Chile ante la nueva geografía del poder económico
Mientras Chile atrae inversiones para alojar la infraestructura de la inteligencia artificial, el Congreso discute un presupuesto que reduce recursos destinados a investigación, equipamiento científico y transferencia tecnológica. La tensión revela un problema decisivo: disponer de computación no equivale a desarrollar las capacidades para aprovecharla.
La inteligencia artificial necesita electricidad, suelo, refrigeración y redes de comunicación. La tecnología que suele presentarse como la culminación de una economía inmaterial está devolviendo importancia estratégica a recursos profundamente materiales. Los algoritmos pueden circular por el mundo; las instalaciones donde se ejecutan necesitan territorios.
Chile quiere convertirse en uno de esos territorios. Sus recursos energéticos, su conectividad y su posición en el mercado regional favorecen la expansión de centros de datos. La industria ofrece inversión, empleo y servicios. Pero su crecimiento plantea una pregunta que las cifras de capacidad instalada no responden: ¿qué conocimientos y posibilidades productivas adquiere el país que recibe esa infraestructura?
La discusión del Presupuesto 2027 ha dado a esa pregunta una expresión política concreta. Mientras se anuncian nuevas inversiones computacionales, el Gobierno propone reducir recursos de programas destinados a equipamiento científico, investigación aplicada y transferencia tecnológica. Simultáneamente, incorpora financiamiento para facilitar el acceso a capacidad de cómputo de inteligencia artificial.
No existe una contradicción contable entre inversión privada y restricción presupuestaria. Tampoco puede suponerse que todo recorte reduzca proporcionalmente la producción científica. La tensión es de otra naturaleza: Chile busca ampliar su participación en una industria cuya utilización productiva depende de capacidades que requieren años de formación.
La infraestructura puede instalarse mediante una decisión de inversión. El conocimiento necesario para aprovecharla se construye mediante procesos acumulativos de aprendizaje.
El territorio de la inteligencia artificial
En Cerrillos, una comuna de Santiago, el proyecto de un centro de datos vinculado a Google abrió una controversia sobre el uso del agua y los efectos ambientales de la infraestructura digital. En febrero de 2024, el Segundo Tribunal Ambiental ordenó corregir aspectos de su evaluación relacionados con el cambio climático y sus posibles efectos sobre el acuífero Santiago Central. El proyecto había presentado anteriormente una modificación destinada a sustituir el sistema de refrigeración basado en agua por equipos enfriados por aire.
En octubre de 2026, el Servicio de Evaluación Ambiental determinó que la versión reformulada, conforme a los antecedentes presentados en una consulta de pertinencia, no requería ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Esa decisión no constituye una autorización general de construcción ni reemplaza otros permisos exigibles.
El episodio muestra que la infraestructura digital participa de conflictos conocidos por otras actividades económicas: acceso a recursos, efectos territoriales, regulación y adaptación tecnológica. Su aparente inmaterialidad desaparece cuando debe conectarse a una red eléctrica o resolver sus necesidades de refrigeración.
Según Colliers, Chile contaba durante el primer semestre de 2026 con 36 centros de datos operativos y aproximadamente 255 megavatios de capacidad instalada. La consultora identificó además 34 proyectos futuros, entre nuevas instalaciones y ampliaciones. Estas cifras describen una industria en expansión, aunque no permiten equiparar proyectos anunciados con inversiones ejecutadas ni capacidad instalada con utilización efectiva.
La Agencia Internacional de Energía estimó que los centros de datos consumieron alrededor de 415 teravatios-hora de electricidad en 2024. En su escenario central publicado en 2025, proyectó que esa demanda podría acercarse a 945 teravatios-hora en 2030. Las cifras comprenden el conjunto de los centros de datos, no exclusivamente instalaciones dedicadas a inteligencia artificial, pero ayudan a explicar la creciente importancia económica del suministro energético.
Chile puede beneficiarse de esa transformación. La inversión extranjera moviliza construcción, ingeniería, conectividad y servicios especializados. La especialización internacional permite que economías relativamente pequeñas participen en industrias que no podrían desarrollar íntegramente. No es necesario fabricar semiconductores ni controlar grandes plataformas para obtener ganancias económicas de la computación.
Pero la industria comprende actividades muy diferentes. Diseñar procesadores, fabricar equipos, operar instalaciones, comercializar servicios de nube y desarrollar aplicaciones exige conocimientos distintos. Una empresa puede proporcionar energía, espacio y refrigeración sin controlar los servidores alojados en sus edificios. Otra puede ofrecer capacidad computacional utilizando infraestructura de terceros.
La localización física de la computación no determina quién controla sus usos ni dónde se desarrollan las competencias tecnológicas asociadas.
Esta separación introduce una cuestión central para la economía del desarrollo. La inserción internacional puede generar beneficios inmediatos y, al mismo tiempo, ofrecer oportunidades desiguales de aprendizaje. Como advirtió Raúl Prebisch, el problema del desarrollo no se reduce a participar en el comercio mundial: también importa cómo se incorpora y difunde el progreso técnico. Celso Furtado profundizó esa preocupación al examinar las relaciones entre especialización, estructura productiva y transformación económica.
Los centros de datos no son equivalentes a las actividades primarias estudiadas por el estructuralismo latinoamericano. Sin embargo, plantean una pregunta emparentada: ¿cómo puede una economía transformar su participación en una industria internacional en capacidades que amplíen sus posibilidades futuras?
Inversión, aprendizaje y poder económico
La inversión extranjera puede contribuir a ese proceso. Las empresas locales pueden adquirir estándares técnicos, mejorar procesos y acceder a clientes más exigentes. Los trabajadores pueden desarrollar competencias transferibles. La investigación aplicada puede encontrar problemas y soluciones que den origen a nuevas actividades.
La evidencia internacional ofrece razones para considerar esos efectos, pero también para evitar conclusiones automáticas. Beata Javorcik mostró que los vínculos entre empresas extranjeras y proveedores nacionales pueden favorecer mejoras de productividad. Su investigación no autoriza a presumir que cualquier inversión producirá resultados equivalentes: importan las relaciones productivas y las capacidades de las empresas participantes.
Sanjaya Lall, Martin Bell y Keith Pavitt distinguieron la adquisición de tecnología de la acumulación de capacidades para utilizarla, adaptarla y mejorarla. Richard Nelson y Sidney Winter explicaron el carácter acumulativo del aprendizaje empresarial. Wesley Cohen y Daniel Levinthal mostraron que aprovechar conocimientos externos exige competencias previas: la denominada capacidad de absorción.
Estas contribuciones permiten examinar los centros de datos desde una perspectiva más exigente que la contabilidad de inversiones. Lo relevante no es únicamente cuánto capital llega, sino qué conocimientos adquieren las organizaciones nacionales y qué pueden hacer después con ellos.
El centro de datos de Google en Quilicura ofrece un punto de partida. En marzo de 2026, la compañía difundió estimaciones según las cuales sus inversiones en infraestructura digital habían contribuido con aproximadamente 191.600 millones de pesos al PIB chileno y sostenido unos 5.520 empleos anuales, considerando promedios de 2021 a 2023.
Las cifras representan estimaciones de impacto económico presentadas por la empresa. No equivalen a miles de puestos permanentes dentro de una instalación ni demuestran transferencia tecnológica. Para evaluar sus efectos sobre las capacidades nacionales sería necesario identificar proveedores, servicios contratados, competencias adquiridas y cambios posteriores en productividad o acceso a mercados.
Existen señales de articulación con el sistema de formación. En febrero de 2026, el Ministerio de Ciencia y ChileValora presentaron perfiles ocupacionales para la industria. INACAP también desarrolló iniciativas de colaboración con empresas del sector, incluido un centro didáctico orientado a la operación de centros de datos.
Son avances institucionales concretos. Su contribución al desarrollo dependerá de cuántos trabajadores adquieran competencias efectivamente demandadas, de su movilidad hacia otras actividades y de las oportunidades empresariales que esas competencias permitan crear.
El aprendizaje tiene, además, una dimensión distributiva. Una empresa nacional puede desarrollar servicios especializados y competir con nuevos clientes. También puede quedar vinculada a tecnologías o plataformas cuyos costos de sustitución limiten sus alternativas. La adquisición de conocimientos no elimina necesariamente las asimetrías comerciales.
Gary Gereffi, John Humphrey y Timothy Sturgeon mostraron que las cadenas globales de valor se organizan mediante relaciones de coordinación y control diferentes. Participar en una cadena no determina por sí solo cuánto conocimiento se adquiere ni qué decisiones puede tomar cada empresa.
La economía política de la infraestructura computacional exige observar ambas dimensiones: las competencias que se desarrollan y las relaciones económicas dentro de las cuales podrán utilizarse.
Sin información independiente sobre proveedores y trayectorias laborales, sería prematuro describir la industria chilena como un enclave tecnológico. También lo sería afirmar que ya está transformando la estructura productiva. La pregunta debe permanecer abierta a la investigación, pero no por ello pierde importancia política.
El presupuesto de las capacidades
La discusión presupuestaria introduce una dimensión menos visible que las inversiones anunciadas: la capacidad del Estado para sostener los recursos complementarios que requiere el aprendizaje tecnológico.
El proyecto de Presupuestos 2027 contempla aproximadamente 545.355 millones de pesos para el Ministerio de Ciencia, una reducción del 6,4 % respecto de la base comparable ajustada de 2026 utilizada en la presentación gubernamental. Si la comparación se realiza con los recursos inicialmente aprobados para ese año, expresados en moneda de 2027, la disminución se aproxima al 10 %. Las diferencias responden a bases de cálculo distintas y deben interpretarse como tales.
Dentro de la propuesta, el Fondo de Equipamiento Científico y Tecnológico, Fondequip, registra una reducción cercana al 79 % respecto de su base ajustada. También disminuyen asignaciones destinadas a investigación aplicada, transferencia tecnológica y formación avanzada.
Al mismo tiempo, el proyecto incorpora aproximadamente 412 millones de pesos para subsidiar acceso a capacidad de cómputo de inteligencia artificial destinada a investigación, desarrollo e innovación.
La nueva asignación representa una decisión pertinente si el acceso computacional constituye una restricción efectiva para determinados investigadores y empresas. Pero su utilidad depende de los recursos que acompañen ese acceso.
Un equipo científico puede necesitar procesadores avanzados y carecer de presupuesto para utilizarlos. Otro puede disponer de servicios computacionales y no contar con personal, datos o financiamiento suficiente para desarrollar sus proyectos. La misma intervención tendrá efectos distintos en cada situación.
La economía del desarrollo permite comprender por qué. Las capacidades productivas no surgen de la acumulación aislada de insumos, sino de su articulación dentro de organizaciones capaces de aprender. Un subsidio al cómputo puede eliminar un obstáculo decisivo o financiar un recurso que no constituye la principal restricción.
La pregunta presupuestaria no es, por tanto, si conviene financiar inteligencia artificial en vez de ciencia tradicional. Es qué combinación de recursos permite producir conocimientos, desarrollar aplicaciones y sostener nuevas actividades.
El Gobierno defiende el ajuste mediante argumentos de responsabilidad fiscal, focalización y continuidad de compromisos. Son consideraciones económicas relevantes. El gasto público tiene costos de oportunidad, y la existencia histórica de un programa no garantiza su eficacia. Algunos instrumentos pueden necesitar rediseños o reasignaciones.
Pero las decisiones fiscales también tienen consecuencias temporales. Un presupuesto se aprueba para un año; las capacidades científicas pueden requerir décadas de acumulación. La interrupción de proyectos, la pérdida de equipos especializados o el deterioro de infraestructura pueden generar costos que no se reflejan inmediatamente en la ejecución presupuestaria.
No corresponde presumir que esos efectos ocurrirán en todos los programas afectados. Sí corresponde exigir que se evalúen antes de adoptar decisiones capaces de producirlos.
La controversia llegó al Congreso. El 21 de octubre, la Cuarta Subcomisión Mixta de Presupuestos rechazó la partida del Ministerio de Ciencia. El rechazo no eliminó sus recursos ni determinó el resultado final de la tramitación, pero evidenció un desacuerdo político sobre las prioridades propuestas.
La discusión ofrece una oportunidad para superar una evaluación fragmentada del gasto. Equipamiento científico, formación avanzada, investigación aplicada, transferencia tecnológica y acceso a cómputo cumplen funciones diferentes. Su rendimiento depende parcialmente de la disponibilidad de los demás.
La consolidación fiscal puede ser compatible con una estrategia de desarrollo tecnológico. Para demostrarlo, sin embargo, no basta con presentar reducciones y nuevas asignaciones por separado. Es necesario explicar cómo la combinación resultante preservará o ampliará las capacidades que el país considera prioritarias.
Negociar infraestructura, construir capacidades
El problema presupuestario se conecta con una política que Chile ya había formulado.
El Plan Nacional de Data Centers 2024–2030 contempla, en su medida número 8, negociar con empresas internacionales capacidad de cómputo para proyectos de investigación y desarrollo de instituciones chilenas. El instrumento reconoce una distinción fundamental: atraer infraestructura no equivale a asegurar acceso a sus servicios.
La medida establece un horizonte de negociación y una meta de acuerdos. Pero la existencia de ese compromiso no permite determinar cuánta capacidad computacional se encuentra efectivamente disponible para los investigadores nacionales.
Para evaluarlo se requieren datos sobre convenios suscritos, características técnicas, precios, beneficiarios y utilización. Contabilizar acuerdos es insuficiente si no se conoce el servicio que proporcionan y los proyectos que hacen posibles.
La distinción importa porque la capacidad computacional es heterogénea. No todas las GPU sirven para las mismas tareas. El entrenamiento de modelos avanzados puede requerir clústeres especializados, mientras numerosas aplicaciones empresariales utilizan servicios de inferencia o recursos menos exigentes.
Tampoco existe una razón económica para exigir que toda computación utilizada en Chile esté físicamente localizada en el país. Algunas actividades requieren proximidad, continuidad operacional o condiciones específicas de tratamiento de datos. Otras pueden ejecutarse de manera competitiva mediante servicios internacionales.
La política pública dispone de distintas alternativas: compras competitivas, convenios con proveedores, infraestructura compartida y mecanismos de financiamiento para usuarios. Su conveniencia depende de los problemas que busquen resolver.
El régimen brasileño REDATA, aprobado en 2026, vincula beneficios tributarios con compromisos empresariales de provisión de servicios y otras condiciones. India, por su parte, ha desarrollado mecanismos de acceso compartido a capacidad computacional para proyectos nacionales. Son experiencias que muestran distintas formas de intervención, no pruebas de que una cuota de capacidad sea siempre superior a una contratación competitiva.
La comparación debe considerar costos, calidad, disponibilidad, riesgos de dependencia y beneficios adicionales de aprendizaje.
Dani Rodrik ha defendido políticas industriales orientadas a descubrir actividades viables mediante colaboración y experimentación, acompañadas de mecanismos de evaluación. Ricardo Hausmann y el propio Rodrik mostraron que la diversificación productiva enfrenta problemas de información: antes de invertir, las empresas no siempre conocen los costos de actividades que todavía no se desarrollan localmente.
Esta perspectiva resulta pertinente para Chile. La oportunidad más prometedora podría no consistir en reproducir toda la industria global de inteligencia artificial, sino en desarrollar actividades complementarias vinculadas con capacidades existentes: ingeniería energética, operación de infraestructura, eficiencia, software especializado e integración de soluciones para sectores productivos.
Pero ninguna de esas actividades debe declararse estratégica por su sola proximidad con la IA. Su viabilidad requiere demanda, empresas capaces de competir y oportunidades verificables de aprendizaje.
Una política industrial puede contribuir a ese proceso cuando identifica restricciones específicas y produce beneficios adicionales. También puede fracasar si subsidia actividades que se habrían desarrollado igualmente, protege proyectos inviables o concentra recursos en beneficiarios con mayor capacidad de influencia.
La cuestión no es imponer obligaciones simbólicas a las empresas tecnológicas. Es negociar instrumentos que amplíen las posibilidades nacionales de investigación y producción sin desconocer sus costos ni las alternativas de inversión.
La capacidad de elegir
La expansión de la inteligencia artificial está modificando la importancia económica de la energía, la conectividad y los territorios capaces de alojar infraestructura. Chile participa de esa transformación y tiene razones para aprovecharla.
Pero el atractivo territorial no equivale a poder de negociación ilimitado. Las empresas comparan localizaciones, condiciones regulatorias, costos eléctricos y posibilidades de expansión. Exigencias desproporcionadas pueden desalentar inversiones beneficiosas; incentivos sin resultados adicionales pueden transferir recursos públicos sin transformar capacidades nacionales.
La política industrial debe actuar dentro de esa tensión.
Tampoco corresponde confundir autonomía tecnológica con autosuficiencia. Chile puede utilizar infraestructura extranjera, adquirir servicios internacionales y desarrollar aplicaciones mediante tecnologías que no produce. Lo importante es disponer de competencias para evaluar esas opciones, adaptarlas y sustituir proveedores cuando resulte necesario.
Henry Farrell y Abraham Newman han mostrado cómo determinadas estructuras de interdependencia económica pueden generar vulnerabilidades y posibilidades de coerción. Su análisis no implica que toda dependencia tecnológica constituya una amenaza, pero recuerda que las alternativas disponibles también forman parte del poder económico.
Para una economía pequeña y abierta, la autonomía consiste menos en poseer todos los activos que en ampliar su capacidad de decisión. Esa capacidad depende de trabajadores especializados, empresas competitivas, instituciones de investigación y acceso a tecnologías en condiciones sostenibles.
La expansión de centros de datos puede contribuir a construirla. Su contribución no debe presumirse ni descartarse.
La discusión del Presupuesto 2027 muestra por qué el desarrollo tecnológico no puede evaluarse únicamente mediante inversiones anunciadas o megavatios instalados. Mientras la infraestructura computacional gana importancia, el Estado debe decidir cómo financiar el sistema de conocimientos que permitirá aprovecharla.
Las decisiones no son independientes. La inversión privada puede crear oportunidades de aprendizaje; la política científica y productiva influye en quién estará preparado para utilizarlas. Una estrategia de desarrollo debe comprender ambas dimensiones y evaluar sus resultados conjuntamente.
Chile no necesita elegir entre recibir centros de datos y desarrollar capacidades tecnológicas. Tampoco puede suponer que una de esas decisiones resolverá automáticamente la otra.
La contradicción decisiva aparece cuando un país celebra la infraestructura que llega sin examinar con igual rigor las capacidades que necesita construir para aprovecharla.
En la nueva geografía de la inteligencia artificial, alojar computación puede ser una ventaja. Convertirla en conocimiento, innovación y nuevas posibilidades productivas seguirá siendo una tarea económica y política.
Jessica Cuadros Ibáñez
Economista
Referencias bibliográficas y documentales
Economía del desarrollo y capacidades productivas
Bell, Martin, y Keith Pavitt (1993). «Technological Accumulation and Industrial Growth: Contrasts Between Developed and Developing Countries». Industrial and Corporate Change, 2(2), 157–210.
Cohen, Wesley M., y Daniel A. Levinthal (1990). «Absorptive Capacity: A New Perspective on Learning and Innovation». Administrative Science Quarterly, 35(1), 128–152.
Furtado, Celso (1961). Desenvolvimento e subdesenvolvimento. Rio de Janeiro: Fundo de Cultura.
Hausmann, Ricardo, y Dani Rodrik (2003). «Economic Development as Self-Discovery». Journal of Development Economics, 72(2), 603–633.
Lall, Sanjaya (1992). «Technological Capabilities and Industrialization». World Development, 20(2), 165–186.
Nelson, Richard R., y Sidney G. Winter (1982). An Evolutionary Theory of Economic Change. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.
Prebisch, Raúl (1949). El desarrollo económico de la América Latina y algunos de sus principales problemas. Santiago: CEPAL.
Cadenas globales de valor, inversión y política industrial
Farrell, Henry, y Abraham L. Newman (2019). «Weaponized Interdependence: How Global Economic Networks Shape State Coercion». International Security, 44(1), 42–79.
Gereffi, Gary; John Humphrey y Timothy Sturgeon (2005). «The Governance of Global Value Chains». Review of International Political Economy, 12(1), 78–104.
Javorcik, Beata S. (2004). «Does Foreign Direct Investment Increase the Productivity of Domestic Firms? In Search of Spillovers Through Backward Linkages». American Economic Review, 94(3), 605–627.
Rodrik, Dani (2004). «Industrial Policy for the Twenty-First Century». Documento de trabajo.
Fuentes documentales y sectoriales
Agencia Internacional de Energía (2025). Energy and AI.
Colliers Chile (2026). «Colliers: 34 nuevos data centers en Chile».
Dirección de Presupuestos de Chile (2026). Proyecto de Ley de Presupuestos 2027.
Google (2026). «10 datos sobre el centro de datos de Google en Quilicura, Chile».
Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación (2024). Plan Nacional de Data Centers 2024–2030.
Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación (2026). «Chile define perfiles laborales para fortalecer la industria de los data centers».
OCDE (2026). Securing AI Compute.
Segundo Tribunal Ambiental (2024). Sentencia sobre Cerrillos Data Center.
