La aprobación, por parte de la Cámara de Diputadas y Diputados, de un proyecto de resolución que insta al Gobierno a eliminar el uso del lenguaje inclusivo en los servicios públicos constituye una señal política preocupante, ya que obtuvo 85 votos a favor y 31 en contra.
Con este acto, se insta subrepticiamente al gobierno a iniciar un proceso que busca eliminar a las mujeres de la vida política nacional, en un acto que constituye lisa y llanamente retroceso civilizatorio. Aunque se trata de un proyecto de resolución y no de una ley obligatoria, su contenido no es irrelevante: expresa una orientación política, instala un marco de sentido y presiona al Ejecutivo para retroceder en prácticas institucionales que han buscado ampliar la representación simbólica de mujeres y diversidades.
Más allá del debate lingüístico, esta iniciativa no es neutra: el lenguaje no solo refleja la realidad, también contribuye a construirla o negarla. Lo que no se nombra queda más fácilmente fuera de la memoria, las instituciones y las prioridades políticas. En 1920, la RAE calificó independizarse como un neologismo inútil, pese a que las independencias americanas ya habían ocurrido, en una oposición donde también pesaban razones políticas. Del mismo modo, palabras como facer, agora, vide o desque fueron reemplazadas por hacer, ahora, vi y desde que. Estos y muchos otros ejemplos muestran que el lenguaje es dinámico y que su evolución está profundamente influida por la historia y la política.
Por ello, cuando se cuestionan las formas que buscan visibilizar a las mujeres, lo que está en disputa no es únicamente una manera de hablar, sino también una determinada concepción de una sociedad y quiénes son reconocidos en ella como sujetos legítimos de derechos, representación y participación . En este sentido, la propuesta impulsada por el diputado Jorge Alessandri representa un retroceso simbólico que busca restar legitimidad a avances que han permitido una mayor inclusión y reconocimiento de las mujeres en el espacio público.
Hace ya décadas, Simone de Beauvoir advirtió que bastaba una crisis política, económica o religiosa para que los derechos de las mujeres vuelvan a ponerse en cuestión. Ninguna conquista está asegurada para siempre; todas requieren vigilancia y defensa permanente. Precisamente por eso, los retrocesos rara vez comienzan anunciándose como tales. Muchas veces se presentan como correcciones técnicas, defensas de la tradición o llamados al orden, y son confundidos con cortinas de humo, cuando en realidad buscan disputar los avances culturales y políticos de la igualdad.
Resulta agotador que las mujeres deban destinar parte importante de sus energías a resguardar derechos que deberían encontrarse plenamente consolidados, cuando esos esfuerzos podrían orientarse a enfrentar desafíos urgentes como la violencia, la delincuencia, la pobreza, la salud mental o las desigualdades sociales. Las advertencias formuladas por Michelle Bachelet sobre el retroceso de los derechos de las mujeres impulsado por sectores de ultraderecha en distintos países adquieren hoy una renovada vigencia. Bajo discursos que apelan al sentido común o a la tradición, se promueven medidas que terminan debilitando políticas de igualdad y restringiendo espacios de reconocimiento.
Lo más inquietante de esta votación es que su aprobación no provino exclusivamente de sectores conservadores, sino que contó con apoyos transversales y ausencias relevantes. Ello obliga a reflexionar sobre las incoherencias que persisten en la política chilena y sobre la distancia que a veces existe entre los discursos públicos en favor de la igualdad de género y las decisiones concretas adoptadas al momento de votar. Resulta especialmente llamativo que algunas parlamentarias que han construido parte de su trayectoria pública vinculada a los derechos de las mujeres hayan respaldado esta iniciativa. Hay votos que resultan especialmente difíciles de comprender, como el de Pamela Jiles, nieta de Elena Caffarena, destacada abogada, sufragista y figura clave en la lucha por la emancipación femenina; o el de Macarena Santelices, quien fue ministra de la Mujer y la Equidad de Género durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera.
En ambos casos, la paradoja es evidente: sus trayectorias políticas no pueden comprenderse al margen de las luchas feministas y democráticas que abrieron camino para que las mujeres pudieran ocupar cargos de representación y poder.
Más allá de las legítimas diferencias políticas, no podemos olvidar, y menos las mujeres que la presencia femenina en los espacios de representación política es el resultado de décadas de lucha por la igualdad, protagonizada por generaciones de feministas, sufragistas y defensoras de los derechos civiles y negarlas en el lenguaje vuelve a ponerlas en el lado de la invisibilidad.
Defender un lenguaje que nombre a las mujeres no implica desconocer la riqueza ni las reglas del castellano; por el contrario, supone reconocer su carácter dinámico y su capacidad de adaptarse a los cambios sociales. Nombrar a las mujeres también responde a la convicción de que las instituciones democráticas comunican a través de aquello que nombran y de aquello que omiten. Formularios, discursos y documentos oficiales transmiten quiénes son considerados sujetos visibles dentro de la comunidad política. Cuando el Estado decide a quién nombra y a quién invisibiliza, también envía una señal sobre quién pertenece plenamente al espacio público y quién queda en sus márgenes.
Las palabras importan. No porque transformen por sí solas la realidad, sino porque expresan quiénes son visibles y por lo tanto legítimamente participante de la comunidad política. Por ello, el debate abierto por esta resolución trasciende lo gramatical: se trata de una discusión sobre inclusión, representación y democracia. En una sociedad que aspira a ser más justa e igualitaria, el desafío no debería consistir en reducir la visibilidad de las mujeres en el lenguaje, sino en ampliar las condiciones para que todas las personas puedan reconocerse plenamente en las instituciones que las representan. ___
Mónica Vargas Aguirre, Doctora en Ciencias Sociales y Alejandra Ramos Arcos, Periodista.
