Esta paráfrasis de Nicanor Parra de “El pueblo unido jamás será vencido”, fue presentada en un momento de máxima polarización política durante el gobierno de Salvador Allende, levantando ampollas a diestra y siniestra. No era, sin duda, el momento de decirla. Pero los tiempos ―que en política lo son todo―, en un buen escritor se invierten para contar a destiempo lo que no se debe contar; es su oficio.
Sin embargo, ahora podemos afirmar que es quizás la frase más política de Parra. Es más, ahora es el momento político en que esa frase adquiere plena vigencia por estar Chile instalado en definiciones históricas que pueden cambiarlo en un país próspero, justo y en paz o uno arruinado, injusto y con revueltas sociales permanentes. En momentos cruciales de un país siempre la mayoría del arco político se une para alcanzar una base sólida de entendimiento democrático. Europa es el mejor ejemplo.
En efecto, después de la Segunda Guerra Mundial en la mayoría de los países europeos se llegó a un acuerdo político transversal para crear una sociedad con un Estado social que garantizara para las grandes mayorías los derechos universales y de calidad en salud, educación, pensiones y vivienda, como la mejor forma de consolidar la cohesión y la paz sociales, consagrándose en la Sociedad del bienestar. Nadie puede negar que esa unión política fundacional ha producido el mejor nivel de justicia social de la historia y una riqueza sin precedentes. Este es el modelo que esencialmente propone la centroizquierda e izquierda chilenas.
EE.UU., el país modelo de la derecha, siendo el más rico del mundo, no tiene cobertura universal en salud y educación; posee más de 40 millones de pobres; el ascensor social es selectivo, y las injusticias sociales se reproducen. El tímido Obamacare ―protección sanitaria para 20 millones de pobres― Donald Trump lo dinamita acusándolo poco menos de ser una amenaza comunista. En EE.UU. “la izquierda y la derecha unidas jamás serán vencidas” nunca ha existido Chile, que tiene preferentemente una cultura política más europea que norteamericana, por primera vez en su historia tiene la posibilidad de repartir una riqueza producida ―reconozcámoslo― bajo un neoliberalismo administrado desde la caída de la dictadura (1990) por la centroizquierda (24 de 30 años) con el lema “crecimiento con equidad”, enraizando el discurso de la igualdad ―reconozcámoslo también― en las nuevas generaciones. No obstante, la derecha ha obstruido sistemáticamente en el Parlamento toda tentativa de una mejor distribución del ingreso y del poder, el mayor problema estructural de Chile causante de la revuelta popular del 18/10/2020: el 1,01% de una élite se lleva más del 56% de la riqueza total del país a costa de que la mayoría de la población viva en la pobreza relativa (teniendo trabajo, viven en la frontera de la pobreza). La derecha, empantanada y atrincherada en la institucionalidad pinochetista; apologista de un neoliberalismo ortodoxo, y aliada con los dueños del poder económico-financiero y con un duopolio comunicacional, configurando un auténtico poder de facto, impidió la última propuesta de un cambio estructural tranquilo que propuso la Administración de Michelle Bachelet que, a pesar de tener mayoría parlamentaria, la derecha y los poderes de facto articularon una campaña del terror y un lockout empresarial, apoyado por el Tribunal Constitucional, transformado en una tercera cámara legislativa por obra de la derecha que, como no tenía los votos en el Parlamento, presentó recursos de inconstitucionalidad contra las reformas bacheletistas. Fue la última oportunidad de un cambio tranquilo. Sólo quedó la estampida popular.
El acuerdo del 25/09/2020 ―bajo ‹‹estallido social››― establece que en un plebiscito se aprobará o rechazará una nueva Constitución. Según todas las encuestas, el Apruebo con Convención Constituyente ganará; es decir, en una elección en Abril-2021 se elegirán 155 personas que redactarán la Constitución. Una de las cláusulas del acuerdo, es que cada artículo debe ser ratificado por un quorum del 2/3 (103 de 155). Por lo tanto, el desenlace de la encrucijada histórica de Chile es la elección de las personas que redactarán la Constitución. Si la derecha dura logra mayoría podría redactar una Constitución tanto o más ultraconservadora y excluyente que la de Pinochet, pero ahora con garantía democrática.
La unión política de derechas, centros e izquierdas, ya está aquí: el histórico acuerdo para plebiscitar una nueva Constitución, lo firmó casi todo el arco político, excepto el partido comunista; y el Apruebo con Convención Constitucional es transversal. Pero, es imperativo un Contrato Social para que en la Convención Constituyente una mayoría, 103 de 155, pueda institucionalizar un Estado social con capacidad financiera para garantizar la seguridad social. Es decir, constitucionalizar la forma más justa de repartición de la riqueza para asegurar un Chile cohesionado y con paz social.
El mantenimiento de la desigualdad socioeconómica es por voluntad política de quienes ostentan el poder, formal y de facto. Mantener la desigualdad sólo garantiza estallidos sociales permanentes. Por lo tanto, por voluntad política transversal, también puede extinguirla la invencible unión estratégica e instrumental de la derecha social, la centroizquierda y la izquierda. Como en Europa hace más de seis décadas.
