Este viernes 19 de junio, el presidente José Antonio Kast cumple 100 días en la Presidencia de Chile. Estos 100 días constituyen un indicador de consolidación de poder y operan como una señal temprana de tres variables: la capacidad de agenda-setting, la cohesión de la coalición de gobierno y la percepción de competencia técnica del Ejecutivo.
Los datos dicen que, según la encuesta Pulso Ciudadano, José Antonio Kast tiene un 56,7% de desaprobación versus un 30,5% de aprobación, lo que revela un déficit de legitimidad de desempeño que excede lo esperable para un gobierno recién asumido. Históricamente, en Chile, desde 1990, ningún presidente había cerrado su primer trimestre bajo el 35% de aprobación, incluso considerando contextos de crisis.
Creo, y esto es lo que voy a explicar en esta columna, que esto se debe, en parte, a una deficiencia de experiencia política institucional. Kast proviene de una trayectoria de oposición y de actividad legislativa, pero sin experiencia en la gestión de un aparato estatal complejo. Esa inexperiencia se traduce, como ya hemos visto, en errores de comunicación. Ahí están, por ejemplo, los casos de la exministra de Justicia, Trinidad Steiner, así como el de la ex vocera de Gobierno, Mara Sedini, quienes tuvieron que abandonar sus cargos.
También se han producido nombramientos fallidos: muchas personas se rehusaron a asumir responsabilidades, otras no cumplían con los requisitos exigidos, y además ha existido dificultad para procesar la burocracia estatal. En términos de Max Weber, hay una debilidad en la racionalidad administrativa. Esto quiere decir que el gobierno muestra dificultades para transformar voluntad política en decisiones ejecutivas eficientes. Como consecuencia, se genera una percepción de desacierto en la ciudadanía.
Además, existen problemas asociados a pugnas internas dentro del gobierno, incluso entre ministros, lo que genera señales de ingobernabilidad. Cuando facciones al interior de una administración compiten por la agenda, la acción pública tiende a volverse incoherente. La ciudadanía interpreta esa incoherencia como improvisación.
En este gobierno de derecha radical, sustentado además por un partido relativamente nuevo como el Partido Republicano, este fenómeno es más agudo debido a la falta de cuadros con experiencia y socialización en tareas de gobierno.
Un tercer factor, que me parece aún más sensible para la legitimidad democrática, es la percepción desfavorable hacia la élite económica. Como señalaba Colin Crouch, vivimos en una era de posdemocracia donde la ciudadanía puede tolerar gobiernos de derecha que gobiernen con experiencia técnica, pero castiga severamente cualquier indicio de captura del Estado por intereses particulares.
Las decisiones iniciales en materia tributaria, regulatoria y de nombramientos que beneficien a grupos económicos concentrados alimentan un marco interpretativo de “gobierno para pocos”. Eso erosiona la base de apoyo transversal que todo presidente necesita después de una elección.
Por lo tanto, hoy vemos una creciente complejización del escenario de gobernabilidad. A mi juicio, una de las principales consecuencias es la pérdida temprana de capital político. El gobierno carece de margen para negociar reformas estructurales en el Congreso con niveles de aprobación tan bajos.
Al mismo tiempo, se activa una oposición que tampoco parece tener una narrativa clara de futuro —me refiero a la izquierda—, pero que encuentra un punto de unidad frente a un gobierno percibido como deficiente. Esta pérdida de capital político radicaliza el discurso opositor y fortalece su capacidad de articulación.
Por otra parte, la percepción de un mal gobierno reduce la disposición ciudadana a tolerar costos de ajuste. Eso, a su vez, obliga a tomar decisiones cada vez más impopulares, lo que genera mayores niveles de desaprobación. Es una dinámica cercana al fenómeno de la profecía autocumplida.
Por lo tanto, el ciclo de luna de miel ha terminado. Lo que observamos es un patrón de inicio complejo, marcado por déficit de experiencia, fricciones internas y una percepción de alineamiento con las élites económicas.
El desafío para el Ejecutivo consiste en revertir esta tendencia antes de que la baja aprobación se cristalice como una identidad política permanente del gobierno. La verdad es que, probablemente, ese porcentaje de rechazo continúe aumentando.
Fabián Bustamante Olguín. Académico del Departamento de Teología, Universidad Católica del Norte, Coquimbo
