En Chile, la igualdad política tiene fecha de vencimiento. Aunque parezca una contradicción, así lo establece nuestra legislación electoral. Y esa realidad debería preocuparnos, porque compromete uno de los principios esenciales de toda democracia: que sus instituciones representan de manera equilibrada a la sociedad que dicen representar.
Pocas personas lo saben, pero la principal herramienta que ha permitido aumentar la presencia de mujeres en el Congreso Nacional dejará de regir después de las elecciones parlamentarias de 2029, a menos que el Congreso modifique la legislación vigente.
La Ley N.º 20.840, promulgada en 2015 durante el segundo gobierno de la presidenta Michelle Bachelet e impulsada principalmente por un grupo de destacadas politólogas y científicas, marcó un punto de inflexión en la historia electoral chilena. Aprobada con amplio respaldo transversal, incorporó por primera vez una regla de equilibrio de género para las candidaturas parlamentarias, estableciendo que ningún sexo podía superar el 60 % del total de postulaciones. Además, creó incentivos económicos destinados a promover la participación política de las mujeres.
Su diseño, sin embargo, fue necesariamente incompleto. La reforma reguló el ingreso a la competencia electoral, garantizando una mayor presencia de mujeres entre las candidaturas, pero no incorporó mecanismos que aseguren una representación más equilibrada entre quienes finalmente resulten electos. En otras palabras, abrió la puerta de entrada al sistema político, pero no corrigió las desigualdades que persisten al momento de transformar los votos en escaños.
Aun con la limitación antes señalada, los resultados fueron evidentemente positivos. Antes de la entrada en vigor de la ley, la Cámara de Diputadas y Diputados contaba con apenas 19 mujeres entre sus 120 integrantes, lo que representaba solo un 15,8 %. Hoy, 52 de los 155 escaños son ocupados por diputadas, equivalente al 33,5 % de la representación. En el Senado ocurrió un fenómeno similar: en 2015 había solo 7 senadoras de 38 escaños; actualmente hay 16 de un total de 50, alcanzando un 32 % de representación.
Las cifras hablan por sí solas. En menos de una década, la presencia de mujeres en el Congreso prácticamente se duplicó. Pero también revelan otra realidad igualmente importante: incluso con la ley de cuotas, Chile sigue lejos de alcanzar una representación política equilibrada.
Si una medida transitoria fue capaz de producir un cambio de esta magnitud y, aun así, la paridad continúa siendo una meta distante, la discusión ya no debería centrarse en si las cuotas funcionan. La verdadera pregunta es otra: ¿por qué permitiremos que desaparezca una política pública que ha demostrado ser efectiva para corregir una desigualdad histórica que todavía persiste?
Durante décadas, la política chilena funcionó bajo la premisa de que la competencia era neutral. Como si bastara con tener preparación, liderazgo o vocación pública para participar en igualdad de condiciones. Sin embargo, la evidencia demuestra que la cancha nunca ha estado completamente nivelada.
Las mujeres continúan enfrentando obstáculos que rara vez aparecen cuando se invoca el "mérito" como único criterio de selección. Acceden con mayor dificultad al financiamiento de campañas, cuentan con menos redes de apoyo dentro de los partidos políticos y, cuando esas redes existen, muchas veces dependen de vínculos familiares o relaciones personales. A ello se suma una cobertura mediática que con frecuencia privilegia la apariencia física, la vida privada o la maternidad por sobre las propuestas políticas, así como una violencia política particularmente intensa —especialmente en redes sociales— que busca deslegitimar los liderazgos femeninos antes que debatir sus ideas.
Mientras a un hombre suele atribuírsele, por defecto, capacidad para ejercer el poder, una mujer debe demostrar reiteradamente que merece ocupar ese mismo espacio. Pensar que ambas candidaturas compiten en igualdad de condiciones es desconocer el funcionamiento histórico de las instituciones políticas y las barreras que aún condicionan el acceso de las mujeres al poder.
Por eso las cuotas no existen porque faltan mujeres capaces. Existen porque, durante demasiado tiempo, han sobrado barreras estructurales, culturales e institucionales que limitan su participación política.
Su relevancia, además, trasciende el aumento de la representación femenina. Las cuotas fortalecen la democracia porque amplían las alternativas disponibles para el electorado. Una oferta electoral más diversa incorpora trayectorias, experiencias y perspectivas distintas, enriqueciendo el debate público y permitiendo que la ciudadanía elija entre opciones que reflejan mejor la pluralidad de la sociedad.
También fortalecen la legitimidad del sistema político. Las mujeres representan más de la mitad de la población y del padrón electoral, pero siguen estando subrepresentadas en los espacios donde se toman las decisiones. Esta brecha no solo constituye un problema de igualdad de oportunidades; también limita la calidad de la representación democrática. Un Parlamento cuya composición se asemeja más a la sociedad está mejor preparado para comprender sus problemas, interpretar sus demandas y diseñar políticas públicas más inclusivas y eficaces. Cuando la ciudadanía se reconoce en sus instituciones, también aumenta la confianza en ellas.
Los cambios culturales, sin embargo, no ocurren espontáneamente ni se mantienen por inercia. La historia demuestra que los avances democráticos requieren instituciones capaces de consolidarlos. Suponer que las barreras desaparecerán simplemente porque han transcurrido algunos años desde la aprobación de la ley es desconocer cómo operan las desigualdades estructurales.
No se trata de sustituir el mérito, sino de garantizar que el mérito pueda desplegarse y competir en condiciones más justas. Las cuotas no otorgan privilegios; corrigen desventajas históricas que han limitado el acceso de las mujeres a los espacios de decisión.
El verdadero privilegio fue sostener, durante décadas, que un sistema que excluía o subrepresentaba sistemáticamente a las mujeres era un sistema neutral. Pero un sistema que produce desigualdades persistentes no es imparcial: reproduce las barreras que afirma ignorar.
Por ello, el desafío no consiste únicamente en impedir que esta ley expire. También exige perfeccionarla. La experiencia de la última década demuestra que las cuotas han sido eficaces para ampliar la representación política de las mujeres, pero también ha puesto de manifiesto sus límites.
Ha llegado el momento de convertir la regla de equilibrio de género en un principio permanente de nuestro sistema electoral; incorporar mecanismos de alternancia que aseguren una competencia más equitativa, y extender estos estándares a otros niveles de representación, como las concejalías y las consejerías regionales, donde se inicia la trayectoria política de buena parte de quienes, más tarde, aspiran al Congreso y a otros cargos de elección popular.
La igualdad política no puede depender de una disposición transitoria ni quedar sujeta a una fecha de caducidad. Una democracia madura no retrocede en los mecanismos que han permitido ampliar la inclusión y fortalecer la representación. Los consolida, los perfecciona y los proyecta hacia el futuro.
Porque cuando una democracia deja expirar el instrumento que permitió corregir una desigualdad histórica, no está recuperando una supuesta neutralidad. Está renunciando a una política pública que ha demostrado su eficacia, debilitando la legitimidad de sus instituciones y abriendo la puerta para que las brechas del pasado vuelvan a reproducirse. La igualdad política no puede tener fecha de vencimiento.
