Con exagerada frecuencia la derecha y los sectores más conservadores culpan a la izquierda de promover la lucha de clases, algo así como un relato en que prevalecen el odio y la lógica irreconciliable del nosotros y ellos. Aunque en estricto rigor Marx planteaba la lucha de clases como una explicación del desarrollo histórico más que como un programa político, no cabe duda que tal idea se ha instalado casi como un mantra para enrostrar una supuesta vocación odiosa y antidemocrática de la izquierda.
Paradójicamente, una forma de confrontación similar parece instalarse hoy a partir de algunas de las propuestas impulsadas por el actual gobierno, cuyo foco descansa sobre una idea profundamente problemática: que los derechos de algunos constituyen el principal obstáculo para el bienestar de otros.
La reciente propuesta de reducir los años de indemnización por despido responde precisamente a esa lógica. También lo hace la idea de financiar la sala cuna universal con recursos del seguro de cesantía de los propios trabajadores. En ambos casos, una lectura posible es que los derechos laborales dejan de ser una conquista social susceptible de perfeccionarse y pasan a ser presentados como un obstáculo para el crecimiento, el empleo o la protección de otros grupos. Algo parecido ocurre cuando se plantea restringir derechos sociales como respuesta a problemas de seguridad o convivencia. Poco a poco, se instala la idea de que las dificultades del país no obedecen a situaciones estructurales, sino a los derechos o protecciones que determinados grupos han logrado conquistar.
El problema es la instalación de un relato político según el cual la solución consiste en reducir derechos para unos en beneficio de otros. Así, el desempleo deja de entenderse como un asunto de crecimiento económico, productividad o inversión y pasa a atribuirse, principalmente, a las indemnizaciones, a las protecciones laborales o a los costos asociados al empleo formal.
En lugar de preguntarnos cómo generar más empleo, aumentar la productividad o financiar mejores políticas sociales, terminamos discutiendo qué grupo debe perder derechos para que otro pueda mejorar su situación. Los trabajadores con empleo aparecen enfrentados a quienes buscan trabajo; quienes reciben beneficios sociales son presentados como responsables de las dificultades de quienes no los tienen.
Una democracia necesita discutir permanentemente sus políticas públicas y revisarsus instituciones. Pero existe una diferencia fundamental entre mejorar un derecho y convertir ese derecho en el culpable de los problemas sociales, toda vez que ello no contribuye a fortalecer la cohesión social. Al contrario, alimenta el enfrentamiento ya no entre capital y trabajo, sino entre trabajadores con empleo y trabajadores desempleados, entre quienes conservan ciertos derechos y quienes aún no han podido acceder a ellos. Y esa, después de todo, es una de las formas más dañinas de la lucha de clases.
Rolando Poblete Melis
Académico
