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La importancia la Constitución con relación al próximo 25 de octubre. Por José Miguel Rodríguez Letelier

El 25 de octubre de 2020 se vota en Chile, extra ordinem, -o fuera de norma o marco regulatorio-, la necesidad de un nuevo Contrato Social. Lo primero y sin duda para cuestionarnos los demás vericuetos, es garantizar que esta decisión, es decir la de cada ciudadano -en suma, el Poder Constituyente-, sea una decisión informada, legítima e intencionada sobre lo que se encuentra en juego. Esta decisión de una nueva noción de estructura social, no puede estar amenazada de origen por fakenews, ni por la desinformación que generan ciertos intereses corporativos mediante la presión y la instalación –u ocultamiento- de ciertos temas que les son incómodos, versus otros que pretenden generar realidad por medio del abuso del monopolio de lo que Zaffaroni denomina “criminología mediática”.

  La Constitución no nació para expresar la regularidad de comportamientos individuales como la ley, sino para convertirse en un cauce, a fin que la sociedad se conduzca políticamente y en libertad.[1] La Constitución entendida como un conjunto de normas fundamentales desde una perspectiva material o sustancial, dialoga constantemente con aspectos axiológicos y socioculturales para su interpretación, a diferencia de la ley, que es un concepto abstracto; la Constitución existe y es una realidad concreta. Respecto a la Constitución de un Estado democrático, así como para Dworkin las políticas públicas son aquellos estándares que establecen un objetivo que ha de ser alcanzado o protegido, generalmente de carácter social, económico o políticos, es decir, expectativas que se intencionan mirando hacia un horizonte, para Peter Häberle, la Constitución es una “obra abierta” con un carácter necesariamente falible y, por tanto, revisable. No es un documento histórico muerto, sino un proyecto de sociedad justa que señala el horizonte de expectativas de una comunidad política y que sus miembros mediante sus diferentes lecturas deben ir adaptando a los cambios sociales más allá del papel de meros destinatarios de las normas, los ciudadanos conforman “la sociedad abierta de intérpretes constitucionales”.[2]

Para dilucidar una perspectiva formal, la Constitución se distingue de otros textos normativos en razón, entre otras cosas, de su procedimiento de formación, que es hasta ahora entre nosotros y nosotras, diverso de todas las demás fuentes del derecho. Se llama “primera Constitución” a toda Constitución que no encuentre su fundamento de legitimidad en una Constitución precedente.[3] extra ordinem fruto de una revolución— y por tanto privada de fundamento de validez en normas anteriores.

En segundo lugar la Constitución como principio, goza de una fuerza particular que la sitúa por encima de cualquier otra fuente, especialmente de la ley, además de poseer un régimen jurídico especial, donde existe una supremacía y jerarquía normativa en cuanto a la creación legislativa y eventual revisión.

Desde un punto de vista material, la Constitución se distingue de las otras leyes por su función característica, la cual es limitar el poder político. Este punto de vista está conectado al concepto liberal de Constitución. Ella, La Constitución, sería una totalidad coherente y conexa de valores ético-políticos. La identidad material o axiológica de toda Constitución descansa precisamente en el conjunto de valores —o principios supremos—que la caracterizan y la distinguen de cualquier otra Constitución[4] y de cualquier otra fuente del derecho. En este sentido desarrolla las formas de gobierno, el conjunto de normas sobre legislación u otras fuentes, la titularidad del Poder Constituyente y al conjunto de los principios supremos que caracterizan a cualquier ordenamiento jurídico y regulan las relaciones de poder del Estado con los ciudadanos.

A no olvidar sobre este punto, que la generación de un Estado Democrático Constitucional, es un proceso de conquista histórica de los derechos fundamentales expresado a través de reivindicaciones, luchas políticas, disidencias colectivas o de formas de resistencia al poder establecido. Donde hay poder habrá resistencia[5]. Desde esta perspectiva, afirma Habermas[6], el Estado democrático de derecho aparece en su conjunto no como una construcción acabada, sino como una empresa accidentada, irritante, encaminada a establecer o conservar, renovar o ampliar un ordenamiento jurídico legítimo en circunstancias cambiantes e ilustremente sociales.

La Constitución por último, no es una norma común de un gobierno de turno más, no es un pequeño escaño más, ni una representación abstracta para describir comportamientos sociales, no es literatura, ni intereses programáticos; es la forma en qué y cómo se regulan y estructuran las relaciones de poder entre los ciudadanos y el Estado.

 

En el próximo octubre, a lo que se apuesta es a repensar la plantilla de este contrato social y definir una nueva organización desde una perspectiva heterogénea y multiétnica, sobre todo. Definir por ejemplo; el respeto que se debe tener por nuestra cultura como fuerza forjadora de identidad, y acerca de esta libertad cultural como una libertad relacionada directamente con la dignidad humana a diferencia de la libertad económica, con su significación tan sólo instrumental.

 José Miguel Rodríguez Letelier es abogado

NOTAS:

[1] HAKANSSON-NIETO, Carlos., Los principios de interpretación y precedentes vinculantes en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional peruano. Una aproximación., Díkaion, Año 23 - Núm. 18; 2009, p. 5.

[2] HÂBERLE, Peter: El Estado Constitucional, Universidad Nacional Autónoma de México, México, 2001; también puede consultarse la obra del profesor ESTÉVEZ ARAUJO, J.A.,La Constitución como proceso y la desobedien-cia civil, Madrid, Trotta, 1994.

[3]KELSEN, H., General Theory of Law and State, pp. 115 y ss.; id., Théoriepure du droit, pp. 264 y ss.

[4]SCHMITT, C., Dottrinadellacostituzione(1928), Milán, 1984, pp. 109 y ss. (trad. al castellano,

Alianza Editorial, Madrid, 1992).

[5]FOUCAULT, Michel. Los anormales. Curso en el Collège de France (1974-1975). México: Fondo de Cultura Económica. 2001., p 84

[6] HABERMAS, J., Facticidad y validez, Madrid, Trotta, 1998, p. 203.

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