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La lucha mapuche 2. Producción escrita y coyuntura en la Araucanía. Por Pablo Muñoz Acosta

El trabajo que en la edición digital Le Monde Diplomatique publicó el 27 de septiembre de 2021 correspondió a nuestras definiciones históricas, de las cuales derivamos propuestas políticas relativas a encarar las demandas irresolutas de los pueblos-naciones desde Bío-Bío a Llanquihue y Chiloé, y especialmente lo mismo como antecedente respecto del proceso de la violencia en Arauco y Malleco.

En la presente contribución queremos enfocar una parte de la producción escrita relativa a la Araucanía, al menos desde tres temáticas, distinción en que hemos agrupado lo que en el último tiempo se ha publicado en diversos medios, y cuyas materias son: 1. La historia de la Araucanía, la Frontera, y los pueblos -naciones pobladores del territorio de Chile, sus demandas a la espera de soluciones racionalmente negociables, 2. La implementación de una nueva institucionalidad, y 3. El conflicto por tierras y sus características que se expresan en la violencia actual en Arauco y Malleco. A la descripción de cada parte, le hemos incorporado aquellas últimas acciones que, informadas por medios de prensa, reflejan una síntesis entre esas temáticas, y que emiten señales de la aplicación de políticas de corto, mediano y largo plazo en la Araucanía.

La primera de ellas es la totalidad de la producción científica y social e histórica como fundamento de la plurinacionalidad, pluriculturalidad, la diferencia cultural, etcétera, y que actualmente sus normas se afinan para desembocar en el articulado de la próxima constitución política. En segundo lugar, están las publicaciones de las organizaciones mapuche, tanto las que reivindican la lucha armada como las que siendo solidarias con las primeras no comparten el ejercicio de la violencia como método de acción en procura de objetivos políticos. Unas y otras sin embargo esperan que, en una nueva institucionalidad, el Estado de Chile asuma, acepte e implemente, además con el concurso de la totalidad de las organizaciones mapuche, entre una multiplicidad de demandas, los contenidos mínimos por la legítima coexistencia de modos y formas productivas diferentes, desiguales y combinadas en Arauco y Malleco. Finalmente hemos reseñado una parte de lo que el periodismo de investigación ha venido trabajando en esta zona, y que ha puesto foco a la violencia que allí se produce, reconociendo una variada y antagónica procedencia. Las dos primeras tienen un trasfondo histórico de larga data, por su parte el periodismo de investigación nunca ha desconocido las raíces históricas de sus artículos, prefiriendo centrar la dimensión temporal desde 1990 en adelante.

El paradigma político de la primera temática es la pluriculturalidad, plurinacionalidad, defensa de los valores, cultura y cosmovisión mapuche, tanto la antigua como la que ha resistido al empuje homogeneizador desde el Estado de Chile, entre otros conceptos cardinales. Es una contribución directa tanto al articulado específico de la próxima constitución política, como al reforzamiento formativo de los cuadros dirigentes que implementarán una nueva relación de los pueblos-naciones que habitan Chile, con el Estado. En esta línea se inscribe la continuidad de la denuncia que, desde finales del siglo XIX, historiadores, abogados, antropólogos, profesores, periodistas, sacerdotes, y funcionarios públicos, efectuaron del asesinato, el despojo y su legalización, el fraude, los escritos presentados por testaferros y que la justicia civil acogiendo a tramitación devinieron en las impugnaciones a contar de 1930, y varios etcéteras. El conjunto de ambas distinciones y su fundamentación científica, en marzo de 2003 fue entregado al ejecutivo con el nombre de Informe Comisión Verdad Histórica y Nuevo Trato.

Reiteremos que el contenido de varias publicaciones que se inscriben en la primera temática, ha continuado afinando la construcción e implementación de la nueva institucionalidad. Lo anterior resulta comprensible, pero han evitado indicar el vínculo político entre nueva institucionalidad política y cultural, y los mecanismos para negociar los contenidos mínimos de negociación en Arauco y Malleco. La violencia en esa zona, directamente procede de lo irresoluto de esas demandas y sin desconocer el conjunto de razones por las cuales la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), asumió la violencia armada desde mediados de la década de 1990.

Los artículos y notas periodísticas que desde finales de 1998 ha producido y se han informado en cuanto al accionar de la CAM, revela que su autoría desciende –aparte y desde su dirigencia– de historiadores, antropólogos, periodistas y dirigentes políticos de esa y de otras organizaciones.

Destaquemos que, en marzo de 2000, la CAM, y luego del establecimiento de acuerdos estratégicos con el Consejo de Todas las Tierras y con la Identidad Territorial Lafkenche, publicó el documento: “Planteamiento político estratégico de las comunidades en conflicto Arauco Malleco”. En ese documento están casi todos los por qué y para qué de su accionar armado y de propaganda, donde se incluye lo que esa organización denomina “recuperaciones efectivas”, el incendio de maquinaria forestal, casas, bodegas y galpones de empresarios y latifundistas sindicados como los financistas del dispositivo armado empresarial. La CAM, públicamente ha reconocido aquellos actos de violencia de su autoría, pero también ha dejado en claro los casos en que la violencia proviene otros grupos para militares. Finalmente, en el último quinquenio, el periodismo de investigación ha centrado su atención en el foco de la violencia: Arauco y Malleco, indicando el accionar de al menos seis dispositivos para militares en la zona, y que responden a los intereses y opciones de la CAM, a las del pequeño y mediano empresariado forestal, el latifundio, y del crimen organizado. Cabe también al periodismo de investigación, con el apoyo de organizaciones culturales mapuche, la Defensoría Penal Pública de la provincia de Cautín, el haberle salido al paso a varios de los burdos montajes que el anterior gobierno implementó a través de la policía uniformada. Recordemos que fue CIPER-Chile el que publicó un informe confidencial que en 2015 la Dirección de Inteligencia de Carabineros de Chile, (Dipolcar), envió al ejecutivo, donde con nombres y apellidos identificó a varios de los integrantes de los auto denominados grupos de autodefensa de Cautín a Llanquihue, previendo que esa organización evolucionaría hacia la utilización de armas de fuego, cortas y largas. En ese mismo informe, la Dipolcar, también señaló que las ocupaciones de fundos y/o franjas de terrenos que los mapuche estaban ejecutando, se debían a que la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), les había prometido su adquisición. Es muy posible que en el 2015 o un poco antes, quizá desde el 2003, unos y otros hayan esperado que la Conadi, haciendo uso del fondo de tierras, compraría fundos y/o franjas de terreno. Como ese proceso de compra o no se produjo, o se detuvo, o lo que es peor; en los últimos años sigue estando detenido, seguramente por discrepancias a la hora de calcular el precio de compra-venta, la CAM evolucionó hacia la ofensiva.

Tal y como profundizaremos más adelante, corresponderá a los servicios de inteligencia y a las policías el desarticular esos dispositivos armados, pero, y en paralelo, al actual gobierno le corresponderá hacer realidad lo que hemos definido como los “contenidos mínimos de negociación”.

Profundizando en la primera de las temáticas, prolífica ha sido y sigue siendo la producción escrita de los fundamentos históricos para establecer un nuevo trato con los pueblos -naciones de Chile, y evitar que siga el recorte de tierras. En su origen inmediato, lo que ahora se discute en la Convención Constitucional, procede del informe de la “Comisión Verdad Histórica y Nuevo Trato”, (28 de octubre de 2003), texto donde también se indican decenas de casos pendientes por el tema de las tierras. Por ejemplo, en el territorio entre el río Bío-Bío al Toltén, hay demandas que requieren un reestudio y cuyos antecedentes datan de 1883. En el territorio entre Toltén a Llanquihue, se sigue esperando una resolución final respecto de los títulos de propiedad otorgados por el Estado de Chile antes de 1857, y que la legislación constitutiva de la propiedad austral dictada a contar de 1928, pese a no declararlos ilegales, tampoco declaró como propietarios a los indicados en esos títulos, por ejemplo, los títulos de comisario, y otros de esa misma naturaleza y anteriores a los otorgados por el proceso Radicatorio. No dejan de ser paradojales las demandas que comunidades mapuche – huilliche desde el río Toltén y hasta Llanquihue, las cuales conservan títulos de comisario, u otros otorgados por el Estado, antes del proceso Radicatorio, o terrenos comprendidos en la cabida de mercedes otorgadas producto de la Radicación, y que, habiéndose perdido una parte de esa superficie en juicios impugnatorios, los propietarios reconocidos por fallo judicial, no hayan solicitado el desalojo, y que reconociendo la ocupación material no les reconozcan la propiedad. En las actuales provincias de Valdivia y Osorno, el agiotismo y el ejercicio del derecho de ocupación, entre otros mecanismos como vía de apropiación particular de terrenos fiscales y/o despojo de tierras mapuche, ya eran conocidos oficialmente hacia 1830, pero se habían iniciado en 1647, constituyendo los rasgos distintivos en la historia de la constitución de la propiedad rural en esa zona, y por tanto será información cardinal al momento de iniciarse las negociaciones relativas a saneamiento de títulos, compensaciones y expropiaciones de terrenos en las provincias de Valdivia y Osorno.

Otro ángulo al que últimamente también se le han dedicado libros y artículos a propósito de una futura mesa de diálogo en la Araucanía, y que se adscriben tanto a los fundamentos históricos como a las razones primarias que originaron la CAM, corresponde a los Parlamentos, especialmente los de Negrete en 1793 y 1803, y el que en 1825 se acordó en Tapihue. Lo medular de esos Parlamentos, y que tanto la CAM como otras organizaciones mapuche y varias publicaciones académicas actuales han recordado es que, respectivamente los de Negrete fueron tratados internacionales firmados por la monarquía española, en que ésta – lo cual sí está en el texto oficial- reconoció a los mapuche la posesión de su tierra, pero el soberano nominal de ellas era el Rey de España. Por tanto, afirman, el Estado de Chile ha incumplido tratados internacionales y después de 1862, simplemente invadió un territorio independiente. Una declaración de ese tipo revela ir en ruta de colisión directa hacia el primero de los textos constitucionales de la naciente república de Chile, y con el que definitivamente se inició la guerra cívico militar por la independencia política de Chile. El primer texto constitucional, el de 1812, en sus artículos quinto y sexto estableció que ninguna orden emanada de un poder extranjero tendría validez en Chile, y que quienes las impulsaran serían declarados reos del Estado. Por su parte, el tratado de Tapihue estableció, y por vez primera en términos formales, la coexistencia de dos sistemas de justicia, por cuanto todos los operativos del dispositivo guerrillero realista, sus aliados y delincuentes chilenos y/o mestizos que fueran apresados al sur del Bío-Bío serían entregados a las autoridades chilenas, y que los mapuche de la guerrilla realista, al igual que la delincuencia mapuche apresada al norte del Bío-Bío, sería entregada a las jefaturas mapuche. Una futura relación parecida a esa naturaleza jurídica está siendo discutida y de quedar en el articulado final será plebiscitada. El tratado de Tapihue institucionaliza al menos hasta 1830, una coyuntural práctica penal de convivencia fronteriza para mantener la independencia del territorio separado por el río Bío-Bío, pero igualmente en la zona fronteriza entre los ríos Toltén y Cruces. No obstante, recordemos que un número indeterminado de los asistentes por parte de la administración española de Chile a los últimos parlamentos del siglo XVIII, iniciada la guerra cívico y militar por la independencia de Chile, o arrancaron, murieron en combate, fueron apresados, abjuraron de la monarquía española, o fueron expulsados del país.

En el caso de los firmantes del tratado de Tapihue, especialmente las autoridades chilenas, tanto las centrales como regionales, en 1830 fueron derrotadas en la batalla de Lircay, y en el caso de las jefaturas mapuche, el ajuste de cuentas vendría a contar de 1862. Como sabemos, las guerras se inician formalmente desconociendo tratados anteriores, y uno de los resultados es que el bando vencedor se apropia, reparte y/o administra el capital de los vencidos. En buenas cuentas, a mediados del siglo XIX ¿qué podrían importarles a los poderes del Estado de Chile, a la oligarquía latifundista, al sector comercial, a la delincuencia de la zona central, a los soldados, peones, inquilinos, y jornaleros urbanos, y así por el estilo, tratados anteriores firmados por quienes habían sido sus enemigos, cuando al sur del Bío-Bío se extendían fértiles terrenos?, ¿y respecto de los acuerdos de Tapihue, para la fracción culta e ilustrada de la clase dirigente chilena y sus pares argentinos, la zona fronteriza al sur del Bío-Bío, acaso no era el refugio de todo tipo de criminales, y en donde se practicaban las más abyectas y nefandas conductas del género humano, en otras palabras, el núcleo de la Barbarie, del Salvajismo, y la negación de todo lo que esos sectores definían como la Civilización?

Cada uno de los fundamentos históricos que cada pueblo poblador anterior a la ocupación/invasión española del siglo XVI presentó ante la Convención Constitucional, como razón y legitimidad moral de sus demandas por restitución, compensación, y/o reconocimiento, han sido producto de años de investigación y luchas, y del aporte desinteresado de muchos otros y otras. El reparto de la Araucanía, y el recorte de terrenos, el cual continúa, pero que la nueva institucionalidad debe detener, implicó que si en 1862 los mapuche controlaban un territorio de 9.5 millones de hectáreas, según cálculos efectuados en 1930, ya no disponían más que de medio millón, superficie que desde esa fecha, y producto de juicios, lentamente ha ido disminuyendo. Esos guarismos y precisiones, lo que es crucial de tener en mente, son más válidos para el espacio entre los ríos Bío-Bío al Toltén. Recordemos que el derecho de posesión español y las Leyes de Toro, fueron reconocidos por el Código Civil de Chile, el que entró en vigencia a contar del 01 de enero de 1857. La constitución de la propiedad privada rural, desde el río Toltén y hasta la actual Llanquihue, empieza con la refundación de Valdivia en 1647. El definitivo reconocimiento legal de la propiedad privada rural en esta zona se inició a contar de 1928. Por otro lado, en el espacio entre los ríos Toltén a Cruces, solamente a contar de 1898, el Estado de Chile permitió que algunos de los chilenos pobres procedentes del Valle Central y desde Argentina, es decir los también conocidos como los inmigrantes nacionales y los repatriados, pudieran hacerse de un pedazo de terreno. Por tanto, la constitución de la propiedad privada rural desde la Araucanía hasta Llanquihue, o, lo que desde el punto de vista de los mapuche fue la legalización del despojo, operó de forma parecida, pero en tiempos distintos y en tres espacios territoriales. Y estas distinciones son y serán importantes llegado el momento de distinguir hasta dónde y qué se puede negociar, puntualmente respecto de tierras y compensaciones económicas. Empero irrite a varios y varias estudiosas, y aunque haya sido por generar rentas fiscales desde la Araucanía hasta Llanquihue- es decir que la oligarquía de ese momento recibiría dinero para cambiarlo de bolsillo- e insistiendo en las diferencias regionales relativas a la constitución de la propiedad privada rural/despojo legalizado, y las situaciones aún pendientes, de no haberse decretado leyes prohibitivas, empezando por la de 1874, la de 1883 y 1893, el latifundio se habría extendido hasta el río Toltén, y de sur a norte, de no haberse dictado la prohibición de 1893, y en 1928 la legislación constitutiva de la propiedad austral, el latifundio se habría expandido hasta el límite norte de la provincia de Valdivia. La violencia en Arauco y Malleco y su procedencia, son un problema de estado; es desde la solución política el espacio para adecuar la juridicidad, y negociar las cuestiones económicas, y no al revés. Dejar de considerar las diferencias en la forma y los mecanismos por los cuales se produjo la formación de la propiedad privada rural en cada uno de esos tres espacios, empezando desde 1647 y hasta el presente, desde Bío-Bío a Llanquihue, es un profundo error político, y no considerarlas en un proceso de negociación, aparte de ignorancia e insistir en la ofensiva, desdeñando la correlación de fuerzas políticas, una forma de izquierdismo e infantilismo, parafraseando a Lenin.

Una futura constitución política que definirá a Chile como una república plurinacional, regional, pluricultural, y con sistemas de justicia, implicará, entre una decena de otras precisiones, reformular la legislación relativa a los préstamos hipotecarios para las comunidades aún dentro del título de merced. Únicamente las fracciones y/o grupos de interés más castradores y ególatras, aducirán que los mapuche desean ser chilenos, que terminarán olvidando el mapuzugun, serán cristianos, y que por el recuerdo de remates por deudas hipotecarias suscritas por una comunidad jurídica, preferirán la división y convertirse en minifundistas. Una futura legislación debe proponer la alternativa de que la división no sea, como ha sido, por la amenaza del remate por deudas hipotecarias impagas, e incluso el que una ex comunidad jurídica convertida en comunidad cultural de propietarios minifundistas y de haber acuerdo entre sus integrantes, pueda volver al régimen jurídico comunitario.

Últimamente la producción escrita del grueso de las organizaciones mapuche, y de un variado grupo de historiadores y antropólogos, más bien por cuestiones estratégicas direccionadas a seguir dotando de contenido la nueva institucionalidad, ha evitado asignar responsabilidades por los incendios, los asesinatos, la violencia y la propaganda armada en Arauco y Malleco. Algunos días antes de la asunción del nuevo gobierno, la CAM reivindicó la lucha armada. Las reacciones por la prensa no se hicieron esperar. Llamativa resultó la publicada por el Observatorio Ciudadano, la que afirmó que esas declaraciones no eran sino el mayor impedimento para el diálogo en la Araucanía. Sin embargo, una semana después, y en paralelo a la visita de la ministra del interior a Malleco, la CAM, condicionó el diálogo con el gobierno solo se había compromiso por la restitución de tierras. Tal y como lo afirmamos anteriormente, la política, y las políticas de la CAM, no son ninguna novedad, siguen siendo coherentes con su declaración de principios, y oscilan entre la flexibilidad y la presión. Una muestra de la voluntad por negociar en el marco de los contenidos mínimos, y como respuesta de las Comunidades en Conflicto Arauco Malleco, una vez decretado el primer período de excepción constitucional consistió en un repliegue militar y de propaganda. Las últimas declaraciones del gobierno avisando de la inyección de recursos públicos para la adquisición de vehículos policiales, vigilancia espacial, a la vez que reformular la política de los servicios de inteligencia en la zona, no son sino una sofisticada muestra de lo que hace ya varias décadas se definió como la microfísica del poder. Respondiendo a esa planificación, la CAM las consideró la continuidad de la represión. Es coherente con su declaración de principios, acciones y análisis posteriores, empero evitaron declarar que el accionar de las policías y de los servicios de inteligencia debe apuntar a todos los dispositivos para militares, lo cual tampoco lo ha señalado el actual gobierno.

Frente a la negociación de los contenidos mínimos, el empresariado forestal pondrá sobre la mesa tanto el precio por hectárea a expropiar, como por las indemnizaciones derivadas de incendios. Por otra parte, si llegado el momento de la negociación, las Comunidades en Conflicto Arauco Malleco quieren obtener alguna ganancia no tienen otra alternativa que sujetar su demanda a los contenidos mínimos; contarían con el apoyo de varias organizaciones mapuche. Los terrenos que la CAM denomina como terrenos antiguos, al igual que los recortados de la cabida original de los títulos de merced por juicios impugnatorios iniciados a contar de 1930, es difícil que incluso el actual gobierno los considere en una futura negociación. Una parte de esas demandas constituyen el contenido mínimo de lo que el actual gobierno debe expropiar, haciendo uso del fondo de tierras. ¿Serán esos terrenos a los que se refiere el emplazamiento que la CAM ha comunicado al actual gobierno, en el sentido de condicionar el diálogo a la restitución, son esos u otros más?

Lo que una parte de las organizaciones mapuche denominan terrenos antiguos, y los que, habiendo formado parte de los Títulos de Merced, desde 1930 y hasta aproximadamente 1997, ante demandas interpuestas por compradores de terrenos; actos que efectuados entre 1866 a 1883, fueron legalizados por tribunales de Arauco y Malleco, y por la Corte de Apelaciones de Temuco. Producto de esos juicios impugnatorios, hubo desalojos, una parte de los que allí vivían emigraron dentro y fuera de Chile. En otros casos sus pobladores permanecieron, pero jurídicamente como ocupantes ilegales. De otro lugar, variadas organizaciones mapuche reconocen que los terrenos antiguos son aquellos en que habiendo sido apropiados por la fuerza y antes de 1883, ya a contar de esa fecha, y dependiendo de quiénes formaban la Comisión Radicadora de Indígenas en cada una de esas zonas, no reconoció pobladores mapuche en algunos de esos terrenos y por lo tanto no asignó Títulos de Merced; ahí está el origen más remoto de la CAM.

Como sabemos, el Decreto Ley N° 701, de 1974, reformuló las atribuciones de la anterior Corporación Nacional Forestal (Conaf), y estableció las condiciones, beneficios y ventajas para el desarrollo y crecimiento de la industria forestal en Chile, y con miras a la exportación. Puntualmente en Arauco y Malleco, decenas de propietarios con variables superficies de tierra, las más de ellas procedentes de adjudicaciones por vía de remates, juicios impugnatorios y variados mecanismos fraudulentos, sumados a los terrenos que la dictadura ordenó su devolución a los propietarios afectados por la Ley N° 16.640, los cuales se transformaron en empresarios forestales a partir de un anterior nicho agropecuario, y a los que se sumaron grandes empresas forestales. Hacia 1995, en Arauco y Malleco, entre hombres y mujeres con uno o dos apellidos mapuche, la estadística arrojó un total aproximado de 10.000 personas que ni eran campesinos minifundistas ni pertenecían a una comunidad jurídica. Si a lo anterior agregamos que, a mediados de los años 2000, las plantaciones de pinos y eucaliptus estaban en plena explotación, se hizo palmaria la falta de agua. Por tanto, en el origen y evolución de la CAM, a la demanda de los mapuche cuyos terrenos fueron impugnados, se le sumó el que además una fracción del minifundio chileno y/o mapuche y los terrenos en régimen comunitario, literalmente quedaron encerrados entre plantaciones forestales y latifundios, a lo que terminó por unírsele la conciencia y el realismo político que el extractivismo forestal finalmente terminaría haciendo dificultosa la producción hortofrutícola a la par que su comercialización en ciudades como Angol, Collipulli, Traiguén, Galvarino y otras vecinas, independiente si la unidad productiva era minifundista o en régimen comunitario.

La respuesta de los comuneros mapuche y del campesinado minifundista fue organizar la CAM y proceder a la ocupación fraccionada de terrenos que ellos indican son los antiguos, y los más emblemáticos de los impugnados, proceder a talar madera, defender por la vía armada esas ocupaciones y sus caminos adyacentes, incendiar maquinarias, camiones, instalaciones forestales e inmuebles, y como sabemos, en el asesinato de algunos de sus ocupantes.

La reacción de los pequeños y medianos empresarios forestales, y de una fracción del latifundio, inicialmente desde 2015 consistió en la formación de los autodenominados “grupos de autodefensa desde Cautín hasta Llanquihue”. Una parte de sus integrantes, han evolucionado hasta formar dispositivos para militares, el Comando Hernán Trizano, el Movimiento Antimarxista Húsar, y con fachada de propaganda, la Asociación para la Paz y la Reconciliación en la Araucanía. Según algunas publicaciones de prensa, y desde mediados del 2009, el Comando Hernán Trizano, no solamente ha incendiado casas, maquinaria forestal, y camiones propiedad de pequeños empresarios, antiguos colonos y latifundistas principalmente de quienes se han negado, y por varios motivos, a integrar esos dispositivos, y a contribuir con dinero y armas. Agreguemos a lo anterior, la sospecha por la autoría en el asesinato de pequeños campesinos minifundistas, a quienes han sindicado como ayudistas del dispositivo militar de la CAM. De acuerdo a informaciones emanadas desde el gremio transportista de las regiones octava y novena, hasta el momento cifran en 800 los incendios que han destruido camiones y maquinaria forestal, y ¿cuántos de los incendiarios han sido apresados?, y al respecto, ¿qué opinan las compañías de seguros?

En los últimos cuatro años, la autoría y la ejecución de la violencia en Arauco y Malleco, según como lo informan medios de comunicación, por lo menos y cada vez más procede desde la clandestinidad, frente a lo cual, y desde hace años, advirtiendo el futuro anunciado, varias organizaciones culturales y políticas mapuche, y académicos de universidades de la novena región, propusieron mecanismos para evitar el actual estado de cosas, o sea cuando la situación revestía menor complejidad, y por lo tanto de más fácil solución, en otras palabras, negociar en el marco de los contenidos mínimos. El ejecutivo a través de la Conadi, salvo ante demandas de más fácil resolución, pero enfrentadas a las procedentes por juicios impugnatorios, adoleció de voluntad y piso político para dialogar con el poder judicial, con los propietarios de específicos terrenos, con los transportistas, la CAM, y con aquellas organizaciones mapuche más cercanas a sus demandas. Esa negociación sigue en compás de espera, en su momento y hace dos décadas, de haberse indicado intenciones al respecto, la Concertación se hubiese enfrentado con una parte de las organizaciones de empresarios y agricultores de la novena región, y sus partidos políticos, es decir, una situación parecida en términos cualitativos a las características que los ejecutores de la violencia le han impreso una vez asumido el actual gobierno.

Es más, los gobiernos desde 1990, y especialmente en el último decenio, han evitado asumir el costo político y eleccionario, de que sean los servicios de inteligencia quienes desarticulen selectivamente a las organizaciones para militares. El gobierno saliente prefirió decretar la excepcionalidad constitucional en Arauco, Malleco y Cautín, es decir en la lógica de la guerra de posiciones, estableciendo enclaves internos de vigilancia y control ejecutados a través de las fuerzas armadas. En una lectura histórica, esa medida no es sino el recordatorio del operativo militar desde 1862 a 1883, del golpe de estado de 1973, y un llamado a la obediencia y el sometimiento de las organizaciones mapuche cercanas a las posturas de la CAM. Desde mediados del 2021, la televisión abierta y varios medios de prensa escritos han sido autorizados por sus entes controladores para señalar que los incendios y el lugar focal de la violencia es en Arauco y Malleco, y a la vez han ampliado la ramificación de las organizaciones armadas, incluyendo al crimen organizado y a organizaciones mapuche con sede en Argentina, pero han evitado incluir al dispositivo para militar de los empresarios forestales y del latifundio, desoyendo informes producidos por la inteligencia de la policía uniformada.

De otro lugar, en su mayoría y hasta el momento, las organizaciones empresariales, comerciales y de agricultores de la novena región no están dispuestas a dialogar, aunque sea con aquellas organizaciones mapuche con posiciones y demandas compartidas con la CAM, pero no con la violencia como método de acción política. A través de su delegación presidencial, el actual gobierno consecuente con la opción por dialogar, ha estado sosteniendo reservadas reuniones con organizaciones mapuche y algunas del empresariado En este contexto, ¿cuál es la procedencia de los últimos actos de violencia?, porque las reuniones que se están realizando, no apuntan al análisis de las demandas de largo plazo, sino para abordar el complejo de la violencia en Arauco y Malleco, y evitar que su deriva entrabe el implementar la nueva institucionalidad, es decir, la que espacialmente involucra territorios que en todo Chile habitan pueblos-naciones. De producirse una definitiva mesa de diálogo por Arauco y Malleco, tanto las organizaciones mapuche que representen a la CAM, por ejemplo el Movimiento por la Autodeterminación Mapuche, como las procedentes del empresariado forestal y del latifundio, deberán acordar previas garantías mínimas. Produciéndose reuniones parciales, lo racionalmente político es que la CAM emita una señal que, apoyando esa instancia, suspenda la táctica a la ofensiva, es decir, la que estratégicamente apunta a que por la violencia, el empresariado camionero busque otros espacios de inversión y trabajo, aislando de ese modo al pequeño y mediano empresariado forestal.

Hoy, lo políticamente racional, no es “fuera las forestales de Arauco y Malleco”. Será otro el gobierno que las enfrente, si esa declaración se refiere a los grupos económicos, pero el actual esperamos que concrete acuerdos mínimos con una parte del sector forestal, las organizaciones empresariales, los grupos de autodefensa, y las organizaciones mapuche que entienden las demandas originarias de la CAM. Si lo anterior es el objetivo del actual gobierno, lo decisivo será acordar el precio por específicas hectáreas a expropiar, y en esos mismos espacios en los que tienen alto valor simbólico y cultural, además de sus terrenos adyacentes y vías de comunicación, haciendo uso de fondos regionales o del fondo de tierras, establecer la infraestructura para el acopio y circulación de agua potable e iluminación en el marco de una legislación que caucione su habitabilidad y producción, asumiendo el realismo político de los contenidos mínimos a negociar.

Habrá que ver los resultados que producirá en Arauco y Malleco la aplicación del plan que respecto de enfrentar la violencia clandestina está preparando el actual gobierno, política a todas luces en extremo confidencial y secreta. Y, ¿el gobierno actual, a la vista de la información de inteligencia, actuará de forma equitativa y ecuánime respecto de todos los dispositivos para militares?, ¿ y los que en la actualidad escriben artículos por una nueva relación institucional del Estado de Chile con sus pueblos–naciones, indicarán la legitimidad histórica y la contribución que al logro de esa futura relación institucional ameritan las demandas por del contenido mínimo de negociación en Arauco y Malleco?

No decretada la excepcionalidad constitucional, aquella parte de la violencia clandestina en Arauco y Malleco, es obra de una fracción del empresariado y del latifundio de la novena región a través de su dispositivo armado y el lumpen del crimen organizado. Su estrategia de corto plazo apunta a rechazar en el plebiscito, al menos en la novena región, y en el largo plazo, entrabar la aplicación de la nueva institucionalidad con los pueblos-naciones de Chile, sabedores que lo anterior implicará la futura derrota parlamentaria y edilicia de los partidos de derecha y de la democracia cristiana, y agreguemos a las iglesias evangélicas y metodistas pentecostales. Iniciada la aplicación de una nueva relación institucional, en especial en las regiones novena y décima, en juego estará entonces, la repartición de los presupuestos nacionales y/o regionales, entre antiguas y nuevas redes de poder, en otras palabras, quiénes la administrarán. No se trata de un cambio en la estructura de las relaciones de producción, sino de que la nueva institucionalidad asegure la proyección futura de formas productivas diferentes, desiguales y combinadas.

Pablo Muñoz Acosta.

Historiador y Archivero.

Santiago, 3 de mayo de 2022.

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