Recientemente, una investigación de CIPER expuso a la opinión pública algunos videos que retrataban acciones lideradas por Claudio Crespo, ex Teniente Coronel de la policía uniformada, donde se dejaba en evidencia brutales formas de abordar procedimientos policiales en el contexto del llamado Estallido Social de 2019.
La policía uniformada fue fundada como institución en 1927, durante la administración de Carlos Ibáñez del Campo, quien llegó al poder en unas (ahora) controvertidas elecciones donde se presentó como candidato único y ganó con un 98% de los votos a su favor. Más allá de los juicios actuales respecto a aquel resultado electoral, lo cierto es que el nombramiento del Cuerpo de Carabineros de Chile como la institución monopolizadora de la fuerza estatal, fue polémica desde el principio. Parte de la oligarquía, quien justamente ostentaba el monopolio político (incluído el electoral) y económico de la época, se manifestó en desacuerdo con la creación de este único cuerpo policial (surgido desde el Cuerpo de Carabineros del Ejército de Chile, donde Ibáñez se desempeñó como Oficial), temiendo que aquel monopolio derivara en un tipo de Ejército personalista, hecho a medida de las necesidades de Ibáñez y por tanto, como un batallón que perpetuase al caudillo en el poder, características dictatoriales que según un amplio consenso historiográfico actual, Ibáñez cumplió a cabalidad.
El primer hecho de sangre que involucró a Carabineros y que conmocionó a la sociedad chilena data de mediados de julio del año 1931, donde la represión llevada a cabo por la novel policía uniformada cobró la vida de 9 civiles, que se manifestaban en oposición a las políticas ibañistas, en el contexto de la Gran Depresión. La respuesta popular a la acción policial no se hizo esperar. Al menos dos efectivos resultaron fallecidos tras nuevos enfrentamientos con la población civil. Todo esto, mientras Ibáñez era destituido tras viajar a Argentina y falla en la solicitud de un permiso especial que, esperaba, le permitiese ausentarse de sus labores durante al menos un año, permiso que fue rechazado y por tanto, derivó en el fin del primer gobierno ibañista.
A lo largo de su historia, Carabineros siguió protagonizando hechos represivos con resultado de muerte. El más recordado de estos episodios es la Dictadura Cívico Militar, donde Carabineros tuvo un rol principal, pero también participaron en otros hechos tristemente emblemáticos como la Matanza del Seguro Obrero, la Masacre de la Plaza Bulnes o la Masacre de Pampa Irigoin, en Puerto Montt. También fueron protagonistas de otras acciones menos recordadas, como la Masacre de Apoquindo en 1993 o el asesinato de dos jóvenes en Puente Alto, en 1970, en el contexto de una manifestación secundaria en solidaridad con trabajadores en huelga, hecho que derivaría en las jornadas de manifestaciones conocidas como “Las Guerrilas de Tres Días”, donde la indignación popular respecto al homicidio de los jóvenes puentealtinos se hizo sentir en prácticamente todo Chile en forma de numerosas y violentas manifestaciones.
Los últimos fallecidos productos de actuar policial en contexto ajeno al delito común, fueron los hinchas de Colo-Colo, Mylan de 13 años y Martina de 18, arrollados por un carro policial en la entrada al Estadio Monumental, donde se disponían a ingresar para presenciar un partido de su equipo por Copa Libertadores.
Las últimas acciones masivas de brutalidad policial que se recuerden son, justamente, los hechos ocurridos desde octubre de 2019, proceso recordado como “Estallido Social”. 34 fallecidos, 3.400 heridos y 8.800 detenidos son las cifras oficiales que dejó este proceso. 450 casos reportados de trauma ocular, 2 personas con pérdida completa de visión. 3 personas que fueron cegadas parcialmente se suicidaron años después. El mayor porcentaje de heridos, asesinados y víctimas de trauma ocular tienen directa relación al actuar policial.
Claudio Crespo, el oficial en retiro sindicado como responsable de cegar a Gustavo Gatica y que arrastra un historial anterior de acciones similares, durante la jornada de manifestaciones del 8 de noviembre de 2019 en las cercanías de la entonces llamada “Plaza Dignidad”, declaró no estar arrepentido de su accionar durante los días de la Revuelta. Cercano a la ultraderecha, Crespo se encuentra en los últimos tramos de su proceso judicial donde es acusado como responsable de las heridas proferidas a Gustavo Gatica. Para el sector político que representa el “Carnicero”, como es conocido por activistas y movimientos sociales relacionados a causas de Derechos Humanos, el ex oficial es levantado al estatus de héroe, siendo activas las muestras de solidaridad de políticos del sector, militantes y simpatizantes de partidos relacionados y también, de sus ex colegas. “Te vamos a sacar los ojos, culiao” se escucha en uno de los videos donde Crespo detiene a un manifestante durante los hechos de 2019. Su defensa insiste en que las lesiones de Gatica no provienen del armamento utilizado por Crespo y que esas heridas, son producto de las casualidades que se dieron durante esos días.
La urgente y necesaria refundación de la policía uniformada va mucho más allá que una batalla ideológica. La existencia misma de la policía es inevitable mientras exista el Estado, por lo que debe reorientarse hacia una lógica comunitaria y servil a la población civil, donde el combate al crimen sea prioridad desde los procesos formativos hasta el propio quehacer cotidiano. Y es justamente en este sentido es que debe realizarse la separación de las lógicas punitivas que en teoría, desde la informalidad, marcan la acción de Carabineros. El Control del Orden Público debe diferenciarse al actuar policial frente al delito común. El personal a cargo de la restauración del Orden Público debiese contar no solo con las facultades morales,sicológicas y físicas para hacer frente a estos fenómenos sino que también, la comprensión misma de las lógicas que se configuran en aquellos contextos, evitando replicar las acciones que se utilizan frente a hechos delictivos propiamente tal. Aquello es algo que, en base lo recogido a través de sus casi 100 años de historia, Carabineros no ha sido capaz de diferenciar. La dicotomía delincuente-víctima marca este proceder e impide reconocer complejidades y matices en procesos que buscan alcanzar otro tipo de beneficios más allá del personal e inmediato, donde el individuo dentro de la masa, si bien puede estar eventualmente infringiendo una ley en específico no representa, necesariamente, un peligro para la seguridad de su entorno. Carabineros como institución, se encuentra desfasada frente a las necesidades de seguridad que clama la población, siendo en gran parte aquel desfase, causa de la actual crisis que se vive en Chile en dicho ámbito. La falta de actualización, de preparación y de comprensión del contexto actual pone en riesgo incluso la vida de los propios funcionarios, llegando los últimos años a números inéditos de policías muertos en actos de servicio. Un síntoma más que debemos poner atención.
Apoyar a Carabineros no debe significar avalar cualquiera de sus acciones. Debe significar estar atento a su desarrollo, a su quehacer y su realidad, analizando a la institución de manera crítica. Una institución obsoleta no puede responder a las necesidades del mundo actual y es ahí donde la refundación se hace necesaria. La policía, más allá de cualquier interpretación ideológica, debe continuar existiendo, pero probablemente no deba seguir siendo Carabineros de Chile.
Giovanni Sáez. Historiador.
