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La pobreza, la situación de calle y los derechos humanos en la pandemia del Covid-19. A propósito de una nueva conmemoración del 18 de octubre de 2019. Por Esteban Spencer e Ignacio Silva

1. La persistente violencia institucional en contra de personas en situación de calle.

La Fundación Gente de Calle mantiene vínculos permanentes con personas en situación de calle (PSC), para quienes la vida en la ciudad durante los últimos meses ha sido particularmente difícil.

Hace nueves meses atrás comenzaron las masivas protestas en Santiago, que luego se extenderían hacia todas las regiones del país. Frente al levantamiento de las masas, la reacción del Presidente Sebastián Piñera consistió principalmente en una brutal represión mediante el uso de las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad del Estado. Como es sabido, el resultado de esa actitud fue un episodio de violencia estatal sin paralelo desde el Golpe de Estado y posterior dictadura cívico–militar.

Diversos informes internacionales calificaron la situación en Chile como una grave crisis en derechos humanos[1], de múltiples y generalizados ataques a la población, donde se denunció -principalmente a Carabineros de Chile- de abusar de la fuerza en los procedimientos de control del orden público, lo que incluyó, por cierto, la agresión directa a personas en situación de calle. Muchas veces, las PSC agredidas ni siquiera participaban de las manifestaciones, y aun así fueron objeto de maltrato físico y psicológico[2], además del bombardeo indiscriminado de gases lacrimógenos en sus lugares de pernoctación, o del rociamiento directo de gas pimienta[3].

Las denuncias que se han hecho públicas en las últimas semanas, y aquellas que ha recibido la FGC, muestran que el trato denigrante y abusivo de las fuerzas policiales y de ciertas municipalidades[4] hacen llamar la atención sobre la persistencia de actos de abuso policial en contra de las PSC, lo que demuestra poco impacto de las recomendaciones realizadas por organizaciones nacionales e internacionales sobre los límites infranqueables que deben respetar los organismos de seguridad al ejercer la fuerza en contra de la población.

El abuso policial, el descuido por las pertenencias.

En las imágenes que circulan por las redes sociales y acompañan las denuncias, existen ciertos rasgos comunes en los que es necesario detenerse a analizar. En primer lugar, la táctica de desalojo ocurre de improviso, sorprendiendo a las PSC en medio del sueño o sus actividades cotidianas, quienes son violentamente expulsados de sus rucos y obligados a dejar sus pertenencias detrás. Por otro lado, se observa el retiro de las pertenencias, habitualmente en camiones de basura o remoción de escombros, en donde se arroja de todo, incluso mochilas o morrales que contienen, entre otros, ahorros, medicamentos, artículos de limpieza y documentos personales. 

De esas escenas es posible anotar un conjunto de problemas diferentes. En primer lugar, se observa un trato agresivo y hostil de parte de las policías, habitualmente con lumas en mano y con nula disposición a otras alternativas que no sean el abandono inmediato del lugar. Esto demuestra una insensibilidad incomprensible respecto de las necesidades más urgentes de las PSC, las que se resuelven precariamente principalmente con aquellas pocas pertenencias de las que están siendo arrebatados.

Las dificultades y hostilidades de la vida en calle configuran una situación de alto riesgo específica de las PSC, a las cuales el Estado (a través de sus funcionarios) deben prestar atención, como parte de su obligación de protección de los Derechos Humanos de aquellas personas. A través de la identificación de esas condiciones particulares se pueden diseñar las modalidades especiales de actuación que deben tenerse en cuenta al momento de ejercer el poder discrecional de las autoridades públicas cuando entran en relación con PSC.

En reiteradas ocasiones, entre otros ejemplos, no existe conciencia de la presencia y profundidad de las enfermedades mentales en la PSC, ni la forma en que esas condiciones pueden incidir en las actitudes o comportamiento de una persona ante una situación desconocida o amenazante, lo que puede llevar a los funcionarios a confundir una actitud hostil con la expresión de una condición psiquiátrica[5]. Esto nos lleva a un problema recurrente dentro de las políticas con que se interviene a las PSC: esta es la falta de especialización del personal que interviene en los procedimientos. La capacitación previa de los funcionarios que interactúan con la población en calle es crucial, y es parte de las medidas que debe adoptar el Estado para garantizar el debido respeto y cumplimiento de los derechos de la PSC[6].

Por otro lado, es importante denunciar la intensidad del daño que causa el despojo violento de sus pertenencias, especialmente cuando los objetos no son retenidos, sino derechamente destruidos en camiones de basura o de retiro de escombros. Este acto no sólo demuestra la negación absoluta por parte del Estado de la capacidad de goce del derecho de propiedad, (cuestión que debería escandalizar a los sectores más liberales de la sociedad, inmutables ante este fenómeno), sino porque este acto tiene consecuencias devastadoras para las PSC. En primer lugar, el arrebato de artículos básicos como carpas, ropa, parrillas o víveres constituye una privación de los medios necesarias para la sobrevivencia, lo que significa un quebrantamiento de las obligaciones más básicas que el Estado ha asumido en el marco de la protección del derecho a la vida de todas las personas bajo su responsabilidad.

Así también, la sustracción de los documentos personales, especialmente la cédula de identidad o la tarjeta de identificación que se entrega a propósito del Programa Calle del MIDESO, significa imponer sobre ellos/as importantes obstáculos para el acceso a beneficios sociales, igualmente esenciales para la sobrevivencia, y a los cuales se accede mediante la presentación de la documentación pertinente. De esta forma, la privación documental puede impedir el acceso a los programas de asistencia que resultan especialmente necesarios siempre, pero particularmente estos tiempos de emergencia.

2. La insuficiencia de las medidas especiales de protección.

Los organismos de supervisión y resguardo del Sistema Internacional de Derechos Humanos han advertido a los Estados que la crisis provocada por el Coronavirus exige tomar medidas especiales de protección en favor de los grupos especialmente vulnerables, dentro de los cuales se encuentra la población en situación de calle[7]. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) fue clara al señalar: (los Estados) “deben adoptar medidas humanitarias para garantizarles provisión de alimentos, agua y saneamiento, estableciendo espacios de acogida para personas en situación de pobreza extrema, calle o discapacidad”.

¿Cómo se evalúan hoy las medidas humanitarias ejecutadas por el Estado de Chile? El Ministerio de Desarrollo Social y Familia, MIDESO, es la institución pública encargada de diseñar y aplicar políticas, planes y programas que promuevan el desarrollo social, especialmente aquellos destinados a erradicar la pobreza y brindar protección social a las personas o grupos vulnerables, promoviendo la movilidad e integración social. Aquello se expresa, en parte, a través de la implementación del Sistema de Protección Social[8], para atender las necesidades y resguardar la vida de grupos socialmente excluidos o vulnerados.

En materia de protección social dirigida a PSC, MIDESO tiene a su cargo el Programa Calle, el cual entrega apoyo a PSC mayores de 18 años para que logren “superar” la situación de calle a través de acompañamientos psicosociales y sociolaborales. También, tiene a su cargo los “Centros Temporales para la Superación” y “Noche Digna”, medidas donde predomina el asistencialismo y el paternalismo estatal, y que no interviene socialmente bajo un enfoque de derechos humanos y no considera el evidente carácter estructural de la problemática. El rotundo fracaso de esta política pública queda en evidencia ante el aumento de PSC año tras año, siendo capaz de demostrarse contrastando las cifras que arroja el 2do Catastro Nacional de PSC y el Registro Social de Hogares, Anexo Calle (12.255 PSC en 2011 v/s 15.454 PSC al 2020).

En estos momentos, MIDESO debiera cumplir un rol importante en la implementación de las medidas humanitarias destinadas a proteger efectivamente a estos grupos u otros que se vieran afectados gravemente por la crisis, pero que, en el transcurso de esta, dichas medidas han sido severamente cuestionadas por amplios sectores de la clase trabajadora y organizaciones sociales por las falencias e insuficiencias que presentan. Es de conocimiento público las críticas realizadas al Ingreso Familiar de Emergencia[9], el Programa de Alimentos para Chile o la polémica suscitada a partir de los cambios, vía resolución, al Registro Social de Hogares[10], que dejo a miles de familias que necesitaban con urgencia la ayuda humanitaria del Estado de Chile, pero que a partir de dichas modificaciones obtuvieron una puntuación que las calificaba en un tramo socioeconómico más alto, sin poder acceder a dichos beneficios estatales en los plazos establecidos por el Gobierno.

Para actuar en beneficio de las PSC se constituye el “Comité Asesor Covid-19 para PSC” presidido por MIDESO, a través de la Subsecretaría de Servicios Sociales, con el objetivo de asesorar y generar recomendaciones para el diseño e implementación de medidas y estrategias extraordinarias orientadas a proteger la vida de este grupo especialmente vulnerable. Desde dicho espacio se promueve el Plan Protege Calle, el cual busca implementar medidas de prevención a través del levantamiento y difusión de protocolos; medidas de resguardo y protección; y la medida de adelantar el Plan Invierno al 15 de mayo.

Al respecto, el Equipo de Incidencia Política de la FGC elaboró el “Primer Reporte Técnico Covid-19 Personas en Situación de Calle”, donde se señala que en el contexto de la pandemia se agudiza el estado crítico y crónico de las PSC, producto de la interacción de múltiples agentes causales en las vidas de las PSC: pobreza, desigualdad, injusticia, conflicto social y el desempleo. En el reporte se señalan observaciones técnicas al Plan Protege Calle[11], donde se puede concluir que las medidas se implementan de forma tardía para atender a las PSC, y que su cobertura es demasiado acotada al dirigirse y considerar a tan solo el 25% del total de población en calle.

En breves términos, estamos ante una política pública mal diseñada, que no considera las condiciones reales de vida de las PSC, quienes en su mayoría no pueden acceder a agua potable o servicios higiénicos básicos para cumplir con las medidas preventivas anunciadas por la autoridad sanitaria y la Organización Mundial de la Salud, ni menos una vivienda donde poder realizar la cuarentena. Este escenario obliga a que el Estado de Chile dirija sus esfuerzos en reformular sus políticas para las PSC, incorporando un enfoque de derechos humanos, levantando información que pueda dar cuenta de sus complejidades y vulnerabilidades con mayor profundidad, debiendo considerar las advertencias y recomendaciones que realizan las organizaciones de la sociedad civil.

3. El problema de hoy es una alerta para el mañana.

 

Según se describe, el diagnóstico de la situación actual de las PSC no es positivo. Resulta claro que las políticas de Estado, en relación con este grupo específico de la sociedad, no cumplen con los estándares de cuidado y protección que merecen. Sin perjuicio de las múltiples denuncias e interpelaciones públicas que se han realizado en los últimos meses, el centro del debate público está muy alejado de esta situación periférica y marginal.

Aún más, la urgencia por un abordaje más intenso del problema de la situación de calle no se refiere exclusivamente a la forma de responder a la situación actual, sino que también debe considerar la extensión creciente del problema, provocada principalmente por el inminente aumento de la pobreza en Chile y el mundo.

Al respecto, el último informe de la CEPAL sobre las proyecciones económicas de la región es bastante desalentador, y debería ser motivo suficiente para llamar la atención sobre las políticas públicas orientadas a mitigar el ingreso de amplios sectores sociales a las categorías de la pobreza y pobreza extrema. En sus conclusiones generales, se advierte que la recesión económica mundial se expresará en la región con una caída general del PIB de 9,1%[12], lo que impactará directamente en el índice de desempleo (llegando a 13,5% aproximadamente)[13], afectando principalmente a la fuerza de trabajo del sector informal.

El deterioro de las condiciones económicas ocurre en una región cuyos modelos productivos marcan una tendencia hacia la desigualdad de ingresos y alta concentración de la riqueza, trasladando la carencia hacia los sectores mayoritarios y más empobrecidos de la población. Estas condiciones hacen prever un aumento de la pobreza en el mundo entero (que podría llegar a un 9%), especialmente agravado en la región Latinoamericana, donde se espera que la cifra alcance una magnitud cercana al 37% de la población total del subcontinente, lo que significa más de 230 millones de personas[14]. Por otro lado, el aumento de la pobreza extrema llegaría al 15,5%, lo que se traduce en que la cantidad de personas en esta categoría podría alcanzar los 96 millones al finalizar el 2020.

Es evidente que estas cifras muestran la debilidad de los avances obtenidos en las últimas décadas en materia de erradicación de la pobreza[15], demostrando el fracaso de los objetivos de desarrollo sostenible proyectados para el 2030, y obligando a reformular el plan de ruta para las próximas décadas.

Las cifras desalentadoras para Chile.

Para Chile, la CEPAL proyecta que la caída del PIB será del 7,9%[16] y el aumento de la tasa de pobreza aumenta al 15,5%, junto a un 3,4% de ella en condición de pobreza extrema. El actual debate legislativo, centrado en las medidas de protección a la clase media, debería centrarse principalmente en la sección de más bajos ingresos dentro de esta difusa categoría, para quienes las actuales políticas públicas significan la mantención dentro de un estado de relativa seguridad económica, o el ingreso bajo la línea de la pobreza. Estos son los grupos que van a experimentar el “movimiento económico descendiente” que proyecta la CEPAL.

La pérdida de empleos dejará a miles de trabajadoras y trabajadores sin ingresos estables y con una escasa capacidad de ahorro, quienes serán progresivamente puestos ante el tortuoso dilema del hambre. En esas condiciones, una de las medidas de redirección del escaso e irregular ingreso consiste en el ahorro de los gastos asociados a la vivienda: arrendamiento, servicios básicos (luz, agua, gas natural), impuesto territorial, gastos comunes en caso de haberlos. En este panorama, estamos hablando de familias de clase trabajadora, madres y padres desempleadas o con trabajos informales o esporádicos tratando de mantener el curso habitual de la vida sin tener una vivienda donde refugiarse de la intemperie, ingeniando un lugar para pernoctar, para luego volver al trabajo y enviar a los hijos e hijas a la escuela.

Este escenario no es desconocido, y una muestra de él se observa en el cada vez más cercano recuerdo de la situación vivida en la capital argentina luego de la crisis del 2001. Hoy en día la situación en Chile no se expresa con esa magnitud, pero de a poco se puede ver un anticipo de lo que puede ocurrir sin una estrategia preventiva. El vaciamiento de los espacios públicos significó una oportunidad para que rápidamente se instalaran refugios temporales, llenando de “rucos” y carpas, entre otros muchos lugares, el parque Forestal, el Parque Bustamante o la Posta Central, que se caracterizan por ser estructuras frágiles donde las personas en situación de calle esperan pasar un invierno más. El panorama de la ciudad es un claro indicador de que la cantidad de personas en situación de calle está yendo e irá en un mayor aumento, y el crecimiento de ese fenómeno está a simple vista.

Hoy no existe certeza sobre cuál es la cantidad precisa de personas que están viviendo en calle. Según el Registro Social de Hogares, Anexo Calle, son 15.454 las personas en situación de calle a nivel nacional. Por otro lado, las organizaciones de la sociedad civil que están atentas a este fenómeno afirman que hace tiempo la cifra ya superó los 20.000 casos. Si no existe certeza del número total, menos información habrá sobre las condiciones particulares en las que están viviendo adultos mayores, niños, niñas, adolescentes, migrantes, enfermos y mujeres que sobreviven en el espacio público.

Es necesario tener en consideración, que, en un contexto de crisis económica, la situación de calle se vuelve una problemática social compleja de abordar por parte de los Estados, pues la mayoría de las PSC no cumple con las condiciones para acogerse a los subsidios estatales o para ser integrados al Sistema de Seguridad Social respectivo. El reflejo de aquello es que, del total de personas en situación de calle a nivel nacional, un 73,4% tiene un trabajo en el sector informal, teniendo amplias lagunas previsionales, bajos ingresos para subsistir y una imposible capacidad de ahorro.

Si le sumamos la arista de la salud, las personas en situación de calle son parte de la población de mayor alto riesgo, debido a su compleja condición previa de salud (Tuberculosis, Enfermedades Crónicas, Depresión Inmunológica y VIH), encontrándose gravemente expuesta a contraer el coronavirus, dado que su sistema inmunológico es débil y ni siquiera cuenta con los medios para realizar una cuarentena efectiva. El deterioro de la salud de las PSC posterior a la pandemia del Covid-19 podría agravarse aún más su estado actual o el daño podría llegar a ser irreversible.

Es urgente corregir el rumbo

El Estado chileno develó las graves falencias que atraviesan su sistema democrático de derecho. A partir de las escenas de abuso institucional en contra de la población se realizaron un amplio conjunto de denuncias y condenas públicas que demostraban una grave crisis de Derechos Humanos. Hoy, luego de numerosas recomendaciones y algunas declaraciones de compromiso, el maltrato y abuso hacia uno de los sectores más vulnerables de la sociedad sigue presente.

Considerando que las medidas especiales de protección que el Estado está ejecutando en beneficio de las PSC son tardías e insuficientes, no reportando resultados positivos en la calidad de vida en el transcurso de la pandemia. Ni siquiera se cuenta con un registro completo y confiable del grupo de personas que están viviendo en situación de calle, mucho menos aún su estado de salud, su nivel de exposición al contagio o sus posibilidades reales de tratamiento.

En esta materia, el diagnóstico del desempeño estatal en materia del respeto y protección a la dignidad de las PSC es negativo, y reclama una atención mayor del debate público en vista del aumento inminente de las condiciones de pobreza y extrema pobreza en Chile y la región Latinoamericana. Si no se corrige el rumbo seguido hasta ahora, sólo avanzaremos hacia la profundización de una crisis de Derechos Humanos que aún sigue siendo insostenible.

Es urgente la adopción de Políticas Públicas que se apeguen estrictamente a un enfoque de derechos humanos, que tengan como centro el respeto a la dignidad de las PSC y sus derechos, y transmitan esa definición a los funcionarios que interactúan cotidianamente con este grupo social, especialmente a las autoridades y agentes policiales y municipales. Estas políticas deben tener como objetivo la cobertura de derechos básicos, como el acceso a la vivienda, el trabajo decente, la salud y educación, y de un sistema de cuidados que logre revertir los efectos perjudiciales de la pobreza en su cuerpo e integridad psíquica. Al mismo tiempo, debe realizarse un catastro extensivo y especializado de las PSC, haciendo un esfuerzo nacional para identificarles cuantitativa y cualitativamente, esto último para captar sus condiciones particulares de vida.

El gran desafío del presente es fortalecer y desarrollar cualitativamente las estructuras y procedimientos que deberán recibir el impacto del aumento de las PSC, puesto que las actuales condiciones no están siendo suficientes para enfrentar un problema dramáticamente creciente. El momento de actuar es ahora y en forma eficiente, si no las consecuencias de la crisis social, económica y sanitaria sobre la población trabajadora serán aún más extensas y graves.

 


[1] Así lo estableció la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, informe comisión visita in loco, enero 2020.

[2] Un caso ilustrativo de la lesión a los derechos humanos de PSC es el caso de Guillermo (43 años), quien fue impactado por un perdigón de acero por Carabineros de Chile afuera de su ruco el 21 de octubre de 2019 en la comuna de Lo Espejo. La querella criminal de este caso fue presentada ante el Séptimo Juzgado de Garantía, y también fueron puestos a disposición los antecedentes a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

[3] Así lo indica el Informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos “Observación en manifestaciones” del 15 de enero de 2020.

[4] Recientemente fueron conocidas las denuncias de desalojos violentos en la comuna de Santiago Centro.

[5] El último Registro Nacional sobre Enfermedades Mentales en PSC fue del Segundo Catastro Nacional de Personas en Situación de Calle en 2011, donde de un total de 12.255 personas en situación de calle en Chile, un 16,6% (1.886 personas) reportó alguna dificultad psiquiátrica.

[6] Así lo ha determinado la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto de la especialización que deben tener los funcionarios públicos al relacionarse con grupos de riesgo y vulnerabilidad social.

[7] “Los Estados de la región deben brindar y aplicar perspectivas interseccionales y prestar especial atención a las necesidades y al impacto diferenciado de dichas medidas en los derechos humanos de los grupos históricamente excluidos o en especial riesgo, tales como: personas mayores y personas de cualquier edad que tienen afecciones médicas preexistentes, personas privadas de libertad, mujeres, pueblos indígenas, personas en situación de movilidad humana, niñas, niños y adolescentes, personas LGBTI, personas afrodescendientes, personas con discapacidad, personas trabajadoras, y personas que viven en pobreza y pobreza extrema, especialmente personas trabajadoras informales y personas en situación de calle; así como en las defensoras y defensores de derechos humanos, líderes sociales, profesionales de la salud y periodistas”. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Resolución 1 – 2020, Pandemia y Derechos Humanos en América Latina. página 7.

[8] Dicho sistema está compuesto por los subsistemas “Chile Cuida”, “Chile Seguridad y Oportunidades” y “Chile Crece Contigo”, los cuales buscan a través de sus programas sociales brindar protección a los grupos especialmente vulnerables.

[9] Es más, el Gobierno tuvo que crear el Nuevo Ingreso Familiar de Emergencia para aumentar la cobertura (hasta el 80% más vulnerable del RSH) y los montos, como de modificar los plazos de postulación de pago de este beneficio estatal.

[10] Revisar Resolución N° 170 exenta (11/06/2020) de la Subsecretaría de Evaluación Social, que modifica la resolución N° 89 exenta de dicho organismo público, que establece las condiciones de calidad, estándares y periodicidad de la información, y las variables del Registro Social de Hogares del Decreto Supremo N°22 de 2015, del Ministerio de Desarrollo Social y la Familia.

[11] Fundación Gente de la Calle, Primer Reporte Técnico Covid-19 Personas en Situación de Calle, julio 2020.

[12] Las causas principales del bajón económico son la caída del petróleo, la interrupción de la actividad turística, la fuga de capitales y el bajo envío de remesas a la región.

[13] CEPAL, Informe Especial COVID – 19 N° 5, julio 2020, p 10.

[14] Según la CEPAL, las causas principales de este aumento en las condiciones de pobreza son i) pérdida de empleos, ii) reducción de remesas, iii) Alza de precios, iv) Interrupción de la prestación de servicios como salud y educación.

[15] El Banco Mundial estima que la tendencia de la reducción de la pobreza se revertirá, esperando un retroceso de 5 años de avance en políticas de reducción y promoción social

[16] CEPAL, Informe Especial COVID – 19 N° 5, julio 2020, p 10.

Esteban Spencer, Director Ejecutivo Corporación 4 de Agosto

Ignacio Silva, Asistente Ejecutivo Fundación Gente de la Calle

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