En Chile, la discusión pública sobre migración suele centrarse en cifras, control fronterizo y regularización administrativa. Sin embargo, detrás de esos debates existen experiencias profundamente complejas que rara vez logran ocupar un lugar central en la conversación política: las trayectorias de niños, niñas y adolescentes migrantes que viven entre el desarraigo, la precariedad y múltiples procesos de duelo.
Actualmente, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y UNICEF, cerca de 200 mil niños, niñas y adolescentes migrantes viven en Chile. Muchos habitan territorios atravesados por hacinamiento, inestabilidad laboral familiar, discriminación racial y dificultades de acceso a derechos básicos como salud, vivienda y educación. A ello se suma que miles de estudiantes migrantes continúan asistiendo al sistema escolar sin RUN definitivo, evidenciando las tensiones entre reconocimiento administrativo y acceso efectivo a derechos sociales. En este escenario, los sistemas de protección infantil han adquirido creciente protagonismo en la intervención sobre las experiencias migratorias familiares. Sin embargo, pocas veces se problematiza críticamente cómo dichas instituciones comprenden el duelo migratorio infantil y desde qué marcos culturales construyen sus intervenciones. Porque migrar no implica únicamente cambiar de país. También significa dejar atrás vínculos afectivos, redes comunitarias, lenguajes, costumbres, paisajes y sentidos de pertenencia. Para muchos niños y niñas, la migración implica separarse de abuelos, amistades, escuelas y espacios cotidianos que daban estabilidad emocional a sus vidas. En otros casos, significa enfrentar procesos migratorios marcados por miedo, incertidumbre y precariedad extrema. El duelo migratorio infantil no siempre se expresa mediante palabras. Muchas veces aparece a través de ansiedad, retraimiento emocional, dificultades escolares, irritabilidad, miedo o conflictos familiares. Son manifestaciones profundamente ligadas al desarraigo y a la necesidad de reconstruir pertenencia en contextos sociales desconocidos y, muchas veces, hostiles. Sin embargo, ese duelo frecuentemente termina siendo interpretado institucionalmente desde categorías individualizantes que reducen experiencias sociales complejas a responsabilidades familiares.
Desde la experiencia cotidiana en programas de protección ambulatoria, una situación aparece de forma recurrente: problemáticas asociadas a pobreza, exclusión territorial o precarización laboral terminan transformadas en categorías técnicas como “negligencia parental”, “desprotección” o “déficit en competencias de cuidado”.
La madre migrante que trabaja extensas jornadas para sostener económicamente a su familia puede ser rápidamente leída como “ausente”. El niño que presenta retraimiento emocional producto del duelo migratorio puede convertirse en un caso de “afectación conductual”. Las dificultades habitacionales derivadas del alto costo de arriendo o del hacinamiento terminan muchas veces convertidas en indicadores de “riesgo familiar”.
Por supuesto, esto no significa negar la existencia de situaciones reales de vulneración de derechos. Existen y deben ser abordadas. El problema aparece cuando las instituciones reducen desigualdades estructurales y experiencias de duelo a fallas familiares individuales. Las políticas de protección infantil cumplen una función indispensable dentro de cualquier sociedad democrática. Sin embargo, también es necesario preguntarse desde qué modelos culturales e institucionales se construyen esas intervenciones. Porque las instituciones no son neutrales. Operan desde determinadas ideas sobre qué significa ser una “buena familia”, una “buena madre” o una “infancia protegida”.
Muchas veces, esos modelos responden a formas occidentales, urbanas y de clase media sobre crianza y organización familiar. Cuando las experiencias migrantes no encajan completamente dentro de esos parámetros, aparecen sospechas institucionales que pueden terminar reproduciendo exclusión y racialización.
Esto se observa cuando determinadas prácticas culturales son interpretadas automáticamente desde el déficit; cuando las familias migrantes deben demostrar constantemente que son “aptas” para cuidar; o cuando el duelo asociado a la migración es abordado exclusivamente desde categorías psicológicas descontextualizadas de las condiciones sociales que lo producen.
En la práctica cotidiana, muchas instituciones exigen a las familias niveles de estabilidad imposibles de sostener en contextos de sobrevivencia. Se solicita asistencia permanente a dispositivos institucionales pese a extensas jornadas laborales; supervisión constante de niños y niñas en escenarios de hacinamiento y trabajo informal; estabilidad emocional en medio de procesos de desarraigo, discriminación e incertidumbre migratoria. De esta manera, el duelo migratorio infantil corre el riesgo de ser psicologizado o moralizado, invisibilizando que gran parte del malestar no proviene únicamente de dinámicas intrafamiliares, sino también de condiciones estructurales profundamente desiguales.
Existe además una dimensión particularmente preocupante: la racialización institucional de determinadas familias migrantes. En distintos espacios de intervención social persisten imaginarios que asocian pobreza migrante con desorganización familiar, violencia o incapacidad parental. Así, ciertas corporalidades, acentos o nacionalidades quedan bajo sospecha permanente dentro de dispositivos que, paradójicamente, deberían garantizar protección y derechos. El problema no es solamente la ausencia de políticas públicas suficientes. También es la forma en que las instituciones producen categorías sobre normalidad, cuidado y familia. Cuando el duelo migratorio es interpretado únicamente como negligencia o déficit parental, el Estado deja de mirar las condiciones sociales que producen exclusión y comienza a focalizarse casi exclusivamente en corregir conductas familiares.
La consecuencia es peligrosa: transformar el duelo del desarraigo en una etiqueta institucional sobre quienes menos responsabilidad tienen en las desigualdades que enfrentan.
En Chile, el debate sobre migración continúa dominado por discursos de control, seguridad y administración de fronteras. Pero poco se discute sobre cómo los procesos de duelo impactan la vida cotidiana de las niñeces migrantes y cómo las propias instituciones pueden reproducir formas de exclusión bajo discursos de protección.
Avanzar hacia políticas de infancia con enfoque intercultural real implica mucho más que incorporar traducciones o actividades multiculturales. Requiere comprender que no toda precariedad constituye negligencia y que el duelo migratorio infantil no puede abordarse desconectándolo de su contexto histórico, territorial y político. También exige reconocer que la protección infantil no puede reducirse a supervisión y control familiar. Proteger implica garantizar condiciones materiales de vida digna, acceso efectivo a derechos sociales y reconocimiento pleno de las trayectorias migratorias. Porque cuando el Estado no logra comprender el duelo migratorio como una experiencia humana, social y política, existe el riesgo de que las políticas de protección terminen reproduciendo precisamente aquello que dicen combatir: exclusión, estigmatización y desigualdad.
Y entonces la infancia migrante deja de ser vista como sujeto de derechos para convertirse, una vez más, en una infancia bajo sospecha.
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Sobre la autora: Trabajadora Social (UV). Magister en Educación Inclusiva (UCEN), Magister © en Educación Intercultural (UMCE). Directora Consultora psicosocial Küme Mongen Spa. Asesora Técnica, Docente e Investigadora. Creadora de contenido en Instagram @carmen.ghj
