Texto del Grupo de Trabajo “Reflexión y análisis crítico” del Colegio de Antropólogos y Antropólogas de Chile[1] María José Lucero Díaz; Katherine Maldonado Gallardo; Wladimir Martínez Cañoles; Roberto Morales Urra y Fabien Le Bonniec.
El pasado jueves 7 de enero se llevó a cabo la lectura del veredicto del homicidio de Camilo Catrillanca y del homicidio frustrado y apremios ilegítimos en contra del adolescente mapuche de iniciales M.A.P.C. Este veredicto constituye un hecho histórico en el marco de las relaciones entre mapuche y la justicia chilena, ya que se trata del primer caso de violencia ejercida hacia este pueblo que es resuelto –luego de tres décadas– en tribunales de justicia civil y no de justicia militar, como fue en los casos de homicidio a manos de agentes del estado de los jóvenes Jaime Mendoza Collio, Alex Lemún, Matías Catrileo, entre otros. Mientras se desarrollaba la lectura de esta resolución, en la que se condenó a los responsables de estos hechos, se desplegaba en las comunidades Huañaco Millao, Chacaico, Butaco y Pancho Curamil y Coñomil Epuleo –comuna de Ercilla– un operativo policial que contó con más de 800 efectivos apoyados por un Equipo de Reacción Táctica (ERTA) de la PDI. La operación, enmarcada en la orden de investigar los delitos de tráfico de drogas y de armas al interior de las comunidades mapuche de Ercilla, tuvo como resultado diversas situaciones, entre ellas, la muerte del subinspector de la PDI Luis Morales Balcázar, la violencia y amenazas ejercidas hacia niñas, niños, hombres, mujeres y ancianos y la destrucción de sus viviendas.
Diversos medios de comunicación no tardaron en calificar estos hechos como el resultado de una violenta jornada, poniendo énfasis en los enfrentamientos entre la Policía de Investigaciones y grupos delictivos armados, antes que en las causas estructurales que mantienen en permanente conflicto a las comunidades del sector y las policías. El tratamiento mediático brindado por la prensa oficialista reproduce modelos de representación que a menudo omite la historia política de Temucuicui, instalando una imagen distorsionada de las y los mapuche que se condice con las palabras del presidente de la república Sebastián Piñera, quien afirma que “Al interior de Temucuicui se han enquistado organizaciones de crimen organizado y bandas de narcotráfico”.[2]
Las consecuencias derivadas de este tipo de situaciones de abierto conflicto propiciadas por las autoridades políticas constituyen la manifestación maniquea de la violencia institucional del estado que incurre en actos de carácter racista y que deslegitima la protesta social mapuche, ahora mediante la estigmatización de comunidades movilizadas por sus derechos territoriales como narcoterroristas y criminales organizados.
El uso de la violencia como práctica de subordinación histórica y contemporánea
Anteriormente, como Grupo de Trabajo “Reflexión y análisis crítico”, habíamos analizado algunos problemas que se ubican en el plano estructural de la relación histórica entre el estado y el pueblo mapuche[3] tras los violentos desalojos de familias y comunidades mapuche que mantuvieron ocupadas las dependencias de las municipalidades de Curacautín y Victoria en agosto del año pasado. Allí afirmamos que la representación estereotipada de un sector del pueblo mapuche en los medios de comunicación empresariales responde a un entendimiento parcial, racista y etnocéntrico de la realidad histórica del país, y que reproduce nociones que alimentan el conflicto antes que solucionarlo.
Los allanamientos desplegados la semana del 7 de enero en territorio mapuche forman parte de una práctica histórica de subordinación legitimada por el estado chileno. Como recuerda el historiador Martín Correa, en 1862 se da inicio a la denominada “Ocupación de la Araucanía”. Ese mismo año el Intendente de la Provincia de Arauco y Comandante en Jefe del Ejército de Operaciones sobre el Territorio Araucano, Cornelio Saavedra, llevaría a cabo el “primer allanamiento” ejercido justamente en el actual territorio del lof de Temucuicui[4]. Las coincidencias entre ambos operativos resultan sorprendentes, ambas contaron con un número similar de efectivos, cuya estrategia consistió en avanzar desde la ciudad de Angol al río Malleco y el Valle de Chiguaihue, con el propósito de controlar y administrar el territorio mediante el uso de la fuerza militar y policial para relegar a sus habitantes de su potestad política y autonómica. Este continuum de prácticas de subordinación de un territorio y su población se fundan en estereotipos anclados a la época y al marco ideológico de las elites dominantes.
¿Mapuche narcoterrorista?
En las últimas décadas, la respuesta del estado chileno frente a las exigencias y reclamos del pueblo mapuche, ha sido la militarización del territorio en el que habitan las comunidades movilizadas en nombre de la lucha contra el terrorismo y la “violencia rural”. Es importante recordar que luego del incendio con resultado de muerte del matrimonio Lucksinger Mackay en 2013, el gobierno de Sebastián Piñera invitó a Ben Emmerson –Relator Especial de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos y Contraterrorismo– a analizar la supuesta violencia terrorista en el sur del país. Sin embargo, la conclusión de la ONU fue que en Chile no estaban las condiciones ni las características para hablar de la presencia de terrorismo. Por el contrario, el organismo aconsejó que las autoridades no siguieran aplicando arbitrariamente la ley antiterrorista en casos de protestas territoriales mapuche y que el estado chileno debía abrirse al diálogo político con este pueblo[5].
A pesar de ello, la estrategia de los gobiernos y los medios de comunicación oficialistas insiste en clasificar a los habitantes de las comunidades movilizadas mediante el uso de categorías jurídico penales que los sitúan como terroristas-criminales, de modo que las políticas públicas y la prensa hegemónica generan dicotomías ficticias que, de acuerdo con la propuesta conceptual de los antropólogos Charles Hale de la Universidad de Austin Texas y el Ex-Pdte. del Colegio de Antropólogos de Chile, Rosamel Millaman, dividen el mundo social mapuche entre lo que ellos denominan el “indio permitido” y el ahora “indio terrorista”[6]. Estos discursos cobran efectos reales insertándose, por ejemplo, en las políticas de criminalización[7], en el sentido común de la población chilena y, por ende, en la opinión pública.
Recientemente, los discursos oficiales se han desplazado hacia la construcción de los y las mapuche como “narcoterroristas”, cuyos territorios “sin dios ni ley” estarían ahora bajo el dominio de poderosos cárteles de droga, lo que daría motivos suficientes para dar inicio a una nueva arista represiva. En esta línea, los discursos políticos y mediáticos pronunciados durante los últimos meses han impuesto una visión acerca del narcotráfico como el principal problema para el país y su población, promoviendo de esta forma una “guerra contra el narco” que se sustenta sobre diversos mitos que aluden a la supuesta demarcación entre lo legal y lo ilegal, y la existencia de “zonas liberadas”[8] para el tráfico de droga. Actualmente, tal imaginario ha comenzado a reproducirse fuera de las periferias de los grandes centros urbanos para instalarse en la agenda de seguridad pública en el sur del país, sumándose a los planes ya existentes de militarización y de lucha contra la “violencia rural” y el robo de madera.
Provenientes de distintas regiones y preparados para enfrentarse a peligrosos grupos armados, los efectivos policiales a cargo de combatir el crimen organizado en el sur del país, ingresan al territorio mapuche sin conocer su historia y menos la singularidad sociocultural de sus habitantes. La reducción del mapuche a un “otro” peligroso, terrorista, narcotraficante y criminal organizado, hacen de la situación política mapuche un problema de orden y seguridad que es presentado como un imperativo moral que justifica un accionar policial que no ha estado exento de críticas y denuncias relativas al uso excesivo de la violencia[9]. Es así que una de las estrategias existentes en materia de intervención policial en territorio mapuche corresponde a la lógica de las operaciones de “contrainsurgencia” (COIN), orientadas a “neutralizar las acciones irregulares”, bajo el supuesto de que las reivindicaciones mapuche son utilizadas por grupos narcotraficantes, organizaciones de robo de madera y grupos dedicados al abigeato y reducción de automóviles, tal como sostiene el ex Director de Inteligencia de la Armada, entre 2013 y 2016, ContraAlmirante Oscar Aranda Mora[10].
La cuestión de la violencia en los allanamientos en comunidades mapuche por parte de las policías en los últimos años, se afirma en operaciones de contrainsurgencia que marcan continuidades en el discurso en torno a mapuche como enemigo interno. Pero al mismo tiempo anula su historicidad al reducirla a un fenómeno del presente que surge como respuesta a las acciones reivindicativas de sectores minoritarios del pueblo mapuche: tomas de terreno, quema de camiones, entre otras.
La iniciativa mapuche por construir un nuevo horizonte
La reciente condena de siete carabineros dados de baja y un abogado, como autores de los delitos de homicidio, homicidio frustrado, apremios ilegítimos y obstrucción a la investigación que fue dictada por el Tribunal de Juicio Oral de Angol en el caso Catrillanca aparece como hito significativo, ya que rompe con los estigmas producidos acerca de los habitantes de comunidades como la de Temucuicui para justificar la violencia en su contra. Al reconocer como verdad jurídica el hecho de que Camilo Catrillanca y M.A.P.C. fueron víctimas y no agresores tal como se había indicado en las primeras versiones difundidas por autoridades políticas y medios de comunicación empresariales, la sentencia contribuye a revertir las representaciones que suelen reproducirse en este tipo de situaciones de conflicto que involucra a fuerzas policiales y personas mapuche.
A pesar de este contexto de violencia y estigmatización, las comunidades y organizaciones mapuche históricamente han generado sus propias instancias políticas de encuentro, diálogo y toma de decisiones para hacer frente a su situación política en el marco de las relaciones con el estado chileno. Tal como hicieran en el pasado, a través del Koyagtun y los Parlamentos celebrados con autoridades españolas y más tarde con los gobiernos chilenos, los lonko Víctor Queipul y Juan Catrillanca del lof Temucuicui hicieron un llamado a todo el pueblo mapuche, a organismos de Derechos Humanos y del Poder Judicial (Defensoría Regional de La Araucanía y Defensoría Penal Mapuche) y a diversas organizaciones sociales para invitarlos a un Lef Trawün (reunión de emergencia) desarrollado los días 18 y 19 de enero de este año. Ante las consecuencias de la arremetida policial desplegada una semana antes y con el anhelo de poner fin a las situaciones de violencia y vulneración a las que se exponen las y los mapuche de las comunidades que habitan en el sector, el Lef Trawün tuvo como propósito establecer un “Pacto Político Social con el Pueblo Mapuche”.
Este encuentro contrasta con la imagen difundida por las autoridades políticas y los medios de comunicación que buscan estigmatizar a estas comunidades como “tierras de nadie”, encabezadas por dirigentes intransigentes y en donde supuestamente no puede ingresar el estado. Sin embargo, vemos que este tipo de iniciativas son una muestra de la voluntad política de las y los mapuche de Temucuicui, quienes ven en la generación de alianzas con otros sectores de la sociedad chilena una forma de visibilizar sus demandas y poner freno a la violencia institucional del estado y a la imagen distorsionada que promueven los gobiernos, algunos medios de comunicación y grupos civiles, como la Asociación para la Paz y la reconciliación en la Araucanía (APRA), los cuales se han encargado de fomentar discursos de odio basados en lecturas parciales e ideológicas de la realidad sociopolítica en el centro sur del país.
En las últimas tres décadas se ha intensificado el conflicto entre el estado chileno y las organizaciones mapuche que reclaman reivindicaciones territoriales y otras demandas relativas a sus derechos políticos, económicos y culturales. En este contexto, la conquista de los escaños reservados de los pueblos originarios en la Convención Constituyente se ubica en un escenario que ha generado un gran debate a nivel nacional, y que mantiene preocupada a la élite económica y política. Afortunadamente, este proceso ha venido a instalar en la opinión pública los desafíos en materia de reconocimiento constitucional de los Pueblos Indígenas y sus territorios. Creemos que esto representa una oportunidad para que las comunidades ocupen sus tierras históricas y manejen de forma autónoma sus espacios de vida y recursos naturales, sin que sea visto como un delito o un peligro para el estado de derecho. De este modo, el reconocimiento de jurisdicciones territoriales propias abre la posibilidad de que las comunidades sean reconocidas no sólo como las legítimas dueñas de sus territorios, sino como colectividades válidas para dialogar con el estado chileno y así evitar situaciones similares a la ocurrida a inicios de este año en Temucuicui.
[1] El GT agradece a la antropóloga Debbie Guerra por haber participado en nuestras reuniones de trabajo y contribuir a través de sus comentarios a la redacción del presente texto.
[2] Esta declaración fue difundida por diferentes medios de comunicación, entre ellos, El Mostrador, diario U de Chile, ver: https://www.elmostrador.cl/noticias/multimedia/2021/01/09/sebastian-pinera-al-interior-de-temucuicui-se-han-enquistado-organizaciones-de-crimen-organizado-y-bandas-de-narcotrafico/
[3] Estas reflexiones fueron vertidas en el texto “Aportes para la comprensión de la situación mapuche actual: una reflexión crítica desde la antropología”, elaborado por el Grupo de Trabajo “Reflexión y análisis crítico” de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Antropólogos y Antropólogas de Chile, redactado por Fabien Le Bonniec, María José Lucero Díaz, Katherine Maldonado Gallardo, Wladimir Martínez Cañoles, Roberto Morales Urra, Carola Pinchulef Calfucura, Javier Sutil Martínez y Jorge Iván Vergara, disponible en hhtps://colegioantropologos.cl
[4] Intervención de Martín Correa en Lef Trawun de Temucuicui celebrado el 18 y 19 de enero de 2021.
[5] ONU Derechos Humanos Chile (2013), “Experto de la ONU pide a Chile no utilizar la ley antiterrorista y adoptar una estrategia nacional para abordar la “cuestión mapuche””, disponible en https://newsarchive.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=13599&LangID=S
[6] Hale, Charles R. and Millaman, Rosamel, “Cultural agency and political struggle in the era of the Indio Permitido”, en: Cultural Agency in the Americas, 2006, págs. 281-301.
[7] Centro de Investigación y Defensa Sur, “Crímenes y montaje como política indígena: El Caso Huracán, el Comando Jungla y los efectos en niños, niñas y adolescentes Mapuche”, en: Anuario del Conflicto Social, 2019, págs. 47-48.
[8] Mitos sobre la fallida guerra contra el narco en Chile, Juan Pablo Luna, ver: https://www.ciperchile.cl/2021/01/02/mitos-sobre-la-fallida-guerra-contra-el-narco-en-chile/
[9] Ver entre otros el capítulo del Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile 2020 de la Universidad Diego Portales sobre “Pueblos Originarios del Informe de DD.HH”, que recomienda “realizar acciones urgentes y concretas para terminar los abusos policiales que se han Reportado contra comunidades indígenas, en especial respecto de los niños y niñas mapuches” (p. 277).
[10] Aranda, Óscar, “Operaciones COIN en la Araucanía: Del Ajedrez al Go”, Revista de Marina, Septiembre 2020.
