Bourdieu (1986) sostiene que las relaciones de poder se manifiestan y reproducen en la vida cotidiana a través del uso estratégico del capital social; a través de diversos mecanismos sociales, culturales, económicos y simbólicos que perpetúan las jerarquías y desigualdades entre las clases sociales:“...estrategias de reconversión mediante las cuales los individuos (y los grupos) se esfuerzan por mantener o por mejorar su posición en el espacio social.”(p.126). En la “Trama Bielorrusa”, se pone de manifiesto cómo los lazos personales (la relación de Vivanco, Migueles, Vargas, Lagos y otros) pueden influir en decisiones institucionales, erosionando la confianza pública en la justicia.
Este sórdido y turbio escándalo, que involucra a la empresa estatal Codelco en una controversia legal, plantea serias preocupaciones sobre la corrupción y el conflicto de intereses dentro del sistema judicial chileno. Es una pesadilla que da valor a la realidad. ¿Cómo se explica esto? La pesadilla es la representación de las consecuencias destructivas de la corrupción en el sistema judicial, donde posiblemente una jueza, en lugar de actuar en el mejor interés de la justicia y el bien público, opta por favorecer intereses económicos (personales) de otros, lo que pone en tela de juicio la integridad del sistema y mina la confianza pública en las instituciones. Es una pesadilla que encarna la dura realidad en la que la justicia se ve comprometida por intereses personales. La trama Bielorrusa sirve como un llamado de atención que “da valor” a la realidad de un país donde la corrupción está o ya ha permeado las instituciones, arraigándose por completo. La ciudadanía es consciente que las instituciones, que deberían proteger a la sociedad en su conjunto, están siendo utilizadas para el beneficio personal de unos pocos, revelando las vulnerabilidades del sistema.
La corrupción y la falta de ética relevan la necesidad de defender y proteger los intereses de instituciones que proveen recursos vitales para el desarrollo y bienestar de la población. Ética y justicia son pilares fundamentales en la administración pública, desde la perspectiva de John Rawls (1971), el conflicto de interés de los involucrados contradice los principios de equidad y justicia que se esperan de quienes ocupan posiciones de poder. La búsqueda de intereses personales a expensas de la integridad judicial no solo perjudica la percepción pública de la justicia, sino que también alimenta un clima de impunidad. Estamos ante un nuevo mundo, donde prevalece la realidad económica, las ganancias personales. Para Rawls “Una acción es justa si está en concordancia con los principios universales que los ciudadanos aceptarían en una posición de equidad” (Rawls, 1971, p. 302). La actuación de los involucrados se percibe como una traición a estos principios, donde se favorecen intereses privados en detrimento del interés público, lo que agrava la percepción de impunidad y corrupción en el sistema judicial. Todo bajo el manto de las “famosas” redes de influencia explicadas por Bourdieu (1986) como “las relaciones propiamente dichas, en el sentido de relaciones profesionales, útiles en la profesión, aparecen a nivel de las clases medias y son sobre todo el modo de obrar característico de la clase dominante” (p.197). Estas relaciones son herramientas para ejercer poder, que facilitan el acceso a posiciones de prestigio, empleo y otros beneficios (económicos).
Pero, ¿Qué pasa con el control de las instituciones? El caso claramente deja de manifiesto la falta de control y supervisión de las instituciones judiciales. Por eso, Hannah Arendt (1972) señala que la corrupción a menudo surge de estructuras de poder concentradas y, en ese sentido, este escándalo pone de relieve la urgencia, imperiosa, de monitorear las instituciones para restaurar la confianza ciudadana. La corrupción puede originarse en la falta de igualdad y la concentración del poder en manos de unos pocos, lo que fomenta el abuso y la deshumanización en las relaciones sociales y políticas. (p.330). La confianza debe ser restaurada por ser un imperativo moral y social para la sociedad. Por ello, la querella ampliada por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) es un intento de restablecer esa confianza al evidenciar que la justicia se está aplicando incluso a los más altos niveles de poder judicial. Es un recordatorio de que la rendición de cuentas es imprescindible para la salud de la democracia. Es una forma de debe dar valor, también, al bien común y el bien común, acá es Codelco, la empresa estatal considerada “el sueldo de Chile”. ¿Qué queda entonces? La movilización social. Dado el impacto perjudicial de la corrupción, la ciudadanía debe sentir el impulso para exigir reformas, mayor transparencia y rendición de cuentas, para, al menos, conducir a un cambio positivo y a la reivindicación de los valores éticos en la administración pública; ya que el lado oscuro de la naturaleza humana que se deja llevar por la avaricia y el interés personal, incluso a expensas del bienestar colectivo, no tiene arreglo.
El perjuicio ocasionado a una empresa estatal, que beneficia a toda la nación, plantea cuestionamientos y críticas sobre la desproporción entre el beneficio personal de un individuo y el daño causado a la comunidad en su conjunto. Lastimosamente, la ex jueza Ángela Vivanco desempeñó un papel crucial al favorecer a la empresa bielorrusa Movitec, lo que resultó en un fallo que ordenó a Codelco pagar más de 17 mil millones de pesos, o sea, el sueldo de Chile. Y, ¿qué podría hacer el Estado de Chile que beneficie a los ciudadanos y ciudadanas con ese monto?
