Hace muchos años que la clase trabajadora chilena experimenta un permanente deterioro en sus condiciones de vida producto de la caída sostenida de sus salarios. Dicho de otra manera, su crecimiento en los últimos años ha sido tan exiguo en comparación al incremento de los precios de los bienes de consumo básico que, el resultado de esa ecuación, arroja una desfavorable situación para hombres y mujeres que viven del esfuerzo de su trabajo.
Según datos que Fundación Sol publica permanentemente, la mitad de los trabajadores chilenos recibe ingresos inferiores a $580 mil mensuales.
Entre el año 2018 -un año antes de la revuelta de octubre-, y el 2023 los salarios crecieron alrededor de $15 mil. El alza real de los salarios para los hombres en igual periodo ha sido alrededor de $3 mil.
El atraso salarial en nuestro país, dado los montos que se pagan, es para muchos un drama con el que hay que vivir y sobrevivir permanentemente. El problema es que en Chile, su clase empresarial y la casta política que dirige el Estado han establecido en los hechos un acuerdo tácito: ubicar el nivel de los salarios chilenos en torno a la línea de la pobreza, lo que lleva a que incluso, dependiendo del número de personas que componen los hogares, en algunos casos queden por debajo de ésta.
Sumado a ello que los salarios no indexados (que no se ajustan según la inflación) en las “negociaciones colectivas” provocan mayores deterioros y más pobreza y es la estrategia del sector empresarial para arrancar la mayor cantidad de plusvalía a los y las trabajadoras para así, mantener su alta tasa de ganancia sobre la base de la explotación sistemática de la fuerza de trabajo.
Un dato que resulta irrefutable es que el monto establecido para la línea de la pobreza de un hogar de 3 personas es de $511.000 y para 4 personas es de $625.000. Ocurre entonces que la mayoría de los trabajadores chilenos cuyos ingresos están alrededor del ingreso mínimo se hallan en la línea de flotación de la línea de la pobreza.
Esto confirma que quienes disponen del poder político y económico han acordado establecer ingresos de sobrevivencia y no de suficiencia para el pueblo chileno. Es la misma lógica que predomina para el salario devengado, conocido como pensión de vejez, la mayoría de las pensiones autofinanciadas actuales, se hallan en promedio por debajo de los $250 mil, es decir, equivalente a menos del 50% del salario mínimo y, con la reciente reforma de pensiones, su aumento será marginal y el mejoramiento no vendrá del sistema de capitalización individual que el gobierno en su reforma ha fortalecido, sino, principalmente de la Pensión Garantizada Universal que se financia con impuestos generales.
Esto exige replantearse desde el mundo del trabajo nuevas estrategias para abordar el debate sobre el salario mínimo. No es posible seguir contentándose con lo que ofrecen los gobiernos de turno, muchos menos, resulta aceptable que el sindicalismo se contente con lo mínimo, se hace urgente definir una canasta real de productos a los cuales acceden las mayoría de los y las trabajadoras y sobre esa base construir un valor a asignar como precio del salario.
Ello debiese estar vinculado directamente a determinar el aporte real que hace el trabajo a la consecución de la riqueza en un país, de lo contrario la desigualdad en la participación continuará incrementándose y con ello, aumentará también la pobreza.
El poder omnímodo que ejercen los billonarios del mundo sobre los mercados, en especial sobre los mercados financieros, viene provocando un control monopólico nunca antes visto de la economía, eso es lo que explica la profunda concentración que se ha producido en la mayoría de la economías, y, en especial en nuestro país, donde un pequeño grupo de billonarios concentra la propiedad de la mayor parte de las empresas, logrando utilidades muchas veces obscenas, si se les compara con los niveles cada vez más precarios de los ingresos de las personas.
Chile vive en estos momentos carencias importantes en salud, pensiones, viviendas y educación, la perspectiva dado el discurso predominante de que el Estado debe ajustar sus gastos, que se traduce en disminución del gasto social, es entonces previsible que el escenario en el corto plazo se tornará mucho más difícil para las inmensas mayorías que viven de salarios precarios.
Como hace 100 años atrás, incluso más, la lucha por los salarios, no solo el salario mínimo, es y deberá, nuevamente colocarse en el centro del debate de la lucha de las y los trabajadores por mejorar y mantener las condiciones de vida. Es un tema en disputa, es una lucha permanente que hay que dar. No se trata ya de la lucha por un salario de sobrevivencia, sino, se trata de un salario justo, es decir un salario de suficiencia que permita a hombres y mujeres vivir con dignidad, toda vez que son ellos los portadores de la única fuerza motriz capaz de mover la historia y justificar la existencia de la riqueza.
13 de mayo de 2025
