonio Kast. Efectivamente, durante el período electoral, Kast afirmó reiteradamente que no reduciría la PGU. Sin embargo, el oficio de Hacienda abrió la posibilidad concreta de una disminución presupuestaria significativa. Esta situación genera una tensión que es posible ver en todos los gobiernos conservadores contemporáneos. Por una parte, necesitan mantener legitimidad electoral frente a sectores populares y clases medias. Por otra, mantienen compromisos ideológicos con la austeridad fiscal, la reducción del gasto público y la contención del Estado social. De este modo, el discurso de la responsabilidad fiscal, entra en conflicto con las promesas de protección social utilizadas para construir apoyo político en los períodos de campaña electoral.
Más allá de la argumentación técnica y de las trampas que esta puede contener, el ajuste, en el caso de la PGU, tiene una dimensión simbólica insoslayable. La Pensión Garantizada Universal, se ha transformado en poco tiempo, en uno de los principales mecanismos de legitimación del Estado, frente a una población envejecida y golpeada por décadas de precarización previsional. Por ello, cualquier intento de recorte, activa temores históricos asociados a la fragilidad de las pensiones en Chile.
En síntesis y para concluir, la controversia producida en torno al ajuste de la PGU, revela una disputa sobre el futuro del Estado social en Chile. Aunque formalmente la discusión apareció revestida de argumentos técnicos sobre eficiencia y control del gasto, los documentos muestran que detrás de esas categorías, existe una definición ideológica acerca de quién merece protección social y cuánto debe intervenir el Estado, en la redistribución de recursos.
El intento de recorte a la PGU no sólo generó cuestionamientos económicos. También activó memorias históricas asociadas a períodos de austeridad, precarización previsional y debilitamiento de derechos sociales.
Por estas razones, el conflicto excede ampliamente la coyuntura en la que son emitidos los oficios del Ministerio de Hacienda. Lo que está en juego no es únicamente el presupuesto de una política pública, sino el modelo de sociedad que Chile busca consolidar en las próximas décadas. Una pregunta de fondo sigue abierta, esta es; si el Estado debe actuar principalmente como garante de derechos sociales o como administrador restrictivo del gasto fiscal. Desde la instalación del modelo económico neoliberal, durante los primeros años de la dictadura civil-militar, hasta nuestros días, esta pregunta no termina de ser abordada, demostrando, además, constituir uno de los grandes conflictos ideológicos de la política chilena contemporánea.
REFERENCIAS:
Ministerio de Hacienda. (2026, abril 21). Oficio N° 16 dirigido al Ministerio del Trabajo sobre Formulación del proyecto de Ley de Presupuestos para el año 2027 y Programa Financiero 2028-2031. Ministerio del Trabajo.
Diego Ortiz, F., Soto, F., & Weibel Barahona, M. (2026, mayo 14). Sistema no tiene “grasa” que eliminar: costo administrativo es bajo y no hay pensiones mal otorgadas. Datos oficiales muestran que recorte de 15% a la PGU pedido por Quiroz no tenía sustento técnico y habría afectado el monto de las pensiones. CIPER-CHILE.
Prof. Dr. Jorge Brower Beltramin
Profesor Titular
Director del Programa Centro de Estudios de la Comunicación y la Cultura (CECC).
Departamento de Publicidad e Imagen (DPI)
Facultad Tecnológica
Universidad de Santiago de Chile
jorge.brower@usach.cl
ORCID iD: https: //orcid.org/0000-0002-6968-2949
