Contradicciones en una probable desmercantilización de la educación chilena.
Contradicciones en una crisis permanente.
Son distintas las problemáticas que han afectado históricamente al sistema educativo chileno desde sus inicios, entre ellas la falta de docentes, la mala infraestructura y los bajos índices en materia de equidad y calidad en la educación. Esta situación ha sido especialmente agresiva en el mundo rural y en sectores con una mayor tasa de vulnerabilidad, lo que es una crisis permanente, bastante difícil de erradicar y que ha permeado generaciones completas de un sector mayoritario de la sociedad chilena. Si bien, este fenómeno es de carácter histórico, se vio profundizado con la instalación del modelo económico neoliberal durante el periodo dictatorial, debido a su carácter mercantilista, influyendo directamente en la generación de políticas educacionales, las que se vieron influenciadas por la reducción del gasto público, incidiendo directamente en la consolidación de entidades educativas privadas, mediante la aparición de grupos de empresarios que vieron en el sistema educacional un nicho a explotar.
La reducción del gasto público, estuvo acompañada por la descentralización de la educación, lo que se traduce en el traspaso de responsabilidades del Estado hacia gobiernos locales. Esta política influenció en una mayor racionalización de recursos, para focalizarlos en áreas de “mayor interés”, llegando a perjudicar a todos los componentes de la cadena educativa, incluyendo a los docentes, precarizando sus condiciones de trabajo, mediante la persecución a su labor profesional, el aumento de la carga laboral y sueldos muy por debajo del mercado laboral.
Con el retorno a la democracia, vinieron una serie de normativas legales, que buscaban solucionar – en parte – algunas de las falencias del sistema educativo chileno, lo que ocurrirá de forma lenta, al punto de no evidenciar grandes modificaciones en el corto y mediano plazo, afectando a toda la estructura del sistema educacional. Un ejemplo de esto, es lo ocurrido con la Ley 18.962, o Ley Orgánica Constitucional educacional (LOCE) promulgada en 1990, considerada una de las tantas herencias de la dictadura militar, y que se mantuvo vigente durante varias décadas, haciéndose parte de innumerables discusiones en el congreso y en las calles, debido justamente a su carácter neoliberal (Cárdenas, 2016). Su lejanía e inconsistencia en temas pedagógicos profundizará la crisis educativa, lo que terminará en una serie de cuestionamientos, en cuanto a su origen y objetivos, establecidos ya desde los primeros apartados de esta normativa legal, la que define en sus primeros párrafos lo que se entiende por educación:
La educación es el proceso permanente que abarca las distintas etapas de la vida de las personas y que tiene como finalidad alcanzar su desarrollo moral, intelectual, artístico, espiritual y físico mediante la transmisión y el cultivo de valores, conocimientos y destrezas, enmarcados en nuestra identidad nacional, capacitándolas para convivir y participar en forma responsable y activa en la comunidad[1].
Quedaba en evidencia una contradicción, originada en que los objetivos de un proyecto con las características de la LOCE no fueron coherentes con la realidad país en materia educacional. Ejemplo hay muchos, como ocurre tempranamente en los 90 con la creación del Programa MECE (Mejoramiento de la Calidad y Equidad de la Educación), con el que se pretendía mejorar los resultados del sistema educativo, mediante la implementación de una serie de recursos, enfocados mayoritariamente en lugares de escasos recursos, situación contraria a los esquemas típicos impuestos por el modelo mercantilista que ha permeado a la educación. Si bien, problemas como la deserción y la baja cobertura escolar evolucionaron a favor del sistema educativo, aspectos relacionados al aprendizaje de jóvenes y niños sufrió un estancamiento, principalmente en escuelas rurales y públicas. Esto puede ser constatado, al revisar los resultados de la Prueba SIMCE a lo largo de la década (Donoso, 2005), situación bastante contradictoria si se toma en consideración el alza re recursos públicos en educación, lo que nos hace pensar en que parte del origen de los problemas en materia educativa corresponderían más bien a elementos estructurales, económicos y socioculturales si queremos ser más específicos.
El estancamiento de la educación descrito, es uno de los motivos por el que en los primeros años del 2000, la LOCE fue derogada, dando paso a la LGE (Ley General de Educación). Si bien, inicialmente se mantuvo la idea de Estado subsidiario, no poniendo fin al lucro ni a la desigualdad en la educación, es desde este momento donde se comienza a legislar, ampliando coberturas en educación y aumentando el gasto público en esta área.
¿Desmercantilización de la educación?
El modelo económico neoliberal, ha profundizado problemas estructurales e históricos que ha tenido desde siempre la educación chilena, haciendo inconsistentes reformas educativas establecidas desde el retorno a la democracia, quedando demostrado a lo largo de los años en los que gobernó La Concertación, donde la generación de políticas educativas no tuvieron los resultados esperados, especialmente en temas relacionados a calidad y equidad en educación. Una muestra, es lo que ocurre en la última parte de la década de los 90` con la Ley 19.532, normativa conocida por dar marcha a la Jornada Escolar Completa (JEC), cuyo objetivo era justamente mejorar en cuanto a calidad educativa y oportunidades en la formación de nuestros estudiantes, mediante la ampliación de su tiempo de permanencia en sus centros educativos. Siendo justos, la JEC en el presente ha tenido resultados positivos, si estos los relacionamos con una baja sostenida en el tiempo de la deserción escolar o un mayor ingreso de estudiantes a la educación superior. Aun así, y de forma contradictoria, persiste un sector de la sociedad chilena, donde las políticas educativas no han tenido los resultados esperados.
Las últimas décadas, hemos visto como han aparecido propuestas para mejorar en calidad y equidad educativa, avanzando en inclusión y en acceso a la educación. Hace veinte años, era impensada una ley como la que nos entregó la gratuidad universitaria, o normativas, como las que dieron origen a los Programas de Integración Escolar (PIE), destinados a lograr la inclusión de niños y jóvenes con necesidades educativas especiales. En el presente, ambos casos son una realidad en nuestras aulas de clases, permitiéndonos mejorar en temas de acceso a la educación, poniendo en jaque elementos centrales para un sistema educacional mercantilista, con las características vistas en nuestro país.
¿Estamos en camino a la desmercantilización de la educación chilena? Como es de esperarse, es muy temprano para dar una respuesta a esta interrogante, debido a las estructuras propias del sistema educativo que estamos describiendo. Si bien, se ha avanzado en esta materia, esto ha ocurrido de forma forzada debido a procesos históricos coyunturales y respondiendo siempre a las necesidades de la población, o a las contradicciones propias de un sistema que por el avance de la historia ha merecido los cambios ocurridos. Este es uno de los probables motivos, por el que además de los problemas históricos, cada cierta cantidad de tiempo se suman otros nuevos o quedan en evidencia, falencias que no habíamos notado, convirtiéndonos en malos espectadores, dueños de una ceguera selectiva, habitantes de un sistema en crisis permanente.
Bibliografía.
Artículos consultados:
Cárdenas Camila, El Movimiento Estudiantil Chileno (2006 -2026) y el uso de la web social: Nuevos repertorios de acción e interacción comunicativa, en Revista Última Década, Nª5, 2026, Proyecto Juventudes, pp. 93 -116.
Donoso Sebastián, Reforma y Política Educacional en Chile 1990- 2204: El neoliberalismo en crisis, en Revista Estudios Pedagógicos, Vol. XXXI, núm. I, 2005, pp. 113 – 135, Universidad Austral de Chule, Valdivia, Chile.
Leyes consultadas:
Ley Orgánica Constitucional Educacional, 18.962.
Disponible en: https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=30330
[1] Extraído desde el artículo 2ª, de la Ley 18.962, Ley Orgánica Constitucional Educacional. Disponible en: https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=30330
Arturo I. Castro Martínez
Profesor en Historia, Geografía y Ciencias Sociales.
Lic. Historia y Ciencias Sociales. Mención en Patrimonio Cultural y Ciudadanía.
Máster en Historia Contemporánea y Mundo Actual. Universidad de Barcelona.
Magíster en Dirección y Liderazgo para la Gestión Educacional (c).
