Ya se han dado a conocer los nombres que conformarían el futuro gabinete del eventual gobierno de José Antonio Kast. No me quiero detener en los nombres de los futuros ministros. Solo destacar la presencia reiterada de figuras provenientes del mundo privado, con trayectorias sólidas en el ámbito empresarial o corporativo, pero con escasa o nula experiencia en la administración del aparato estatal. Esta configuración no es del todo novedosa; más bien, evoca con cierta nitidez lo ocurrido durante el primer y segundo gobierno del presidente Sebastián Piñera, donde la traslación casi mecánica de lógicas privadas al campo público produjo varios tropiezos conocidos por la opinión pública.
Augusto Varas lo expone con particular lucidez en su libro El gobierno de Piñera (2010-2014), al señalar que precisamente esa formación eminentemente privada de buena parte del elenco gobernante se tradujo en severas dificultades para comprender la densidad, la complejidad y la inercia propia del Estado. Gobernar, después de todo, no equivale a gerenciar una empresa: el Estado no puede declararse en quiebra, no selecciona a sus “clientes” y, para colmo, debe rendir cuentas a una ciudadanía que vota, protesta y piensa.
Este fenómeno, a su vez, parece inscribirse en un clima ideológico más amplio, particularmente extendido en las élites económicas, donde se ha consolidado un discurso antiestatista de rasgos casi teológicos. En dicho relato, el Estado es caricaturizado como un ente inherentemente ineficiente, pesado y sospechoso; una antesala inevitable del socialismo, cuando no del comunismo, como si entre la ventanilla pública y la hoz y el martillo mediara un paso brevísimo. Lo privado, en contraste, aparece investido de una supuesta superioridad moral y técnica: más ágil, más racional, más eficiente. Un dogma que, curiosamente, rara vez se somete a contrastación empírica (“tú no sabes de economía”, dicen los chicago-gremialistas y libertarios como Axel Kaiser).
Sin embargo, conviene introducir aquí una distinción elemental, aunque incómoda para ciertos oídos: lo estatal no es sinónimo de socialismo. Lo estatal remite, en un sentido estricto, a lo común, a lo público, a aquello que pertenece a todos y que, por lo mismo, no puede reducirse a criterios de rentabilidad ni a balances trimestrales. Confundir deliberadamente enturbia la capacidad de diseñar políticas públicas que comprendan la especificidad del Estado como institución histórica, jurídica y política.
Desde esta perspectiva, el sesgo antiestatal puede devenir en un serio obstáculo para la gestión gubernamental. Esta limitación cognitiva, a mi juicio, concibe al Estado como un mal necesario difícilmente logrará gobernarlo con eficacia. Más aún, esa desconfianza estructural puede traducirse en decisiones erráticas, subejecuciones presupuestarias o una permanente tensión entre el discurso ideológico y las exigencias concretas de la administración.
Tal vez lo más desalentador de este escenario sea la persistencia casi obstinada de un repertorio de ideas rígidas, escasamente dúctiles, que la derecha chilena reproduce con una regularidad que podría calificarse de ejemplar, si no fuera por sus efectos. Se trata de un conjunto ideológico que, en diversos trabajos académicos, he conceptualizado como la ideología de chicago-gremialista: una matriz híbrida, densa y profundamente coherente consigo misma, aunque no necesariamente con la complejidad de la realidad social que pretende gobernar.
Esta ideología articula, por una parte, un economicismo de cuño ortodoxo, heredero directo de la Escuela de Chicago, donde el mercado se erige como principio ordenador casi absoluto de la vida social. A ello se suma un corporativismo de raíz católica, que privilegia una concepción orgánica y jerárquica de la sociedad, y que suele mirar con recelo cualquier forma de conflicto social entendido como legítimo. Finalmente, este entramado se completa con un nacionalismo muy particular: un nacionalismo de derecha, identitario, antiizquierdista, y defensivo, más proclive a la exclusión que a la integración, y más preocupado de trazar fronteras simbólicas que de pensar proyectos colectivos de largo aliento.
La hibridación de estos componentes produce un efecto político bien conocido: cualquier crítica al modelo económico vigente es descalificada de manera automática y, no pocas veces, con una vehemencia que roza lo furibundo. El disenso es leído como amenaza, y la reflexión estructural como “herejía”. En este marco, el debate público se empobrece, pues la ideología opera como un dispositivo de clausura más que como una invitación a la deliberación.
De ahí que resulte posible identificar una suerte de previsibilidad programática que permite anticipar, sin excesiva dificultad, los contornos generales de un eventual próximo gobierno. El guion es conocido: un énfasis reiterado en lo privado como espacio de eficiencia y racionalidad; una sospecha sistemática hacia lo “público” y lo “estatal”; y una confianza, quizás excesiva, en que la ideología de chicago-gremialista puede suplir la experiencia concreta de gobernar.
En este punto, resulta particularmente iluminadora la reflexión de Augusto Varas, señalada más arriba, en su libro El gobierno de Piñera. Allí, Varas expone con notable claridad una paradoja en la cual quienes adhieren a esta ideología no buscan, en la práctica, debilitar al Estado o reducir su influencia, sino más bien capturarlo y reorientarlo. El problema no es la existencia del Estado, sino su finalidad. Así, lejos de ponerlo al servicio de las necesidades sociales, se lo instrumentaliza para favorecer intereses empresariales específicos, por ejemplo, entre otras, las empresas ligadas a la construcción.
Esta dinámica fue observable con nitidez durante el primer gobierno de Sebastián Piñera y, aunque el segundo mandato introdujo ciertos matices —en buena medida condicionados por la pandemia—, la lógica de fondo no se alteró sustantivamente. No resulta, por tanto, descabellado suponer que un eventual gobierno de José Antonio Kast podría reproducir patrones similares. Y aquí radica, paradójicamente, uno de los rasgos que otorgan certidumbre al pensamiento de derecha que es la antigüedad y persistencia de sus ideas. Se trata de un ideario que ha recorrido un largo trayecto histórico, que no pretende innovar ni sorprender, y que justamente por eso ofrece una sensación de estabilidad a un sector del electorado.
Para cerrar esta columna, no hay nada particularmente original en estas propuestas, ni en la figura de José Antonio Kast, quien dista mucho de ser un recién llegado a la escena política. Su trayectoria es conocida, sus posiciones son públicas y sus marcos interpretativos están largamente establecidos. En ese sentido, lo que podría ocurrir resulta altamente predecible. Y, sin embargo, esa misma previsibilidad continúa convocando adhesiones.
Fabián Bustamante Olguín. Doctor en Sociología, Universidad Alberto Hurtado. Académico del Instituto de Ciencias Religiosas y Filosofía, Universidad Católica del Norte, Coquimbo.
