Hay procesos históricos que no pertenecen a un partido político ni a un gobierno, sino a la conciencia de un país. La Comisión Verdad y Niñez es uno de ellos.
En ese marco, el documento Claves del proceso de instalación (https://www.gob.cl/comisionverdadyninez/) no es solo un informe técnico ni una rendición institucional. Es, sobre todo, una señal política y ética de que Chile está dispuesto - al menos en este momento - a enfrentar una de sus deudas más profundas: las violaciones de derechos humanos sufridas por niños, niñas y adolescentes bajo custodia del Estado a lo largo de décadas.
Para comprender la relevancia de este proceso, es necesario mirar el modo en que la infancia institucionalizada fue entendida históricamente. Durante generaciones, fue observada principalmente desde categorías administrativas o judiciales: abandono, pobreza, protección, infracción de ley. Se habló de causas, de RIT, de RUC, diagnósticos, medidas de protección, residencias y programas, pero rara vez desde quienes vivieron esas experiencias. El lenguaje de los derechos humanos tardó en instalarse con fuerza en este campo y, con ello, también tardó el reconocimiento de la responsabilidad estatal.
Es precisamente allí donde la Comisión introduce un cambio significativo. Instala una idea fundamental: la verdad no se construye únicamente desde archivos, estadísticas o informes técnicos, sino desde la escucha directa de quienes vivieron la vulneración. No desde relatos interpretados por otros ni desde síntesis institucionales, sino desde testimonios en primera persona. Cuando la experiencia es contada por quien la vivió, la verdad deja de ser abstracta y se vuelve humana, concreta e imposible de ignorar.
Escuchar, cuando se trata de experiencias de violencia institucional en la infancia, no es un gesto simbólico menor; es un acto de reconocimiento que el Estado debía desde hace décadas. Y, al mismo tiempo, escuchar implica una responsabilidad profunda.
Cuando el Estado decide escuchar, hay personas que deciden hablar. Personas que abren recuerdos dolorosos y revisitan historias que permanecieron en silencio durante años. Precisamente por eso, en momentos de transición política, la continuidad de este proceso se vuelve una prueba de responsabilidad democrática. La verdad sobre la niñez bajo custodia del Estado no puede depender de prioridades gubernamentales cambiantes. Convocar la palabra de las víctimas implica sostenerla en el tiempo y resguardar su lugar en la memoria pública.
La memoria de la infancia vulnerada no puede quedar sujeta a redefiniciones administrativas. Cada testimonio entregado supone un compromiso ético del Estado y de la sociedad: transformar esa verdad en aprendizaje institucional, en garantías de no repetición y en políticas de protección más humanas y efectivas. Interrumpir o debilitar este proceso no solo afectaría la confianza de quienes han decidido hablar, sino también la credibilidad de un país que ha declarado su voluntad de reconocer el daño causado.
En efecto, la experiencia chilena muestra que estos procesos son frágiles y, al mismo tiempo, indispensables. Las comisiones Rettig y Valech marcaron un precedente en el reconocimiento de las violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura, instalando un marco ético para la memoria y la reparación. En otras latitudes, experiencias como la Comisión de Verdad y Reconciliación de Sudáfrica o la Comisión de la Verdad en Perú han mostrado que el esclarecimiento de la verdad no es un acto administrativo, sino un compromiso histórico que atraviesa generaciones.
En ese mismo horizonte de verdad y memoria se inscribe la Comisión Verdad y Niñez. Sin embargo, enfrenta un desafío adicional: reconocer que la niñez institucionalizada fue, durante décadas, una verdad fragmentada, narrada casi siempre por adultos, profesionales o instituciones, pocas veces por quienes la vivieron y definida por decisiones judiciales y administrativas.
Por ello, incorporar testimonios en primera persona no es solo un gesto metodológico, sino un cambio cultural. Significa aceptar que la experiencia vivida tiene un valor político y ético propio, que no necesita ser traducido ni interpretado para ser legítimo. Significa reconocer a niños, niñas y adolescentes - hoy personas adultas - como sujetos de memoria y de verdad. Como advierte el filósofo Paul Ricoeur, la memoria sólo adquiere sentido ético cuando se vincula con el reconocimiento de quienes han sufrido el daño.
En esta misma línea, uno de los aportes más relevantes del documento es reconocer el carácter estructural de las vulneraciones a la niñez bajo custodia estatal. No se trata de hechos aislados ni de responsabilidades individuales dispersas, sino de un modelo institucional que, durante demasiado tiempo, normalizó prácticas de negligencia, abandono, maltrato y precarización de la vida de niños, niñas y adolescentes.
Aceptar esta dimensión estructural no debilita al Estado; lo fortalece. La confianza pública no se reconstruye negando el pasado, sino enfrentándolo con responsabilidad histórica y con la voz de quienes lo vivieron. Reconocer esta dimensión estructural también obliga a mirar el presente y el futuro del sistema de protección. No basta con reparar el daño simbólicamente ni con documentar lo ocurrido; es necesario transformar las condiciones institucionales que lo hicieron posible. Esto implica revisar prácticas, fortalecer la supervisión del Estado, asegurar recursos adecuados y, sobre todo, colocar el bienestar y la dignidad de niños, niñas y adolescentes en el centro de las decisiones públicas.
Desde el campo del Trabajo Social, este proceso adquiere un significado particularmente profundo. La escucha no es solo un principio ético abstracto, sino una práctica cotidiana que se despliega en entrevistas, acompañamientos, informes sociales, visitas domiciliarias y espacios de intervención donde las historias personales encuentran un lugar para ser nombradas. Durante décadas, profesionales del trabajo social han sostenido esa escucha en contextos institucionales complejos, muchas veces tensionados por la burocracia, la escasez de recursos y decisiones judiciales o administrativas que no siempre lograron comprender la experiencia subjetiva de la niñez protegida.
En ese sentido, la incorporación de testimonios en primera persona representa un reconocimiento público de una práctica que la profesión ha desarrollado históricamente: escuchar para comprender, comprender para intervenir e intervenir para restituir dignidad. La Comisión Verdad y Niñez no solo documenta una deuda del Estado; también confirma la importancia de la dimensión humana de la intervención social en la protección de derechos.
Por eso, el mayor desafío no está únicamente en la instalación de la Comisión, sino en su continuidad y en la capacidad de traducir la verdad escuchada en transformaciones reales. Las comisiones de verdad solo cumplen su propósito cuando sus conclusiones se convierten en políticas públicas, reformas institucionales y memoria colectiva. De lo contrario, corren el riesgo de transformarse en documentos que el tiempo archiva, mientras las estructuras permanecen intactas y perpetúan las mismas lógicas de invisibilización, desigualdad y fragilidad institucional que hicieron posible la vulneración de derechos en primer lugar. Cuando la verdad no se traduce en cambios concretos, la memoria se vuelve incompleta y la promesa de reparación queda suspendida, dejando abierta la posibilidad de que la historia vuelva a repetirse bajo nuevas formas.
La verdad sobre la infancia bajo custodia del Estado no puede depender de ciclos políticos ni de cambios de gobierno. Cuando un país decide escuchar en primera persona a quienes no protegió en su infancia, no está cerrando una etapa, sino asumiendo una obligación permanente de reparación, garantía de no repetición y fortalecimiento institucional.
La memoria, la justicia y la protección efectiva de la niñez y la adolescencia no son tareas transitorias ni programas de gobierno: son responsabilidades estructurales del Estado. Su continuidad es la medida concreta de la voluntad democrática de aprender del daño causado y de asegurar que la protección de niños, niñas y adolescentes no vuelva a fallar.
