El desarrollo socioeconómico de Chile durante las últimas cuatro décadas ha estado marcado por una tensión estructural insoslayable, el constante entre una narrativa dominante de estabilidad macroeconómica y la profunda fragilidad de su modelo extractivista, primario exportador y privatizado. Tras las movilizaciones masivas de la revuelta social de octubre de 2019 y el posterior agotamiento de los ciclos constituyentes, el escenario político e ideológico chileno ha presenciado una contraofensiva de las clases dominantes. Esta reorganización está hegemonizada por el bloque conservador articulado en torno a José Kast y el Partido Republicano. Es en esta intersección de disputa por la hegemonía donde se inscribe la Megarreforma, un megaproyecto de reestructuración institucional que busca redefinir de manera permanente las relaciones entre el capital, el Estado y la fuerza de trabajo.
La narrativa oficial justifica la Megarreforma recurriendo a los dogmas clásicos de la economía de la oferta (supply-side economics), popularizada en los años ochenta por economistas como Arthur Laffer y Robert Mundell. Bajo este prisma, el estancamiento de la productividad total de los factores y las bajas tasas de crecimiento del PIB registradas en el país durante los últimos dos decenios no son vistos como la consecuencia del agotamiento de la matriz reprimarizada, sino como el resultado directo de una supuesta “asfixia regulatoria”, una carga tributaria desincentivadora sobre el capital corporativo y una burocracia ambiental paralizante (condensada bajo la etiqueta peyorativa de permisología).
Frente a este diagnóstico, el programa conservador de Kast articula una triple estrategia, por una parte la desgravación tributaria, permitiendo una reducción del Impuesto de Primera Categoría a las grandes empresas del 27% al 23% (con metas tendenciales al 20%). Asimismo, propone un blindaje de inversiones, otorgando esquemas de invariabilidad tributaria y regulatoria hasta por 25 años. Y por último, la disminución del aparato público, a través de la reducción drástica del gasto fiscal mediante la supresión de programas sociales, la reorganización o fusión ministerial y el despido de personal estatal.
Para desentrañar la verdadera naturaleza socioeconómica de este paquete de medidas, se debe superar la ilusión fetichista del mercado autorregulado y situar la megarreforma en la historia de la acumulación del capital.
La intervención fiscal y regulatoria del Estado no es un elemento externo al mercado, sino la condición de posibilidad para la reproducción del capital social global. El intento de recortar impuestos al capital corporativo mientras se reduce el gasto social constituye un esfuerzo directo por elevar la tasa de plusvalía y contrarrestar la tendencia decreciente de la tasa general de ganancia. Complementariamente, Luxemburgo (1913) demostró que la producción capitalista requiere incesantemente de un “medio no capitalista” o de áreas desreguladas (recursos naturales, esferas públicas, trabajo no remunerado) para absorción del sobre capital. La eliminación de trabas ambientales en Chile opera como la apertura forzada de esas nuevas fronteras de mercantilización.
El historiador económico Karl Polanyi (1944) advirtió sobre el carácter utópico y destructivo del “mercado autorregulado”, cuando la tierra (naturaleza), el dinero y el trabajo son reducidos a meras mercancías sin la protección institucional del Estado, la sociedad reacciona inevitablemente frente al desgarramiento de su tejido social y ecológico.
En el plano contemporáneo, se logra caracterizar la Megarreforma de Kast no como una simple política de fomento, sino como una modalidad moderna de acumulación por desposesión. La desregulación ecológica y el recorte presupuestario privatizan el patrimonio común y degradan las condiciones de reproducción social para rescatar los rendimientos de los grandes grupos económicos. De igual manera Piketty (2014), en el ámbito fiscal y distributivo ha probado que las rebajas impositivas a las corporaciones no derivan en mayor inversión productiva ni en mejoras salariales reales, sino en un ensanchamiento insostenible de la brecha entre la rentabilidad del capital y el crecimiento. Esta dinámica beneficia casi de forma exclusiva al 1% más rico de la población.
Aportando al análisis de la reproducción social, Fraser (2020) señala que cuando el Estado contrae el gasto social y la infraestructura pública (salud, educación, vivienda), ese trabajo no desaparece, es transferido de forma no remunerada hacia los hogares, precarizando la vida de las mujeres de la clase trabajadora.
Finalmente, es posible ubicar esta reforma como un intento de “restauración oligárquica” en palabras de Federici (2012) o disciplinamiento laboral. Ante la pérdida de hegemonía del modelo chileno, la extrema derecha intenta imponer un blindaje jurídico para petrificar la estructura de mercado e impedir que futuras mayorías democráticas alteren la distribución de la renta nacional.
Componentes Estructurales de la Megarreforma de Kast
Para dimensionar el alcance real de la megarreforma, es preciso superar la noción de que se trata de un simple ajuste técnico sobre parámetros de la economía pública. La propuesta impulsada por la derecha conservadora constituye un programa articulado de reestructuración institucional de clase, diseñado para modificar la correlación de fuerzas entre el capital, el Estado y el trabajo en Chile.
Reducción del Impuesto Corporativo
La primer viga maestra de la reforma contempla la drástica reducción de la tasa del Impuesto de Primera Categoría a las grandes empresas del 27% al 23%, con metas de convergencia tendencial hacia un 20%
La justificante ideológica de esta medida reposa en la noción neoclásica de que rebajar el costo impositivo del capital incrementará la tasa neta de retorno de las inversiones, gatillando un dinamismo virtuoso en el empleo y la productividad. Sin embargo, desde los estudios de la economía del fraude y la desigualdad global, Zucman y Piketty han demostrado que las rebajas impositivas corporativas en economías periféricas y reprimarizadas no se traducen en formación bruta de capital fijo. En lugar de reinvertir el excedente en desarrollo tecnológico o masa salarial, las corporaciones privadas capturan el diferencial fiscal para acelerar la compra de acciones, aumentar la distribución de dividendos hacia el decil más rico y transferir rentas a jurisdicciones de baja tributación o paraísos fiscales.
En el contexto chileno, la elasticidad de la inversión respecto al impuesto a la renta corporativa es sumamente baja. Dado que la matriz productiva chilena está fuertemente dominada por actividades extractivistas no renovables (cobre, litio) y monoexportadoras (agroindustria, celulosa), las decisiones de inversión responden al precio internacional de los commodities y a la calidad de la infraestructura pública, no a la exención fiscal. La rebaja propuesta por Kast se traduce simplemente en una transferencia neta de renta social hacia los grupos económicos consolidados.
Invariabilidad Tributaria y Regulatoria por 25 años
El segundo eje contempla la facultad del Estado de otorgar contratos-ley de invariabilidad impositiva y regulatoria de hasta por 25 años para grandes proyectos de inversión privada. Este dispositivo constituye el núcleo jurídico más agresivo de la Megarreforma.
La socióloga Saskia Sassen (2015), ha analizado cómo el capital global promueve “ensamblajes normativos” en las economías en desarrollo para sustraer áreas enteras del control legislativo nacional. Congelar el régimen tributario y ecológico por un cuarto de siglo equivale a privar a las próximas seis administraciones presidenciales de la herramienta fundamental de política pública. Sassen define esto como una forma de “desdemocratización” donde las corporaciones obtienen derechos de ciudadanía sin asumir responsabilidades soberanas.
De igual manera, el capitalismo contemporáneo utiliza la invariabilidad jurídica para privatizar las ganancias y socializar los riesgos. Al atrincherar por 25 años la estructura fiscal, el capital corporativo se asegura de congelar cualquier posibilidad de que el Estado aumente impuestos sobre superganancias operacionales durante periodos de bonanza económica (superciclos de materias primas), parasitando los bienes comunes públicos sin devolver un valor equitativo a la sociedad.
Flexibilización Ambiental
El tercer eje de la Megarreforma busca reformar drásticamente el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), bajo la consigna de erradicar la “permisología”. Las medidas incluyen la instauración del silencio administrativo positivo, la reducción de plazos de aprobación y la limitación de la participación ciudadana y de las consultas a comunidades indígenas.
Svampa (2019), caracteriza la dinámica latinoamericana contemporánea por la imposición de un patrón reprimarizado que requiere inevitablemente del cercenamiento de los derechos territoriales y ambientales para sostener el ritmo de acumulación. La aceleración de permisos propuesta por Kast desmantela la escasa protección institucional existente, tratando los ecosistemas y las fuentes de agua no como condiciones de la vida, sino como meras “trabas a la inversión”.
Mediante múltiples estudios desarrollados por escuelas de ecología crítica, se ha logrado comprobar empíricamente que la eliminación de trabas y evaluaciones de impacto no acelera el desarrollo económico, sino que desplaza e intensifica la conflictividad socioambiental. Al suprimir las vías institucionales de participación comunitaria, la reforma empuja a los territorios a la resistencia abierta, generando escenarios de violencia estatal y vulneración sistemática de derechos humanos en las zonas de sacrificio.
El Desmantelamiento del Bienestar Social
Al consolidar la reducción impositiva y el congelamiento de rentas, la megarreforma genera un agujero fiscal insostenible en las finanzas públicas. El Consejo Fiscal Autónomo (CFA) de Chile ha subrayado de forma insistente la estrechez del margen fiscal del país.
Para compensar la caída drástica de ingresos sin aumentar la deuda soberana, la propuesta de Kast exige un recorte masivo del gasto público (equivalente a reducir entre un 5% y un 10% del presupuesto nacional). En palabras de Fraser (2022), esto constituye un proceso de “canibalización de la esfera pública”, el Estado se auto desmantela en sus funciones sociales básicas, -educación, salud pública, vivienda social, subsidios de agua y transporte- para asegurar la viabilidad del excedente privado.
Lejos de ser un paquete de reactivación equilibrado, el desglose de los componente de la Megarreforma demuestra que se trata de un diseño institucional enfocado en restaurar la tasa de ganancia privada mediante el cercenamiento de la soberanía fiscal, la privatización de los servicios de reproducción social y la intensificación de la explotación ecológica.
Sustentabilidad Macroeconómica
Un examen riguroso de las implicancias fiscales, laborales y macroeconómicas de la Megarreforma exige desmantelar el relato de la economía de la oferta (supply-side economics) que asume que la desgravación del capital genera un “círculo virtuoso” de inversión, empleo y recaudación inducida. Al contrastar las proyecciones oficiales con los estudios empíricos contemporáneos, se evidencia que el proyecto de Kast desencadena un desequilibrio estructural sostenido en las finanzas públicas y acelera la pauperización de la masa salarial.
El argumento técnico central que utiliza el bloque conservador para defender la rebaja del Impuesto de Primera Categoría es la célebre premisa ideada por Laffer, la reducción de la tasa impositiva expandiría la base tributaria de tal forma que el aumento en el PIB compensaría, e incluso superaría la pérdida nominal de recaudación.
A través del análisis de las reformas tributarias de oferta implementadas en América Latina y los países de la OCDE en las últimas cuatro décadas, demuestran que las rebajas del impuesto corporativo poseen una elasticidad de inversión sumamente baja. La pérdida de recaudación es permanente y directa, ya que las corporaciones no reinvierten la plusvalía liberada en capacidad instalada, sino que la destinan a la distribución de dividendos, la compra de acciones de la propia empresa y la especulación financiera.
En el contexto chileno, una rebaja de 4 puntos porcentuales en el tributo corporativo representa una caída directa en los ingresos del Fisco equivalente a 1.2% a 1.5% del PIB anual (aproximadamente $4.000 millones de dólares). Si a esto se añade el costo de oportunidad derivado de la invariabilidad tributaria por 25 años, que impide captar los ciclos de superganancias por la exportación de litio y cobre, la megarreforma condena al Estado a un déficit fiscal estructural insostenible.
Al desfinanciar al Fisco para sostener la ganancia corporativa, la reforma de Kast obliga a una contracción drástica del gasto público. Este recorte presupuestario desmantela el salario indirecto (bienes y servicios universales provistos por el Estado, salud, educación, vivienda, etc., y financiados a través de la masa global de impuestos) de la clase trabajadora.
La austeridad fiscal obligada no elimina la necesidad de los servicios básicos, sino que los privatiza. Al reducir la oferta pública de salud o las subvenciones educativas, el costo de la reproducción social es transferido íntegramente hacia los ingresos de los hogares asalariados. Lazzarato (2015), analiza cómo la retirada del Estado de bienestar transforma al ciudadano en un “sujeto endeudado”. La caída del salario indirecto combinada con la estancada pauta de salarios directos, fuerza a las familias trabajadoras a recurrir al crédito bancario y comercial para financiar el consumo corriente (salud, educación, alimentos). La reforma no solo disminuye el costo salarial para el empresario, sino que abre un mercado cautivo de endeudamiento familiar que nutre las arcas de la banca privada.
Perspectivas
El examen crítico que debe ser desarrollado por la fuerzas democráticas de nuestro país, naturalmente sostendrá una tesis inequívoca, la “Megarreforma” impulsada por el bloque conservador encabezado por José Kast no constituye un programa neutro de reactivación técnica ni un plan de modernización del Estado. Por el contrario, representa un dispositivo de restauración oligárquica e intensificación de la acumulación, diseñado para resolver la crisis de rentabilidad del capitalismo chileno a costa de la fiscalidad pública, los derechos de la fuerza de trabajo y la sustentabilidad de los bienes comunes.
Para dimensionar el verdadero alcance de este megaproyecto en la historia reciente de Chile, es necesario profundizar en las paradojas político estatales que genera, en la reorganización de la estructura de clases que promueve y en las líneas de fuga estratégicas que se evidencian del proyecto.
El primer gran dilema del programa conservador radica en la incompatibilidad estructural entre la “certeza jurídica” otorgada al capital y la estabilidad sociopolítica de la nación. La narrativa corporativa sostiene que fijar contratos/ley a 25 años y desmantelar el arbitraje ambiental (bajo la consigna de eliminar la “permisología”) restaurará la confianza del inversionista y, por ende, la paz social mediante la promesa lejana del crecimiento.
Sin embargo, Mayol (2009) y Boccardo (2020), demuestran que esta ecuación genera exactamente el efecto contrario. Al sustraer la tributación del gran capital y los estándares ambientales del debate legislativo durante un cuarto de siglo, se despoja al voto democrático de su capacidad para alterar las reglas de la distribución de la riqueza. El estado pierde su función de mediación entre las clases sociales y se reduce a un aparato puramente garante de la rentabilidad privada.
La flexibilización de permisos ambientales no elimina los costos socioecológicos de los proyectos (contaminación, escasez hídrica, desplazamiento de comunidades), simplemente los externaliza. Esto empuja a los territorios a abandonar las vías institucionales, al percibirlas clausuradas o subordinadas al capital, e intensificar la acción directa y la resistencia ecoterritorial. La llamada certeza para la inversión se transforma de este modo en una fuente permanente de incertidumbre y conflicto social.
Un segundo eje concluyente reside en la dimensión cotidiana y de clase. La Megarreforma no actúa solo en la macroeconomía; transforma drásticamente las condiciones materiales de existencia de las mayorías trabajadoras en Chile.
Al recortar el gasto fiscal para absorber la caída impositiva del capital, el Estado desmantela el salario indirecto. Fraser (2022), señala que la necesidad de reproducción de la vida no desaparece con los recortes del Fisco, sino que se reasigna coercitivamente. La falta de servicios públicos de cuidado, salud y apoyo a la vejez es absorbida de forma gratuita por las mujeres dentro de las familias, aumentando la jornada laboral no remunerada y profundizando la brecha de género en el mercado del trabajo.
Ante salarios directos estancados y servicios públicos degradados, la población trabajadora es forzada a recurrir al endeudamiento con el sistema financiero privado para cubrir necesidades básicas. La Megarreforma opera como un engranaje de “extracción financiera directa”, donde el derecho a la vida queda subordinado a la obligación de la deuda bancaria.
Frente al callejón sin salida del neoliberalismo de oferta reforzado, se deben plantear un conjunto de principios estratégicos indispensables para la articulación de un modelo alternativo de desarrollo en Chile.
En lugar de eximir de impuestos a las grandes fortunas y corporaciones, las investigaciones de Piketty (2020) demuestran la viabilidad de establecer impuestos progresivos sobre el patrimonio, sobre las rentas del capital y sobre las super ganancias operacionales en sectores extractivos no renovables. Esta recaudación debe destinarse de forma prioritaria a la creación de un Sistema Nacional de Cuidados y al fortalecimiento de los servicios públicos universales, devolviendo la estabilidad al salario indirecto de la clase trabajadora.
Frente al desmantelamiento de las regulaciones ambientales, es necesario proponer transitar desde un Estado pasivo y subordinado hacia un Estado Ecosocialista. Este debe coordinar la inversión pública y privada en función de metas socioecológicas claras, industrialización verde del litio y el cobre, diversificación de la matriz productiva, restauración de cuencas hidrográficas y democratización de la planificación territorial con la participación vinculante de las comunidades.
En síntesis, la Megarreforma impulsada por José Kast representa una tentativa de resolución autoritaria e intensiva a la crisis de acumulación de Chile. Sus defensores prometen prosperidad y orden, pero diversos estudios críticos demuestran que su implementación no hará más que agravar la reprimarización de la estructura productiva, profundizar las brechas de desigualdad distributiva y privatizar el costo de la vida cotidiana.
La propuesta conservadora sitúa al país en un punto de inflexión histórico. La alternativa no radica en la nostalgia por el consenso neoliberal tecnocrático del pasado, sino en la construcción de una nueva economía política que ubique la sostenibilidad de la vida, la justicia fiscal, la democratización del territorio y la dignidad de los trabajadores como los ejes vertebradores del desarrollo futuro de Chile.
