El miércoles 6 de agosto, el Presidente José Antonio Kast anunció en cadena nacional lo que presentó como un hito histórico. "Por primera vez", dijo con énfasis, "el Estado va a decir en su propia Constitución que proteger a su gente no es una opción más, sino una obligación. Será un mandato que ningún gobierno, de ningún color, podrá desconocer". El problema es que eso ya está en la Constitución desde 1980, sin que nadie haya modificado esa parte en cuarenta y seis años.
El artículo 1°, inciso quinto de la Carta Fundamental vigente establece con toda claridad que es deber del Estado resguardar la seguridad nacional, dar protección a la población y a la familia. No hace falta buscar opinión de expertos para advertir el error, basta leer el artículo 1°. La afirmación presidencial, tal como fue formulada ante el país, no resiste el primer párrafo de la norma que el Presidente jura defender.
Hay además un dato que el gobierno prefirió no recordar. Una fórmula casi idéntica a la anunciada por Kast ya fue propuesta durante el proceso constitucional de 2023, en el artículo 9° del texto redactado por el Consejo Constitucional donde el Partido Republicano tuvo la bancada más numerosa. Ese texto fue sometido a plebiscito el 17 de diciembre de 2023 y rechazado por el 55,76% de los votos. Lo que la ciudadanía rechazó en las urnas, el gobierno intenta ahora colarlo por cadena nacional como si fuera una idea nueva y urgente.
Pero la falta de originalidad no comienza con la reforma constitucional. Comienza antes, mucho antes. Cuando el ministro de Seguridad, Martín Arrau, asumió el cargo, reconoció que el gobierno trabajaría sobre la Política Nacional de Seguridad Pública 2025-2031 elaborada durante el gobierno de Gabriel Boric como base estratégica para enfrentar la crisis delictual. No es un detalle menor. Esa política fue la primera en su tipo en veintiún años, construida de forma técnica y participativa con el Ministerio Público, Carabineros, la PDI, Gendarmería, municipalidades, gobernaciones, centros de estudio y sociedad civil, y aprobada mediante la Ley N° 21.730 que también creó el Ministerio de Seguridad Pública. En otras palabras, el gobierno que prometió más seguridad durante tres campañas presidenciales llegó al poder sin un plan propio y tuvo que heredar el instrumento de planificación del gobierno anterior. La ex vocera Camila Vallejo lo resumió con precisión: "parece chiste, pero es evidente que nunca tuvieron un plan propio".
La Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo, con sus más de 30 proyectos anunciados en cadena nacional, es entonces la respuesta a esa deuda. Pero el problema no es la agenda en sí sino la forma en que se presenta y, sobre todo, lo que oculta. La grandilocuencia del anuncio contrasta con la realidad cotidiana de los barrios donde el crimen organizado opera con comodidad, y la puesta en escena de los operativos comunica más sobre la estrategia comunicacional del gobierno que sobre su estrategia de seguridad. El Presidente amaneció el jueves siguiente en la Plaza de Armas de Santiago, rodeado de cámaras y uniformes, en un operativo que tenía todos los ingredientes para el titular perfecto. Carabineros en la plaza, el Presidente saludando, el mensaje de que el Estado ha vuelto. La pregunta que nadie hizo en ese momento fue si el crimen organizado también opera en la Plaza de Armas, porque la respuesta, evidentemente, es que no. Opera en los barrios periféricos, en las fronteras, en los puertos, en las cárceles, en el sistema financiero, en los lugares donde no hay cámaras de televisión y donde un operativo de madrugada no genera cobertura en los noticieros de la noche.
La brecha entre el espectáculo y la realidad es también una brecha de recursos, y ahí es donde la paradoja del gobierno se vuelve más difícil de sostener. Hace apenas unas semanas, el mismo gobierno que hoy anuncia constitucionalizar el deber de proteger a la población aprobó una megarreforma que recorta los recursos del Fondo Común Municipal del que depende más del 90% de los municipios del país, esos municipios que son en la práctica la primera línea de la seguridad comunitaria, los que encienden las luminarias, los que sostienen los programas de prevención, los que conocen el barrio y llegan antes que cualquier institución central. No se puede constitucionalizar un deber y simultáneamente desfinanciar las instituciones que lo cumplen, o se puede, pero entonces no estamos hablando de política de seguridad sino de teatro.
Y hay algo más que la agenda deliberadamente no menciona. El proyecto que crea el Subsistema de Inteligencia Económica, orientado a seguir la ruta del dinero del narcotráfico mediante el levantamiento del secreto bancario para la Unidad de Análisis Financiero, lleva meses empantanado en Comisión Mixta y el propio gobierno había prometido ponerle urgencia sin cumplir esa promesa. Combatir el crimen organizado sin ir al dinero es como combatir una inundación achicando con un balde mientras se deja abierta la llave, porque el crimen organizado no se sostiene en la violencia sino en el dinero, y ese dinero circula por el sistema financiero con una naturalidad que ningún registro de bandas ni ningún operativo en plaza pública va a detener.
Desde el norte esto se ve con más claridad que desde Santiago. En regiones como Atacama, la seguridad no es un debate constitucional abstracto sino una pregunta muy concreta sobre si hay un cuartel de Carabineros con recursos para patrullar, si hay un programa municipal de prevención que llegue a los jóvenes antes de que el narcotráfico los encuentre primero, si hay un Estado presente en los barrios donde el crimen organizado instala su infraestructura precisamente porque el Estado no está. Treinta proyectos de endurecimiento penal no resuelven eso, y lo que sí lo resuelve es un Estado que llega, que financia, que permanece, que está cuando no hay cámaras.
Nadie en la izquierda y el progresismo defiende la impunidad del crimen organizado, y la seguridad es una demanda legítima y urgente de la ciudadanía que cualquier proyecto político serio tiene que abordar con propuestas concretas y financiamiento real. Lo que no se puede hacer es presentar como innovación constitucional algo que ya existe en la Constitución, intentar recuperar por cadena nacional lo que la ciudadanía rechazó en plebiscito, administrar sin plan propio el instrumento de seguridad heredado del gobierno anterior, y anunciar una agenda robusta mientras se desfinancian las instituciones que tendrían que ejecutarla.
La seguridad no se decreta en un operativo en la Plaza de Armas ni en un discurso de 17 minutos en cadena nacional. Se construye con Estado, con presupuesto, con presencia territorial y con honestidad sobre lo que ya existe y lo que todavía falta. Y en todo eso, este gobierno lleva meses en deuda.
Tomás Eduardo Garay Pérez
Abogado
