En Chile estamos atravesando un nuevo proceso eleccionario para la Presidencia de la República, en el que candidatos y candidatas que han llegado a competir representan a una diversidad de partidos, coaliciones y corrientes políticas. Sin embargo, esa diversidad formal no siempre se traduce en una representación real de las necesidades, demandas y aspiraciones que atraviesan a la sociedad chilena. La distancia entre la ‘oferta electoral’ y la ciudadanía se hace evidente en los niveles de participación: en las primarias recientes, la cantidad de votantes fue reducida 1.301.944 sufragios (SERVEL, 2025), lo que abre interrogantes urgentes. ¿Se trata de desinterés genuino por la política, de una desesperanza acumulada frente a las instituciones, o de una especie de ‘silencio forzado’ producto de la falta de alternativas que resuenen con la experiencia cotidiana de la población?
En este escenario surge una pregunta incómoda, pero necesaria ¿qué significa realmente estar en la papeleta presidencial? Para algunos, pareciera que la prioridad no es tanto la construcción de un proyecto político coherente y transformador, sino simplemente ‘legar a la papeleta’, asegurar un espacio en la contienda y acceder a los beneficios y visibilidad que ello otorga. Así, la papeleta se convierte en un fin en sí mismo, en un recurso político que opera como un negocio en el que el cálculo, la exposición mediática y la capacidad de asegurar financiamiento pesan más que la consistencia programática.
La pregunta que deberíamos hacernos es si, en medio de este proceso, se han puesto sobre la mesa propuestas sustantivamente distintas, capaces de interpelar a la ciudadanía y de responder a las urgencias sociales. ¿O nos encontramos con repertorios repetidos, discursos de ocasión y promesas que no logran diferenciarse en el fondo? Cuando la política se reduce a la carrera por estar inscrito en la papeleta, la consecuencia inmediata es la pérdida de credibilidad y la desafección ciudadana, lo que retroalimenta la baja participación electoral y debilita la democracia.
Aquí resulta clave hablar de transparencia, conocida como la Ley de Fortalecimiento de la Democracia, la que introdujo cambios relevantes en el financiamiento de la política. Estableció, por ejemplo, límites a los aportes individuales, la obligación de declarar públicamente los aportes recibidos y la fijación de montos mínimos y máximos tanto para donaciones como para gastos de campaña. También prohibió los aportes de empresas y reguló la publicidad electoral. Sobre el papel, estas medidas buscan garantizar condiciones de mayor equidad y evitar que el poder económico defina por sí solo quiénes logran acceder a la papeleta y con qué recursos compiten.
No obstante, queda abierta la pregunta: ¿basta con la ley para asegurar transparencia y justicia electoral?
El marco legal es un avance, pero la práctica política muestra que aún existen zonas opacas, estrategias de financiamiento indirecto y mecanismos de influencia que continúan reproduciendo desigualdades en la competencia electoral. Además, cuando lo central es llegar a la papeleta como parte de un cálculo personal o de partido, la transparencia en el financiamiento se vuelve insuficiente si no está acompañada por la transparencia en las propuestas y en la voluntad de representar de verdad al país.
Discutir el ‘negocio de la papeleta’ implica reconocer que el problema no se agota en las normas de financiamiento, sino que toca el núcleo de la relación entre política y sociedad. ¿Estamos frente a candidaturas que buscan transformar la vida de las personas o frente a candidaturas que persiguen visibilidad, cuotas de poder o intereses partidistas? ¿Qué rol juega la ciudadanía en este proceso: ¿espectadores distantes, consumidores de campañas o protagonistas críticos de la democracia?
Superar esta lógica exige abrir nuevos caminos. En primer lugar, fortalecer los mecanismos de democracia participativa que complementen las elecciones, como los cabildos, las consultas ciudadanas vinculantes y los espacios deliberativos en territorios y comunidades de manera genuina y no importada en palabras vacías de sentido y de escasas proyecciones. La democracia, entonces, no puede reducirse al acto de marcar una papeleta cada cuatro años, debe ser un proceso constante en el que la ciudadanía tenga poder real de incidencia.
En segundo lugar, urge exigir mayor transparencia programática y política a quienes aspiran a cargos de representación, es decir, no basta con fiscalizar el financiamiento de sus campañas; es necesario que los proyectos se expongan con claridad, que se sometan a escrutinio público y que exista un seguimiento ciudadano respecto al cumplimiento de los compromisos asumidos.
En tercer lugar, resulta indispensable fortalecer la educación cívica y política, entendida como una herramienta crítica que permita a la ciudadanía leer con mayor profundidad los discursos, evaluar las propuestas y exigir rendición de cuentas y no como un adoctrinamiento, sabemos que las personas más informadas es también personas más difíciles de manipular por lógicas de marketing electoral o populismo vacío.
Finalmente, avanzar hacia una democracia más representativa requiere romper la lógica de la papeleta como negocio. Esto supone revisar los incentivos institucionales, cuestionar el rol de los partidos en la selección de candidatas/os y abrir espacios a liderazgos sociales, comunitarios y territoriales que hoy quedan marginados de la arena política. Una democracia viva no puede estar cautiva de intereses partidistas cerrados ni de cálculos electorales estrechos, necesita voces nuevas y proyectos colectivos que devuelvan sentido a la política.
El desafío, entonces, es enorme, transformar la política en un espacio que deje de girar en torno al negocio de la papeleta y vuelva a orientarse hacia el bien común, la justicia social y la construcción de un país más digno. Solo así la democracia podrá recuperar credibilidad, legitimidad y, sobre todo, la participación activa de quienes son su razón de ser, las personas.
Dra. Sonia Brito Rodríguez
Académica y directora Carrera Trabajo Social
Universidad Alberto Hurtado
Dra. ©. Andrea Comelin Fornés
Académica carrera Trabajo Social
Universidad de Tarapacá
Dra. ©. Lorena Basualto Porra
Académica Universidad Católica Silva Henríquez
