Sebastián Piñera abrió su gobierno con la campaña “Los niños primero”. Por cierto que nunca fueron las niñas, ni les niñes, pero tampoco fueron los niños en quienes estaban pensando. Para este gobierno, hay vidas descartables, vidas de segunda, tercera categoría, vidas a quienes no se les reconoce derecho alguno. En este último grupo está la niñez y las juventudes (NNNJ) en Chile. Que no quepa duda de ello, en este país, a NNNJ no se les reconoce ni garantizan sus derechos humanos.
Estas semanas se discute en el congreso el veto presidencial a la Ley que crea el nuevo Servicio Nacional de Protección Especializada cuya discusión finalizó en Comisión Mixta debido a diferencias entre ambas cámaras sobre su articulado. Esta ley es a todas luces insuficiente y no representa un cambio sustantivo para la niñez y juventudes, más allá del ejercicio simbólico de acabar con el SENAME. Sin embargo, en el veto lo que se señala no es la insuficiencia de esta ley, muy por el contrario, allí se evidencia la disposición del gobierno de rechazar un avance mínimo en dirección de garantizar los derechos de la niñez y juventudes, perpetuando la precarización de sus vidas y las de sus familias.
El veto plantea seis fundamentos mediante los cuales justifican sustituciones, eliminación e incorporación de elementos que sin necesidad de mucho análisis evidencian la visión patriarcal, neoliberal y adultocéntrica del gobierno. En primer lugar se presentan los agrupados en normas que perjudican el interés superior de los niños, niñas y adolescentes, mediante el cual buscan desvincular este proyecto de ley de aquel -también en discusión parlamentaria- que crea el Sistema de Garantías y Protección a la Niñez[1], desconociendo uno de los principales problemas enfrentados en el SENAME referidos a la ausencia de garantía estatal para el ejercicio de los derechos de las NNNJ. En segundo lugar, se señala que este proyecto de ley contempla elementos que debilitan el derecho preferente y el deber de los padres a educar a sus hijos por disponer como principio la autonomía progresiva de las NNNJ. Aquí, en la misma línea de los sectores que van desde conservadores, fundamentalistas cristianos a la derecha liberal que insisten en decir “con mis hijos no te metas”, tergiversan la noción de autonomía progresiva con el único propósito de perpetuar la noción de propiedad de los padres respecto de las NNNJ, asegurando la mantención de la niñez como objeto y no como sujeto de derechos. Negando desde esa posición política que se centra en la familia patriarcal, como institución privada y destinada al control social, que la construcción de la vida involucra el intercambio intergeneracional. Que las niñeces y juventudes, desde sus particularidades y pluralidad, interpelan al mundo adulto, deciden, negocian, cuestionan, y ya hemos podido ver, al abrir nuestros horizontes de lo posible en el diálogo empático adultas y niñez, que proponen muchas veces, alternativas para cambiarlo todo, para transformar la vida y construir otros mundos posibles. Negar aquello, con la mirada que propone el veto en este ámbito, es obnubilar decididamente, que su paradigma de la familia y del cuidado coercitivo es generalizable, sin embargo, nosotras y nosotres estamos alerta, antes sus intentos de avance patriarcal y violento.
Seguidamente, se argumenta que el proyecto de ley contempla artículos que dificultan la colaboración público-privada. Como es posible de esperar de un gobierno que insistentemente ha protegido los derechos de los empresarios por sobre los de la clase trabajadora, el veto busca limitar la responsabilidad de los organismos colaboradores acreditados (OCA) sobre las vulneraciones de derecho que se cometan en los proyectos que ejecutan, siendo esta delegada por completo a los y las trabajadoras que de ellos dependen. En la misma línea, desde presidencia plantean que es injustificable y excesivo limitar la adjudicación de un proyecto de intervención a un OCA cuando entre sus directivos y/o trabajadoras/es se evidencian antecedentes fundados -en uno o más de ellas/os- sobre la la participación en hechos que son irreconciliables con el trabajo directo con NNNJ o bien con la administración de recursos públicos. Es decir, nuevamente se prioriza la relación del estado con el empresariado por sobre garantizar la seguridad de las niñas, niños, niñes, jóvenes y sus familias.
Respecto de ámbitos operativos del Servicio, plantean que en el articulado del proyecto se establecen normas que implican dificultades en la operaciòn del Servicio. En quinto lugar, desconociendo que hoy uno de los principales problemas del SENAME es la débil fiscalización de los programas, el veto busca eliminar la indicación parlamentaria mediante la cual se exigen fiscalizadores a nivel nacional y regional suficientes y proporcionales a los programas en ejecución, puesto que desde su perspectiva refiere a atribuciones entregadas al Servicio que corresponden a materias de exclusiva iniciativa del Presidente de la República por irrogar mayor gasto fiscal. Por último en el sexto y final fundamento, una vez más se observa la necesidad del gobierno de establecer mecanismos que resguarden los derechos de las empresas haciéndolos pasar por medidas que atentan contra la coherencia legislativa, y así limitar las exigencias para la acreditación de los organismos que ejecuten programas del Servicio.
En este sentido, como Comité de Niñez de la CF8M, exigimos al gobierno reconocer de una vez por todas a las NNNJ como sujetos políticos y de derecho, pues es un ejercicio mínimo en el avance de tensionar prácticas institucionales adultocéntrica que abraza al neoliberalismo y al patriarcado, en tanto sistemas de dominación y opresión que el Estado bajo diversos gobiernos de la post dictadura han sostenido. Hacemos un llamado a vetar la reproducción de estas lógicas, en donde las personas importan sólo en tanto mano de obra del sistema capitalista neoliberal, el cual excluye y relega al ámbito de lo privado a las mujeres, disidencias y NNNJ, sosteniendo una estructura de orden social basada en el privilegio y no en derechos.
Como feministas hemos planteado insistentemente que las niñas, niños, niñes y jóvenes no son un proyecto de futuro, sino que, son el presente, y por tanto son sus necesidades de hoy y no de mañana las que como comunidades debemos escuchar y reconocer, pero por sobre todo, el estado debe garantizar.
