Observatorio de Historia Reciente de América Latina y Chile, UDP La crisis de seguridad ha decantado en un desequilibrio dentro del mismo gobierno. Los lineamientos actuales para enfrentar los actos delictivos desconocen mucho de lo propuesto en la campaña de Gabriel Boric. Además, se ha manifestado una agenda profundamente condicionada por la oposición, y por la alta fragmentación partidista dentro del congreso.
La agenda de seguridad ha sido amplificada por los medios de comunicación, y utilizada por la oposición para presionar e influenciar la toma de decisiones del gobierno. Es decir, con problemas de seguridad que han resonado mediáticamente, la oposición ha sabido manejar estratégicamente la agenda legislativa en un sentido político y no necesariamente institucional, legislando de manera reaccionaria para contrarrestar las controversias sociales de los actos delictuales.
La ley Naín-Retamal, promulgada tras una breve tramitación legislativa, ha sido criticada ampliamente por especialistas en derecho, como también por organizaciones de Derechos Humanos. Sin embargo, su aprobación y posterior promulgación estuvo marcada por los intereses políticos dentro del congreso: anunciar una ley de seguridad rápidamente, para calmar la ansiedad ciudadana frente a la sensación de inseguridad.
Aquello guarda relación con la consolidación de Boric en tanto estatista, cuya articulación ya se venía labrando con la serie de reuniones con ex-presidentes concertacionistas, maduró con el cambio de gabinete y el consecuente retorno de la Concertación a La Moneda, y se terminó de afianzar con la aplicación de la Ley Naín-Retamal, en tanto forma de validar, legitimar y reafirmar el rol y figura del aparato estatal. En efecto, el asesinato de tres agentes de fuerzas de orden del Estado debilitó su respectiva imagen, trayendo como reacción la reafirmación del Estado y la aplicación de medidas cortoplacistas que distan mucho de las reformas prometidas en campaña, entre ellas, la dirigida a Carabineros.
En definitiva, la promulgación de esta ley termina por desdibujar la identidad de este nuevo gobierno que, a la vez que amplía el brazo social del Estado con leyes como las 40 horas, ha actuado sin un proyecto sólido detrás y articulándose en favor de la agenda contingente y la reafirmación de su gobernabilidad a través del afianzamiento del aparato estatal. Muy poco queda de ese proyecto frenteamplista que abogaba por quebrar con el duopolio político del Chile posdictatorial a partir de grandes -aunque controladas y paulatinas- transformaciones; a su vez, mucho queda de la forma de gobernar dentro de los límites del consenso post autoritario, que es el que verdaderamente articula el accionar gubernamental -y lo seguirá haciendo- al calor de una agenda marcada por demandas de seguridad por parte de la ciudadanía y los medios.
Tomás Reyes Sepúlveda & Thomas Villaseca Arroyo
Observatorio de Historia Reciente de América Latina y Chile, UDP
