El pasado 20 de agosto, casi dos meses antes del comienzo del estallido social, en la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales se dio inicio a una toma que, en tan solo un par de semanas, se extendió a todas las facultades de esta institución educativa. Esta movilización estuvo motivada por la nula respuesta institucional frente a la violencia de género que producida dentro de la Universidad. Por esta razón, las tomas fueron caracterizadas como “tomas feministas” y, aunque sólo algunas de ellas eran separatistas, estuvieron protagonizadas principalmente por mujeres.
Durante las más de tres semanas en que se extendió la movilización, las autoridades actuaron de forma sumamente intransigente, no sólo negándose a dialogar y a negociar, sino que además, cancelando unidireccionalmente la realización de diversos cursos en distintas Facultades de la Universidad. Ello produjo que muchos estudiantes se vieran afectados por un atraso en sus respectivos avances curriculares. A su vez, se instaló -desde rectoría- un discurso represivo, a partir del cual se comenzó a amenazar a las estudiantes con imponerles sanciones disciplinarias luego de que la toma se bajara. Predeciblemente, la Universidad cumplió dichas amenazas, iniciando procedimientos disciplinarios en contra de aproximadamente 30 estudiantes, en su mayoría mujeres, de diversas facultades.
De los 30 casos de estudiantes que están siendo objeto de persecución política dentro de sus Facultades, tres se basan en imágenes obtenidas de las cámaras de seguridad de una de las facultades de la Universidad. Mientras que todos los casos restantes, tienen como único fundamento, un cuaderno de registro de personas que ingresaban al edificio, que un trabajador de la Universidad encontró cuando se depuso la toma del mismo. Aun cuando este cuaderno tenía cientos de nombres y firmas, se llevó a cabo una selección absolutamente arbitraria de veinte personas, respecto de las cuales se inició un procedimiento sancionatorio.
A pesar de que este cuaderno era el único antecedente que fundaba la denuncia contra la gran mayoría de las denunciadas, las sanciones fueron disímiles: algunas fueron absueltas, otras suspendidas por dos semestres. Las estudiantes denunciadas por aparecer en las cámaras de seguridad, todas ellas feministas muy activas en las movilizaciones del año pasado, fueron sancionadas con la expulsión. La clara arbitrariedad que ha quedado expresa en estos procedimientos, da cuenta de que no se trata de otra cosa que de una maniobra de amedrentamiento en contra de las y los estudiantes, con el fin de evitar que se puedan llevar a cabo futuras movilizaciones. Desde la Corporación 4 de Agosto, organización de derechos humanos que ha tomado la defensa de gran parte de las estudiantes que arriesgan graves sanciones, tenemos la convicción de que la discusión jurídica no ha sido el elemento relevante en estos procedimientos. Por el contrario, sospechamos que la decisión de sancionar ha sido tomada de manera previa a la realización de cualquier tipo de procedimiento disciplinario.
El procedimiento ha demostrado su arbitrariedad y ansias de persecución a opiniones disímiles a las de la Universidad de diversas formas: lo relevante no es los antecedentes del caso, si no que la opinión de las estudiantes frente a la movilización feminista de la Universidad. A su vez, se han tomado decisiones de sanción radicalmente disímiles para casos en que el fundamento para el inicio del procedimiento es solo uno: un cuaderno de registro en el que aparece el nombre y firma de una estudiante. Esto es demostrativo de que las intenciones de rectoría son mermar la organización estudiantil.
Lo anterior resulta perfectamente compatible con los dichos que el mismo Peña ha sostenido a propósito del despertar de Chile, señalando que: “las nuevas generaciones están convencidas de que la intensidad de sus creencias sobre la injusticia del mundo valida cualquier conducta.”[1] Peña, el mismo que mientras Chile vivía en un estado de excepción constitucional se sentó a dialogar con Sebastián Piñera, utiliza precarios antecedentes para fundar sanciones en contra de estudiantes que tienen como único objetivo movilizarse para cambiar las lógicas machistas de su universidad. Porque para Peña, la movilización social que estalló el pasado 18 de octubre es una cuestión completamente "irracional", según sus propios dichos, y pareciera ser que tiene la misma opinión sobre la movilización que tuvo lugar en su universidad. Esto da cuenta de una falta de comprensión tanto de las demandas y necesidades del pueblo de Chile que se han levantado estas últimas semanas, como de las demandas y necesidades que las estudiantes de la UDP pusieron sobre la mesa durante su toma. Cuestión similar reflejan sus dichos recientes en torno al rol del Estado frente a la movilización social: “El gobierno no debe olvidar, en mi opinión, que el deber fundamental del Estado, la razón de existencia del Estado es proveer orden, favorecer que las personas se relacionen unas con otras en condiciones de interacción predecible y pacíficas”[2]. Frente a esto surge la inevitable pregunta: ¿cuál es el costo del “orden”? ¿la pérdida de un año para estudiantes que estudian con gratuidad? ¿la expulsión de las estudiantes de su casa de estudios por atreverse a denunciar las irregularidades de su propia universidad?
Lo que está claro es que Peña parece no entender lo que está pasando en Chile, como tampoco entendió lo que estaba ocurriendo en su universidad. Y su respuesta ante ambos escenarios parece ser una sola: el orden a cualquier costo.
Laura Dragnic y Carolina Sepúlveda son integrantes de la Corporación de Derechos Humanos 4 de Agosto
[2] https://ellibero.cl/actualidad/el-orden-la-prioridad-en-la-que-coinciden-carlos-pena-y-axel-kaiser/
