«El objetivo de la política democrática es construir las instituciones que permitan que el conflicto adopte una forma agonística en lugar de antagónica.»
“No se aceptan comunistas ni frenteamplistas”. La frase, más propia de un cartel de acceso que de una coalición con vocación de gobierno, resume el clima que rodeó el cónclave realizado hace unos días por el Partido Socialista, en coordinación con fuerzas del Socialismo Democrático y la Democracia Cristiana. Una cita política que buscaba ordenar el escenario, pero que terminó instalando una frontera simbólica tan explícita como problemática.
El problema no es la diferencia ideológica —legítima y necesaria en democracia—, sino la lógica del veto como método. Excluir al Partido Comunista y al Frente Amplio no fue solo una definición táctica: fue una señal política errada en un momento especialmente delicado. No porque no existan desacuerdos reales, sino porque el adversario político hoy es otro, y porque el oficialismo está cerrando su ciclo de gobierno en marzo, no inaugurando uno nuevo. Chile no está en una etapa de refundación, sino de balance. Tras casi cuatro años de gobierno, las fuerzas que hoy se excluyen mutuamente comparten una responsabilidad común ante la ciudadanía. Y es precisamente ahí donde este tipo de gestos se vuelven difíciles de comprender. Para una ciudadanía golpeada por la inseguridad, el costo de la vida y la desconfianza en la política, ver a los partidos oficialistas enfrascados en definir quién se sienta y quién no a la mesa aparece como una discusión lejana, cuando no francamente irritante.
Desde fuera, esta “división” no se percibe como un debate programático profundo, sino como una disputa de élites, desconectada de las urgencias cotidianas. La señal que se transmite no es orden ni responsabilidad, sino fragmentación y desgaste. Y la pregunta surge con fuerza: ¿a quién le sirve esta escena? Difícilmente a la ciudadanía, que no ve en estos vetos una mejora concreta en su vida. Tampoco al progresismo, que vuelve a aparecer atrapado en sus propias tensiones internas.
A quien sí le sirve esta división es al verdadero adversario político. Una derecha que, pese a sus diferencias, ha demostrado entender que la unidad —aun incómoda— es condición para disputar poder. Cada gesto de desorden del campo progresista se traduce en una ventaja para proyectos conservadores que avanzan con relatos simples, mientras el oficialismo se fragmenta en discusiones internas.
Ahora bien, criticar el veto no implica defender una unidad acrítica o vacía. Lo que se requiere no es una foto forzada ni una suma mecánica de siglas, sino una unidad con contenido, con proyecto y con sentido político. Una unidad capaz de reconocer errores, fijar límites claros y ofrecer un horizonte compartido que dialogue con las demandas reales del país. Sin proyecto, la unidad es solo administración del pasado; con proyecto, puede volver a ser alternativa de futuro.
El Socialismo Democrático y la Democracia Cristiana buscan diferenciarse del ciclo reciente, y esa búsqueda es legítima. Pero pierde fuerza cuando se expresa excluyendo, en lugar de proponiendo. La moderación no se construye levantando vetos, sino articulando ideas, prioridades y liderazgos capaces de convocar mayorías sociales.
Hay, además, una incoherencia que no pasa desapercibida. Durante décadas, la centroizquierda chilena cuestionó —con razón— las lógicas de exclusión como prácticas contrarias al espíritu democrático. Hoy, reproducirlas bajo el argumento del pragmatismo no solo resulta éticamente pobre, sino políticamente ineficaz. La democracia no se fortalece reduciendo el diálogo; se debilita.
Este tipo de actos no suma. No suma electoralmente, porque refuerza la percepción de división y desconexión. No suma políticamente, porque dificulta cualquier articulación futura. Y no suma en términos democráticos, porque instala la idea de que la política se ordena excluyendo, en vez de persuadiendo.
Si la centroizquierda quiere enfrentar con seriedad el escenario que viene, necesita menos vetos y más política. Menos cónclaves definidos por ausencias y más debates definidos por propuestas. El ciclo de gobierno se acaba en marzo; la responsabilidad con la ciudadanía no. Porque la unidad que Chile necesita no es una unidad vacía, sino una que tenga proyecto, contenido y voluntad real de futuro.
Rossana Carrasco Meza es Profesora de Castellano, PUC; Politóloga, PUC; Magíster en Gestión y Desarrollo Regional y Local, Universidad de Chile
