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La necesidad urgente de una Política de Seguridad Humana ante la catástrofe de Covid-19 en Chile*. Por Libero Amalric

Frente a la manipulación de la información, tanto por Estados como por empresas y los medios de comunicación y en el contexto de los principios generales establecidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos para proteger, garantizar, respetar y también promover los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad, se han desarrollado e institucionalizado los principios de los derechos fundamentales implícitos a la información, la verdad y la memoria histórica. Comisión Interamericana de Derechos Humanos

La Seguridad Humana no es una preocupación por las armas; Es una preocupación por la vida y la dignidad humana.

PNUD, Informe sobre Desarrollo Humano 1994

En su artículo “Ante la respuesta a la pandemia del covid-19 repensemos el concepto de seguridad”, Lafede.cat observa “Preocupa especialmente la deriva militarista que está tomando la respuesta a esta crisis. Entendemos que declarar la guerra a un virus – una forma de vida biológica – no aporta ninguna fórmula útil para hacerle frente, sino que sitúa el problema en un ámbito que no corresponde (1).

Frente a las masivas protestas iniciadas el 18 de octubre de 2019 contra las violaciones sistemáticas de todos los derechos humanos durante treinta años y reivindicando el derecho a la vida digna, Piñera instauró el 20 de octubre el estado de excepción con toque de queda y los militares en la calle, declarando “Estamos en guerra contra un enemigo poderoso e implacable que no respeta a nada, ni a nadie, que está dispuesto a usar la violencia y la delincuencia sin ningún límite”, repitiendo las palabras de Pinochet en 1973 para justificar el terrorismo de Estado en toda impunidad de acuerdo a la doctrina de seguridad nacional.

Producto de esa crisis se produjo otra, la grave violación a los derechos de miles de personas que fueron torturadas, mutiladas, violentadas sexualmente, detenidas arbitrariamente, amenazadas y que murieron por manifestar su descontento. Durante la crisis del covid-19, la actitud del gobierno de Piñera ha reforzado el clima de total impunidad y criminalización de las protestas, al que se añade el abandono de amplios sectores de la población producto de la pandemia (2).

En efecto, de la misma manera, aprovechando la crisis del covid-19, y como primera medida, Piñera decretó el 18 de marzo el Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe en todo el país “para combatir el coronavirus”, lo que significó imponer la militarización del territorio, ofreciendo más represión, sanciones y cárcel a quienes no acaten las escasas y tardías medidas propuestas por sus ministros. El mismo Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe ha sido prolongado en tres oportunidades por tres meses, el 15 de junio, luego el 15 de septiembre, de manera que el plebiscito del 25 de octubre para elegir una nueva constitución se realizó bajo control militar, y nuevamente el 13 de diciembre hasta el 13 de marzo de 2021, lo que significa un año bajo ocupación militar.

Tomando en cuenta a la abrumadora mayoría de casi un 80% que votó por la aprobación de una nueva constitución y de una convención constitucional, y frente al desastre de la política del gobierno de Piñera, inspirada en la doctrina de seguridad nacional, heredada de la dictadura, es necesario y urgente plantear la alternativa de una política de seguridad humana, basada en la dignidad de los seres humanos y el respeto de todos los derechos humanos, fundamentos de la democracia y del Estado de Derecho.

*** En julio 2020, el Relator Especial para el Consejo de Derechos Humanos, constató que la pandemia del Covid-19 sigue siendo un desafío para la salud pública, pero que existen gobiernos que utilizan también la crisis para poner en tela de juicio las libertades y los derechos humanos garantizados en una sociedad democrática (3). En su informe observa que para estos gobiernos la pandemia de covid-19 significa la oportunidad de la consolidación del poder autoritario y el uso desproporcionado de autoridades ejecutivas y de políticas económicas que incrementan aún más la desigualdad, la pobreza y la violación sistemática de los derechos humanos. Es evidente que los Estados no deben abusar de las medidas de emergencia para suprimir derechos humanos y que las restricciones utilizadas para responder al Covid-19 deben ser motivados por objetivos legítimos de salud pública y no deben ser utilizadas para anular la disidencia. La Libertad de opinión y expresión es esencial para sociedades democráticas y una condición básica para el desarrollo.

Asimismo, las regulaciones internacionales de salud exigen la implementación de políticas globales de salud pública “con un total respeto de la dignidad, los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas” (4). Los individuos y sus comunidades no pueden protegerse por sí mismos de enfermedad cuando se les niega información, cuando disminuye la confianza en las fuentes de información y cuando la propaganda y la desinformación dominan las comunicaciones del gobierno y autoridades públicas (5). La total ausencia de una estrategia de salud pública, la sistemática y vergonzosa manipulación de la información y una caótica comunicación por parte del gobierno de Piñera han provocado no sólo una catastrófica y descontrolada situación de la pandemia de covid-19, sino, además, el surgimiento de una segunda pandemia aún más grave, la pandemia del hambre. “El covid-19 no solo es la causa de enfermedades y muerte, también es el patógeno de represión y así podemos tener una pandemia paralela de medidas autoritarias y represivas que sigue muy de cerca la pandemia de covid-19” (6).

El gobierno de Piñera utilizó la pandemia de covid-19 para consolidar el poder autoritario ejecutivo, incluyendo el veto al congreso y la obstrucción de justicia, incrementando las propuestas de ley de represión y criminalización de protestas, y subordinando la salud a las políticas económicas que incrementan aún más la desigualdad, la pobreza y la violación sistemática de los derechos humanos. Lo anterior y la ausencia de una política de seguridad humana, hacen sospechar que “la pandemia del hambre”, que afectó directamente a más de tres millones de personas de sectores vulnerables y marginados, fue provocada deliberadamente por la política de la doctrina de seguridad nacional, decretada e instalada por el gobierno de Piñera a raíz del llamado estallido social del 18 de octubre de 2019 y profundizada desde el inicio de la pandemia de covid-19 en el mes de marzo de 2020.

La seguridad humana está centrada en las dimensiones que sustentan la seguridad de la población a través de la inversión en el desarrollo de las personas y las comunidades a diferencia de la doctrina de la seguridad nacional con las fuertes inversiones en preparación y respuesta militares.

A raíz de la guerra fría el concepto de seguridad ha sido reducido a la doctrina de la seguridad nacional basado en el dominio militar como protección de la nación y del estado, considerando no solo “el enemigo externo” sino también “el enemigo interno”, es decir la misma población sospechosa de simpatías con la llamada “izquierda”, definiendo como “comunista” toda persona que se opone a la ideología neoliberal. A inicios de los años setenta con el dominio de la ideología neoliberal, el concepto de seguridad nacional fue ampliado hacia los intereses económicos y financieros, es decir como protección del dominio del empresariado y de las instituciones financieras, considerando la economía como un asunto de empresas privadas, incluyendo la mercantilización de los bienes y servicios públicos, reduciendo el Estado a un Estado Subsidiario. Lo anterior significó una subordinación, para no decir eliminación en el caso de las dictaduras civil-militares en América Latina, de todo otro concepto de seguridad a la doctrina de seguridad nacional. Las amenazas a la seguridad de las personas en general – mujeres, niños y niñas, grupos étnicos y otros sectores vulnerables en particular – no se valoraban como para considerarlas posibles amenazas al bienestar de la sociedad en su conjunto. La pobreza, la destrucción del medio ambiente, la propagación de enfermedades, la falta de acceso al agua potable, las deficiencias en el ámbito de la salud y de la educación, el trabajo precario y el desempleo no se contextualizaban en el debate sobre la seguridad humana, subordinando los derechos humanos a los intereses militares y económicos, lo que dio lugar al surgimiento del terrorismo de Estado, asociado al terrorismo empresarial, y al debilitamiento de la democracia y la ausencia de un verdadero Estado de Derecho, que respeta, proteja y garantiza los derechos humanos.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, con el apoyo de sus Relatorías Especiales sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales y sobre la Libertad de Expresión, adopta la Resolución 1/2020 – Pandemia y Derechos Humanos en las Américas – “con los estándares y las recomendaciones bajo la convicción de que las medidas adoptadas por los Estados en la atención y contención de la pandemia deben tener como centro el pleno respeto de los derechos humanos”. En este contexto la CIDH recuerda: “Recordando que los Estados del hemisferio han reconocido la alta relevancia de la protección de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA) como condición esencial para la democracia, el Estado de Derecho y el desarrollo sostenible; y que la salud es un derecho humano reconocido en el corpus iuris internacional de los derechos humanos. El Estado de Derecho y la Democracia son condiciones necesarias para lograr la vigencia y el respeto de los derechos humanos”. “Recordando que, en el contexto de la pandemia, los Estados tienen la obligación reforzada de respetar y garantizar los Derechos Humanos en el marco de actividades empresariales, incluyendo la aplicación extraterritorial de dicha obligación, de conformidad con los estándares interamericanos en la materia”.

Según se señala en la resolución 66/290 de la Asamblea General de Naciones Unidas “la seguridad humana es un enfoque que ayuda a los Estados Miembros a determinar y superar las dificultades generalizadas e intersectoriales que afectan a la supervivencia, los medios de subsistencia y la dignidad de sus ciudadanos”. En la resolución se exigen “respuestas centradas en las personas, exhaustivas, adaptadas a cada contexto y orientadas a la prevención que refuercen la protección y el empoderamiento de todas las personas”.

El concepto de Seguridad Humana tiene la virtud de conceptualizar los vínculos entre Seguridad, Desarrollo Humano y la protección de los Derechos Humanos con el fin de que la persona y la comunidad a la que pertenece constituyen el eje prioritario de la acción de los gobiernos, en particular ante las pandemias.

(*) Introducción. En los próximos capítulos se desarrollan los conceptos de la seguridad humana en el contexto de covid-19 y los conceptos de la seguridad de salud en tanto bien común y derecho humano.

Referencias: (1) Lafede.cat, federación de organizaciones por la justicia global, Barcelona. Enfoque de justicia global, de defensa de derechos humanos y de cultura de paz.

(2) Lorena Frias, “La pandemia ahonda la crisis de los derechos humanos”, larazon.cl 17.07.2020.

(3) Report of Special Rapporteur David Kaye for the Human Rights Council, “Disease pandemics and the freedom of opinion and expression”, A/HRC/44/ 49, 15.06-03.07.2020.

(4) “Regulaciones Internacionales de Salud”, Organización Mundial de Salud, OMS, 2005, art.3 (1).

(5) Report of Special Rapporteur for Human Rights Council, op.cit.

(6) Report of Special Rapporteur for Human Rights Council, op.cit.

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