El panorama político chileno del último quinquenio refleja una mutación profunda en las dinámicas de representación y cohesión social. Tras la revuelta popular de octubre de 2019 y los fallidos procesos constituyentes subsiguientes, la escena nacional ha atestiguado la consolidación y el ascenso de proyectos de derecha radical populista. Este fenómeno no constituye un hecho aislado ni una anomalía local, sino que se inscribe en una tendencia global caracterizada por el cuestionamiento a la democracia liberal, la apelación a un orden identitario reactivo y la explotación del malestar ciudadano.
Frente a esta coyuntura, la respuesta de las fuerzas democráticas y progresistas suele oscilar entre el repliegue defensivo y la pura apelación procedimental o moral. Sin embargo, un análisis riguroso sugiere que las causas profundas de la emergencia de la ultraderecha no se resuelven mediante el mero reproche normativo ni a través del cálculo electoral de corto plazo. La ultraderecha prospera en las brechas estructurales dejadas por la precarización de la vida cotidiana, la descomposición de los lazos comunitarios y la incapacidad de la institucionalidad para garantizar certidumbre y protección.
En este contexto, la formulación de un programa político no puede ser concebida como un simple catálogo de medidas presupuestarias o de gestión pública; debe entenderse, fundamentalmente, como un proyecto de reconstrucción del sentido común y del pacto social. Para que dicho programa sea efectivamente capaz de contener el avance autoritario en Chile, se requiere cimentar sobre una arquitectura filosófico política coherente que atienda las distintas dimensiones de la crisis contemporánea, la dimensión socioeconómica, la exigencia de seguridad existencial y ciudadana, la articulación de afectos e identidades colectivas, y la eficacia transformadora de la acción estatal.
Reconstrucción de la seguridad existencial
La emergencia y consolidación de la derecha radical populista en Chile no responde primariamente a una repentina mutación ideológica de la ciudadanía hacia valores reaccionarios, sino al colapso de las certezas existenciales en un ecosistema altamente mercantilizado. La trayectoría del modelo socioeconómico chileno -institucionalizado bajo la Constitución de 1980 y profundizado en las décadas subsiguientes a través de la doctrina del Estado subsidiario- transformó el acceso a las condiciones básicas de reproducción social (salud, educación, vivienda y previsión) en activos sujetos a la lógica del mercado y la capacidad individual de pago.
Este paradigma de gobernanza genera lo que Karl Polanyi (1944) conceptualizó como la “ficción de la mercancía”, la subsunción del trabajo, la tierra y el dinero a la dinámica de la oferta y la demanda. Polanyi advirtió que la mercantilización sin restricciones destruye el tejido social, provocando inevitablemente un “contramovimiento” de autopreservación comunitaria. Cuando las fuerzas democráticas se muestran incapaces de liderar un contramovimiento orientado a la expansión de derechos, la ultraderecha capitaliza esta angustia mediante un proteccionismo exclusionista, reactivo y autoritario. La ultraderecha promete orden y certidumbre en el ámbito cultural e individual, precisamente porque el mercado ha desmantelado la certidumbre social e institucional.
Para neutralizar este fenómeno, un programa político contrahegemónico debe fundarse en el principio de la desmercantilización. La desmercantilización no implica la supresión de los mercados, sino la extracción de las esferas fundamentales de la vida humana del circuito de valorización del capital, garantizando que el bienestar individual no dependa de la posición que la persona ocupe en la estructura laboral.
El progresismo tecnocrático chileno operó históricamente bajo el paradigma de la focalización del gasto público, concebido como una herramienta para optimizar recursos estatales reduciendo la pobreza extrema. No obstante, como señala Fraser (2013), la política social focalizada fragmenta la solidaridad de clase y estigmatiza a los beneficiarios, dividiendo a la sociedad entre quienes “pagan impuestos” y quienes “reciben subsidios”. Esta fisura es explotada por la retórica de la ultraderecha, la cual articula el resentimiento de las capas medias empobrecidas frente a lo que perciben como una distribución injusta de recursos estatales hacia minorías o sectores marginales.
Frente a esta fragmentación, el programa debe articularse en torno a un universalismo garantista. La universalidad de las prestaciones públicas -concebidas como un pilar de la ciudadanía social- redistribuye el riesgo social y consolida un pacto cívico transversal. Cuando las clases medias y los sectores populares comparten el mismo sistema de salud, las mismas escuelas públicas de alta calidad y un sistema de pensiones solidario, el horizonte de solidaridad deja de ser una apelación moral abstracta para convertirse en una experiencia cotidiana compartida.
El avance de la ultraderecha en el contexto chileno ha sido favorecido por una percepción de desconexión entre la agenda de derechos de las minorías y las demandas materiales urgentes de las mayorías asalariadas. Un programa con consistencia no debe abandonar las luchas contra las opresiones simbólicas o de género, sino subordinar la arquitectura del programa a la noción de la paridad de la participación. La justicia requiere abordar las injusticias distributivas y de reconocimiento simultáneamente, sin seguridad material, el ejercicio real de las libertades cívicas y la inclusión sociocultural resultan nominales.
En conclusión, frenar la consolidación de un programa ultraderechista en Chile requiere restituir al Estado su función de escudo protector frente al mercado. Solo en un entorno donde la vivienda, la salud y la vejez estén al margen del desamparo de la volatilidad financiera, se podrán sentar las bases materiales para la reconstrucción del pacto democrático y la cohesión social.
La seguridad como condición de posibilidad de la libertad
Uno de los desaciertos estratégicos y teóricos más recurrentes de las fuerzas progresistas y de izquierda en el Chile contemporáneo ha sido la cesión de la categoría de orden a los discursos de la derecha radical populista. Históricamente, el progresismo ha tendido a abordar la cuestión de la seguridad pública desde una sospecha legítima pero paralizante, reduciéndola a su dimensión puramente represiva o interpretándola como un mero síntoma ideológico de la dominación del Estado.
Sin embargo, el auge de la ultraderecha en el contexto nacional -alentado por la crisis de seguridad, el aumento de los delitos violentos y el fenómeno del crimen organizado internacional- demuestra que la demanda de orden no es una veleidad reaccionaria, sino una necesidad primaria de autopreservación. Cuando el Estado abdica de su capacidad para garantizar la certidumbre física y territorial, la ultraderecha interviene ofreciendo una respuesta punitivista, autoritaria y de excepción “manodurismo”. Para articular un programa contrahegemónico, debemos reinterpretar el orden no como opuesto a la libertad, sino como su condición ontológica y material de posibilidad.
La comprensión de la seguridad como cimiento de la comunidad política tiene raíces profundas en la teoría del contrato social. En Leviatán, Hobbes (1651) argumentó que la razón de ser del Estado (Commonwealth) es la erradicación del miedo generalizado derivado del estado de naturaleza. Cuando el miedo reina, la vida social, la economía y la cultura se colapsan. No obstante, una relectura spinoziana (Spinoza 1670) corrige el sesgo autoritario hobbesiano, el fin último del Estado no es la dominación ni el terror, sino la libertad, pero esta libertad solo se concreta si el Estado libera a los ciudadanos del miedo continuo.
En la sociedad chilena precarizada, el miedo a la delincuencia opera como un dispositivo de atomización social. Transforma los espacios públicos en lugares de amenaza, confina a las familias populares en sus hogares e inhibe la acción colectiva. La ultraderecha instrumentaliza este miedo transformándolo en violencia horizontal y xenofobia. Por tanto, el programa político debe postular un pacto de protección ciudadana donde la reducción del miedo sea vista como una tarea radicalmente emancipadora. Un pueblo paralizado por el miedo no puede ejercer la deliberación democrática ni organizarse colectivamente.
Desde la teoría crítica contemporánea, Honneth (2014) desarrolla el concepto de “libertad social”, señalando que las instituciones de la sociedad no son restricciones externas a la voluntad individual, sino esferas donde los sujetos se reconocen intersubjetivamente. Para Honneth, la anomia institucional y el desorden cotidiano quiebran la posibilidad del reconocimiento mutuo.
En esta línea, la seguridad no debe teorizarse como una mera asignación policial de vigilancia, sino como la garantía de soberanía territorial del Estado democrático. Cuando el crimen organizado o la violencia territorial se apropian de los barrios populares en Chile, no solo se infringe el código penal; se instala un poder feudal para-estatal que destruye la ciudadanía real. El orden democrático consiste en recuperar el monopolio legítimo de la fuerza y la presencia de la infraestructura pública (luz, plazas, centros comunitarios) en el territorio.
Frente al paradigma de la ultraderecha -centrado en la punición espectacular, la militarización del espacio público y la desarticulación de garantías procesales-, la propuesta de este programa debe delimitar un modelo de seguridad soberana e integradora. En conclusión, frenar a la ultraderecha implica arrebatarle la bandera de la seguridad y el orden. La izquierda y las fuerzas democráticas deben sostener con firmeza que la paz social y la tranquilidad cotidiana son derechos populares inalienables. El orden cívico y democrático es el único suelo sobre el cual es posible edificar un proyecto de transformación social duradero.
La politización de las emociones y el agonismo democrático
Un presupuesto problemático de la teoría política liberal-tecnocrática que predominó en la transición chilena es la convicción de que la política es, fundamentalmente, un ejercicio de gestión neutral, consenso racional y ponderación procedimental. Sin embargo, la irrupción global y local de la ultraderecha ha puesto en evidencia la ceguera de esta premisa, la política es constitutivamente una actividad afectiva y pasional. Mientras el progresismo apela con frecuencia a indicadores macroeconómicos y a un lenguaje de derechos abstracto, la ultraderecha apela directamente al cuerpo, la emoción, el orgullo amenazado, la nostalgia y el miedo.
Para construir un programa político capaz de frenar el avance autoritario en Chile, resulta indispensable rebasar el racionalismo estéril y articular una filosofía de las emociones políticas (Nussbaum, 2013). La contención de la reacción conservadora no se logrará moralizando o patologizando las emociones de los sectores populares, sino disputando su sentido y reorientándolas hacia un horizonte democrático, inclusivo y emancipador.
Chantal Mouffe sostiene que lo político posee una dimensión antagónica ineliminable; la delimitación de una frontera entre un “nosotros” y un “ellos”. El error del progresismo y la centro-izquierda institucional y tradicional fue decretar el “fin de las ideologías” y la muerte del conflicto, dejando un vacío identitario que la ultraderecha llenó de inmediato mediante un antagonismo excluyente y moralizado (donde el “nosotros” es el pueblo patriota y el “ellos” son las minorías, los migrantes o las élites progresistas).
Un programa frente a la ultraderecha en Chile debe asumir la necesidad de la politización agonística. La distinción fundamental no debe ser la de una dicotomía moral entre “buenos y malos”, sino una distinción política entre el “nosotros” popular y democrático, y el “ellos” oligárquico y especulativo.
Transformar el antagonismo, donde el otro es visto como un enemigo a exterminar, en agonismo, donde las diferencias se tramitan dentro del marco democrático entre adversarios, requiere dar un cauce legítimo al malestar. Si el malestar acumulado por la precarización no es politizado por la izquierda mediante la crítica al capital y a la desigualdad, la ultraderecha lo politizará mediante el resentimiento hacia los sectores más vulnerables de la sociedad. ç
Uno de los vectores más eficaces de la ultraderecha chilena ha sido su apoderamiento de los símbolos patrios y el relato de la identidad nacional, instrumentalizados para oponer la “chilenidad” a la diversidad sociocultural, las demandas del pueblo mapuche y la población migrante. El progresismo y la centro-izquierda chilena han caído repetidamente en la trampa de abandonar la noción de patria por considerarla un concepto inherentemente conservador.
Sin embargo, como argumenta Viroli (1995) en su distinción entre nacionalismo y patriotismo, el amor a la patria cívica es el único lenguaje afectivo capaz de fundamentar la solidaridad entre desconocidos. A diferencia del nacionalismo etnocéntrico que propone la ultraderecha, el patriotismo cívico se articula en torno al afecto por las instituciones comunes, la historia popular compartida y el compromiso recíproco de no dejar a ningún compatriota en el desamparo.
En Chile, esta disputa exige resignificar el concepto de nación. El programa debe articular un patriotismo popular, integrador y soberano, que rescate la memoria de las luchas sociales por la democratización del país. Que reinterprete la plurinacionalidad no como fragmentación, sino como un pacto de convivencia justa y de igual dignidad entre los pueblos que habitan el territorio, y por último, que contraponga la soberanía de la patria -expresada en la protección de sus bienes comunes, sus trabajadores y su soberanía industrial- frente a las lógicas del extractivismo y la captura financiera.
Finalmente, Nussbaum (2013) advierte que ningún proyecto democrático puede sobrevivir si se apoya únicamente en el miedo o la indignación; necesita generar amor cívico, empatía y esperanza. La ultraderecha articula su pedagogía en el miedo al futuro y la nostalgia por un pasado mítico e idílico.
El programa debe desplazar la retórica del agravio para instalar una poética de la esperanza concreta. La esperanza democrática no es un optimismo ingenuo, sino la convicción compartida de que las condiciones materiales de existencia pueden ser transformadas mediante la organización colectiva. El programa político no debe limitarse a evitar la catástrofe autoritaria; debe inspirar una visión deseable de futuro, ciudades seguras y habitables, vejeces tranquilas, infancias cuidadas y una vida común enriquecida por la cultura y el tiempo libre.
En síntesis, contener a la ultraderecha exige reconocer que la política se decide tanto en el terreno de las pasiones como en el de la razón. Disputar el sentido del orden, la patria, el orgullo del trabajo y la solidaridad comunitaria es el único camino para construir una mayoría afectiva y cívica comprometida con la democracia.
La refundación de la capacidad estatal
El último pilar de la arquitectura filosófico política contra la ultraderecha aborda un problema de orden eminentemente práctico y procedimental, la crisis de eficacia institucional. La ultraderecha no solo prospera sobre la precarización económica, la inseguridad y el vacío afectivo, sino también sobre el desencanto con la democracia representativa, provocado por la incapacidad del Estado para traducir las demandas mayoritarias en resultados concretos.
En el Chile contemporáneo, décadas de entrampamiento legislativo, burocratización ineficiente y percepción de captura elitista han alimentado un profundo “antipoliticismo”. Cuando la ciudadanía percibe que las instituciones democráticas son impotentes para resolver sus problemas cotidianos (listas de espera en salud, delincuencia, crisis habitacional), el discurso autoritario de la eficacia expedita, que promete “saltarse las reglas” y el debate parlamentario en nombre del orden, adquiere un atractivo seductor.
Para neutralizar esta amenaza, un programa político no puede limitarse a defender el statu quo institucional bajo la bandera del procedimentalismo liberal. Debe formular una teoría de la transformación e innovación pública fundada en la restitución de la capacidad resolutiva del Estado.
Unger (1998), critica el “fetichismo institucional” del liberalismo de posguerra, la falsa convicción de que las formas institucionales actuales son abstractamente definitivas o insuperables. Unger argumenta que la democracia entra en decadencia cuando sus instituciones se vuelven rígidas e incapaces de movilizar a la sociedad para resolver crisis estructurales.
Frente a la parálisis, Unger propone el experimentalismo institucional, un enfoque de la política pública que rehúye tanto del dogmatismo estatista centralizado como de la privatización neoliberal. El experimentalismo promueve la creación de órganos mixtos, formas de propiedad diversificada y modelos de gestión descentralizada donde las comunidades locales, los gobiernos regionales y el Estado central colaboren para probar soluciones innovadoras a problemas complejos.
En el escenario chileno, esto implica que el programa debe superar la trampa de la pura reforma constitucional procedimental para enfocarse en la reingeniería del Estado operativo. A través de la descentralización resolutiva, se busca dotar de poder presupuestario y competencias reales a los municipios y gobiernos regionales, reduciendo el centralismo asfixiante de Santiago. Asimismo, se insta a la creación de unidades estatales ágiles con capacidad técnica de vanguardia para intervenir de forma directa en crisis críticas.
Habermas (1998), formula que la legitimidad del Estado de derecho moderno descansa en un delicado equilibrio, las decisiones públicas deben ser el resultado de procesos deliberativos justos (validez), pero también deben ser efectivamente implementadas por la administración (facticidad).
Si el sistema político deliberativo no logra producir decisiones operativas, debido al bloqueo parlamentario o la fragmentación partidaria, la validez procedimental se ahueca. La ciudadanía termina percibiendo la deliberación como un “hablar por hablar” inútil.
La ultraderecha ataca la legitimidad de entrada (Cortes de Justicia, Congreso, derechos garantizados) porque la legitimidad ha colapsado. El programa chileno debe, por tanto, priorizar una agenda de alta legitimidad.
Implementar políticas de alto impacto directo que la población pueda experimentar en el corto plazo, reducción de tiempos en listas de espera médicas, transporte público gratuito o subvencionado para adultos mayores, iluminación masiva y recuperación de barrios. Asimismo, erradicar la burocracia inerte que paraliza la inversión pública y social, demostrando que lo público no es sinónimo de ineficiencia, sino de excelencia estratégica. Y, por último, incorporar presupuestos participativos y consultas vinculantes a nivel comunal, devolviendo al ciudadano el sentido de agencia y control sobre su entorno inmediato.
Frenar el discurso de la ultraderecha sobre la “superioridad del sector privado” requiere que el Estado no se posicione como un mero corrector pasivo de las “fallas de mercado”, sino como un actor dinámico y líder del desarrollo nacional.
Un programa democrático transformador para Chile debe proponer una política industrial orientada por misiones (transición energética, industrialización del litio, soberanía hídrica). Cuando el Estado lidera grandes proyectos de futuro y crea empleos de alta calidad, reconstruye el orgullo nacional y demuestra empíricamente que la acción colectiva coordinada es superior al atomismo de mercado.
En conclusión, la defensa de la democracia contra la ultraderecha exige su radicalización y optimización. No se defenderá la democracia representativa pidiendo paciencia a la población mientras las instituciones se paralizan, sino demostrando que el Estado democrático es la herramienta más eficaz, rápida y justa para resolver los problemas de la vida común.
Hacia una hegemonía democrática en Chile
El avance de la ultraderecha en el horizonte político chileno no debe interpretarse como un fenómeno ineluctable ni como un mero accidente ideológico, sino como el síntoma de una crisis orgánica del modelo de convivencia social. La intersección entre la precarización neoliberal, la erosión de las instituciones públicas, la crisis de seguridad territorial y la atomización comunitaria ha configurado un terreno fértil para las narrativas autoritarias y punitivistas. Frente a este escenario, las respuestas defensivas, exclusivamente procedimentales o moralizantes del progresismo no solo han resultado insuficientes, sino que han acelerado la desconexión entre la política representativa y las vivencias de la mayoría popular.
De cara a la contención efectiva de la ultraderecha en Chile, los sectores populares exigen la formulación de un programa político de carácter no reactivo, sino refundacional y sustantivo. Una propuesta con solidez política no puede reducirse a una lista de promesas electorales; debe articularse como un proyecto integral de reconstrucción del sentido común, articulado sobre la desmercantilización, como respuesta a la angustia material, el programa debe extraer los pilares de la reproducción social del arbitrio del mercado. Solo la garantía universal de derechos básicos puede otorgar la seguridad existencial necesaria para reconstruir la solidaridad de clase y la cohesión social.
La resignificación democrática del orden, permite disputar a la reacción conservadora la bandera de la seguridad, categorizándola como una tarea emancipadora urgente. El orden democrático y la reducción del miedo en el espacio cotidiano son las condiciones de posibilidad para el ejercicio real de las libertades políticas y la convivencia pública.
Asimismo, la politización agonística de las emociones, contiene en sí misma la máxima de que “la política es una praxis pasional”. Frente a la pedagogía del odio y la exclusión, se vuelve indispensable construir una narrativa de orgullo popular, esperanza y patriotismo cívico, capaz de articular un “nosotros” inclusivo que canalice el malestar hacia las élites oligárquicas y no hacia los sectores más vulnerables.
Y por último, el experimentalismo institucional y la eficacia pública, permitiendo que la legitimidad democrática se sostengan en la capacidad real del Estado para resolver problemas cotidianos. Un Estado dinámico, ágil y con capacidad de innovación pública es la mejor salvaguarda contra el llamado a la excepción autocrática.
En última instancia, contener a la ultraderecha en Chile no consiste en preservar el orden existente, sino en demostrar que la democracia es la herramienta más potente y justa para transformar la vida cotidiana de las personas. El desafío para la política de izquierdas y las fuerzas democráticas no es solo resistir el avance de las ideas reaccionarias, sino ofrecer una alternativa deseable, justa y audaz que reencante a la mayoría social en la construcción de un destino común.
Felipe Rojas C.
